martes, 22 de enero de 2013
¿Y ahora qué cuento nos contará?
El Tribunal de Cuentas deja a Cospedal por mentirosa y niega haber detectado el pago inadecuado de ayudas de dependencia a 30.000 fallecidos
Toledo.- El Tribunal de Cuentas ha negado que de sus trabajos de fiscalización de los servicios de dependencia se pueda deducir "en ningún caso" que hasta 2011 había 30.000 fallecidos a los que se abonaban inadecuadamente este tipo de ayudas, un dato que dio a conocer el Gobierno de Castilla-La Mancha para poner de manifiesto "la catástrofe de gestión que realizó el PSOE durante tantos años".
Fue el consejero de Sanidad de esta comunidad, José Ignacio Echániz, quien aseguró hace unos días, apelando a un informe del Tribunal de Cuentas, que el Sistema de Atención a la Dependencia ha estado financiando las prestaciones de 30.000 personas dependientes fallecidas, debido a la"mala gestión del Gobierno socialista", y que ha provocado que se "pierdan" 140 millones de euros.
ESPERANDO LAS ALEGACIONES
En una nota emitida este viernes, el Tribunal de Cuentas ha querido dejar claro que su informe sobre la aplicación de la Ley de Dependencia aún no se ha terminado, sino que está en fase de anteproyecto a la espera de que unos 65 responsables políticos del Gobierno central y de las comunidades autónomas presenten sus alegaciones.
"El referido anteproyecto tiene carácter provisional hasta que el Tribunal analice todas y cada una de las alegaciones recibidas y posteriormente sea aprobado por su Pleno el Informe correspondiente", señala la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda.
Eso sí, ya adelanta que, "respecto a las informaciones aparecidas en los medios de comunicación en el sentido de que personas fallecidas, en torno a 30.000, seguían cobrando indebidamente ayudas de dependencia, hay que indicar que dicha afirmación no puede, en modo alguno, sustentarse en el contenido del Anteproyecto elaborado por este Tribunal".
Sigue el río revuelto en el PP por los sobres de Bárcenas
Aznar se querellará contra quienes le atribuyen la idea de los sobres en el PP
MADRID.- El ex presidente del Gobierno y presidente de honor del Partido Popular, José María Aznar, ha hecho público un comunicado en el que asegura que "ha dado instrucciones a sus abogados para que se proceda a la presentación de una demanda de protección del derecho al honor contra el diario El País, por atribuirle en su publicación del sábado 19 de enero supuestas conductas y decisiones ilegales en la gestión económica del PP ".
Aznar
también ha ordenado a sus abogados el estudio de cuantas acciones
legales procedan contra los responsables de imputaciones que atenten
contra su honor. En la citada información, el periódico aseguraba,
citando al entorno de los ex-tesoreros del PP, que "desde la etapa de la
presidencia de José María Aznar hasta la del propio Mariano Rajoy,
incluida, los principales dirigentes del partido han cobrado un
sobresueldo que ni el partido ni ellos declaraban al fisco".
También afirmaba que el "sistema fue ideado por Aznar, que no quería cobrar un sueldo tan abultado como presidente del PP", por lo que se "ideo la fórmula de complementar el sueldo oficial con una cantidad mensual para supuestos gastos de representación, pero que no tributase". Además, destacaba que la media de esos sobresueldos rondaba los 3.000 euros mensuales y que la tesorería del partido "guardaba una celosa lista del perceptor de esas cantidades, en la que había dos puestos siempre fijos como perceptores de complementos: el presidente y el secretario general del partido".
"Rajoy, según fuentes próximas a los ex-tesoreros, heredó el sistema, pero le disgustó y, tras cobrarlo unos meses, renunció a seguir haciéndolo. No le convencía la fórmula de los pagos opacos. Su secretaria general, Dolores de Cospedal, también fue perceptora de esos sobresueldos opacos, según las mismas fuentes próximas a Barcenas", se añadía en la información.
También afirmaba que el "sistema fue ideado por Aznar, que no quería cobrar un sueldo tan abultado como presidente del PP", por lo que se "ideo la fórmula de complementar el sueldo oficial con una cantidad mensual para supuestos gastos de representación, pero que no tributase". Además, destacaba que la media de esos sobresueldos rondaba los 3.000 euros mensuales y que la tesorería del partido "guardaba una celosa lista del perceptor de esas cantidades, en la que había dos puestos siempre fijos como perceptores de complementos: el presidente y el secretario general del partido".
"Rajoy, según fuentes próximas a los ex-tesoreros, heredó el sistema, pero le disgustó y, tras cobrarlo unos meses, renunció a seguir haciéndolo. No le convencía la fórmula de los pagos opacos. Su secretaria general, Dolores de Cospedal, también fue perceptora de esos sobresueldos opacos, según las mismas fuentes próximas a Barcenas", se añadía en la información.
Un médico español pone los puntos sobre las íes
Verdades y mentiras en la sanidad
Hay que devolver las competencias sanitarias al Gobierno central
Norberto González de Vega
Aunque siempre han sido motivo de debate, en los últimos tiempos, los problemas de la sanidad ocupan gran parte de las páginas de los periódicos, de los telediarios y de las redes sociales.
Para quien, como yo, que ha trabajado en un hospital público, en uno privado y en uno concertado en distintas épocas de mi vida profesional, y que ha tenido la oportunidad y el privilegio de conocer de primera mano los pros y contras de distintos sistemas sanitarios en países con alto nivel de desarrollo (EE UU, Francia, Inglaterra, Alemania, Noruega y Taiwán), en otros emergentes como India y China y en algunos, de cultura muy diferente a la nuestra, como Siria o Jordania, la mayor parte de las opiniones, que se vierten en los medios, están caracterizadas por la ignorancia y/o el sectarismo político.
Por ello, y sin pretender en modo alguno transmitir que existe una clara solución, ya que hasta ahora nadie ha dado con ella, y solo para mejorar el nivel de información de los ciudadanos que se ven bombardeados a diario, desde los distintos frentes, en una guerra cuyas principales víctimas son los pacientes, voy a enumerar una serie de verdades y mentiras poco o nada reconocidas por los distintos contendientes, consciente de que unas y otras pueden generar un debate que, aunque incómodo para mí, espero que sea de alguna utilidad.
1. La sanidad pública española es la mejor del mundo. Mentira.
2. El despiece del Sistema Nacional de Salud en 17 feudos ha sido una barbaridad. Verdad.
3. El acceso a la sanidad pública es justo y equitativo. Mentira.
4. Hay médicos que utilizan la sanidad pública para enriquecerse en la privada. Verdad.
5. La única manera de mejorar la gestión de un centro público es dárselo a una empresa privada. Mentira.
6. La política ha infectado los hospitales públicos a todos los niveles, haciéndoles ingobernables y económicamente insostenibles. Verdad.
7. La sanidad privada es siempre mejor que la pública. Mentira.
8. En la sanidad pública no se controlan los resultados. Verdad.
9. La sanidad privada solo vale para cosas poco importantes. Mentira.
10. Hay corrupción en la pública y en la privada. Verdad.
11. Los europeos vienen a España a operarse porque aquí se hace mejor y más rápido. Mentira.
12. Los médicos están mal pagados y eso, en cierto modo, es el origen de la corrupción. Verdad.
13. Los que salen a la calle protestando lo hacen solo en defensa de la sanidad pública y no de sus propios intereses y privilegios. Mentira.
Dejando estos puntos para el debate no quiero acabar sin dar mi opinión. Sin una medicina primaria bien organizada en la que los médicos se sientan protagonistas, bien tratados y dirigidos por las personas adecuadas es imposible tener una sanidad eficaz y sostenible.
Desde los centros de salud, los médicos de familia y los especialistas tienen que tener libertad para enviar al enfermo al hospital que ofrezca mejores resultados en una patología determinada, para lo cual los mismos deben conocerse y publicarse. Como ejemplo puedo citar que en Nueva York, desde hace muchos años, cualquiera puede saber la mortalidad operatoria de todos y cada uno de los cirujanos de corazón.
De este modo, el dinero iría adonde decida el paciente y no al revés. Así el hospital al que vayan más enfermos porque lo hace mejor recibirá más y así podrá gratificar a sus profesionales por el trabajo bien hecho. Lo contrario de lo que ocurre actualmente en los centros públicos en los que gana igual el listo que el tonto, el trabajador que el vago, el honrado y el que no lo es.
Hay que devolver las competencias sanitarias al Gobierno central, rehacer un Servicio Nacional de Salud y, a través de un pacto de Estado, dejar a la sanidad fuera de la batalla partidista.
Solo una población culta y bien educada hace un uso correcto de la medicina. Así que frente al “menos latín y más deporte” recomendado hace años por un ministro de Franco y que nos ha convertido en primeros en muchas disciplinas deportivas y últimos en los rankings educativos internacionales, sería bueno que nuestros actuales dirigentes recomendaran “menos fútbol y más instrucción”.
Quizás así podremos en este, súbitamente, empobrecido país nuestro mantener dignamente un pilar fundamental que evite pasar del Estado de bienestar, que creíamos tener al alcance de la mano, al de malestar, que de seguir así, nos amenaza.
Aunque siempre han sido motivo de debate, en los últimos tiempos, los problemas de la sanidad ocupan gran parte de las páginas de los periódicos, de los telediarios y de las redes sociales.
Para quien, como yo, que ha trabajado en un hospital público, en uno privado y en uno concertado en distintas épocas de mi vida profesional, y que ha tenido la oportunidad y el privilegio de conocer de primera mano los pros y contras de distintos sistemas sanitarios en países con alto nivel de desarrollo (EE UU, Francia, Inglaterra, Alemania, Noruega y Taiwán), en otros emergentes como India y China y en algunos, de cultura muy diferente a la nuestra, como Siria o Jordania, la mayor parte de las opiniones, que se vierten en los medios, están caracterizadas por la ignorancia y/o el sectarismo político.
Por ello, y sin pretender en modo alguno transmitir que existe una clara solución, ya que hasta ahora nadie ha dado con ella, y solo para mejorar el nivel de información de los ciudadanos que se ven bombardeados a diario, desde los distintos frentes, en una guerra cuyas principales víctimas son los pacientes, voy a enumerar una serie de verdades y mentiras poco o nada reconocidas por los distintos contendientes, consciente de que unas y otras pueden generar un debate que, aunque incómodo para mí, espero que sea de alguna utilidad.
1. La sanidad pública española es la mejor del mundo. Mentira.
2. El despiece del Sistema Nacional de Salud en 17 feudos ha sido una barbaridad. Verdad.
3. El acceso a la sanidad pública es justo y equitativo. Mentira.
4. Hay médicos que utilizan la sanidad pública para enriquecerse en la privada. Verdad.
5. La única manera de mejorar la gestión de un centro público es dárselo a una empresa privada. Mentira.
6. La política ha infectado los hospitales públicos a todos los niveles, haciéndoles ingobernables y económicamente insostenibles. Verdad.
