El País revela nuevos detalles de la corrupción del yerno del Rey

 

Urdangarin usó para defraudar al fisco la sociedad que tenía con la Infanta

Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina y yerno del Rey, percibió en 2007 y 2008, cuando supuestamente se había desvinculado del Instituto Nóos por indicación de don Juan Carlos, más de un millón de euros de seis empresas privadas (dos de ellas francesas) por sus servicios de asesoramiento. Pero facturó sus trabajos a nombre de la sociedad Aizoon, cuya propiedad comparte al 50% con la infanta Cristina, en lugar de hacerlo como ingreso personal por su actividad laboral.
Los servicios jurídicos de la Agencia Tributaria señalan, en un informe remitido al juzgado que investiga el caso Nóos el pasado 13 de enero, que Urdangarin usó la empresa que comparte con su esposa “como una sociedad pantalla para ocultar quién era el verdadero perceptor de las retribuciones y disminuir así su tributación en el IRPF, deduciéndose gastos no relacionados por la actividad”.
La Agencia Tributaria señala en su inspección de las cuentas de Urdangarin que este se dedujo “gastos de su servicio doméstico y del servicio doméstico de su asistente personal y se aplicó un tipo impositivo inferior al que se aplica a las sociedades”. “En este supuesto”, señalan los juristas del Ministerio de Hacienda, “no se plantea problema alguno que haga necesario esperar a la tramitación del proceso judicial para poder afirmar desde ya que existen indicios de haberse cometido delito contra la Hacienda Pública”.
Una vez que la Agencia Tributaria ha concluido que Urdangarin cometió delito a través de la empresa Aizoon, la única incógnita que les queda es determinar si el millón de euros que ganó en esos dos años se debe imputar al duque de Palma o a la sociedad que compartía con su esposa, la infanta Cristina. “De acuerdo con los datos que figuran en el expediente resulta claro que esas retribuciones deben de imputarse a la persona física y no a la persona jurídica”.
La conclusión de la Agencia Tributaria exculpa a la infanta Cristina del delito fiscal que la Fiscalía Anticorrupción atribuye a su esposo.
La investigación fiscal, según el informe remitido al juzgado, ha dado por acreditada las siguientes irregularidades:
— “La plantilla de Aizoon (cuatro empleados del hogar, una estudiante, una encuestadora que dice trabajar para otra persona, un asesor y dos personas que nunca nadie ha visto trabajar para la sociedad, un chico de los recados, una analista del estilo de vida de los deportistas y una mujer con primero de estudios de enfermería haciendo corta y pega de internet), no era idónea para los servicios que supuestamente prestaba”. s
De acuerdo con esa composición, señala la Agencia Tributaria, esa plantilla de Aizoon “difícilmente podía prestar los servicios de asesoría a las entidades a las que facturaba y de las que Urdangarin era consejero y asesor”. La única actividad que realizaba Aizoon era alquiler de inmuebles y por un importe anual (30.500 euros en 2007 y 27.300 euros en 2008) “muy inferior a los importes facturados por la actividad de asesoría (645.000 euros en 2007 y 494.000 euros en 2008)”.
— “Los gastos de Aizoon no se compadecen con las actividades que decía realizar. Los gastos consistieron básicamente en pagar al matrimonio Torres-Tejeiro por ayudar a Urdangarin en su labor de consejero; gastos de personal por la plantilla de Aizoon, así como el renting de la furgoneta familiar, entre otros. Es decir, los gastos deducidos por Aizoon en su impuesto de sociedades no estaban relacionados con los contratos de los que derivaban los ingresos por prestaciones de servicios”.
La existencia de Aizoon, según concluye la Agencia Tributaria, “solo se justifica como pantalla de la cual se servía el señor Urdangarin para ocultar sus retribuciones personales derivadas de su propia actividad personal, deducirse gastos no relacionados con la actividad y sujetarlas a una tributación inferior”.
La Agencia Tributaria considera que el millón de euros que ganó Urdangarin por asesorar a seis empresas privadas en 2007 y 2008 deben ser consideradas rentas del duque de Palma e integrase en su IRPF de esos dos ejercicios. “Teniendo en cuenta la suma de todos esos ingresos no declarados, la inspección entiende que el señor Urdangarin dejó de pagar a la Hacienda Pública una cuota superior a los 120.000 euros en cada uno de ellos por lo que puede afirmarse que existen indicios racionales para considerar al señor Urdangarin como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública en el IRPF de los ejercicios 2007 y 2008”, concluye la Agencia.
Los servicios jurídicos de la Agencia Tributaria consideran que “procede formular denuncia” contra Urdangarin “ya que de los hechos expuestos se concluye que ha habido defraudación tributaria de naturaleza delictiva”.
Las conclusiones de la Agencia Tributaria sobre las cuentas del duque de Palma y de sus empresas son la base del escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que solicita al juez que instruye el caso Nóos que se impute a Urdangarin por delito fiscal. El yerno del Rey ya figura imputado por los delitos de malversación de fondos públicos, fraude a la administración, falsedad documental y prevaricación.
El fiscal ha pedido para él y su socio, Diego Torres, una fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros por el daño patrimonial causado a las administraciones públicas como consecuencia de los negocios que hicieron con la Comunidad Valenciana y con Baleares. Entre 2004 y 2006, el Instituto Nóos, propiedad de Urdangarin y Torres, logró más de seis millones de euros en contratos a dedo de esas dos administraciones autonómicas, gobernadas por el PP, para organizar eventos. Parte del dinero fue desviado, según la investigación, a empresas privadas del duque de Palma y su socio.