Cosidó, protegido de Aznar, le mueve la silla al ministro del Interior
ANA PARDO DE VERA - Madrid.- El director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, nunca está quieto. Creen en su entorno que un puesto tan técnico y discreto se le queda pequeño, que ve conspiraciones por todas partes y que sus actuaciones son, en definitiva, las responsables de las tensiones internas que se filtran desde el Ministerio del Interior a la calle, prácticamente desde que el Gobierno de Mariano Rajoy fue constituido.
Las fuentes consultadas advierten de que la
intención última de Ignacio Cosidó es desestabilizar al ministro e
intentar hacerse con su puesto, para lo cual cuenta con el beneplácito
de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la AVT a cuyas
manifestaciones contra la presunta negociación de José Luis Rodríguez
Zapatero con ETA era asiduo el actual mando policial. También están a
favor de que el ex senador y ex diputado se haga con el control de la
política antiterrorista -sobre todo- los sectores más ultras del
PP; aquéllos del entorno de Jaime Mayor Oreja o Esperanza Aguirre que
criticaron duramente a Jorge Fernández Díaz por la excarcelación del
etarra Bolinaga y que se lo recuerdan cada día que el criminal
sale a las calles de Euskadi sin mostrar arrepentimiento o -en opinión
de estos sectores- síntomas de cáncer terminal alguno, la razón por la
que habría salido de prisión. Estos días, las acusaciones de tibieza del
Gobierno con Bolinaga se han recrudecido, tras asegurar el terrorista
que no se arrepentía "de nada".
Por otro lado, además de su inexperiencia política, el ex secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa (poco más de un año en el cargo), fue incapaz de controlar a Cosidó y su "utilización política" del puesto, explican desde Interior, por lo que acabó presentando su dimisión la semana pasada.
Jorge Fernández Díaz ha sustituido a Ulloa por Francisco Martínez, hasta entonces director de Gabinete del ministro y hombre de su máxima confianza: un perfil bajo en un número dos que deberá emplearse a fondo para controlar a un director general duro y curtido en las mil batallas de la oposición parlamentaria centrada en desgastar al PSOE con las tramas más complejas y menos demostradas: desde la presunta conspiración del 11-M hasta el caso Faisán pasando por el intento de deslegitimar al difunto Gregorio Peces-Barba como Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. El entonces portavoz de Interior en la Cámara Alta acusó a Peces-Barba de ser "el alto comisionado para el diálogo y el amparo de los verdugos terroristas" sin que Rajoy le desautorizara en ningún momento.
Desde que Cosidó dirige la Policía Nacional, ésta se ha convertido en "un aparato político" -denuncian desde el departamento- de fabricar informes sin firma y sin sello, pero plagados de acusaciones. El mando policial se reunió con varios de sus antecesores en el cargo al principio de su gestión -incluidos los socialistas- para tratar de sumergirse en las rendijas de la Dirección General lo antes posible y saber cómo respiraba Policía después de su paso por la cúpula del Ministerio del hoy secretario general del PSOE.
La principal obsesión del ex portavoz de Interior en el Congreso es desacreditar a Alfredo Pérez Rubalcaba de forma permanente, reconocen en el Ministerio. Empezó a cultivarla en la oposición conservadora (desde la conspiración del 11-M hasta el caso Faisán) y la trasladó al Gobierno, en donde el llamado caso Interligare, que saltó el verano pasado -aunque empezó con poco eco en noviembre de 2011- y desapareció con la misma rapidez con la que despachan este asunto en la sede central del PP cuando son preguntados por el tema: "Está en manos de la Justicia". Lo cierto es que lo que comenzó como un presunto trato de favor de mandos policiales a la desaparecida empresa Interligare, terminó en una campaña del PP contra Rubalcaba por haber convertido un piso de Interligare en un "nido de espías", según el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso. El edificio del "nido de espías" está situado enfrente de la sede del PP en la madrileña calle Génova. En la actualidad, se mantiene prorrogado el secreto de sumario y la jueza de Aranjuez que instruye el caso no ha declarado imputado a ninguno de los acusados.
Cosidó fue nombrado por Rajoy al mando de un cuerpo civil de Seguridad cuyas actuaciones no deberían estar en la prensa día sí, día también. La decisión del presidente del Gobierno, confirmaron entonces desde su entorno, se hizo a sugerencia del núcleo más cercano a José María Aznar, ya que el director general de la Policía fue uno de los principales teóricos del primer jefe del Ejecutivo del PP en sus políticas atlantistas (apoyo a la guerra de Irak) y de alejamiento de los socios tradicionales de la UE en pro de EE.UU.