7. La sanidad privada es siempre mejor que la pública. Mentira.
8. En la sanidad pública no se controlan los resultados. Verdad.
9. La sanidad privada solo vale para cosas poco importantes. Mentira.
10. Hay corrupción en la pública y en la privada. Verdad.
11. Los europeos vienen a España a operarse porque aquí se hace mejor y más rápido. Mentira.
12. Los médicos están mal pagados y eso, en cierto modo, es el origen de la corrupción. Verdad.
13. Los que salen a la calle protestando lo hacen solo en defensa de la sanidad pública y no de sus propios intereses y privilegios. Mentira.
Dejando estos puntos para el debate no quiero acabar sin dar mi opinión. Sin una medicina primaria bien organizada en la que los médicos se sientan protagonistas, bien tratados y dirigidos por las personas adecuadas es imposible tener una sanidad eficaz y sostenible.
Desde los centros de salud, los médicos de familia y los especialistas tienen que tener libertad para enviar al enfermo al hospital que ofrezca mejores resultados en una patología determinada, para lo cual los mismos deben conocerse y publicarse. Como ejemplo puedo citar que en Nueva York, desde hace muchos años, cualquiera puede saber la mortalidad operatoria de todos y cada uno de los cirujanos de corazón.
De este modo, el dinero iría adonde decida el paciente y no al revés. Así el hospital al que vayan más enfermos porque lo hace mejor recibirá más y así podrá gratificar a sus profesionales por el trabajo bien hecho. Lo contrario de lo que ocurre actualmente en los centros públicos en los que gana igual el listo que el tonto, el trabajador que el vago, el honrado y el que no lo es.
Hay que devolver las competencias sanitarias al Gobierno central, rehacer un Servicio Nacional de Salud y, a través de un pacto de Estado, dejar a la sanidad fuera de la batalla partidista.
Solo una población culta y bien educada hace un uso correcto de la medicina. Así que frente al “menos latín y más deporte” recomendado hace años por un ministro de Franco y que nos ha convertido en primeros en muchas disciplinas deportivas y últimos en los rankings educativos internacionales, sería bueno que nuestros actuales dirigentes recomendaran “menos fútbol y más instrucción”.
Quizás así podremos en este, súbitamente, empobrecido país nuestro mantener dignamente un pilar fundamental que evite pasar del Estado de bienestar, que creíamos tener al alcance de la mano, al de malestar, que de seguir así, nos amenaza.
Norberto González de Vega es cirujano cardiovascular.
Una pariente de la Princesa de Asturias se suelta la melena en Twitter
La tía de Letizia carga contra la monarquía, el PP y la Iglesia
«La apostasía es como el divorcio. (...) No quiero estar en esa base de datos. Me quedo con la buena gente», argumenta en uno de sus tuits.
Tras su aventura fallida con una tienda de ropa en Oviedo, Henar Ortiz defiende una escuela pública y laica, donde la religión esté fuera de las aulas. Además, pide a obispos y curas que dejen de cuestionar a los colectivos homosexuales y reclama que respeten el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad. Define a España como un país de pandereta «capaz de gastarse 4.000 millones de euros en los Juegos Olímpicos de Madrid 2020» y piensa en la refundación de la democracia
Editorial de El País
EDITORIAL
Un pacto no basta
Es preciso depurar responsabilidades, aunque sean convenientes más reformas anticorrupción
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal,
sentó ayer la tajante premisa de que el PP “no tiene ni ha tenido”
cuentas fuera de España; es decir, que el partido no responde por las
decenas de millones de euros descubiertos en Suiza a su extesorero, Luis
Bárcenas, y los que pueda tener en otros países. Cuesta creer que 28
años de militancia en el PP y los puestos sucesivos de gerente y
tesorero desempeñados por Bárcenas le hayan permitido deslindar entre un
trabajo honrado para el partido y una presunta delincuencia privada. A
esta premisa se une el anuncio de que tampoco se contará con Bárcenas en
la investigación interna anunciada —pese a su protagonismo en las
finanzas del PP—, a la que seguirá una auditoría externa.
Tales iniciativas buscan cerrar el boquete por el que podrían lanzarse algunas figuras contrarias o críticas a la actual dirección, como Esperanza Aguirre, que ha exigido una investigación “caiga quien caiga” y ha fijado un programa de acción. El interés de cerrar filas es comprensible, lo mismo que resulta muy dudoso que lo anunciado borre la sensación de que el PP está o ha estado gravemente afectado por conductas inaceptables.
La salida prevista por Rajoy a este embrollo es “un gran pacto contra la corrupción”. Resulta llamativo recurrir a esta solución, poco después de la entrada en vigor de una reforma a la ley sobre financiación de partidos que limita las condonaciones de créditos y les obliga a informar al Tribunal de Cuentas de su actividad económica y, en especial, de toda donación superior a 50.000 euros. A los pocos meses se descubre que el último informe de ese tribunal data de 2007 y el PP recurre ahora a una auditoría privada. Cualquiera que pueda ser el contenido de un nuevo pacto anticorrupción, es indispensable que sea creíble y que no entorpezca el camino de la justicia. A este respecto, Cospedal se expresó de un modo extraño sobre las investigaciones judiciales en curso, que le parecen la prueba de que las instituciones funcionan “al margen de quien está gobernando y sin ningún tipo de presión”. No faltaba más: ¿insinúa que el Gobierno podría hacer otra cosa? También prometió la expulsión inmediata de las personas del partido que hayan podido enriquecerse de forma ilegal, como si eso fuera un asunto interno y no algo denunciable de inmediato a la justicia.
No menos extraño fue anunciar la comparecencia parlamentaria del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como si eso sirviera de cortafuegos a lo que calificó de “disparate” alimentado por el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que se había preguntado si la amnistía fiscal ha beneficiado al extesorero del PP. Solo quien tenga alergia al Parlamento puede sostener que la Cámara no merece una explicación inmediata y detallada sobre los resultados de tal amnistía, empezando por la cantidad aflorada, de la que tan solo se han dado vagas estimaciones.
Tales iniciativas buscan cerrar el boquete por el que podrían lanzarse algunas figuras contrarias o críticas a la actual dirección, como Esperanza Aguirre, que ha exigido una investigación “caiga quien caiga” y ha fijado un programa de acción. El interés de cerrar filas es comprensible, lo mismo que resulta muy dudoso que lo anunciado borre la sensación de que el PP está o ha estado gravemente afectado por conductas inaceptables.
La salida prevista por Rajoy a este embrollo es “un gran pacto contra la corrupción”. Resulta llamativo recurrir a esta solución, poco después de la entrada en vigor de una reforma a la ley sobre financiación de partidos que limita las condonaciones de créditos y les obliga a informar al Tribunal de Cuentas de su actividad económica y, en especial, de toda donación superior a 50.000 euros. A los pocos meses se descubre que el último informe de ese tribunal data de 2007 y el PP recurre ahora a una auditoría privada. Cualquiera que pueda ser el contenido de un nuevo pacto anticorrupción, es indispensable que sea creíble y que no entorpezca el camino de la justicia. A este respecto, Cospedal se expresó de un modo extraño sobre las investigaciones judiciales en curso, que le parecen la prueba de que las instituciones funcionan “al margen de quien está gobernando y sin ningún tipo de presión”. No faltaba más: ¿insinúa que el Gobierno podría hacer otra cosa? También prometió la expulsión inmediata de las personas del partido que hayan podido enriquecerse de forma ilegal, como si eso fuera un asunto interno y no algo denunciable de inmediato a la justicia.
No menos extraño fue anunciar la comparecencia parlamentaria del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como si eso sirviera de cortafuegos a lo que calificó de “disparate” alimentado por el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que se había preguntado si la amnistía fiscal ha beneficiado al extesorero del PP. Solo quien tenga alergia al Parlamento puede sostener que la Cámara no merece una explicación inmediata y detallada sobre los resultados de tal amnistía, empezando por la cantidad aflorada, de la que tan solo se han dado vagas estimaciones.
Proponen regular a los partidos para evitar los abusos
Qué hacer con la corrupción
Hay que regular a los partidos políticos desde fuera, como en Alemania
José Antonio Gómez Yañez /
César Molinas
22 ENE 2013
El funcionamiento de los seres vivos, de los motores de explosión y de los organismos sociales produce, inevitablemente, residuos tóxicos que se deben eliminar. Si no se hace, sobrevienen la muerte y la descomposición. De ahí la existencia de los riñones, de los tubos de escape y de la regulación de los partidos políticos, por ejemplo.
En todos los sistemas políticos hay corrupción: es tan consustancial con la política como el monóxido de carbono con el automóvil. Por ello, en las democracias avanzadas, existen leyes que regulan la actividad interna de los partidos políticos. Esta regulación impone los mecanismos de reciclaje de toxinas que permiten que la democracia siga funcionando de manera saludable. El nivel insoportable que ha alcanzado la corrupción política en España se debe a la ausencia de reciclaje de los residuos tóxicos que generan nuestros partidos. La democracia española es como un cuerpo sin riñones o un coche sin tubo de escape.
La ley española de partidos políticos está vacía de contenido y permite que, en la práctica, los partidos se autorregulen. Esto es una anomalía gravísima e insólita en las democracias avanzadas. Los partidos políticos no deben autorregularse porque son entidades especiales a las que se les reconoce el monopolio de la representatividad política y se financian con recursos públicos. Este reconocimiento no debe darse sin un riguroso control legal para evitar que los partidos acaben, como en España, convirtiéndose en élites extractivas. En Alemania, por ejemplo, la ley obliga a los partidos a celebrar congresos bienales, a que los delegados en estos congresos sean elegidos por votación secreta entre los militantes, a que los candidatos a cargos electos sean elegidos en primarias, a someterse a auditorías externas… El sistema genera competencia entre los dirigentes y los candidatos a serlo. Como no puede ser de otra manera, los mecanismos de reciclaje de residuos son la democracia interna, la transparencia y la competencia. ¿Hay corrupción política en Alemania? Por supuesto que la hay, pero los mecanismos legales previstos evitan una espiral degenerativa y contagiosa como la española. La corrupción puede llegar al tobillo, pero el drenaje impide que llegue al cuello.
En España los congresos los convocan las direcciones partidarias cuando les conviene, los candidatos son nombrados por cooptación, gran parte de los afiliados son cargos públicos o allegados, las auditorías las hace el Tribunal de Cuentas —cuyos miembros son nombrados por los partidos— con años de retraso… ¿Por qué no hay sistemas de dragado de residuos en la política española? Porque en la Transición se decidió potenciar la estabilidad de los partidos cediendo un poder casi ilimitado a sus cúpulas dirigentes. Pesaba mucho el recuerdo de la inestabilidad política durante la II República y se confiaba en que partidos estables dieran lugar a una democracia estable. Además, se creía que este tipo de partidos era una garantía de unidad política ante el proceso descentralizador del Estado de las Autonomías. Hoy hay que reconsiderar esa decisión, porque el precio que se ha pagado por ella ha sido excesivo.
