Los afines a Gallardón en el Poder Judicial frenan la investigación del 'caso Urdangarín'
Iñaki Urdangarín, acosado por la acumulación de pruebas
sobre su presunto enriquecimiento ilícito, ha encontrado un aliado
inesperado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El sector
más cercano a Alberto Ruiz-Gallardón, encabezado por su presidente, Gonzalo Moliner, está tratando de poner trabas a la investigación del juez mallorquín José Castro, instructor del caso Nóos, que precisamente la semana pasada se desplazó a Madrid
para aclarar los pagos que la Fundación Madrid 2016, impulsada por el
actual ministro de Justicia, hizo al yerno del Rey por unos trabajos
ficticios de los que no queda rastro documental.
La Comisión Permanente, presidida por Moliner y compuesta por los vocales Antonio Dorado, Almudena Lastra, Margarita Robles y Manuel Almenar, acordó este lunes por tres votos a dos exigir
a Castro que justificara las "circunstancias excepcionales" de su viaje
a Barcelona para interrogar a varios testigos en el caso Nóos. Y
como ocurrió en la reunión del pasado viernes, Robles y Almenar se
desmarcaron de Moliner, Dorado y Lastra, considerados muy afines a
Gallardón, por considerar que éstos trataban de frenar de forma
injustificada la investigación sobre los lucrativos negocios del duque
de Palma.
El
pasado lunes, tres días después de que la Comisión Permanente del CGPJ
exigiera a Castro explicaciones de su viaje a la capital para interrogar
como imputados a tres estrechos colaboradores de Gallardón en su etapa
como alcalde, el órgano de gobierno de los jueces volvió a reclamar al
instructor del caso Nóos que justificara las razones del último desplazamiento realizado fuera de su jurisdicción, en esta ocasión a Barcelona, para practicar nuevas diligencias. Castro y el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach,
pidieron previamente autorización por escrito al CGPJ, pero Moliner no
se dio por satisfecho con ese trámite, según han revelado a El Confidencial fuentes cercanas al CGPJ.
La Comisión Permanente, presidida por Moliner y compuesta por los vocales Antonio Dorado, Almudena Lastra, Margarita Robles y Manuel Almenar, acordó este lunes por tres votos a dos exigir
a Castro que justificara las "circunstancias excepcionales" de su viaje
a Barcelona para interrogar a varios testigos en el caso Nóos. Y
como ocurrió en la reunión del pasado viernes, Robles y Almenar se
desmarcaron de Moliner, Dorado y Lastra, considerados muy afines a
Gallardón, por considerar que éstos trataban de frenar de forma
injustificada la investigación sobre los lucrativos negocios del duque
de Palma.
Como reveló ayer este diario, Gallardón autorizó en 2007, siendo alcalde de Madrid, pagos a Urdangarín
y su Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), sucesora
del Instituto Nóos, por importe de hasta 12.000 euros mensuales durante
un periodo de al menos dos años por trabajos ficticios. Los abonos al
yerno de don Juan Carlos se hicieron a través de la Fundación
Madrid 2016, presidida e impulsada por Gallardón para promocionar la
frustrada candidatura de la capital como sede de los Juegos Olímpicos, y
fueron camuflados como "donaciones" para evitar que Urdangarín tributara por esas cantidades.
El pasado lunes, Castro y Horrach viajaron a Barcelona, tras pedir de nuevo autorización a Moliner,
para interrogar, en calidad de testigos, a los antiguos trabajadores de
la FDCIS. La fundación fue creada en 2007 por Urdangarín y su entonces
socio, Diego Torres, supuestamente para atender a niños
discapacitados y enfermos, aunque en realidad fue utilizada por ambos
como una tapadera para desviar a paraísos fiscales una parte de los casi
15 millones de euros captados por el Instituto Nóos en administraciones
públicas, entre ellas la Fundación Madrid 2016 auspiciada por
Gallardón, y empresas privadas.
Castro dirigió un escrito a Moliner en el que solicitaba la autorización del CGPJ para viajar a Barcelona en comisión de servicio
con el fin de llevar a cabo nuevos interrogatorios en la sede de la
Ciudad de la Justicia de la capital catalana. Pero antes de resolver esa
solicitud, la Comisión Permanente aprobó, con la firme oposición de dos
de sus cinco miembros, requerir a Castro que justificara las razones de
su petición. De nada sirvieron las protestas de Almenar y Robles, que
defendieron el derecho de Castro, como el de cualquier otro juez, a
practicar diligencias en una provincia ajena a su jurisdicción.
Ambos
vocales, según las fuentes consultadas, argumentaron que las
explicaciones exigidas al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de
Palma estaban "fuera de lugar". Almenar y Robles protestaron por
el supuesto intento de los vocales afines a Gallardón de "entorpecer"
la investigación de los pagos a la fundación de Urdangarín, que puede
acabar salpicando al ministro de Justicia.
Las mismas fuentes califican de "insólita" la decisión
del CGPJ porque éste siempre se limita a autorizar, como un simple
trámite administrativo, las comisiones de servicio, y solo interviene
para resolver posibles conflictos de jurisdicción, que no se han dado en
esta ocasión. Desde que comenzó la instrucción del caso Nóos,
Castro y Horrach se han desplazado en varias ocasiones a Barcelona para
practicar diligencias sin que el CGPJ haya cuestionado nunca esos
viajes.
Las fuentes consultadas interpretan el
gesto de los vocales próximos a Gallardón como un intento de "hacer
méritos" en busca de un puesto en el futuro CGPJ, que debe ser renovado este mismo año.
El ministro de Justicia pretende modificar el sistema de elección de
sus miembros para restar influencia a las asociaciones judiciales y
permitir que jueces no asociados puedan ser elegidos con el respaldo de
25 de sus compañeros, frente al centenar de apoyos exigido hasta ahora.
El pleno del CGPJ aprobó el pasado día 6 un informe muy crítico con el
proyecto de reforma de Gallardón, aunque cinco vocales rechazaron ese
informe; entre ellos, Dorado y Lastra.
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