Madrid.- El Tribunal Constitucional ha decidido suspender la aplicación del
euro por receta en Madrid mientras delibera si es una medida
anticonstitucional, tras admitir el recurso presentado por el Gobierno.
Al igual que hizo con Cataluña, el tribunal ha optado por atender la
petición del Gobierno y dejar la medida inhabilitada. El pleno del
Constitucional también ha admitido el recurso promovido por más de 50
senadores del grupo parlamentario socialista, que se manifestó en contra
de la medida del presidente madrileño, Ignacio González.
Tras conocer la decisión del Constitucional, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha confirmado que su Gobierno “acatará inmediatamente” la suspensión del cobro del euro por receta pero ha añadido que tendrá que revisar su efecto en el capítulo de ingresos de las cuentas autonómicas “para aplicar los ajustes necesarios”.
González abre así la puerta a posibles nuevos ajustes en la prestación de servicios públicos en Madrid, una comunidad que ha iniciado un amplio plan de privatización de la gestión sanitaria que ha levantado en armas a todos los colectivos profesionales del sector.
En su reunión plenaria y a propuesta de la sección segunda, el Tribunal Constitucional ha admitido el recurso presentado por el Gobierno contra el cobro de un euro por receta que la Comunidad de Madrid tiene en marcha desde el pasado 1 de enero.
Tal como era de prever, el Constitucional ha suspendido la aplicación de la medida, como ya hizo el pasado 15 de enero, cuando decidió admitir el recurso que el Gobierno había presentado contra el euro por receta aprobado en Cataluña el pasado junio y mientras decide sobre el fondo del asunto. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha planteado sendos recursos de inconstitucionalidad contra el copago de medicamentos en Cataluña, donde ha estado en vigor siete meses, y en Madrid, donde está a punto de cumplir el primer mes. La admisión a trámite supone la suspensión automática durante cinco meses del pago.
El Ejecutivo entiende que la medida "vulnera el principio de igualdad" de los ciudadanos y "grava un acto médico". Cuando el Gobierno recurrió la misma decisión en Cataluña, alegó además que el cobro del euro por receta vulneraba la ley estatal que fija el precio de los medicamentos al establecer un sobreprecio. La fijación del precio de los medicamentos que son objeto de financiación pública es una competencia exclusiva del Estado, según el artículo 149.1.16ª de la Constitución. Este argumento se sostenía en la tesis del Consejo de Estado de que las comunidades autónomas no pueden incidir en la fijación de los precios de productos sanitarios. "Se considera que vulnera la normativa prevista en el Estado para garantizar la coordinación de la sanidad y la igualdad de los españoles. Esa tasa grava por dos veces la adquisición de medicamentos", justificó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, al anunciar el recurso el pasado 15 de enero.
Con los dos recursos, el Ejecutivo asumió el coste de dos pulsos. Uno entre Mariano Rajoy y Artur Mas, en una partida ya casi exclusivamente copada por el debate soberanista. Pero también otro entre la Comunidad de Madrid —la joya de la corona del PP, el Gobierno autónomo de un barón popular con más presupuesto y mayor población— directamente con La Moncloa.
Hasta ahora, el Gobierno que preside Ignacio González no se ha dado por aludido y ha anunciado reiteradamente su intención de cobrar el euro por receta hasta que el alto tribunal se pronuncie sobre su caso. El presidente madrileño, donde ya se han expedido más de 1,6 millones de recetas, siempre ha defendido que esta medida es de su competencia y que “no es discriminatoria”.
El Ejecutivo presentó el recurso un día después de recibir el dictamen del Consejo de Estado, que le da vía libre. Este órgano asegura en su dictamen, emitido el 17 de enero, que el euro por receta madrileño es inconstitucional, igual que el catalán, porque la Comunidad de Madrid se atribuye competencias que no le corresponden.
El euro por receta entró en vigor en Madrid el 1 de enero entre quejas de los farmacéuticos, que rechazan ser "recaudadores" de una tasa con la que no están de acuerdo, y de los usuarios. La Comunidad de Madrid lo impuso pese a conocer las intenciones del Ejecutivo central de recurrir la tasa catalana y sin tener listo el sistema informático que permite al farmacéutico saber cuándo el ciudadano ha llegado a su tope de aportación, que en Madrid es de 72 euros al año (en Cataluña, 61 euros).
Tras conocer la decisión del Constitucional, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha confirmado que su Gobierno “acatará inmediatamente” la suspensión del cobro del euro por receta pero ha añadido que tendrá que revisar su efecto en el capítulo de ingresos de las cuentas autonómicas “para aplicar los ajustes necesarios”.
González abre así la puerta a posibles nuevos ajustes en la prestación de servicios públicos en Madrid, una comunidad que ha iniciado un amplio plan de privatización de la gestión sanitaria que ha levantado en armas a todos los colectivos profesionales del sector.
En su reunión plenaria y a propuesta de la sección segunda, el Tribunal Constitucional ha admitido el recurso presentado por el Gobierno contra el cobro de un euro por receta que la Comunidad de Madrid tiene en marcha desde el pasado 1 de enero.
Tal como era de prever, el Constitucional ha suspendido la aplicación de la medida, como ya hizo el pasado 15 de enero, cuando decidió admitir el recurso que el Gobierno había presentado contra el euro por receta aprobado en Cataluña el pasado junio y mientras decide sobre el fondo del asunto. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha planteado sendos recursos de inconstitucionalidad contra el copago de medicamentos en Cataluña, donde ha estado en vigor siete meses, y en Madrid, donde está a punto de cumplir el primer mes. La admisión a trámite supone la suspensión automática durante cinco meses del pago.
El Ejecutivo entiende que la medida "vulnera el principio de igualdad" de los ciudadanos y "grava un acto médico". Cuando el Gobierno recurrió la misma decisión en Cataluña, alegó además que el cobro del euro por receta vulneraba la ley estatal que fija el precio de los medicamentos al establecer un sobreprecio. La fijación del precio de los medicamentos que son objeto de financiación pública es una competencia exclusiva del Estado, según el artículo 149.1.16ª de la Constitución. Este argumento se sostenía en la tesis del Consejo de Estado de que las comunidades autónomas no pueden incidir en la fijación de los precios de productos sanitarios. "Se considera que vulnera la normativa prevista en el Estado para garantizar la coordinación de la sanidad y la igualdad de los españoles. Esa tasa grava por dos veces la adquisición de medicamentos", justificó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, al anunciar el recurso el pasado 15 de enero.
Con los dos recursos, el Ejecutivo asumió el coste de dos pulsos. Uno entre Mariano Rajoy y Artur Mas, en una partida ya casi exclusivamente copada por el debate soberanista. Pero también otro entre la Comunidad de Madrid —la joya de la corona del PP, el Gobierno autónomo de un barón popular con más presupuesto y mayor población— directamente con La Moncloa.
Hasta ahora, el Gobierno que preside Ignacio González no se ha dado por aludido y ha anunciado reiteradamente su intención de cobrar el euro por receta hasta que el alto tribunal se pronuncie sobre su caso. El presidente madrileño, donde ya se han expedido más de 1,6 millones de recetas, siempre ha defendido que esta medida es de su competencia y que “no es discriminatoria”.
El Ejecutivo presentó el recurso un día después de recibir el dictamen del Consejo de Estado, que le da vía libre. Este órgano asegura en su dictamen, emitido el 17 de enero, que el euro por receta madrileño es inconstitucional, igual que el catalán, porque la Comunidad de Madrid se atribuye competencias que no le corresponden.
El euro por receta entró en vigor en Madrid el 1 de enero entre quejas de los farmacéuticos, que rechazan ser "recaudadores" de una tasa con la que no están de acuerdo, y de los usuarios. La Comunidad de Madrid lo impuso pese a conocer las intenciones del Ejecutivo central de recurrir la tasa catalana y sin tener listo el sistema informático que permite al farmacéutico saber cuándo el ciudadano ha llegado a su tope de aportación, que en Madrid es de 72 euros al año (en Cataluña, 61 euros).
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