La falta de competencia interna y de control externo en los partidos españoles ha tenido dos consecuencias. Primera, una corrupción a la que no es posible poner límites y que tiene efectos cancerígenos. No se trata de cargos cometiendo delitos o de partidos buscando dinero extra. Se trata de empleados y políticos integrados en los aparatos que los utilizan para enriquecerse sin control o para conseguir ingresos adicionales escapando al control de Hacienda. De la corrupción individual se ha pasado a una fase institucional. La segunda consecuencia ha sido la degeneración de la competencia técnica y capacidad de liderazgo de nuestros políticos, cooptados en base a su fidelidad a las cúpulas en cada vuelta del torno electoral con grave detrimento de su iniciativa e independencia de pensamiento, pese a la supervivencia en los engranajes partidarios de muchas personas capaces y honestas.
¿Qué hacer? No hay que esperar que el sistema actual se regenere de manera endógena. No lo hará. Y la solución no pasa por más fiscalía y más tribunales. Eso es necesario, pero insuficiente. Hay que regular a los partidos españoles desde fuera, como en Alemania. Hace falta una nueva ley de partidos políticos que imponga la democracia interna y la transparencia, es decir, que obligue a tener mecanismos de reciclaje de residuos tóxicos. Esto es lo último que hará una élite extractiva porque vive de la opacidad y de la cooptación. La reforma habrá que hacerla contra la resistencia numantina de las élites partidarias, que antes prefieren pasar por el juzgado de vez en cuando que someterse a controles externos. Es necesario un amplio movimiento ciudadano para exigir una Ley de Partidos como la alemana, que imponga congresos periódicos, que obligue a que los delegados se elijan por sufragio secreto entre la militancia, que obligue a hacer primarias para elegir a todos los candidatos a cargos representativos, y que obligue a auditorías externas independientes. Se tendría que recoger firmas para llevar una propuesta de ley en este sentido al Congreso de los Diputados. ¿Quién se va a oponer públicamente?
[José Antonio Gómez Yáñez y César Molinas son politólogos.
En Portugal también están hasta las narices
Está na hora de dizer basta. 2 de Março de 2013 - Que se lixe a troika!
(Es hora de decir basta. 2 de Marzo de 2013 - ¡Qué se joda la troika!)
Una curiosa teoría esbozada en su blog por D. Torres
Quedar como gilipollas
David Torres
Me corroe la sospecha de que el caso Bárcenas no es más que una cortina de humo, un grifo abierto que los propios fontaneros del PP se han dejado abierto para distraer al personal del desastre absoluto de su gestión en todos los campos. En sólo un año mariano, el increíble hombre milagro, el campeón que iba a sacarnos de la crisis, ha logrado otro millón de parados, un cerro de hospitales desmantelados, un proyecto educativo de chiste, miles de familias arrojadas a la puta calle… La catástrofe pinta tan mal que ya no sirve endosársela a la herencia de Zapatero, su antecesor; ni a la herencia de Franco, su progenitor; ni siquiera a la herencia de Merkel, su dueña y señora. La cosa sólo podía taparse con un escándalo mayúsculo y entonces a alguien se le ocurrió resucitar el cadáver de Bárcenas, el muerto más elegante del fondo de armario del PP. Pero, como suele pasar en estos casos, se les ha ido un poco la mano y en vez de una cortina de humo lo que les ha caído encima es un castillo de mierda.
Ustedes me dirán, y con razón, que eso no tiene ningún sentido, que semejante maniobra suicida sólo podía ser obra de una cuadrilla de imbéciles, pero es que tampoco se le puede suponer mucha inteligencia a una gente que nunca se percató de que les estaban expoliando desde un despacho de ahí al lado durante décadas y décadas. No cabe ninguna otra explicación a los dos patitos de Bárcenas, salvo concluir, claro está, que todo el politburó genovés estaba metido en el ajo, que no eran tontos del culo sino cómplices, un dilema que hubiera cortocircuitado el monólogo de Hamlet. ¿No ser o no ser? ¿Gilipollas o mangantes? He ahí la gente que nos gobierna.
Como ya preveíamos, Cospedal se ha encasquillado en la negación hasta el punto de que, en vez de una entrevista, parecía que estuviera mirando un partido de tenis. No, no y tampoco. No le consta, no sabe, no contesta. ¿Sobres? Nosotros usamos correo electrónico. ¿Firmas en recibís? Ni leemos ni escribimos, firmamos con una X. ¿Dinero negro? En el PP no va a encontrar ni un negro, salvo Baltasar el día de Reyes, y alguno que se excedió con los rayos UVA. ¿Bárcenas? Nosotros no cenamos en bares.
Una vez a Pujalte se le ocurrió decir que los del Gürtel no eran más que una banda de chorizos que tenían engañado a todo el PP valenciano, pobrecitos, reduciendo el mayor caso de corrupción de los últimos tiempos a aquella escena mítica en que Tony Leblanc le pegaba el timo de la estampita a un paleto avariento. Por lo visto Luis Bárcenas se pasó veinte años entrando y saliendo de Génova con un maletín lleno hasta los topes de recortes de periódicos, guiñando los ojos, tirando pedorretas y agitando los brazos cual cigüeña. Sí, mejor quedar como gilipollas.
David Torres
Así ve el escándalo Ignacio Escolar en su blog
Un partido incompatible con la corrupción
Buscar el dinero negro de la caja B auditando los
libros de cuentas oficiales de la caja A es tan ridículo como ir a cazar
con una caña de pescar. Por el mar corren las liebres, por el monte las
sardinas (tralará). Y esa misma sensación –la de que nos toman por
niños pequeños que cantan canciones en la parte de atrás del autobús–
traslada María Dolores de Cospedal al anunciar solemne que “el PP es un partido incompatible con la corrupción” y que la prueba está en lo mucho que ha combatido el caso Gürtel “ donde está personado como acusación”. Ja.
Es cierto, el PP se presentó en el juzgado como acusación particular en la Gürtel.
Pero no fue precisamente para mostrarse implacable contra los
corruptos, más bien al contrario. El partido utilizó esta posición para
poner palos en las ruedas de la investigación judicial y pedir en numerosas ocasiones el archivo de la causa abierta contra Luis Bárcenas
por “la inconsistencia de los indicios”. “Se ha pretendido criminalizar
lo que en muchos casos no parecen sino meras irregularidades
administrativas que resultan penalmente inocuas”, argumentaban los
abogados del partido personados en la Gürtel sobre el hombre de los 22
millones en Suiza. Para la ‘acusación’ del PP, Barcenas era un inocente
al que se atacaba, pese a que no había “ninguna prueba ecuánime y
objetiva”; era la víctima de una persecución “de cariz político” con “la
única finalidad espuria de atacar a una formación política”.
Si hubiese sido por el PP, ese partido incompatible con la corrupción,
Luis Bárcenas jamás habría sido procesado y hoy seguiría siendo el
tesorero de la formación: un honorable senador víctima de una injusta
“cacería” del juez Garzón.
Pero volvamos a la auditoría,
ese gesto con el que el PP pretende atajar el escándalo de los
sobrecogedores y probar la pulcritud de su intachable contabilidad; esos
libros de cuentas de los que Luis Bárcenas se ocupó durante más de dos
décadas, desde que fue nombrado gerente en los años del referéndum de la
OTAN, Manuel Fraga y Alianza Popular.
Si de verdad el PP no tiene nada que ocultar, la forma de demostrarlo no es “ una investigación interna” a la que después una consultora privada le ponga un sellito –como hacía Deloitte con las cuentas de Bankia–.
Hay una manera mejor. Que el PP nombre una comisión independiente
formada por inspectores fiscales y técnicos del Tribunal de Cuentas y
del Banco de España. Y que no solo investiguen los libros de cuentas,
sino también el patrimonio, ingresos y ritmo de vida de los dirigentes
ensombrecidos por estas graves acusaciones, unos políticos cuyos nombres
y apellidos es probable que pronto estén en las portadas de los
diarios.
La situación no parece tener otra solución.
No estamos ante otro caso más de corrupción, donde el partido puede
decir aquello de que el chorizo es una manzana podrida, aislada y
puntual. Si las acusaciones sobre el reparto de sobres del dinero de las
comisiones de forma sistemática y durante varios lustros se demuestran
ciertas, estaríamos ante un partido institucionalmente corrupto, ante
una organización en cuya cúpula la honradez ya no sería la norma sino la
excepción. Por el bien de este país, hace falta mucho más que una
auditoría para aclarar esta sospecha cuya veracidad admiten en público ex diputados del mismísimo PP.
Ignacio Escolar es periodista. Es el director de eldiario.es. Fundador y primer director de Público. Autor de escolar.net. Analista político en radio y televisión: en Hoy por Hoy de la Cadena SER o en Las Mañanas de Cuatro. Más en www.escolar.net/about.
Del digital ElDiario.es
El Gobierno de Aznar prestó 18 millones de dólares a la empresa argentina de Bárcenas
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) prestó 18 millones de dólares
a La Moraleja S.A, una explotación agrícola en Argentina propiedad de
los extesoreros del PP Angel Sanchís y Luis Bárcenas
Parte del dinero en Suiza de Bárcenas se transfirió a una cuenta en Estados Unidos de Brixco SA, la empresa que gestiona las exportaciones de esta finca
La Moraleja SA gestiona un enorme latifundio de 300 kilómetros cuadrados que produce mil toneladas diarias de cítricos
La empresa no quiso devolver el dinero y el crédito acabó en los juzgados argentinos
Según publicó ayer el diario argentino Clarín, La Moraleja es el sexto productor de limones de Argentina –un país del que sale el 20% de la cosecha mundial de este cítrico–. La compra de la finca se cerró en 1978, durante la dictadura. "Una inversión de este monto, claro, conto con apoyos políticos locales. En el gobierno de la dictadura, el gobernador de facto Roberto Ulloa avaló la compra de la tierra", asegura Clarín.
Angel Sanchís, según fuentes de Génova, mantenía también una excelente relación personal con el dictador argentino Jorge Rafael Videla.
Parte del dinero en Suiza de Bárcenas se transfirió a una cuenta en Estados Unidos de Brixco SA, la empresa que gestiona las exportaciones de esta finca
La Moraleja SA gestiona un enorme latifundio de 300 kilómetros cuadrados que produce mil toneladas diarias de cítricos
La empresa no quiso devolver el dinero y el crédito acabó en los juzgados argentinos
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es un organismo público que depende del Ministerio de Economía. Según sus estatutos,
se dedica a promover “las actividades económicas que contribuyan al
crecimiento y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional”.
Obviamente, esa nación es España. Sin embargo, un año después de llegar
José María Aznar a la Moncloa, el ICO aprobó un inusual crédito de 18
millones de dólares para una empresa radicada en Argentina, que todo el
empleo lo genera en Argentina, que paga impuestos en Argentina y cuya
única relación con España es que sus accionistas son españoles y
extesoreros del Partido Popular.
La empresa a la que
el ICO concedió este extraño y generoso crédito de 18 millones de
dólares, el 23 de julio de 1997, se llama La Moraleja Sociedad Anónima.
Uno de los propietarios es Angel Sanchís. Fue tesorero de AP (hasta
1988) y diputado del PP hasta 1990, cuando tuvo que dimitir por un
famoso escándalo de financiación ilegal del partido, el caso Naseiro.
