EDITORIAL
Un pacto no basta
Es preciso depurar responsabilidades, aunque sean convenientes más reformas anticorrupción
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal,
sentó ayer la tajante premisa de que el PP “no tiene ni ha tenido”
cuentas fuera de España; es decir, que el partido no responde por las
decenas de millones de euros descubiertos en Suiza a su extesorero, Luis
Bárcenas, y los que pueda tener en otros países. Cuesta creer que 28
años de militancia en el PP y los puestos sucesivos de gerente y
tesorero desempeñados por Bárcenas le hayan permitido deslindar entre un
trabajo honrado para el partido y una presunta delincuencia privada. A
esta premisa se une el anuncio de que tampoco se contará con Bárcenas en
la investigación interna anunciada —pese a su protagonismo en las
finanzas del PP—, a la que seguirá una auditoría externa.
Tales iniciativas buscan cerrar el boquete por el que podrían lanzarse algunas figuras contrarias o críticas a la actual dirección, como Esperanza Aguirre, que ha exigido una investigación “caiga quien caiga” y ha fijado un programa de acción. El interés de cerrar filas es comprensible, lo mismo que resulta muy dudoso que lo anunciado borre la sensación de que el PP está o ha estado gravemente afectado por conductas inaceptables.
La salida prevista por Rajoy a este embrollo es “un gran pacto contra la corrupción”. Resulta llamativo recurrir a esta solución, poco después de la entrada en vigor de una reforma a la ley sobre financiación de partidos que limita las condonaciones de créditos y les obliga a informar al Tribunal de Cuentas de su actividad económica y, en especial, de toda donación superior a 50.000 euros. A los pocos meses se descubre que el último informe de ese tribunal data de 2007 y el PP recurre ahora a una auditoría privada. Cualquiera que pueda ser el contenido de un nuevo pacto anticorrupción, es indispensable que sea creíble y que no entorpezca el camino de la justicia. A este respecto, Cospedal se expresó de un modo extraño sobre las investigaciones judiciales en curso, que le parecen la prueba de que las instituciones funcionan “al margen de quien está gobernando y sin ningún tipo de presión”. No faltaba más: ¿insinúa que el Gobierno podría hacer otra cosa? También prometió la expulsión inmediata de las personas del partido que hayan podido enriquecerse de forma ilegal, como si eso fuera un asunto interno y no algo denunciable de inmediato a la justicia.
No menos extraño fue anunciar la comparecencia parlamentaria del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como si eso sirviera de cortafuegos a lo que calificó de “disparate” alimentado por el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que se había preguntado si la amnistía fiscal ha beneficiado al extesorero del PP. Solo quien tenga alergia al Parlamento puede sostener que la Cámara no merece una explicación inmediata y detallada sobre los resultados de tal amnistía, empezando por la cantidad aflorada, de la que tan solo se han dado vagas estimaciones.
Tales iniciativas buscan cerrar el boquete por el que podrían lanzarse algunas figuras contrarias o críticas a la actual dirección, como Esperanza Aguirre, que ha exigido una investigación “caiga quien caiga” y ha fijado un programa de acción. El interés de cerrar filas es comprensible, lo mismo que resulta muy dudoso que lo anunciado borre la sensación de que el PP está o ha estado gravemente afectado por conductas inaceptables.
La salida prevista por Rajoy a este embrollo es “un gran pacto contra la corrupción”. Resulta llamativo recurrir a esta solución, poco después de la entrada en vigor de una reforma a la ley sobre financiación de partidos que limita las condonaciones de créditos y les obliga a informar al Tribunal de Cuentas de su actividad económica y, en especial, de toda donación superior a 50.000 euros. A los pocos meses se descubre que el último informe de ese tribunal data de 2007 y el PP recurre ahora a una auditoría privada. Cualquiera que pueda ser el contenido de un nuevo pacto anticorrupción, es indispensable que sea creíble y que no entorpezca el camino de la justicia. A este respecto, Cospedal se expresó de un modo extraño sobre las investigaciones judiciales en curso, que le parecen la prueba de que las instituciones funcionan “al margen de quien está gobernando y sin ningún tipo de presión”. No faltaba más: ¿insinúa que el Gobierno podría hacer otra cosa? También prometió la expulsión inmediata de las personas del partido que hayan podido enriquecerse de forma ilegal, como si eso fuera un asunto interno y no algo denunciable de inmediato a la justicia.
No menos extraño fue anunciar la comparecencia parlamentaria del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como si eso sirviera de cortafuegos a lo que calificó de “disparate” alimentado por el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que se había preguntado si la amnistía fiscal ha beneficiado al extesorero del PP. Solo quien tenga alergia al Parlamento puede sostener que la Cámara no merece una explicación inmediata y detallada sobre los resultados de tal amnistía, empezando por la cantidad aflorada, de la que tan solo se han dado vagas estimaciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario