¿A qué se deberá que en las encuestas el 98% considere corruptos a los políticos?

Equo pide al Fiscal Anticorrupción que actúe de oficio ante los casos de "posibles intereses privados" en la venta de la sanidad madrileña

El exconsejero madrileño Juan José Güemes, durante una visita en 2008 al hospital Gregorio Marañón donde fue abucheado. 

Madrid.- La desfachatez de los políticos corruptos españoles no tiene límite. El ex consejero de Sanidad madrileño, Juan José Güemes, se lucrará ahora con la privatización que él mismo aprobó hace cuatro años. Es el tiempo que ha tardado en cruzar la puerta giratoria que comunica lo público con lo privado. El mecanismo consta de dos pasos, uno en cada lado de la puerta.
En este caso, durante su paso por el Gobierno de Esperanza Aguirre (PP), Güemes adjudicó el servicio público de análisis en seis hospitales madrileños a la Unión Temporal de Empresas. Y ahora, estando ya en el otro lado de la puerta, la empresa en la que es consejero de Administración (Unilabs) compra el 55% de esa compañía a la que adjudicó, para un periodo de ocho años, la gestión de los análisis clínicos correspondientes a esos hospitales y de los centros de atención primaria de su área de influencia.
El caso de Güemes se suma a la lista de ex consejeros y altos cargos de la sanidad madrileña que hoy forman parte de las principales empresas concesionarias de la privatización que lleva a cabo el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Güemes sigue el ejemplo del también ex consejero de Sanidad, Manuel Lamela, que forma parte de Madrid Medical Center, una asociación para potenciar el turismo sanitario "de excelencia" que está formada por los principales hospitales privados de Madrid y entre cuyos clientes están Capio Sanidad, Clínica La Luz y Capio Sanidad, MD Anderson o Clínica La Luz.
Otro ejemplo es el actual director general de Hospitales de la Comunidad de Madrid, Antonio Burgueño, que fue director médico de la aseguradora privada Adeslas e ideólogo del modelo privatizador de la sanidad valenciana y luego trasladado a Madrid. Asesoró a Capio para poner en pie el hospital de Valdemoro, que está inspirado en el proyecto del polémico hospital La Ribera de Alzira (Valencia), que resultó deficitario.
También en el País Valenciano Manuel existe el caso de Manuel Marín, que fue nombrado comisionado de la Conselleria de Sanitat valenciana en la comarca de La Ribera. Se dedicaba a fiscalizar a Ribera Salud UTE, la empresa adjudicataria de la atención sanitaria y la misma que, siete años después, lo contrató como director del departamento de salud.
Pero la puerta giratoria no sólo la utilizan políticos y empresarios, también flirtean con ella sus familiares y allegados. Por ejemplo, Teresa Echániz, hermana del secretario de Sanidad del PP y consejero del ramo en Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, trabaja en Capio Sanidad. "Pero empezó después de que su hermano dejara de ser consejero de Aguirre y antes de que lo fuera en Castilla-La Mancha", explican fuentes de esta empresa beneficiaria de la privatización madrileña.
Elena Arias, actual gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, fue directora de Recursos Humanos del Grupo Sanitario IDC (ahora Capio Sanidad) entre 2001 y 2007. Aun así, actualmente aparecía como apoderada del Grupo Capio, algo que la empresa asegura que "se debe únicamente a un error material".
Algunas fuentes también asocian con Capio a dirigentes del Partido Popular, como el ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, o María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. No obstante, la compañía ha desmentido dichos "bulos y rumores sin fundamento" y ha asegurado que ningún líder conservador tiene relación con su empresa. La propia secretaria general del PP también salió recientemente a defender su no vinculación con el grupo privado. "Son bulos y panfletos falsos que cobardemente se amparan en el anonimato", denunció Cospedal.
A raíz del caso Güemes, Equo Madrid ha reclamado a la Fiscalía Anticorrupción que actúe de oficio, ante las evidencias de "posibles intereses privados en el proceso de privatización de la sanidad madrileña que la Comunidad de Madrid emprendió hace años". La portavoz del partido, Inés Sabanés, denuncia que este proceso, iniciado en 2008, "lleva tiempo preparándose y ha generado unas obligaciones con el sector privado y una deuda -incluyendo la construcción de hospitales- que se ha utilizado, precisamente, para justificar, posteriormente, el proceso de privatización de hospitales y centros de salud en 2013". "La Comunidad de Madrid ya ha pagado el coste total de la construcción de los nuevos hospitales", ha señalado, "cerca de 700 millones de euros de dinero público, pero adeuda más de 4.000 millones".
Por otra parte, el coordinador general de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, Eddy Sánchez, ha afirmado que el caso Güemes demuestra "las verdaderas intenciones que hay tras la privatización de la sanidad madrileña". Sánchez ha señalado que "aunque ya se han cumplido los plazos de incompatibilidad legal, se trata de una cuestión que tanto ética como estéticamente deja mucho que desear". "Hay quienes entienden que hay una puerta giratoria entre políticas y empresa, y no", ha concluido.