Como publicó eldiario.es el pasado viernes,
entre los socios de La Moraleja S.A. también figura otro extesorero del
PP hoy imputado: Luis Bárcenas. Así lo declaró él mismo ante el banco
suizo donde llegó a esconder 22 millones de euros. Se desconoce qué
porcentaje mantiene Bárcenas en esta gigantesca empresa agrícola –un
enorme latifundio de 300 kilómetros cuadrados que emplea a casi 2.000
personas y produce mil toneladas de cítricos al día–, pero la relación
entre ambos extesoreros y la cuenta en Suiza no acaba aquí.
El 20 de febrero de 2009, pocos días después de que el juez Garzón
detuviese a los principales imputados de la trama Gürtel, Angel Sanchís
se presentó en nombre de Luis Bárcenas en el banco de Suiza. Según un
documento interno del banco que ahora investiga la Audiencia Nacional,
Bárcenas les anunció la visita de Sanchís: “una persona de su absoluta
confianza” que va a consultar “cuestiones relativas a la cuenta”.
“Durante la reunión –prosigue el banco– esta persona nos anunció que su
cliente tenía la intención de liquidar la totalidad de su cuenta” y que
“daría instrucciones para transferir los fondos” para “diversificar su
patrimonio”.
Pocos días después, el 26 de marzo de
2009, la “diversificación” empezó y la Fundación Sinequanon –supuestos
testaferros de Bárcenas en Pánama– ordenó una transferencia de un millón
de dólares a una cuenta en Estados Unidos del banco HSBC. La cuenta es
de la empresa Brixco SA, que se ocupa precisamente de gestionar las exportaciones de limones que produce La Moraleja SA.
Los 18 millones de dólares que el ICO prestó a la empresa argentina de
Sanchís y Bárcenas acabaron en los tribunales. La Moraleja SA no quiso
pagar el crédito e incluso ofreció devolver el dinero en pesos, como publicó en 2002 la revista Interviú.
El préstamo era bastante ventajoso: el ICO –entonces presidido por
Fernando Becker– aprobó un periodo de tres años de carencia, en los que
la empresa no tuvo que devolver ni un solo euro. La deuda aumentó
después hasta los 23,5 millones de dólares con los intereses y el ICO
acabó ejecutando los avales y demandando en los tribunales argentinos a
La Moraleja SA.
Un enorme latifundio comprado en la dictadura
El toque de limón que da sabor a la Coca-Cola en Estados Unidos se produce en Argentina. En Salta. En La Moraleja: una inmensa finca de 300 kilómetros cuadrados (algo más de la mitad de toda la isla de Ibiza) que exporta mil toneladas de cítricos al día y emplea a casi dos mil personas. Parte de los activos de la empresa es un contrato de 20 años con Coca Cola para suministrar el concentrado de limón.Según publicó ayer el diario argentino Clarín, La Moraleja es el sexto productor de limones de Argentina –un país del que sale el 20% de la cosecha mundial de este cítrico–. La compra de la finca se cerró en 1978, durante la dictadura. "Una inversión de este monto, claro, conto con apoyos políticos locales. En el gobierno de la dictadura, el gobernador de facto Roberto Ulloa avaló la compra de la tierra", asegura Clarín.
Angel Sanchís, según fuentes de Génova, mantenía también una excelente relación personal con el dictador argentino Jorge Rafael Videla.
Y debe parecerles la cosa más normal del mundo
El Gobierno cambiará la ley para que condenados puedan dirigir entidades
Madrid.- El Ministerio de Economía puso ayer a consulta un real decreto en el
que se suaviza los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen
gobierno de la banca. Y a buen seguro que será polémico. El Banco de España será el responsable de juzgar si alguien cumple o no estas condiciones, que se abren ahora a una cierta discrecionalidad.
Por primera vez, la condición de condenado por delitos dolosos no será motivo suficiente para impedir que un ejecutivo sea banquero. El texto legal establece que tienen honorabilidad para ser banquero “quienes hayan venido mostrando una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para desempeñar una diligente y prudente gestión de la entidad”.
Si alguno de los candidatos está incurso en proceso penal, se debe analizar “si la condena o sanción es o no firme; la gravedad de la condena o sanción impuesta y la tipificación de los hechos que motivaron la condena”. El texto reclama atención especial si se tratara de delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social o infracciones de las normas reguladoras del ejercicio de la actividad bancaria.
El cuarto condicionante hace referencia a si los hechos que motivaron la condena se realizaron “en provecho propio o en perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de negocios le hubiese sido confiada”. Otro elemento a tener en cuenta es “el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos”, así como si existieron “circunstancias atenuantes, la posible extinción de la responsabilidad penal y la conducta posterior” desde la comisión del delito. Por último, se debe considerar “la reiteración de condenas o sanciones por faltas o infracciones”.
La norma también establece que para juzgar al posible banquero se considere “la existencia de investigaciones relevantes y fundadas, tanto en el ámbito penal como el administrativo”.
Fuentes del Ministerio de Economía comentaron que se han seguido las directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) para realizar estas modificaciones.
Fuentes jurídicas apuntaron que esta reforma legal puede beneficiar a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander, en el caso de que prosperase el actual recurso contra su indulto. Hasta el momento, el Banco de España no ha puesto reparos contra Sáenz (condenado a tres meses de arresto e inhabilitación por acusación y denuncia falsa) ya que considera que el indulto limpia su expediente.
Por primera vez, la condición de condenado por delitos dolosos no será motivo suficiente para impedir que un ejecutivo sea banquero. El texto legal establece que tienen honorabilidad para ser banquero “quienes hayan venido mostrando una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para desempeñar una diligente y prudente gestión de la entidad”.
Si alguno de los candidatos está incurso en proceso penal, se debe analizar “si la condena o sanción es o no firme; la gravedad de la condena o sanción impuesta y la tipificación de los hechos que motivaron la condena”. El texto reclama atención especial si se tratara de delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social o infracciones de las normas reguladoras del ejercicio de la actividad bancaria.
El cuarto condicionante hace referencia a si los hechos que motivaron la condena se realizaron “en provecho propio o en perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de negocios le hubiese sido confiada”. Otro elemento a tener en cuenta es “el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos”, así como si existieron “circunstancias atenuantes, la posible extinción de la responsabilidad penal y la conducta posterior” desde la comisión del delito. Por último, se debe considerar “la reiteración de condenas o sanciones por faltas o infracciones”.
La norma también establece que para juzgar al posible banquero se considere “la existencia de investigaciones relevantes y fundadas, tanto en el ámbito penal como el administrativo”.
Fuentes del Ministerio de Economía comentaron que se han seguido las directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) para realizar estas modificaciones.
Fuentes jurídicas apuntaron que esta reforma legal puede beneficiar a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander, en el caso de que prosperase el actual recurso contra su indulto. Hasta el momento, el Banco de España no ha puesto reparos contra Sáenz (condenado a tres meses de arresto e inhabilitación por acusación y denuncia falsa) ya que considera que el indulto limpia su expediente.
Van conociéndose nuevos detalles del escándalo de corrupción de los populares
Bárcenas citaba al banquero suizo en casas de amigos para “evitar mostrarse en público”
“Encuentro con el cliente (Luis Bárcenas) en Madrid. Contento de mi visita. El cliente es muy prudente y ha evitado mostrarse en público mientras que esté en curso el procedimiento judicial contra él. Me da cita en el domicilio de su amigo Iván Y” (Iván Yáñez, broker cesado fulminantemente por Javier Botín el pasado viernes). Los emails enviados por los empleados del banco suizo que le movía el dinero a Bárcenas, incluidos en las comisiones rogatorias solicitadas por el juez Ruz, revelan el cuidado del tesorero del PP por no dejarse ver con ciertas compañías.
En el email del 14 de abril de 2009, el interlocutor bancario de Bárcenas reporta a su central que ha visto a su cliente “muy sensibilizado por todas las acusaciones” (de la Gürtel). “Insiste en que esas acusaciones son infundadas y que no tiene nada que reprocharse por sus actividades en el seno del PP. Tras hablar de que ha interpuesto “una denuncia contra el juez Garzón”, Bárcenas repasó con el banquero su porfolio de inversiones y ordenó “una segunda transferencia de 1.000.000 de euros en los próximos días”.
De los emails enviados por el banco Dresdner, resulta evidente cómo Bárcenas informa al propio banco de la marcha de las investigaciones sobre su persona. En otro del 22 de mayo de 2009, Bárcenas recibe al enlace bancario “en casa de uno de sus amigos, por razones de discreción puesto que no quiere tener una entrevista en el hall de un hotel”. Ese día, el tesorero del PP informa al banco de que “parece que las acusaciones hechas contra él estos últimos meses se han calmado”. Por ello, la necesidad de vaciar las cuentas suizas ya no es tanta y ordena “una petición de transferencia de 500.000 euros, que será aparentemente la última que se va a hacer durante un tiempo”.
Para las reuniones con los empleados del banco suizo, Bárcenas usa varias veces el domicilio de su amigo Iván Yáñez, que incluso tiene un poder del propio Bárcenas para consultar y manejar los fondos de las cuentas suizas. “Encuentro con el cliente en Madrid en casa de Iván Y. –dice otro email del 29 de septiembre de 2009-. Feliz de mi visita, por el momento (Bárcenas) prefiere evitar desplazarse al extranjero mientras la investigación sobre sus actividades y su papel en el seno del PP sigan su curso”.
Bárcenas, tras destaparse la Gürtel, también otorga poderes especiales a su amigo y extesorero del PP, igualmente procesado por el caso Naserio, Ángel Sanchís. Así cuenta el banco las órdenes de Bárcenas en un email del 20 de febrero de 2009: “Nos anuncia la visita de uno de sus amigos y persona de toda su confianza, el señor Ángel Sanchís Perales, que le representa con una carta debidamente firmada por él. Esta persona está autorizada a consultar la posición actual de la cuenta y pedir cuáles serían las modalidades para proceder a la liquidación total o parcial de la cartera y retirar los fondos, sea en cash, sea por transferencias bancarias”.
En otro de los correos, el banco da cuenta del tren de vida de Bárcenas. En junio de 2008, el enlace del banco se entrevista en Madrid con el tesorero del PP. “Discute de los mercados en general y más particularmente de la situación actual en España. Todos los periódicos locales hablan de crisis económica seria y duradera. Por el subprime, varios sectores están penalizados, bancos y sobre todo el sector de la construcción… Revisada la cartera, que está invertida 100% en esas acciones, principalmente del Ibex. Pese al comportamiento negativo de -20’86% desde el comienzo del año (en consonancia con la caída del Ibex) el cliente no parece estar demasiado preocupado. Tiene un horizonte a largo tiempo y confía en una recuperación de los mercados tras la crisis económica actual. Partirá de vacaciones a finales de agosto a Seychelles y nos visitará en Ginebra probablemente en otoño”.
El ex tesorero del PP Luis Bárcenas
y su esposa, Rosalía Iglesias Villar, son socios desde hace más de 20
años (en empresas distintas, pero vinculadas entre sí en cuanto a
accionistas) de Ángel Sanchís, ex tesorero del PP hasta 1988 y hombre con gran poder en el partido en la época de Manuel Fraga. Sanchís fue procesado por financiación ilegal del PP en el marco del llamado caso Naseiro
(en alusión a Rosendo Naseiro, también extesorero nacional del PP).
