Unió acepta devolver 388.000 euros del fraude en subvenciones pero Durán no dimite
Barcelona.- Las negociaciones entre las defensas de los imputados en el 'caso Pallerols', el fiscal, la Generalitat y Unió Democràtica de Catalunya (UDC) se han cerrado con un acuerdo que evitará un juicio que estaba previsto que durara hasta mayo . El caso investiga la supuesta financiación ilegal del partido democristiano y un presunto fraude de subvenciones por parte de exaltos cargos de la Administración autonómica, antiguos militantes de UDC y el empresario andorrano Fidel Pallerols.Los acusados han admitido los hechos y UDC ha aceptado devolver a la Generalitat 388.000 euros, según fuentes judiciales. El partido, que figura en la causa como responsable civil subsidiario y también como participe a título lucrtivo, ha depositado ya este martes por la mañana en el juzgado 300.000 euros, aunque oficialmente figura la fuerza política y los cautro principales imptuados.
El fiscal Fernando Rodríguez Rey ha rebajado las penas inicialmente solicitadas, que ascendía hasta los cinco años de pirisón, teniendo en cuenta la reparación del daño (devolución del dinero) y las dilaciones indebidas en el proceso judicial, que se inició hace 13 años.
La vista, que iba a tener lugar este lunes, fue aplazada hasta este martes a la espera de que las partes llegaran a un acuerdo, que finalmente se ha dado y ha permitido llegar a una sentencia de conformidad.
Además, el alud de peticiones de dimisión que han caído sobre Josep Antoni Duran Lleida tras la condena a Unió Democràtica (UDC) por el caso Pallerols dejan en situación de debilidad política al socio menor de la federación nacionalista y dan aire al plan soberanista pactado por Artur Mas con Oriol Junqueras, presidente de ERC.
El líder democristiano nunca vio con buenos ojos ese acuerdo
y estuvo intentando hasta el último momento que el pacto parlamentario
de CiU con Esquerra Republicana no fijara la fecha de la celebración de
una consulta independentista. Pero Duran perdió la partida y Mas acabó
cediendo a la petición de ERC y marcó para 2014 la consulta
secesionista.
Ahora, tras el pacto con la fiscalía, Unió ha admitido que se financió ilegalmente, algo que jamás había hecho ningún partido político en España en un caso de corrupción, y deberá pagar por ello más de 388.000 euros. Duran es, además, prisionero de sus palabras, porque prometió dimitir si se demostraba la financiación irregular de su partido como ha ocurrido finalmente.
Ayer se desdijo él mismo desde Chile y despejó cualquier duda sobre sus intenciones. “Por supuesto que no pienso dimitir. En su día el partido asumió responsabilidades políticas y expulsamos a quienes están condenados o se dieron de baja voluntariamente”, dijo el portavoz del grupo catalán en el Congreso de los Diputados. “Encima de cornudo, apaleado”, exclamó Duran textualmente sobre lo que, en su opinión, significaría la renuncia, e insistió en que tenía la conciencia “muy tranquila” sobre lo ocurrido. Con todo, pidió perdón a los ciudadanos por los hechos cometidos por “personas ajenas a mí”.
Formalmente CDC guarda silencio, aunque algunas voces del partido de Artur Mas han reprochado la actitud de Duran. El primero fue el consejero de Territorio de la Generalitat, Santi Vila, quien dijo que era “absolutamente necesario” que Unió diera explicaciones y ayer fue el portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Pere Macias, compañero de bancada de Duran, quien le dio el mismo consejo de transparencia política.
Duran siempre ha actuado de freno a las proclamas soberanistas de Convergència, y su desprestigio solo hace que debilitar su papel dentro de CiU, ya maltrecho tras la apuesta por la independencia del socio mayor de la federación.
La debilidad de Duran por el caso Pallerols, da alas, además, a ERC y le permite seguir encendiendo una vela a Artur Mas y otra a su papel de oposición. Los independentistas fueron los primeros en reclamar la dimisión del líder de Unió, con el que siempre han marcado distancias por sus sabidas reticencias al camino secesionista que se ha abierto en Cataluña tras las últimas elecciones.
