Iñaki Urdangarin, y su socio, Diego Torres,“se desentienden de las reglas que rigen la contratación pública con tal de conseguir su objetivo, que no es otro que el de desviar fondos públicos en beneficio propio o ajeno”. Así se pronuncia el juez José Castro, que investiga la supuesta apropiación indebida de fondos públicos de Urdangarin y Torres a través del Instituto Nóos, en un auto de 542 páginas en el que explica el porqué de la fianza civil de 8,1 millones de euros que ha impuesto a los dos imputados, solidariamente. En él desgrana también la nulidad de los acuerdos millonarios obtenidos con la Generalitat Valenciana y el Gobierno de Baleares.
El juez ha impuesto una fianza de 8,1 millones de euros a ambos imputados. La mayoría del dinero logrado para organizar eventos relacionados con el deporte y el turismo acabó en la caja de empresas privadas de Urdangarin, de Torres o de ambos. Torres y Urdangarin tienen un plazo de cinco días para reunir el dinero. Ambos deben responder solidariamente, es decir, ponerse de acuerdo, ya que no se establece qué cantidad debe aportar cada uno. En caso de no hacerse efectiva la fianza acarrearía el embargo de sus propiedades.
En el auto el juez constata que existió “utilización fraudulenta y
deliberadamente de la figura del convenio para eludir la aplicación de
la Ley de contratos del sector público” y que ambos se beneficiaron de
decisiones arbitrarias, adoptadas mediante "un ejercicio abusivo de
poder, cuya finalidad era únicamente beneficiar a una determinada
entidad, al margen de cualquier consideración de utilidad o necesidad
pública”.Al dibujar el cuerpo de los supuestos delitos cometidos, el juez Castro asegura que el Instituto Nóos “dista abismalmente de poder ser considerada como una entidad carente de lucro” y rechaza el “desprendimiento económico del que dicen haber hecho gala [Urdangarin y Torres] y del que se prevalecieron para obtener contrataciones públicas”.
El juez puntualiza además que Iñaki Urdangarin permaneció ligado a Nóos más allá de su cese como presidente de la institución en marzo de 2006 y pese a que la Casa del Rey le había exigido que abandonara sus negocios. “De hecho lo siguió siendo [presidente] con posterioridad”, según consta en “innumerables datos”, explica en el auto. “Siempre estuvo participando activamente en su administración” y por ello “siguió negociando” con la entidad, asegura el juez, sobre la base de la argumentación presentada por la Fiscalía Anticorrupción
El juez señala la supuesta autoría de Urdangarin y Torres que, han tenido "intervención activa, en unión de otras personas", en los hechos investigados. Por eso, justifica la imposición de una fianza millonaria en que ambos aparecen en el auto como autores centrales porque son los que perpetran los delitos, "derivando los fondos ilícitamente obtenidos hacia las sociedades de su entorno".
El auto admite que no es el momento procesal para calificar la autoría de los hechos, pero atribuye igualmente a Urdangarin y Torres la posibilidad de ser autores de los delitos instrumentales continuados de falsedad en documento oficial y en documento mercantil, de prevaricación, de malversación de fondos públicos y de fraude a la Administración.
Por otra parte, al duque de Palma se le atribuye, por hechos sucedidos tras la apertura de la pieza de la fianza, tres posibles delitos contra la hacienda pública, mientras que a Torres se le achaca uno.
El instructor José Castro, que justifica su decisión en un auto de 500 folios, ha decidido aceptar la petición fiscal para imponer una fianza
de responsabilidad civil a ambos para responder del supuesto daño
patrimonial causado a las arcas públicas. Los imputados presuntamente
usaron Nóos, una entidad sin ánimo de lucro, para lograr contratos
millonarios de los Gobiernos de Baleares, y la Comunidad Valenciana,
ambos del PP, sin que mediara concurso alguno.Torres y Urdangarin montaron un negocio en 2003 basado en la posición privilegiada del yerno del Rey, que se encargaba de las relaciones públicas para lograr contratos de distintas administraciones. Durante los tres primeros años, su negocio, articulado bajo el paraguas de una supuesta entidad sin ánimo de lucro llamada Instituto Nóos, logró más de siete millones de euros de los Gobiernos de Baleares y de la Comunidad Valenciana, en este caso con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia.
La mayor parte de ese dinero no se dedicaba a organizar los eventos para los que habían sido contratados sino que formaba parte de los beneficios de Torres y Urdangarin, que simulaban supuestos contratos de prestación de servicios suscritos por el Instituto Nóos con empresas privadas con ánimo de lucro que eran de su propiedad, según la investigación judicial y policial.
Una de las empresas privadas más beneficiadas por el negocio de Urdangarin y Torres a través del Instituto Nóos se llama Aizoon y es propiedad del duque de Palma y de su esposa, la infanta Cristina. Pese a este hecho y a que la infanta formaba parte de la Junta Directiva de Nóos, el juez José Luis Castro, que instruye esta causa, no ha visto indicios suficientes para imputar de momento a la hija del Rey, al considerar que su participación en la trama fue nula.