Naseiro y Sanchís (el hombre que introdujo en las finanzas del PP a
Bárcenas) quedaron absueltos de este asunto en 1990 por una cuestión puramente procesal.
Bárcenas reconoció ante la entidad bancaria de Suiza en la que tenía ocultos los 22 millones de euros, que dispone de participaciones en una megafinca de cítricos que ocupa una extensión de 30.000 hectáreas (como 30.000 veces el estadio Santiago Bernabéu o tres veces la extensión de Barcelona capital) y que está situada en la provincia de Salta (Argentina). Al frente de la misma se hallan el propio Sanchís y tres de sus hijos. Es un imperio agrícola que exporta cítricos a la Unión Europea y que se llama La Moraleja. Ha llegado a tener hasta 1.700 empleados, con viviendas para muchos braceros dentro de la finca. Y con beneficios millonarios. Esta explotación, según medios argentinos, es uno de los mayores productores de limones del país austral, un gigante mundial del sector.
En 1997, un año después de la llegada del PP al poder, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) otorgó para esta finca un crédito de 18 millones de euros. La devolución del dinero al ICO estuvo rodeada de polémica.
El ex tesorero Bárcenas no explicó al banco suizo si su participación en La Moraleja es directa o a través de su esposa, Rosalía Iglesias. Ya que esta, al menos hasta 2002, también figuró como socia de otra de las firmas de Sanchís. En concreto, de Hidronorte, SA, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 21 de enero de 1988 ante el notario Gerardo Muñoz de Dios. Según el Registro Mercantil, esta empresa está extinguida, aunque, dentro de la maraña societaria de Sanchís, es posible que se haya fusionado con otras o vendida a terceros, sospechan fuentes de la investigación. La relación entre Rosalía Iglesias, quien suscribió 8.000 acciones de Hidronorte, y Sanchís, fue descubierta a raíz de una investigación de una agencia de detectives de Madrid a la que un despacho de abogados de Miami (EE UU) pidió información sobre este extesorero para ver si una entidad bancaria accedía a darle un importante préstamo para su finca de Argentina.
Entre los socios de Hidronorte figuran también altos cargos del PP como Joaquín Xiso, quien entre 1994 y 1997 fue vicepresidente de la delegación para las relaciones con China del Parlamento Europeo, del que fue diputado. En su declaración como imputada ante el juez Antonio Pedreira, tras hallársele una cuenta bancaria con más de un millón de euros no declarada al fisco, Rosalía Iglesias explicó que era su marido quien gestionaba todos los negocios familiares.
Bárcenas sostiene que la fortuna que se le ha descubierto en Suiza, los 22 millones de euros, son fruto de sus actividades inmobiliarias y de compraventa de obras de arte anteriores a la época en que el cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, campaba a sus anchas por la sede de Génova y pagaba y recibía comisiones por conseguir contratas públicas. Y también siempre ha salido en defensa de su esposa alegando que ella no intervenía en las operaciones aunque figure su nombre en algunas de ellas. La esposa de Bárcenas sigue imputada en la Audiencia Nacional.
Investigado por el Supremo. Bárcenas siempre mantuvo que Correa mentía y que nunca había recibido dinero del cabecilla de la trama. Aun así, y dado que se trataba de un aforado (porque además de tesorero era senador por Cantabria), su caso fue desglosado del tronco principal del caso Gürtel y remitido al Tribunal Supremo.
“Luis el Cabrón” o “L. B.” Tras investigarle durante un año, el Supremo remitió las diligencias al juez del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira después de que Bárcenas, en abril de 201o, abandonara su acta de diputado. Bárcenas llegó a sembrar dudas en Pedreira alegando que las iniciales de “Luis el Cabrón” o “L. B.” que aparecían en la caja B de Correa como destinatarios de comisiones no le pertenecían a él.
Su esposa, Rosalía Iglesias Villar, también fue investigada por delito fiscal, ya que se les descubrió una cuenta no declarada al fisco de un millón de euros. Pedreira acabó exculpándoles a ambos, pero la Audiencia Nacional volvió a imputarles.
22 millones en Suiza. El actual instructor de Gürtel, el juez Pablo Ruz, activó la comisión rogatoria a Suiza que le pidió la Fiscalía Anticorrupción para indagar el patrimonio del extesorero en el país helvético. El escándalo (que dejó helado al PP de Génova) llegó esta pasada semana, cuando trascendió el contenido del informe enviado a Ruz por las autoridades suizas. Bárcenas sí tenía dinero en Suiza. Llegó a disponer de un saldo de 22 millones de euros a finales de 2007. Nada más estallar Gürtel, en 2009, vació la cuenta para que los jueces no las bloquearan, como sí hicieron con otras cuentas de Correa.
Sobresueldos y despacho en Génova. Después de la revelación sobre los millones en Suiza, el diario El Mundo publica que la cúpula del PP cobró durante años complementos de sueldo en efectivo y en sobres que se repartían de una contabilidad B del partido. Ese mismo día, EL PAÍS publica que Luis Bárcenas dispone aún de un despacho en Génova al que acude habitualmente y en el que guarda documentos. El caso Bárcenas ha provocado desde entonces un vendaval interno en el PP que ha obligado a sus dirigentes a asegurar, tras muchos vaivenes, que se revisarán todas las cuentas presentes y pasadas del partido.
Bárcenas reconoció ante la entidad bancaria de Suiza en la que tenía ocultos los 22 millones de euros, que dispone de participaciones en una megafinca de cítricos que ocupa una extensión de 30.000 hectáreas (como 30.000 veces el estadio Santiago Bernabéu o tres veces la extensión de Barcelona capital) y que está situada en la provincia de Salta (Argentina). Al frente de la misma se hallan el propio Sanchís y tres de sus hijos. Es un imperio agrícola que exporta cítricos a la Unión Europea y que se llama La Moraleja. Ha llegado a tener hasta 1.700 empleados, con viviendas para muchos braceros dentro de la finca. Y con beneficios millonarios. Esta explotación, según medios argentinos, es uno de los mayores productores de limones del país austral, un gigante mundial del sector.
En 1997, un año después de la llegada del PP al poder, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) otorgó para esta finca un crédito de 18 millones de euros. La devolución del dinero al ICO estuvo rodeada de polémica.
El ex tesorero Bárcenas no explicó al banco suizo si su participación en La Moraleja es directa o a través de su esposa, Rosalía Iglesias. Ya que esta, al menos hasta 2002, también figuró como socia de otra de las firmas de Sanchís. En concreto, de Hidronorte, SA, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 21 de enero de 1988 ante el notario Gerardo Muñoz de Dios. Según el Registro Mercantil, esta empresa está extinguida, aunque, dentro de la maraña societaria de Sanchís, es posible que se haya fusionado con otras o vendida a terceros, sospechan fuentes de la investigación. La relación entre Rosalía Iglesias, quien suscribió 8.000 acciones de Hidronorte, y Sanchís, fue descubierta a raíz de una investigación de una agencia de detectives de Madrid a la que un despacho de abogados de Miami (EE UU) pidió información sobre este extesorero para ver si una entidad bancaria accedía a darle un importante préstamo para su finca de Argentina.
Entre los socios de Hidronorte figuran también altos cargos del PP como Joaquín Xiso, quien entre 1994 y 1997 fue vicepresidente de la delegación para las relaciones con China del Parlamento Europeo, del que fue diputado. En su declaración como imputada ante el juez Antonio Pedreira, tras hallársele una cuenta bancaria con más de un millón de euros no declarada al fisco, Rosalía Iglesias explicó que era su marido quien gestionaba todos los negocios familiares.
Bárcenas sostiene que la fortuna que se le ha descubierto en Suiza, los 22 millones de euros, son fruto de sus actividades inmobiliarias y de compraventa de obras de arte anteriores a la época en que el cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, campaba a sus anchas por la sede de Génova y pagaba y recibía comisiones por conseguir contratas públicas. Y también siempre ha salido en defensa de su esposa alegando que ella no intervenía en las operaciones aunque figure su nombre en algunas de ellas. La esposa de Bárcenas sigue imputada en la Audiencia Nacional.
El estallido del 'caso Bárcenas'
Bárcenas y el ‘caso Gürtel’. Fue a mediados de 2007 cuando el cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, en la mesa que habitualmente tenía reservada para él en el bar del hotel Fénix de Madrid, sacó a relucir su turbia relación con el extesorero del PP Luis Bárcenas. Su interlocutor era José Luis Peñas, exconcejal del PP de Majadahonda. Peñas, uno de sus hombres de confianza, llevaba tiempo grabándole. Esa grabadora hizo estallar el caso Gürtel. En ella, Correa se jacta, entre otras cosas, de haber llevado a Bárcenas “1.000 millones de pesetas”, tanto a su “casa” como a “Génova”.Investigado por el Supremo. Bárcenas siempre mantuvo que Correa mentía y que nunca había recibido dinero del cabecilla de la trama. Aun así, y dado que se trataba de un aforado (porque además de tesorero era senador por Cantabria), su caso fue desglosado del tronco principal del caso Gürtel y remitido al Tribunal Supremo.
“Luis el Cabrón” o “L. B.” Tras investigarle durante un año, el Supremo remitió las diligencias al juez del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira después de que Bárcenas, en abril de 201o, abandonara su acta de diputado. Bárcenas llegó a sembrar dudas en Pedreira alegando que las iniciales de “Luis el Cabrón” o “L. B.” que aparecían en la caja B de Correa como destinatarios de comisiones no le pertenecían a él.
Su esposa, Rosalía Iglesias Villar, también fue investigada por delito fiscal, ya que se les descubrió una cuenta no declarada al fisco de un millón de euros. Pedreira acabó exculpándoles a ambos, pero la Audiencia Nacional volvió a imputarles.
22 millones en Suiza. El actual instructor de Gürtel, el juez Pablo Ruz, activó la comisión rogatoria a Suiza que le pidió la Fiscalía Anticorrupción para indagar el patrimonio del extesorero en el país helvético. El escándalo (que dejó helado al PP de Génova) llegó esta pasada semana, cuando trascendió el contenido del informe enviado a Ruz por las autoridades suizas. Bárcenas sí tenía dinero en Suiza. Llegó a disponer de un saldo de 22 millones de euros a finales de 2007. Nada más estallar Gürtel, en 2009, vació la cuenta para que los jueces no las bloquearan, como sí hicieron con otras cuentas de Correa.
Sobresueldos y despacho en Génova. Después de la revelación sobre los millones en Suiza, el diario El Mundo publica que la cúpula del PP cobró durante años complementos de sueldo en efectivo y en sobres que se repartían de una contabilidad B del partido. Ese mismo día, EL PAÍS publica que Luis Bárcenas dispone aún de un despacho en Génova al que acude habitualmente y en el que guarda documentos. El caso Bárcenas ha provocado desde entonces un vendaval interno en el PP que ha obligado a sus dirigentes a asegurar, tras muchos vaivenes, que se revisarán todas las cuentas presentes y pasadas del partido.