El personal sanitario de Madrid está en pie de guerra en protesta por las últimas medidas anunciadas por el presidente Ignacio González, que se estrenó como sustituto de Esperanza Aguirre anunciando el euro por receta y su intención de "externalizar" servicios en seis hospitales públicos. Además, también planteó la reconversión de La Princesa en un centro exclusivo para mayores de 75 años y del Carlos III en uno de media y larga duración, entre otras cuestiones.
Desde aquel 31 de octubre, médicos, enfermeros, auxiliares, administrativos y pacientes han protagonizado concentraciones, manifestaciones y encierros en casi todos los centros de la comunidad en contra de lo que consideran una "privatización encubierta" de la sanidad pública madrileña.

No obstante, sus reclamaciones no son nuevas. Con Aguirre ya vivieron el nacimiento de los "hospitales públicos de gestión privada", que -como su propio nombre indica- son financiados por la Comunidad de Madrid pero dirigidos por empresas que, en ocasiones, no se dedican en exclusiva al sector sanitario.
Ahora, los miembros de la denominada marea blanca temen que la "externalización de servicios" anunciada por González en seis hospitales públicos (Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Tajo, Sureste y Henares) sea sólo el inicio de su privatización. Y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) ha puesto nombre y apellidos a los posibles compradores de dichos centros.
Son tres las grandes compañías que, a día de hoy, "se reparten las concesiones de los centros sanitarios", según la Fadsp: Capio, Ribera Salud y USP-Quirón. De hecho, las tres se autodenominan -respectivamente, en sus páginas web- como "el mayor grupo sanitario privado español", "el grupo empresarial de gestión sanitaria líder en el sector de las concesiones administrativas" o "la mayor red hospitalaria privada de España". Los tres, además, tienen otra cosa en común: su relación con empresas y fondos de capital riesgo de Reino Unido.

La primera de ellas, Capio, gestiona cuatro hospitales de la Comunidad: el Rey Juan Carlos, de Móstoles; el Infanta Elena, de Valdemoro; el Hospital Público de Collado Villalba; y la Fundación Jiménez Díaz. Este último supone un caso especial, ya que su gestión es semiprivada desde hace más de 60 años. Aunque rehúsan dar una cifra absoluta, fuentes de la compañía aseguran que "la financiación pública de Capio es el 65%". 
 "Es cierto que trabaja con nosotros Teresa Echániz [hermana del secretario de Sanidad del PP y consejero del ramo en Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz], pero empezó después de que su hermano dejara de ser consejero de Aguirre y antes de que lo fuera en Castilla-La Mancha", explican dichas fuentes. "Además, parece que por ser familiar de alguien ya no tienes derecho a trabajar en tu propia profesión", criticaron.
En cuanto a su accionariado, el 80% de pertenece a CVC Capital Partners, un fondo de capital riesgo británico, con sede en Luxemburgo, que engloba a otras empresas de distinta índole como Abertis (infraestructuras y telecomunicaciones), Cortefiel (textil), o la telefónica 'R'.

Ribera Salud es otro de los principales grupos de Sanidad privada del país. En Madrid sólo gestiona -desde 2011- el Hospital de Torrejón y la sociedad BR Salud, gestora del servicio de Laboratorio Central del Hospital Infanta Sofía, "que da cobertura a seis hospitales públicos y a más de 1.200.000 personas", según informan en el dossier informativo de su web.

Este grupo fue el primero en implantar en España el "modelo Alzira", nombre de la localidad valenciana donde se construyó, en 1999, el primer hospital público con concesión administrativa. Es el Hospital de la Ribera, cuya dirección se basa "en cuatro pilares fundamentales: propiedad pública, control público, financiación pública y gestión privada".

La coorporación está "participada al 50% por las cajas de ahorros Bancaja [actualmente, la rescatada Bankia] y CAM [Caja de Ahorros del Mediterráneo, también disuelta]", informa la compañía. Según la Fadsp, Ribera Salud también está asociada a las aseguradoras privadas Adeslas (ligada a la sociedad Goodgrower) y Sanitas (ligada al grupo BUPA Internacional Health Insurance, la mayor compañía británica de asistencia y seguros privados sanitarios).  

