miércoles, 6 de febrero de 2013

La opinión de La Pluma



Iñaki

            La Pluma Afilada
            El día que veamos entrar en prisión, con toda normalidad, al yerno del Rey, este país habrá entrado en la senda de la regeneración. Mientras el gentil Iñaki, pasee su cuerpo alto y garrido por la geografía nacional, con cara de pena y ademanes chulescos, lo nuestro tendrá difícil arreglo. Porque a ver a quién le contamos aquello de que todos somos iguales ante la ley y que aquellos que la hacen, la pagan.
            Y lo peor es que, cada día que pasa con el señorito Urdangarín por la calle, al amparo de lo que nos cuenta su jovial abogado, es un día negativo más para los intereses de la Corona y hasta para la propia supervivencia de la Monarquía en nuestro país.
            Porque el escándalo que sacude los cimientos del Palacio de la Zarzuela puede acabar convertido en un terremoto de magnitud incalculable, que acabe por derribar el edificio paciente y tenazmente levantado por personajes históricos dignos de todo respeto, como D. Juan de Borbón y su heredero, el Rey D. Juan Carlos.
            La Monarquía, es un axioma aceptado por las personas con sentido común –sean o no sean partidarios de mantener el modelo actual- tiene sentido únicamente si quienes encarnan la Corona o les rodean (que además perciben emolumentos a costa del erario público), son ejemplares para el resto de los ciudadanos. En caso contrario no parece que haya razón alguna para mantener a costa de los impuestos del pueblo a una familia especial, dotada de muchos privilegios y también, cómo no, de infinidad de obligaciones.
            Aquí nadie regala nada. Y desde luego no hay por qué seguir obsequiando con una torre de marfil a quienes se puedan empeñar en revolcarse en el estiércol de una pocilga.
            Es verdad que el mismísimo Rey le tuvo que mandar recados a su deportivo yerno en el sentido de que, trabajar estaba muy bien, pero no así hacer negocios al amparo del real parentesco. Pero no es menos cierto que desoídos los consejos, cabía esperar que le tirasen de un papirotazo del pedestal al que se subió el susodicho, sin esperar a que un juez tirase de la manta y le imputase por irregularidades impropias de un familiar del soberano.
            El Rey, que ve evaporarse día tras día por causa de este escándalo las simpatías que llegó a amasar entre la ciudadanía española, es responsable de no haber soltado a tiempo el lastre de un yerno caradura y ambicioso, por más que sea el chico guapo que hace feliz a la menor de sus hijas.
            Y también, a cuenta de lo que se va sabiendo, la Reina –tan profesional ella- tiene una notable culpa de lo que vamos descubriendo, por no haber sabido anteponer el cariño de madre a lo que de abuso tiene la actividad del matrimonio Urdangarín respecto a los sufridos españoles.
            Por tanto, son cada día más los ciudadanos que esperan que hasta el Rey actúe de modo firme y deje sin cualquier cobertura, incluso ficticia o inventada –como parece deducirse de las últimas palabras del abogado de Iñaki- al que ha acabado por merecer jocosos epítetos, como los de “duque de em Palma do”, “duque de Palma Arena”, e innumerables chistes vejatorios.
            No viene al caso contemplar la hipótesis de una real renuncia o abdicación a favor del Príncipe de Asturias. No porque el heredero no esté bien preparado, que lo está. Sino porque hacerlo ahora sería obligarle a iniciar su reinado con la patata caliente del escándalo protagonizado por su cuñado aún sin resolver.
            Ahora bien, de este asunto, la Monarquía entera y la Familia Real en pleno, deben extraer valiosas lecciones, sino quieren que la presencia de los Reyes al frente de los destinos de España sea, una vez más, un paréntesis. Y una de ellas es que, los padres tienen que tener mayor control sobre las decisiones de sus vástagos, o en caso de que estos no sean razonables y opten por matrimonios morganáticos y no recomendables, deben alejarlos de aquellos puestos en los que se tiene derecho a remuneración vitalicia por causa del parentesco.
            Los príncipes e infantes no son, por razones de su pertenencia a la realeza, ciudadanos comunes. Y por eso tienen que someterse a ciertas normas muy estrictas o renunciar a cualquier privilegio que les corresponda. Así ha sido y así debe seguir siendo. La Infanta Cristina debió ella misma renunciar a seguir recibiendo fondos a costa de la Hacienda pública al elegir a su apuesto galán como compañero para el resto de su vida. No hacerlo, en conjunción con el desparpajo de Urdangarín, ha provocado un gravísimo perjuicio a su padre, a su hermano y a la Monarquía. Y si no lo entiende, no merece la condición de Infanta de España.
            Pero ahora, lo que les corresponde a ella y al “bello Iñaki” es hacer pública renuncia a los mencionados privilegios, pasar a ser ciudadanos de a pie, encarar lo que la ley estipula para los abusos y dejar de exhibirse impúdicamente como ángeles desterrados del paraíso zarzuelero. Y entre otras cosas, renunciar al título de Duques de Palma, que con tan poca elegancia y buen criterio siguen ostentando para oprobio de los mallorquines que en estos tiempos tantas veces les han mostrado su descontento.

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