MATACÁN
La corrupción es crimen organizado
Javier Caraballo
Como son tantos los años, tantos los escándalos que
se acumulan en la memoria, también sabemos que la corrupción describe
siempre el mismo trayecto, las mismas fases desde que la opinión pública
descubre la felonía hasta que la tormenta se disipa, por saturación o
porque otras bombas estallan en otros despachos.
Una de esas fases, que
machaca con la técnica de un mantra, es el discurso repetido de que la
inmensa mayoría de los políticos no están salpicados por la corrupción y
que, en consecuencia, se hace un daño terrible a la democracia cuando
se generaliza al hablar de corrupción.
Esta fase es especialmente
irritante porque, al final, parece como si lo que molestara es la
denuncia en sí por encima del hecho denunciado. Como si la gravedad de
la corrupción estuviera en las consecuencias sociales, el desapego de la
sociedad que atiende enojada al trasiego de maletines. Cualquiera que
pegue el oído al discurso político observará que, una vez más, estamos
ya en esa fase, y que dirigentes y actores políticos de todo signo
repiten una y otra vez el mismo razonamiento.
Es un mensaje sutil
pero contundente: se trata de rodear de una aureola de
irresponsabilidad a quien extrae consecuencias generales de los casos de
corrupción que se van conociendo; se trata, en suma, de presentar todos
esos escándalos como casos concretos, que afectan sólo a quienes se ven
involucrados directamente, nunca como casos que afectan y retratan a la
clase política en general. ¿Que la mayoría de los políticos son
honrados? Pues claro. ¿Que España no está entre los países más
destacados en las listas internacionales que miden la corrupción? Pues
sí. Pero ni una cosa ni la otra, que son evidencias constatables,
disminuyen para nada la gravedad del momento porque, en primer lugar, la
alarma social que genera un delito no se mide nunca por el número de
delincuentes que lo cometen y, en segundo lugar, porque sólo nos faltaba
tener que agradecer que en España no haya más mordidas que en México,
un suponer.
El principal problema de la corrupción en España, vamos a ver, es que no está reconocida con la gravedad penal que debiera, con la trascendencia social que debiera. En esto, es aconsejable sumarse a la tesis que defiende el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, quien, sin ambages, afirma: “La corrupción política es crimen organizado”. Como recordaba sus palabras de otras conversaciones, ayer volví a recurrir a él para valorar el momento. Veamos. La calificación de crimen organizado se realiza de acuerdo a un decálogo elaborado por la inteligencia policial en el seno de la Unión Europea, con el fin de unificar criterios. Si una actividad ilícita cumple, al menos, seis puntos de ese decálogo, se trata de crimen organizado. Podemos hacer un sencillo ejercicio, que cada cual repase los puntos de ese compendio y que vaya anotando los que, a su juicio, se corresponden con el fenómeno de la corrupción política en España. Son estos:
1.- Existencia de un grupo de personas más o menos numeroso en el desarrollo de la actividad delictiva.
2.- Reparto de tareas o de papeles entre los miembros del grupo con existencia de normas de disciplina interna y jerarquía. A veces aislamiento del cabecilla como forma de protección. Interposición de testaferros o autoinculpación de subordinados.
3.- Actuación prolongada en el tiempo.
4.- Comisión de actos delictivos graves. Utilización de técnicas y métodos de ejecución sofisticados. Alta tecnología en comunicaciones. Destreza financiera en el manejo de fondos y relación con la función pública.
5.- Actuaciones transnacionales o intensa movilidad territorial dentro del Estado.
6.- Uso sistemático de la violencia o intimidación grave.
7.- Utilización de instrumentos jurídicos para crear estructuras económicas o comerciales. Uso habitual de cualificados profesionales o expertos.
8.- Blanqueo de capitales.
9.- Influencia sobre políticos, medios de comunicación, funcionarios, o sobre la actividad económica.
10.- Obtención continuada de beneficios económicos.
¿Ha hecho la cuenta? Esos son los diez puntos del documento policial que delimita la existencia de crimen organizado. Y de los diez, sólo en dos casos podría considerarse que esos requisitos no se dan en la corrupción política que existe en España: el “uso sistemático de la violencia” y la “comisión de actos delictivos graves”, porque muchos supuestos penales vinculados a la corrupción no tienen esa consideración en el ordenamiento español.
Desde la perspectiva técnica del fiscal andaluz, no existe otra conclusión: para combatir con eficacia la corrupción hay que dejar de considerarla, tras cada episodio, como hechos particulares y comenzar a tratarla con la gravedad de un fenómeno extendido, transversal. Contra la corrupción, más medios y menos palabras; más medios para policías, jueces y fiscales y menos golpes de pecho sobre la ‘tolerancia cero’ y el ‘caiga quien caiga’. Contra la corrupción, menos ventiladores que esparcen la culpa hacia los demás y más controles internos en cada partido. Contra la corrupción, la mejor definición penal: crimen organizado.
El principal problema de la corrupción en España, vamos a ver, es que no está reconocida con la gravedad penal que debiera, con la trascendencia social que debiera. En esto, es aconsejable sumarse a la tesis que defiende el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, quien, sin ambages, afirma: “La corrupción política es crimen organizado”. Como recordaba sus palabras de otras conversaciones, ayer volví a recurrir a él para valorar el momento. Veamos. La calificación de crimen organizado se realiza de acuerdo a un decálogo elaborado por la inteligencia policial en el seno de la Unión Europea, con el fin de unificar criterios. Si una actividad ilícita cumple, al menos, seis puntos de ese decálogo, se trata de crimen organizado. Podemos hacer un sencillo ejercicio, que cada cual repase los puntos de ese compendio y que vaya anotando los que, a su juicio, se corresponden con el fenómeno de la corrupción política en España. Son estos:
1.- Existencia de un grupo de personas más o menos numeroso en el desarrollo de la actividad delictiva.
2.- Reparto de tareas o de papeles entre los miembros del grupo con existencia de normas de disciplina interna y jerarquía. A veces aislamiento del cabecilla como forma de protección. Interposición de testaferros o autoinculpación de subordinados.
3.- Actuación prolongada en el tiempo.
4.- Comisión de actos delictivos graves. Utilización de técnicas y métodos de ejecución sofisticados. Alta tecnología en comunicaciones. Destreza financiera en el manejo de fondos y relación con la función pública.
5.- Actuaciones transnacionales o intensa movilidad territorial dentro del Estado.
6.- Uso sistemático de la violencia o intimidación grave.
7.- Utilización de instrumentos jurídicos para crear estructuras económicas o comerciales. Uso habitual de cualificados profesionales o expertos.
8.- Blanqueo de capitales.
9.- Influencia sobre políticos, medios de comunicación, funcionarios, o sobre la actividad económica.
10.- Obtención continuada de beneficios económicos.
¿Ha hecho la cuenta? Esos son los diez puntos del documento policial que delimita la existencia de crimen organizado. Y de los diez, sólo en dos casos podría considerarse que esos requisitos no se dan en la corrupción política que existe en España: el “uso sistemático de la violencia” y la “comisión de actos delictivos graves”, porque muchos supuestos penales vinculados a la corrupción no tienen esa consideración en el ordenamiento español.
Desde la perspectiva técnica del fiscal andaluz, no existe otra conclusión: para combatir con eficacia la corrupción hay que dejar de considerarla, tras cada episodio, como hechos particulares y comenzar a tratarla con la gravedad de un fenómeno extendido, transversal. Contra la corrupción, más medios y menos palabras; más medios para policías, jueces y fiscales y menos golpes de pecho sobre la ‘tolerancia cero’ y el ‘caiga quien caiga’. Contra la corrupción, menos ventiladores que esparcen la culpa hacia los demás y más controles internos en cada partido. Contra la corrupción, la mejor definición penal: crimen organizado.
Matacán es el blog de Javier Caraballo en El Confidencial,
desde donde abordará la actualidad política y social andaluza. A lo
largo de las tres últimas décadas, Caraballo ha pasado por distintos
medios de comunicación de prensa, radio y televisión, y en especial en El Mundo en Andalucía, donde ocupó el cargo de redactor jefe. En la actualidad, colabora con las tertulias de Onda Cero Herrera en la Onda y La Brújula.
lunes, 21 de enero de 2013
El último artículo de Javier Marías en El País Dominical
LA ZONA FANTASMA »
Más idiotas de lo que parecen
Javier Marías -
20 ENE 2013
Nuestros políticos y prohombres son más idiotas de lo que se ve a
diario y a primera vista, que ya es una permanente exhibición de
idiocia, acompañada de sinvergonzonería las más de las veces. No les
costaría nada ser un poco más astutos y guardar las apariencias, no sólo
resultaría beneficioso para ellos sino para el conjunto de la
población. A fin de año Rajoy pidió paciencia y comprensión. ¿Todavía
más? Infinitas las ya tenidas con un Presidente que ha incumplido todas
sus promesas electorales y ha impuesto una reforma laboral de la que
dice sentirse satisfecho pero que ha añadido medio millón de parados
desde que él ocupa su asiento; que ha bajado los sueldos de los
funcionarios rasos y ha encarecido la educación, ha agravado el desplome
del consumo y del comercio, ha convertido a los frágiles en
menesterosos (pensionistas, discapacitados, enfermos crónicos) y ha
impulsado a emigrar a millares de jóvenes con estudios superiores; que
permite el aumento de los precios de todo mientras empuja los salarios
hacia el subsuelo; que rescata bancos y cajas desastrosos o fraudulentos
con el dinero de los contribuyentes y a éstos los acogota en
agradecimiento; que se dedica a privatizar lo erigido entre todos y se
niega a gravar más las SICAV para así no mermar un ápice las fortunas de
los acaudalados; que amnistía a los grandes defraudadores y persigue a
casi todos los demás; que miente sin cesar.
En medio de tanto abuso, lo astuto por parte de los políticos y prohombres sería hacer algún gesto, aunque a efectos reales sirviera de poco y ahorrara menos; renunciar a prebendas, anunciar que también ellos van a sacrificarse. Ha habido cierta polémica por las palabras del nuevo Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Moliner. Este señor se lamentó en televisión de que, siendo él por su cargo la cuarta autoridad del Estado, se lo obligara a viajar en clase turista. Aseguró que personalmente no le importaba, pero que causaba mal efecto que se viera en dicha clase a tan altísimo dignatario. La pregunta es: ¿que lo viera quién? ¿Las personas que lo fueran a recibir a la estación? Porque en los aeropuertos nadie sabe qué asiento ocupaban los pasajeros cuando éstos por fin acceden al vestíbulo en que se los espera. ¿O quizá los compañeros de viaje y las azafatas, que al verlo murmurarían: “Pobre diablo, el Presidente del CGPJ, que va en turista como un ganapán, qué cutrez de país”? Moliner debe de pensar que todo el mundo lo reconoce y sabe no sólo quién es, sino qué funciones ejerce. Lamento decepcionarlo: puede que un día sea así, si sigue saliendo en televisión, pero hoy casi nadie se volverá por la calle al cruzarse con él. Yo mismo, que no me considero muy desinformado, no tengo la menor idea de cuáles son sus facciones.