El Hospital Universitario Quirón de Pozuelo de Alarcón es el único del grupo presente en la comunidad. No obstante, el grupo USP-Quirón posee centros en Barcelona, Bilbao, Bizkaia, Málaga, Pamplona, Donosti, Valencia, Torrent y Zaragoza. 

Los centros Quirón son privados, aunque -como explican en su memoria anual- su "actividad asistencial se desarrolla en tres segmentos de mercado: los clientes privados, las compañías aseguradoras y las instituciones públicas". Estas últimas les derivan pacientes procedentes de los servicios públicos y mantienen otros convenios como el que la Consejería de Educación de Lucía Figar mantiene para que los titulares del Carné Joven puedan obtener "condiciones preferentes en intervenciones de corrección de miopía, astigmatismo e hipermetropía" en el Quirón-Madrid. En cuanto a su accionariado, el grupo ha sido recientemente vendido a la compañía británica de capital privado Doughty Hanson&Co.

Según la plataforma pro-defensa de la sanidad pública, estos son los tres grandes grupos que comparten "intereses" en la privatización de la sanidad madrileña. Ello plantea serios problemas, como ya señaló el diario El País: ¿Qué pasa con los pacientes si el accionariado de estas empresas quiebra? "Se pone en riesgo la atención sanitaria de un sector importante de la población", señaló el presidente de la Fadsp, Marciano Sánchez Bayle, al citado periódico. 

Además, según denuncian esta asociación, los grupos de la oposición, los sindicatos sanitarios y los trabajadores, con la "externalización de servicios" que promueve el Ejecutivo regional no se consigue el ahorro pretendido. Mientras el consejero del ramo, Javier Fernández Lasquetty, continúa defendiendo -basándose en el modelo implantado por Aguirre en los últimos años- el "ahorro estructural" que suponen los hospitales concesionarios, la marea blanca permanece intentando demostrar y rebatir dichos argumentos.

"Estos centros cuestan a los madrileños entre 7 y 8 veces más que los de gestión tradicional", afirma la Fadsp. "Las empresas propietarias de los ocho nuevos hospitales no sólo han recuperado ya el 100% de la inversión (840 millones de euros), sino que ests año ya sumarán 150 millones de euros de ganancias. Hasta 2037 -que finalizará la concesión con la Comunidad- todo serán beneficios", explica en su web la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS-Madrid). Mientras dichas empresas -a las que la Administración pública seguirá pagando durante casi 30 años más- comenzaban a enriquecerse con su nuevo negocio, "se han cerrado cientos de camas en los hospitales públicos", denuncia CAS-Madrid.

Además, la Fadsp asegura que "el Gobierno de la Comunidad disminuye el presupuesto de los hospitales públicos para el año 2013 e incrementa la financiación de los privados". "Los centros que se benefician de un fuerte incremento son los de Valdemoro (Capio), Móstoles (Capio) y Torrejón (Ribera Salud)", detalla la plataforma. Pese a ello, "tendrán camas mucho más caras que La Princesa, cuyo presupuesto se rebaja", lamentan. ¿Los precios? "442 euros por persona en La Princesa, frente a los 505 de Valdemoro, los 592 de Móstoles y los 586 euros de Torrejón. "Los hospitales públicos de gestión privada sólo sirven para el estrangulamiento a los presupuestos públicos", confirmó también el diputado de IU-Los Verdes, Rubén Bejarano, el jueves pasado, en el pleno de la Asamblea de Madrid, informa Europa Press.

Pero el motivo que más indigna a la marea blanca es el que tiene que ver con sus pacientes, y no sólo el que afecta a sus bolsillos. "Cuando el lucro entra en el sistema, lo primero que sale de él es la calidad asistencial", denunció un trabajadora de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem). Los datos que aperecen en las memorias de 2011 confirman su teoría. Por ejemplo, el grupo Capio tuvo un volumen de negocios de 672 millones de euros. En cinco centros de Madrid, atendió 226.158 estancias y 53.810 intervenciones quirúrgicas. También en 2011, sólo La Princesa -que recibió 158 millones de euros de los presupuestos regionales- realizó 23.556 intervenciones. En cuanto al personal, Capio tiene 3.985 empleados en sus cinco centros de Madrid. La Princesa, 2.135.
Pese a todo, los hospitales de gestión semiprivada inaugurados por Aguirre y extendidos ahora por González ya atienden a uno de cada cuatro madrileños.