miércoles, 13 de febrero de 2013

Una petición clara y directa del colectivo de magistrados progresistas

Jueces para la Democracia pide al PP que asuma su responsabilidad en el ‘caso Bárcenas’

"La responsabilidad política no debe ser asimilada a la penal", señala la asociación judicial

José Antonio Hernández Madrid 12 FEB 2013
El Comité Permanente de la asociación progresista Jueces para la Democracia, que se ha reunido en Valladolid, ha emitido un comunicado en el que asegura que “La corrupción instalada en determinados partidos políticos no es un problema judicial, sino una lacra sustentada en su financiación” y añade que la “responsabilidad política no debe ser asimilada a la responsabilidad penal como pretende el PP y parece desprenderse de las declaraciones que analizamos”.
Jueces para la Democracia señala: “Es de sobra conocido en todos los ámbitos relacionados con nuestro quehacer diario que carecemos de medios de todo tipo para hacer frente a una de nuestras funciones: instruir y juzgar las causas por corrupción tanto política como económica. También es conocido que ello conlleva la percepción generalizada de impunidad de tales conductas en el ámbito judicial español”.
En su nota, esta asociación discrepa de las declaraciones efectuadas a EL PAÍS por el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Gonzalo Moliner, en el sentido de que los proyectos normativos del Ministerio de Justicia, reducción de vocales con dedicación exclusiva del Consejo y la Ley de Tasas, entre otros, no implican que ello pueda generar espacios de impunidad en la judicatura frente a la corrupción.
Jueces para la Democracia señala: “No compartimos las declaraciones efectuadas por el presidente del CGPJ que parecen negar que las leyes reformadas o las decisiones del Ejecutivo busquen conseguir un marco de impunidad. Jueces para la Democracia considera que las reformas impulsadas por el Ministerio de Justicia en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal pueden propiciar ese marco de impunidad ante la corrupción minando la independencia judicial y la separación de poderes en la forma que fueron diseñadas por la Constitución Española”.

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