Algo parecido deben de pensar todos y cada uno de los parlamentarios: que son archifamosos y que todo dios los reconoce y los mira. De otro modo no se entiende que, en esta época de privaciones y recortes brutales, el Congreso haya decidido que todos los diputados participantes en delegaciones internacionales vuelen siempre en clase preferente, y en clase club o similar cuando se desplacen por ferrocarril. ¿En verdad creen estos parlamentarios grises, oscuros, obedientes a las consignas de sus respectivos partidos, uniformes, invisibles, gregarios, que – salvo alguna rara excepción– alguien va a saber quiénes son al coincidir con ellos en un avión o en un tren? Además de idiotas han de ser megalómanos y carecer de sentido de la realidad. Uno de esos portavoces del PP con aspecto de carterista o de maquereau (empleo la palabra francesa porque la española “chulo” es demasiado amplia) se avino a explicar el porqué de esta resolución: “No, es que me han dicho, no sé yo, ¿eh?”, dijo, “que en realidad sale más barato que viajen en business, porque así ocupan plazas que quizá quedarían libres si no, y no otras que sí cogería la gente”. Bueno, ya lo he dicho: un carterista, un timador.
Pero no es sólo esto: mientras los enfermos crónicos han de pagarse sus ambulancias y los jubilados ven menguar su poder adquisitivo, las “fundaciones” de los partidos acaban de recibir subvenciones por valor de dos millones y medio de euros, para sus “estudios”, “seminarios”, “informes” y demás zarandajas vitales. La FAES de Aznar se ha embolsado así como medio millón, y la Pablo Iglesias del PSOE se habrá conformado con poco menos. Pero también han percibido fondos públicos las de las purísimas IU e ICV, lo mismo que las vinculadas a esos partidos que hoy no quieren saber nada de España, CiU y Esquerra, los cuales, como ha señalado Jiménez Villarejo, el antiguo Fiscal Anticorrupción, no han tenido inconveniente en estrechar la mano de su denostado Wert cuando ésta venía con billetes de subvención. (Añádase que a los partidos, el pasado año, se les entregó unos setenta millones para “gastos de funcionamiento y de seguridad”.) ¿Son señores como estos los que piden paciencia y comprensión, mientras no son capaces de tener el gesto –demagógico si se quiere, pero astuto al fin– de ir en turista cuando el viaje se lo pagan los ciudadanos, o de renunciar al dinero que reciben sus estúpidas fundaciones inútiles? Ningún “estudio” ni “seminario” salidos de éstas será más vital que el sueldo que los funcionarios rasos dejarán de percibir por su causa. Sí, por fuerza han de ser idiotas, si ni siquiera saben fingir que predican con el ejemplo.
elpaissemanal@elpais.es
En medio de tanto abuso, lo astuto por parte de los políticos y prohombres sería hacer algún gesto, aunque a efectos reales sirviera de poco y ahorrara menos; renunciar a prebendas, anunciar que también ellos van a sacrificarse. Ha habido cierta polémica por las palabras del nuevo Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Moliner. Este señor se lamentó en televisión de que, siendo él por su cargo la cuarta autoridad del Estado, se lo obligara a viajar en clase turista. Aseguró que personalmente no le importaba, pero que causaba mal efecto que se viera en dicha clase a tan altísimo dignatario. La pregunta es: ¿que lo viera quién? ¿Las personas que lo fueran a recibir a la estación? Porque en los aeropuertos nadie sabe qué asiento ocupaban los pasajeros cuando éstos por fin acceden al vestíbulo en que se los espera. ¿O quizá los compañeros de viaje y las azafatas, que al verlo murmurarían: “Pobre diablo, el Presidente del CGPJ, que va en turista como un ganapán, qué cutrez de país”? Moliner debe de pensar que todo el mundo lo reconoce y sabe no sólo quién es, sino qué funciones ejerce. Lamento decepcionarlo: puede que un día sea así, si sigue saliendo en televisión, pero hoy casi nadie se volverá por la calle al cruzarse con él. Yo mismo, que no me considero muy desinformado, no tengo la menor idea de cuáles son sus facciones.
Algo parecido deben de pensar todos y cada uno de los parlamentarios: que son archifamosos y que todo dios los reconoce y los mira. De otro modo no se entiende que, en esta época de privaciones y recortes brutales, el Congreso haya decidido que todos los diputados participantes en delegaciones internacionales vuelen siempre en clase preferente, y en clase club o similar cuando se desplacen por ferrocarril. ¿En verdad creen estos parlamentarios grises, oscuros, obedientes a las consignas de sus respectivos partidos, uniformes, invisibles, gregarios, que – salvo alguna rara excepción– alguien va a saber quiénes son al coincidir con ellos en un avión o en un tren? Además de idiotas han de ser megalómanos y carecer de sentido de la realidad. Uno de esos portavoces del PP con aspecto de carterista o de maquereau (empleo la palabra francesa porque la española “chulo” es demasiado amplia) se avino a explicar el porqué de esta resolución: “No, es que me han dicho, no sé yo, ¿eh?”, dijo, “que en realidad sale más barato que viajen en business, porque así ocupan plazas que quizá quedarían libres si no, y no otras que sí cogería la gente”. Bueno, ya lo he dicho: un carterista, un timador.
Pero no es sólo esto: mientras los enfermos crónicos han de pagarse sus ambulancias y los jubilados ven menguar su poder adquisitivo, las “fundaciones” de los partidos acaban de recibir subvenciones por valor de dos millones y medio de euros, para sus “estudios”, “seminarios”, “informes” y demás zarandajas vitales. La FAES de Aznar se ha embolsado así como medio millón, y la Pablo Iglesias del PSOE se habrá conformado con poco menos. Pero también han percibido fondos públicos las de las purísimas IU e ICV, lo mismo que las vinculadas a esos partidos que hoy no quieren saber nada de España, CiU y Esquerra, los cuales, como ha señalado Jiménez Villarejo, el antiguo Fiscal Anticorrupción, no han tenido inconveniente en estrechar la mano de su denostado Wert cuando ésta venía con billetes de subvención. (Añádase que a los partidos, el pasado año, se les entregó unos setenta millones para “gastos de funcionamiento y de seguridad”.) ¿Son señores como estos los que piden paciencia y comprensión, mientras no son capaces de tener el gesto –demagógico si se quiere, pero astuto al fin– de ir en turista cuando el viaje se lo pagan los ciudadanos, o de renunciar al dinero que reciben sus estúpidas fundaciones inútiles? Ningún “estudio” ni “seminario” salidos de éstas será más vital que el sueldo que los funcionarios rasos dejarán de percibir por su causa. Sí, por fuerza han de ser idiotas, si ni siquiera saben fingir que predican con el ejemplo.
elpaissemanal@elpais.es
Siguen las expeculaciones sobre el escándalo que sacude al PP
La lista negra de Luis Bárcenas: los políticos bajo sospecha de haber cobrado sobresueldos en dinero negro
Fuentes de la información desvelada por El Mundo señalan a buena parte de las cúpulas del PP desde el año 1989. ¿Sabe quiénes estaban en ellas? Cospedal ha retado hoy a que "enseñen los recibos y demuestren si son verdaderos".
Decenas de altos cargos y empleados firmaron recibís. No obstante, Luis Bárcenas, tras la entrega del sobre, "anotaba la identidad del asalariado en uno de los muchos documentos contables que ha puesto a buen recaudo.
El importe solia ir en billetes de 500 a 200... Teníamos unas 20 personas por mandato", recoge este lunes el diario El Mundo.
Veinte personas por mandato
Con
estos datos, las quinielas pasan por discernir quiénes formaban las
cúpulas y quienes de sus integrantes recibieron ese dinero en el caso de
que así sea y de que Bárcenas diga absolutamente la verdad, o por el
contrario se trate de una amenaza velada de intereses carente de
credibilidad. No en vano, éste ha sido el organigrama de los últimos
veinte años.
Año 1989.
Manuel Fraga como presidente. Secretario general, Francisco Álvarez
Cascos. Y de lugartenientes: José María Aznar, Miguel Herrero de Miñón y
Marcelino Oreja. Vicepresidentes: Abel Matutes, Isabel Tocino y Félix
Pastor. De vicesecretarios: Federico Trillo, Juan José Lucas y Rodrigo
Rato.
Año 1990.
Presidente José María Aznar. Secretario, Cascos, y con el Javier
Arenas, Juan José Lucas y Mariano Rajoy. Fueron secretarios Guillermo
Cortazar, Juan Carlos Vera, Gabriel Mañueco, Rodrigo Rato y Carlos
Aragonés.
Año 1993.
Presidente José María Aznar y secretario general Álvarez Cascos. Tras
ellos en el organigrama, Rajoy y Arenas. Como secretarios, Luis Gamir,
Carlos Aragonés, Miguel Ángel Rodríguez, Juan Carlos Vera, Guillermo
Cortazar, J. Sepúlveda, José María Michavila y José María Robles.
Año 1996.
Presidente José María Aznar. Cascos permanece como secretario general
por cuarta vez consecutiva. Y tras él, Rajoy, Rato y Mayor Oreja. Luis
Gamir, Carlos Aragonés, Miguel Ángel Rodríguez, Juan Carlos Vera,
Guillermo Cortazar, Jesús Sepúlveda, José María Michavila y José María
Robles.
Año 1999.
Presidente José María Aznar y Javier Arenas secretario general. Rajoy,
Rato y Mayor Oreja, en la siguiente línea del staff de Génova.
Coordinadores entonces, Pío García Escudero, Rafael Hernando, Eugenio
Nasarre, Ana Mato y Gabriel Elorriaga.
Año 2002. Aznar como presidenter.
Javier Arenas como secretario general. Rajoy, Rato y Mayor Oreja en los
primeros cargos del staff. Entre los coordinadores, Pío García Escudero,
Rafael Hernando, Eugenio Nasarre, Ana Mato, Gabriel Elorriaga y, como
secretarios, Juan Carlos Vera, Jesús Sepúlveda, Jesús Merino, Rosa
Romero, Manuel Atencia, Francisco Camps...
Año 2004. Mariano Rajoy, presidente. El secretario general es entonces Ángel Acebes. Tras él, Soraya Sáenz de Santamaría, Arias Cañete e Ignacio Astarloa. Secretarios: Sabino González, G. Elorriaga, Pastor, Juan Carlos Vera, Jorge Moragas, J. A. Bermúdez de Castro, Baudelio Tomé, Jose L. Ayllón y José María Lasalle.
Año 2008. Presidente Mariano Rajoy. María Dolores de Cospedal secretaria general. Ana Mato, Javier Arenas y Esteban González, Pons, en la segunda línea. Los coordinadores de área, J.C. Vera, Cristóbal Montoro, Federico Trillo, Ana Pastor, J. A. Bermúdez de Castro, Jorge Moragas y Juan Manuel Moreno.
Año 2011. Presidente, Mariano Rajoy. María Dolores de Cospedal, secretaria general. Vicesecretarios geneles: Javier Arenas, Carlos Floriano y Esteban González Pons.
