Los negociantes que quieren arrasar los derechos sociales a toda costa al descubierto

Entre los concuñados y el presidente, la CEOE agoniza

José Antonio Zarzalejos

Arturo Fernández, según indicios muy sólidos denunciados por la cadena SER que van a investigarse por la Fiscalía competente, pagaba desde hace largo tiempo a sus trabajadores en doble modalidad: legalmente, el sueldo, y en negro, las horas extraordinarias y determinados complementos. De esto se deduce que por esos conceptos ni cotizaba a la Seguridad Social ni ingresaba el IRPF a la Hacienda Pública. Pero Arturo Fernández no es un cualquiera. Cuando estas líneas se redactan, el dueño del Grupo Cantoblanco -el primero en restauración del país- ostenta la presidencia de la Cámara de Comercio de Madrid, la presidencia de la patronal madrileña CEIM y la vicepresidencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). A mayor abundamiento: buena parte de sus mejores contratos son adjudicaciones -hay que suponer que plenamente regulares- con entidades públicas, desde la Asamblea de Madrid al Congreso de los Diputados.
Más aún: Arturo Fernández ha sido hasta hace muy poco consejero de Bankia, cuyas cuentas firmaba en barbecho porque “si las da como buenas Deloitte, yo no las voy a leer”, según le dijo al juez. Algún dato adicional: Arturo Fernández nombró a la esposa del presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid vicepresidenta de CEIM y adjunta suya cuando la consorte de Ignacio González dejó, cumplidamente indemnizada a UNESA, la patronal de empresas eléctricas. Algún rasgo más de la circunstancia de Fernández: es concuñado de Gerardo Díaz Ferrán -expresidente de la CEOE y ahora en prisión imputado por unos cuantos delitos y con una fianza pendiente de diez millones de euros- al que sucedió al frente de CEIM y, además de amigo y compañero de colegio de Esperanza Aguirre, fue donante de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Madrid (FUNDESCAM), que subvenía las necesidades de financiación de las campañas electorales de la ex lideresa, entre otras atenciones.
Bastaría este bosquejo de nuestro personaje -infractor de leyes laborales que ha incumplido notoriamente y, eventualmente, presunto infractor de penales, hasta que no sea investigado y sancionado- para concluir que en compañía de su concuñado, Gerardo Díez Ferrán, ha dejado la CEOE en estado preagónico. Si ya la organización se resistió del fiasco de haber sido presidida por Díaz Ferrán, ¿soportará que también su vicepresidente resulte un indigno representante de una parte no pequeña del empresariado español? Es muy de temer que la CEOE no aguante este nuevo envite a su reputación, más aún dado que su presidente, Juan Rosell, es un empresario incontinente con teorías un  tanto excéntricas. Además de criticar a determinados colectivos a voleo (los funcionarios), se ha permitido afirmar que no se cree la Encuesta de Población Activa, pese a que la de Eurostat le asigna a España peores resultados que la elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. O en otras palabras, aunque Rosell no se crea que en España hay seis millones de desempleados, la UE sí lo hace. Vamos a ver si ahora también es agnóstico de las virtudes de Arturo Fernández o, por el contrario, cree en ellas a pies juntillas.
Será necesario en cambio, pero en su momento, refrescar la memoria sobre el largo mandato de Aguirre-González sobre los entramados empresariales de Madrid y en Madrid para entender por qué algunos personajes, además de corruptos y corruptores, son y han sido fariseos e hipócritas desvergonzados que se han creído amparados por la impunidad que les sugería su proximidad al poder.
La realidad es que entre los tres -Díaz Ferrán, Fernández y el propio Rosell- han reventado la CEOE, si bien por distintas causas. Tanto es así que el pasado mes de enero trascendió el documento regenerador que su presidente quería debatir en la asamblea de la organización que se celebrará -si llega- el mes de abril. Bajo el título de Propuestas para la Reforma de la CEOE, Juan Rosell pretendía evitar nuevos casos Díaz Ferrán pero, sobre todo, lograr un gran acuerdo de la Confederación reclamando al Gobierno una ley de “representación institucional” que impusiese a la CEOE como entidad genuinamente interlocutora de los empresarios.
Unos empresarios que escapan por todas las fisuras de esta asociación que se ha entregado al poder -Díaz Ferrán y Fernández no podían estar más próximos a los políticos autonómicos de Madrid, aunque con mañas camaleónicas- y que encumbra a figuras decepcionantes. Los grandes empresarios han migrado al Consejo Empresarial para la Competitividad y los menos grandes se han refugiado en los círculos de economía -en Madrid y Barcelona funcionan muy bien- y en agrupaciones sectoriales distantes del burocratismo ineficiente y politizado de la CEOE, a la que entre los dos concuñados de conductas irregulares -y presuntamente ilícitas- y un presidente más bien torpe, han condenado, si no a la desaparición, sí, desde luego, a la irrelevancia.
¿Hará falta recordar que la CEOE recibe sustanciosas subvenciones del Estado para financiarse? Creo que no. Será necesario en cambio, pero en su momento, refrescar la memoria sobre el largo mandato de Aguirre-González sobre los entramados empresariales de Madrid y en Madrid para entender por qué algunos personajes, además de corruptos y corruptores, son y han sido fariseos e hipócritas desvergonzados que se han creído amparados por la impunidad que les sugería su proximidad al poder. Mientras parloteaban sobre la austeridad, denunciaban (!!!) la economía sumergida y, mientras defraudaban a la Seguridad Social, pedían la reducción de las cuotas. El mal que han causado es general, pero  especialmente dañino -ya se sabe que generalizar es injusto- para la aplastante mayoría de empresarios que cumplen con sus obligaciones de todo orden aunque no presidan nada, ni aparezcan en parte alguna, ni presuman de amistades de postín. Vamos, que no regalan Maseratis a ninguna alta magistratura del Estado, como hizo el ínclito Fernández.