Sin embargo, en los últimos meses se han conocido correos electrónicos que implicarían a la infanta Cristina en alguna mediación a favor de los negocios de su marido y el socio de Urdangarin, Diego Torres, amenaza con hacer públicos nuevos correos electrónicos para involucrar todavía más a la esposa del duque de Palma en los irregulares negocios de Nóos.
El caso Nóos arrancó tras descubrir el juez en unos registros relacionados con el caso Palma Arena —la construcción de un polideportivo con un 100% de sobrecoste sobre el precio de licitación de la obra— unos documentos sobre los contratos del Gobierno balear que presidía Jaume Matas con el Instituto Nóos para organizar en Palma de Mallorca unos eventos relacionados con el turismo y el deporte.
Tras más de un año de investigación, la fiscalía y el juez han descubierto numerosas ilegalidades en la forma de actuar de Nóos, por lo que imputó a sus dos principales responsables por considerar que hay indicios suficientes de que han podido cometer los delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental y fraude a la administración. La investigación también ha destapado dos supuestos delitos fiscales cometidos por el duque de Palma a través de la empresa Aizoon cuya propiedad comparte con su mujer.
Diego Torres, quien en otro tiempo fue socio de Iñaki Urdangarin, amenaza con hacer públicos nuevos correos electrónicos con los que asegura puede demostrar el papel activo de la esposa de la infanta Cristina en el entramado empresarial creado alrededor del Instituto Nóos para desviar fondos públicos. Según publica hoy ‘El Mundo’, el empresario ha dejado claro que no admitirá que su mujer esté imputada “y que no le esté la infanta Cristina”.
El año pasado, Diego Torres advirtió de que tenía en su poder “200
correos electrónicos comprometedores” con los que podía “cargarse la
Monarquía”. El exsocio del duque de Palma se refiere a ellos como
“bombas atómicas”. Según el entorno de Diego Torres, hay mensajes que
demostrarían la participación de la hija del Rey en los negocios
presuntamente ilegales de Nóos, que “harían inevitable” la imputación de
la infanta. Doña Cristina es la única de las cinco personas de la junta
directiva de Nóos que no está imputada en este caso.“¡Pero si cenábamos los matrimonios cada quince días para hablar de cómo iba todo en Nóos! Lo sabía todo y se llevó el dinero”, ha afirmado Diego Torres a su círculo más próximo. El exsocio de Urdangarin ha asegurado que la infanta estaba al corriente de las operaciones de Nóos y que, incluso, colaboró en la captación de clientes y en el cobro de las deudas pendientes.
El cerco a la hija del Rey se ha hecho más palpable desde que se hicieran públicos unos mails que han puesto en evidencia a su secretario en la Zarzuela, Carlos García Revenga. Los correos han sido enviados por Diego Torres al juez y en ellos queda claro que García Revenga no sólo estaba al tanto de todo lo que se cocinaba en Nóos, sino que se involucró en proyectos para captar clientes, “100 corporaciones, 100 instituciones públicas o semipúblicas, 100 pymes y 100 ayuntamientos”, y para organizar jornadas de trabajo: “conferencias en Barcelona, Madrid”, y cenas y desayunos de trabajo.
El empleado de la Casa Real consiguió “reuniones” con directivos de diferentes grupos de comunicación nacionales, como TVE, Grupo Zeta, Planeta, Recoletos, Vocento y Godó, entre otros. García Revenga acompañó, además, a Urdangarin a visitar grandes empresas españoles, muchas de ellas del Ibex 35, para captarles como clientes.
En un editorial, este miércoles, El Mundo reclama a la Casa Real que “aparte” al secretario de las infantas, al menos hasta que aclare su implicación ante el juez. El próximo 23 de febrero García Revenga está citado a declarar, en calidad de imputado.
Una situación que, según el diario de Pedro J. Ramírez, “pone en una difícil situación a la Casa del Rey, que, por razones de ejemplaridad, no puede consentir que una persona imputada siga prestando sus servicios en la institución”.
El Mundo, por otra parte, cree que la infanta Cristina también debería estar imputada. “La Infanta asistía a las reuniones, aprobaba los acuerdos y cobraba parte de los beneficios de Nóos a través de Aizoon, de la que poseía el 50%”, recuerda el diario.
“Pensar que no se enteraba de nada es considerar que es una persona carente de la más mínima voluntad e inteligencia”, añade el editorial de El Mundo.
No es el único periódico que esta mañana dedica su editorial a este asunto. También lo hace el monárquico ABC, que, aunque mucho más cuidadoso en su lenguaje, se limita a recordar que “la ley es igual para todos”, según afirmó el Rey en su discurso navideño de 2011.
El País también se centra en el caso Urdangarin en su editorial, en el que advierte de que “el prestigio de la Corona está “en riesgo”, aunque, a diferencia de El Mundo, no señala a la infanta Cristina ni pide su imputación.
El periódico de PRISA cree que “falta más pasos hacia la institucionalización y hacia la transparencia económica de la Casa del Rey. Una tajante separación entre las funciones públicas de las personas de la misma y cualesquiera otras actividades o negocios privados habrían evitado la confusión que ahora rodea al secretario de las infantas”, afirma el diario.
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