De esta lista, en la que hay expresidentes del Gobierno, presidente, ex secretarios generales, la actual, ex ministros, ministros hoy en el Gobierno, ex secretarios de Estado, cargos institucionales, no se ha inculpado de momento a ningún nombre. Hasta ahora, todo son quinielas.
De lo que apenas ha trascendido información es de los nombres que conforman las donaciones, empresas, instituciones o personas, que como dice Jorge Verstrynge, no tenían interés en que figuraran sus nombres. "Lo que tú no puedes hacer en ese momento -ha afirmado recientemente- es declarar ese dinero. Por la sencilla razón de que la persona que te lo da dice que no se declare".
La empresa Metro de Madrid se negó a rescatar a una perra que había
caído a las vías. Después de tres días escapando aterrada por las vías
murió atropellada
Mientras todo el país sufre recortes
El rey recupera el sueldo de 2012 y la paga extra de ese año
Madrid.- El rey volverá a ganar este año lo mismo que en 2011, es
decir, 292.752 euros brutos al año y el príncipe, exactamente la mitad,
después de que el año pasado se aplicaran una reducción equivalente a la
supresión de la paga extra de Navidad que sufrieron todos los
funcionarios, ha informado el Palacio de la Zarzuela.
En total, el presupuesto de la familia real para este año sí que se reduce un 4%, lo que lo deja en un total de 7.933.710 euros. Casi la mitad de este montante sufraga los gastos de personal de la institución, mientras que un 8,81% retribuye directamente a los miembros de la familia real que participan en actividades oficiales, lo que hoy por hoy excluye a los duques de Palma.
En este ejercicio, la familia real recibirá 699.128 euros del presupuesto global para toda la casa, 55.000 euros menos que en 2012. Esta reducción afecta en exclusiva a la partida que se reparten la reina, la princesa de Asturias y la infanta Elena en función de los actos oficiales en los que representan a la institución.
En total, el presupuesto de la familia real para este año sí que se reduce un 4%, lo que lo deja en un total de 7.933.710 euros. Casi la mitad de este montante sufraga los gastos de personal de la institución, mientras que un 8,81% retribuye directamente a los miembros de la familia real que participan en actividades oficiales, lo que hoy por hoy excluye a los duques de Palma.
En este ejercicio, la familia real recibirá 699.128 euros del presupuesto global para toda la casa, 55.000 euros menos que en 2012. Esta reducción afecta en exclusiva a la partida que se reparten la reina, la princesa de Asturias y la infanta Elena en función de los actos oficiales en los que representan a la institución.
Nueva convocatoria de DRY
Nos
une mucho más de lo que nos separa. Poco a poco vamos entendiendo. El
23-F todas las mareas convergen en una sola para salir a la calle.
Juntos somos más fuertes. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Desde
DRY, os animamos a que participéis en la convocatoria del 23 de
febrero. Somo el 99% y ellos son el 1%. Es el momento. Ayúdanos a
difundir y únete a la marea ciudadana
domingo, 20 de enero de 2013
Alguien tiene que decir algo alto y claro
Chantaje al Rey
Ignacio Escolar - Domingo, 13 de enero del 2013
No es la primera vez que el rey Juan Carlos de Borbón sufre un intento de chantaje. Esta película ya la hemos visto antes: con Conde, con De la Rosa y con tantos otros tiburones de aquellos años en los que España era un gran país para hacerse millonario.
Siempre eran viejos amigos de la real casa, compañeros de cacerías que utilizaban a otros cortesanos como intermediarios, los que trataban de agarrarse a la corona para evitar la cárcel. La gran novedad de este nuevo intento es que el chantaje es a lo grande: en estéreo, en 3D, en vivo y en directo. En abierto.
La noticia está en prime time en las televisiones, en las redes sociales, en las peluquerías y en los mercados de abastos; no es un feo asunto que solo circule entre las élites, como pasó con anteriores escándalos.
La presión sobre la Casa Real es evidente, aunque se presente como una "estrategia de defensa", como eufemísticamente la nombró la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. No hay otra forma de explicar por qué el abogado del imputado Diego Torres -socio del 'talonmanista' Iñaki Urdangarin- va presentando de tanto en tanto, con estudiada cadencia, dosis homeopáticas de sus correos electrónicos en los juzgados. Es tan burdo que resulta pornográfico.
La última entrega muestra el nombre de una señora a la que aquí educadamente llamamos "amiga íntima del Rey": Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Diego Torres ha desvelado una correspondencia que no prueba nada en relación con lo que investiga el juzgado, solo que Corinna acudió a uno de esos carísimos congresos que montaba esa organización sinónimo de lucro, el Instituto Nóos.
Cabe preguntarse, eso sí, en calidad de qué acudió Corinna al Valencia Summit 2004. ¿Qué hace la representante de una empresa de armas en un foro sobre grandes eventos deportivos? ¿Quién pagó su viaje?
Relacionar la trama Nóos con el nombre Corinna, como hace Diego Torres, crea un complejo nudo para la corona. Si Urdangarin y su cuate salen enteros del juicio al que se enfrentan, una gran mayoría de los ciudadanos sospecharán que la justicia no es igual para todos.
Ante esta situación, la familia real no puede seguir siendo opaca. Debería ser el propio Rey quien se negara a ese vergonzoso pacto entre PP y PSOE para que la jefatura del Estado quede fuera de la futura ley de transparencia.
Tendría que ser la propia Casa Real la que respondiera a esas preguntas presentadas por IU en el Congreso: ¿Ha trabajado Corinna como asesora estratégica del Gobierno español, como publicó The New York Times? ¿Ha cobrado del Estado? Ya no sirve el silencio o el respeto cortesano, ya no vale un sucedáneo de entrevista con Hermida. Estamos en Europa, en el siglo XXI y en la era de internet, no en la España de la tele en blanco y negro.
Ignacio Escolar - Domingo, 13 de enero del 2013
No es la primera vez que el rey Juan Carlos de Borbón sufre un intento de chantaje. Esta película ya la hemos visto antes: con Conde, con De la Rosa y con tantos otros tiburones de aquellos años en los que España era un gran país para hacerse millonario.
Siempre eran viejos amigos de la real casa, compañeros de cacerías que utilizaban a otros cortesanos como intermediarios, los que trataban de agarrarse a la corona para evitar la cárcel. La gran novedad de este nuevo intento es que el chantaje es a lo grande: en estéreo, en 3D, en vivo y en directo. En abierto.
La noticia está en prime time en las televisiones, en las redes sociales, en las peluquerías y en los mercados de abastos; no es un feo asunto que solo circule entre las élites, como pasó con anteriores escándalos.
La última entrega muestra el nombre de una señora a la que aquí educadamente llamamos "amiga íntima del Rey": Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Diego Torres ha desvelado una correspondencia que no prueba nada en relación con lo que investiga el juzgado, solo que Corinna acudió a uno de esos carísimos congresos que montaba esa organización sinónimo de lucro, el Instituto Nóos.
Cabe preguntarse, eso sí, en calidad de qué acudió Corinna al Valencia Summit 2004. ¿Qué hace la representante de una empresa de armas en un foro sobre grandes eventos deportivos? ¿Quién pagó su viaje?
Relacionar la trama Nóos con el nombre Corinna, como hace Diego Torres, crea un complejo nudo para la corona. Si Urdangarin y su cuate salen enteros del juicio al que se enfrentan, una gran mayoría de los ciudadanos sospecharán que la justicia no es igual para todos.
Ante esta situación, la familia real no puede seguir siendo opaca. Debería ser el propio Rey quien se negara a ese vergonzoso pacto entre PP y PSOE para que la jefatura del Estado quede fuera de la futura ley de transparencia.
Tendría que ser la propia Casa Real la que respondiera a esas preguntas presentadas por IU en el Congreso: ¿Ha trabajado Corinna como asesora estratégica del Gobierno español, como publicó The New York Times? ¿Ha cobrado del Estado? Ya no sirve el silencio o el respeto cortesano, ya no vale un sucedáneo de entrevista con Hermida. Estamos en Europa, en el siglo XXI y en la era de internet, no en la España de la tele en blanco y negro.
sábado, 19 de enero de 2013
Una gran pérdida para la mejor izquierda española
Fallece Manuel Fernández Montesinos, sobrino de García Lorca y ex diputado socialista
En una nota, el consejero del ramo, Luciano Alonso, ha lamentado la pérdida del que ha definido como "un gran defensor y difusor del legado lorquiano", con lo que los granadinos y andaluces están en "deuda", por lo que ha querido agradecer "su compromiso y dedicación por mantener vivo el legado y la memoria de uno de los grandes nombres de nuestra literatura".
Según Alonso, Fernández Montesinos desarrolló una "labor incansable" para convertir la Fundación García Lorca en "una institución de gran prestigio internacional en la preservación, conocimiento, conservación y estímulo de la obra del poeta".
Además, el consejero andaluz de Cultura ha resaltado el "protagonismo" que, a su juicio, desempeñó Fernández Montesinos en "la lucha por la democracia, la libertad y la dignidad del ser humano" tanto "fuera de las fronteras españolas", ya que "defendió los derechos laborales de los españoles emigrantes en Alemania durante la dictadura", como en la Transición española, donde "su nombre se escribe con mayúsculas".
Por su parte, la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Granada también ha querido expresar su "más profundo pesar" por el fallecimiento de quien ha sido, en palabras de la secretaria general de los socialistas granadinos, Teresa Jiménez, "un ciudadano comprometido con la democracia, las ideas progresistas y la cultura".
Tras recordar que Fernández Montesinos fue diputado del PSOE por Granada en las primeras Cortes democráticas, constituidas en el año 1977, Jiménez ha destacado en una nota que el recuerdo y la memoria de esta figura "serán siempre un ejemplo y una referencia en momentos de dificultad para los progresistas por su legado intelectual", de modo que "su nombre quedará siempre asociado a la libertad y a la democracia, que defendió en la clandestinidad".
Fernández-Montesinos encabezó la lista del PSOE por la provincia de Granada en 1977, dos años antes de dejar la actividad política para trabajar en la constitución de la Fundación Federico García Lorca, de la que fue primero secretario y más tarde presidente, hasta su jubilación en diciembre de 2006.
Hijo del alcalde socialista Manuel Fernández-Montesinos Lustau, fusilado por los sublevados en las tapias del cementerio de Granada el 16 de agosto de 1936, Fernández-Montesinos es autor, entre otras, de las obras 'New York in a poet' (1990), 'Federico García Lorca en la residencia de estudiantes' 1919-1928 (1991), y 'Lo que en nosotros vive', (2008) un relato autobiográfico en donde narra como un niño, cuya vida se desarrolla al dulce ritmo de las labores agrícolas en las fincas familiares de la Vega de Granada, ve cómo los asesinatos de su padre, alcalde de la ciudad en 1936, y de su tío, el poeta Federico García Lorca, quiebran de repente su mundo.
La dirección provincial del PSOE ha expresado sus condolencias a los familiares de Fernández-Montesinos, a quien consideran "uno de los mejores guardianes del legado de su tío", el poeta García Lorca.
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