El PP tiene que dar cumplidas explicaciones sobre las cuentas en Suiza de su extesorero
Escandalizados
por los supuestos dineros que la familia Pujol pueda tener en Suiza —sugeridos
en anónimos informes policiales sin contraste judicial alguno— y por
investigaciones que afectan al PSOE, los dirigentes del PP no pueden enmudecer
ahora ante el escándalo de su extesorero Luis Bárcenas, identificado por la
Audiencia Nacional como el beneficiario de una cuenta en Suiza entre 2005 y
2009, con saldos de hasta 22 millones de euros. El dinero desapareció de esas
cuentas tras surgir las primeras sospechas sobre la implicación de Bárcenas en
la trama Gürtel, y todo apunta a que hay más. Los movimientos de dinero de
Bárcenas se produjeron cuando Rajoy y otros jefes del partido defendían su
inocencia, antes de dejarlo caer como militante y senador.
Hay
que felicitarse de la investigación judicial, impulsada por la Fiscalía
Anticorrupción, pese a lo incierto de su horizonte temporal —tres años y medio
ha tardado la comisión rogatoria pedida a Suiza en mayo de 2009, en
averiguación de las cuentas de Bárcenas— y las previsibles dificultades para
obtener más datos. Mucho menos positiva es la reacción del PP, que de momento
opta por la táctica de don Tancredo, refugiándose en que no existe
responsabilidad política porque Bárcenas ya no está en el partido. Esperanza
Aguirre, presidenta del PP madrileño, ha recurrido a su tradicional cintura
política —populista, pero cintura al fin— con la propuesta de instalar a un
fiscal en cada formación política, para meter mano en el desorden financiero.
Más
allá de avatares judiciales y a la espera de aclarar de dónde sale el dinero de
la cuenta de Bárcenas, el problema es el hartazgo de los ciudadanos respecto a
la corrupción y la evasión fiscal. No hay transparencia sobre las fuentes de
financiación de los partidos, ni de los préstamos recibidos, ni de las empresas
vinculadas, ni siquiera respecto a si Bárcenas ha regularizado parte del dinero
que tenía fuera gracias a la amnistía fiscal del Gobierno. Nada obliga a los
partidos a rendir sus cuentas directamente ante los ciudadanos, que, por
cierto, son los que sufragan los dineros públicos que van a sus arcas. El PP no
puede jugarse el crédito que le queda a suponer que la reducción del déficit y
los aumentos de impuestos son compatibles con un ominoso silencio respecto a un
exdirigente que amontonó una fortuna durante los años de responsabilidad en el
PP. Dolores de Cospedal asegura que no es un tema de partido, sino particular:
¿lo ha investigado?
La
crisis económica y financiera que estamos viviendo ha acabado con la paciencia
ciudadana hacia el saqueo de fondos públicos y la evasión de impuestos. El PP
no puede limitarse a esperar lo que resulte de una investigación judicial
presumiblemente lenta. Los partidos deben ocuparse activamente de ajustar los
gastos a los ingresos y de garantizar la transparencia y legalidad de los
fondos que manejan. De lo contrario, el terreno está abonado para el populismo
y los antisistema.
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