Asimismo, Cosidó -que antes de senador y diputado, fue jefe del Gabinete técnico del director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivieso- entró de lleno en la oposición más radical a la política antiterrorista del Zapatero y es coautor de un libro sobre la misma editado por la FAES que preside Aznar: España, camino de la libertad (2010)
El director general de la Policía Nacional ha lanzado varias iniciativas muy polémicas que fueron frenadas desde La Moncloa, en primer lugar, y por el ministro a continuación. Una de ellas, estudiaba prohibir la toma de imágenes de agentes en el ejercicio de sus funciones durante la reforma de la ley orgánica de Seguridad Ciudadana (1992), uno de los proyectos pendientes del Ejecutivo. La otra pretendía modificar el Código Penal para que fuese delito ir con la cara cubierta a las manifestaciones, que Cosidó siempre ha tachado de excesivas. A pesar de las discrepancias con el ministro -amigo personal de Rajoy- y la controversia que genera, tanto en La Moncloa como en Interior creen que el director general está muy respaldado por un sector del PP "no muy amplio, pero lo suficientemente representativo" como para que caiga.
Por otro lado, además de su inexperiencia política, el ex secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa (poco más de un año en el cargo), fue incapaz de controlar a Cosidó y su "utilización política" del puesto, explican desde Interior, por lo que acabó presentando su dimisión la semana pasada.
Jorge Fernández Díaz ha sustituido a Ulloa por Francisco Martínez, hasta entonces director de Gabinete del ministro y hombre de su máxima confianza: un perfil bajo en un número dos que deberá emplearse a fondo para controlar a un director general duro y curtido en las mil batallas de la oposición parlamentaria centrada en desgastar al PSOE con las tramas más complejas y menos demostradas: desde la presunta conspiración del 11-M hasta el caso Faisán pasando por el intento de deslegitimar al difunto Gregorio Peces-Barba como Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. El entonces portavoz de Interior en la Cámara Alta acusó a Peces-Barba de ser "el alto comisionado para el diálogo y el amparo de los verdugos terroristas" sin que Rajoy le desautorizara en ningún momento.
Desde que Cosidó dirige la Policía Nacional, ésta se ha convertido en "un aparato político" -denuncian desde el departamento- de fabricar informes sin firma y sin sello, pero plagados de acusaciones. El mando policial se reunió con varios de sus antecesores en el cargo al principio de su gestión -incluidos los socialistas- para tratar de sumergirse en las rendijas de la Dirección General lo antes posible y saber cómo respiraba Policía después de su paso por la cúpula del Ministerio del hoy secretario general del PSOE.
La principal obsesión del ex portavoz de Interior en el Congreso es desacreditar a Alfredo Pérez Rubalcaba de forma permanente, reconocen en el Ministerio. Empezó a cultivarla en la oposición conservadora (desde la conspiración del 11-M hasta el caso Faisán) y la trasladó al Gobierno, en donde el llamado caso Interligare, que saltó el verano pasado -aunque empezó con poco eco en noviembre de 2011- y desapareció con la misma rapidez con la que despachan este asunto en la sede central del PP cuando son preguntados por el tema: "Está en manos de la Justicia". Lo cierto es que lo que comenzó como un presunto trato de favor de mandos policiales a la desaparecida empresa Interligare, terminó en una campaña del PP contra Rubalcaba por haber convertido un piso de Interligare en un "nido de espías", según el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso. El edificio del "nido de espías" está situado enfrente de la sede del PP en la madrileña calle Génova. En la actualidad, se mantiene prorrogado el secreto de sumario y la jueza de Aranjuez que instruye el caso no ha declarado imputado a ninguno de los acusados.
Cosidó fue nombrado por Rajoy al mando de un cuerpo civil de Seguridad cuyas actuaciones no deberían estar en la prensa día sí, día también. La decisión del presidente del Gobierno, confirmaron entonces desde su entorno, se hizo a sugerencia del núcleo más cercano a José María Aznar, ya que el director general de la Policía fue uno de los principales teóricos del primer jefe del Ejecutivo del PP en sus políticas atlantistas (apoyo a la guerra de Irak) y de alejamiento de los socios tradicionales de la UE en pro de EE.UU.
Asimismo, Cosidó -que antes de senador y diputado, fue jefe del Gabinete técnico del director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivieso- entró de lleno en la oposición más radical a la política antiterrorista del Zapatero y es coautor de un libro sobre la misma editado por la FAES que preside Aznar: España, camino de la libertad (2010)
El director general de la Policía Nacional ha lanzado varias iniciativas muy polémicas que fueron frenadas desde La Moncloa, en primer lugar, y por el ministro a continuación. Una de ellas, estudiaba prohibir la toma de imágenes de agentes en el ejercicio de sus funciones durante la reforma de la ley orgánica de Seguridad Ciudadana (1992), uno de los proyectos pendientes del Ejecutivo. La otra pretendía modificar el Código Penal para que fuese delito ir con la cara cubierta a las manifestaciones, que Cosidó siempre ha tachado de excesivas. A pesar de las discrepancias con el ministro -amigo personal de Rajoy- y la controversia que genera, tanto en La Moncloa como en Interior creen que el director general está muy respaldado por un sector del PP "no muy amplio, pero lo suficientemente representativo" como para que caiga.
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