ERC, además, puede acabar obligando al Gobierno de Mas a dar explicaciones por el caso Pallerols, si apoya la petición de comparecencia en la Cámara catalana que registraron ayer el Partit dels Socialistes (PSC) e Iniciativa per Cataluña. Los diputados de la oposición reclaman explicaciones a los consejeros de Presidencia, Francesc Homs, y al de Justicia, Germà Gordó, para que detallen las condiciones en las que se produjo el acuerdo con la fiscalía. Curiosamente ambos consejeros forman parte del sector más soberanista de CDC, el más distanciado de los planteamientos de Duran.
La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, se sumó ayer a la demanda de explicaciones.
En noviembre de 2000, Duran Lleida, se mostró dispuesto a dimitir de su cargo si al
final se demostraba que su partido se financió de forma irregular a
través de los fondos de formación ocupacional.En declaraciones al
programa La Ventana de la Cadena Ser, el dirigente
democristiano manifestó que UDC no puede financiarse sólo con las cuotas
de los militantes o las asignaciones correspondientes a los resultados
electorales, por lo que recibe aportaciones de personas particulares,
"pero eso no implica", precisó, "que esa financiación, que es
perfectamente legal, dé paso a una financiación irregular que sea
recibir más dinero de lo que permite la ley. O igual o menor dinero de
lo que permite la ley, pero a cambio de que desde determinado sitio de
la administración se le haga un trato de favor a esa persona. Esa última
eventualidad es la que niego rotundamente".
Ahora, tras el pacto con la fiscalía, Unió ha admitido que se financió ilegalmente, algo que jamás había hecho ningún partido político en España en un caso de corrupción, y deberá pagar por ello más de 388.000 euros. Duran es, además, prisionero de sus palabras, porque prometió dimitir si se demostraba la financiación irregular de su partido como ha ocurrido finalmente.
Ayer se desdijo él mismo desde Chile y despejó cualquier duda sobre sus intenciones. “Por supuesto que no pienso dimitir. En su día el partido asumió responsabilidades políticas y expulsamos a quienes están condenados o se dieron de baja voluntariamente”, dijo el portavoz del grupo catalán en el Congreso de los Diputados. “Encima de cornudo, apaleado”, exclamó Duran textualmente sobre lo que, en su opinión, significaría la renuncia, e insistió en que tenía la conciencia “muy tranquila” sobre lo ocurrido. Con todo, pidió perdón a los ciudadanos por los hechos cometidos por “personas ajenas a mí”.
Formalmente CDC guarda silencio, aunque algunas voces del partido de Artur Mas han reprochado la actitud de Duran. El primero fue el consejero de Territorio de la Generalitat, Santi Vila, quien dijo que era “absolutamente necesario” que Unió diera explicaciones y ayer fue el portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Pere Macias, compañero de bancada de Duran, quien le dio el mismo consejo de transparencia política.
Duran siempre ha actuado de freno a las proclamas soberanistas de Convergència, y su desprestigio solo hace que debilitar su papel dentro de CiU, ya maltrecho tras la apuesta por la independencia del socio mayor de la federación.
La debilidad de Duran por el caso Pallerols, da alas, además, a ERC y le permite seguir encendiendo una vela a Artur Mas y otra a su papel de oposición. Los independentistas fueron los primeros en reclamar la dimisión del líder de Unió, con el que siempre han marcado distancias por sus sabidas reticencias al camino secesionista que se ha abierto en Cataluña tras las últimas elecciones.
ERC, además, puede acabar obligando al Gobierno de Mas a dar explicaciones por el caso Pallerols, si apoya la petición de comparecencia en la Cámara catalana que registraron ayer el Partit dels Socialistes (PSC) e Iniciativa per Cataluña. Los diputados de la oposición reclaman explicaciones a los consejeros de Presidencia, Francesc Homs, y al de Justicia, Germà Gordó, para que detallen las condiciones en las que se produjo el acuerdo con la fiscalía. Curiosamente ambos consejeros forman parte del sector más soberanista de CDC, el más distanciado de los planteamientos de Duran.
La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, se sumó ayer a la demanda de explicaciones.
Duran Lleida denunció que en el trasfondo del caso Pallerols puede haber un intento de perjudicarle políticamente. "Es evidente que hay un contexto político que permite deducir y presumir, y a veces con alguna prueba, de que en la medida que se prive que las ideas y las propuestas de Duran lleguen a los ciudadanos de Cataluña, ¿mucho mejor, no? ¿Por qué? porque hay una parte importante del país, permítame ser inmodesto, que entiende que yo podría ser un buen candidato de futuro", añadió.
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