Rajoy, el Sun Tzu de La Moncloa, lo llama

El arte de no hacer nada

Ignacio Escolar - 13/02/2013 - 

Mariano Rajoy, el Sun Tzu de La Moncloa: " A veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión y eso es también una decisión". Habla del rescate a España, pero el presidente aplica esta gran máxima marianista a casi todo. Es su técnica más depurada: fumarse un puro mientras espera que los problemas se arreglen solos. Es lo que hizo durante años con Francisco Camps, con el "funcionario" Jesús Sepúlveda o con las rebeliones de la lideresa Aguirre. Es lo que sigue aplicando con el lehendakari de Madrid, Ignacio González, o con la reina del confeti, Ana Mato, o con el afortunado Carlos Fabra.

El mayor ejemplo de marianismo ilustrado es la propia gestión del caso Bárcenas. Rajoy tomó la decisión de no decidir nada y optó por la vía más fácil: esperar, a ver si escampaba. El PP tardó más de un año en obligar a su extesorero a renunciar a su escaño en el Senado desde que fue imputado. Después se pasó unos cuantos meses pagando a su abogado; habría seguido cubriendo esa factura hasta hoy, de no ser porque El País publicó esa noticia y Rajoy tuvo que decidir algo. Más tarde le mantuvo el despacho, la secretaria, el coche, el escolta... Y el colmo: le pagó una indemnización de 400.000 euros y, de propina, cubrió sus pagos a la Seguridad Social hasta diciembre del año pasado.

¿Por qué razón el PP, un partido saneado y que da beneficios cada año, fragmentó el pago de la indemnización de su extesorero? ¿Bajo qué concepto fiscal cubrió Génova unos pagos a la Seguridad Social por un trabajador que  supuestamente ya no trabajaba? ¿Cómo justificar que Rajoy cobre del PP sin cotizar en la Seguridad Social por el partido y Bárcenas cotice sin estar en nómina?

El Gobierno también supo meses antes de que estallara el escándalo que la justicia había encontrado la cuenta oculta de Bárcenas en Suiza. ¿Qué hizo Rajoy? A juzgar por lo que vino después, nada de nada. Ahora insiste en la misma vía y pide a los suyos que no entren en " juegos ni enredos". Sigue sin pronunciar una palabra que se ha convertido en tabú para el presidente: el nombre de Bárcenas, del que aún no ha dicho nada. Mariano Rajoy lo niega todo e ignora el elefante en la habitaciónn, mientras los suyos le reciben en cada comparecencia pública con aplausos y sonrisas. Es lo mismo que hizo Francisco Camps durante años hasta que acabó enterrado.

Ignacio Escolar es periodista. Es el director de eldiario.es. Fundador y primer director de Público. Autor de escolar.net. Analista político en radio y televisión: en Hoy por Hoy de la Cadena SER o en Las Mañanas de Cuatro. Más en www.escolar.net/about.

Un Papa relajado y sereno tras anunciar su renuncia

«Es necesaria una lectura del espíritu del Concilio Vaticano II», dice Benedicto XVI en su último encuentro con sacerdotes de Roma

Alessandro Speciale - Ciudad del Vaticano  Un Benedicto visiblemente sereno y tranquilo (ahora que el gran peso del papado empieza a quedar atrás) se reunió esta mañana con los párrocos de Roma, para la tradicional cita que da inicio a la Cuaresma y que, este año ha asumido un significado inédito, después del anuncio de la renuncia del lunes pasado.

El Papa, que fue recibido con un caluroso aplauso, indicó que ya no tiene las fuerzas para hacer «un gran discurso», pero demostró su lucidez intelectual durante cuarenta minutos.

Como había hecho ayer durante la audiencia general, el Papa agradeció antes que nada por el apoyo «casi físico» que recibió a través de la fuerza de la oración y, por primera vez, indicó públicamente su voluntad de permanecer alejado de los reflectores después del 28 de febrero, cuando dejará oficialmente el trono de Pedro.

«Aunque ahora me retiro en oración –dijo a los párrocos romanos–, siempre estaré cerca y estoy seguro de que ustedes también estarán cerca de mí, aunque permanezca oculto para el mundo».

Como había anunciado, Benedicto XVI dedicó el encuentro con el clero de Roma a los recuerdos de su experiencia como perito en el Concilio Vaticano II. Comenzó con la siguiente anécdota: cuando le dijeron que se tenía que hablar ante Juan XXIII, tuvo miedo de equivocarse y de haber dicho algo que no estuviera a la altura. En cambio, el Pontífice lo felicitó.
 Roncalli se dirigió al cardenal Frings, a propósito de la exposición del joven teólogo Joseph Ratzinger que usó Frings para una conferencia durante el periodo preconciliar; y Frings, que también tenía miedo de que el Papa lo regañara y que incluso le «quitara la púrpura», se sintió aliviado cuando escuchó el elogio hacia su asistente.
 Después, el Papa volvió sobre la interpretación del Concilio, uno de los temas que han marcado su Pontificado: «El mundo ha percibido el Concilio de los medios, no el de los padres, el de la fe».
 «El desafío –prosiguió– es encontrar en la palabra de Dios una palabra para hoy y para mañana. El Concilio de los periodistas tiene una hermenéutica diferente, política: el Concilio era lucha de poder entre facciones de la Iglesia. Entre los que buscaban la descentralización de la Iglesia, un papel para los laicos y la soberanidad popular, y entre los que insistían sobre el culto y la participación. La banalización del Concilio fue violenta, prevalecía una visión que nació fuera de la fe».
 Una interpretación que ha llevado a la Iglesia a afrontar verdaderas «calamidades»: «Seminarios cerrados, conventos cerrados… El Concilio virtual fue más fuerte que el Concilio real, pero 50 años después, el Concilio verdadero se muestra con fuerza». Por ello, el Papa Ratzinger invitó a los sacerdotes de Roma: «Nuestra tarea en el Año de la Fe es que se lleve a cabo el verdadero Concilio Vaticano II».
 Una de las misiones principales del Concilio, en los recuerdos del Papa, era la de volver a encauzar positivamente la relación entre la Iglesia y la modernidad: «La relación de la Iglesia con la modernidad había empezado de forma equivocada con el caso Galileo, queríamos corregir este comienzo».
 De hecho, añadió, durante esos años, el sentimiento que estaba en el aire era que la Iglesia era una «realidad del pasado y no una realidad portadora de futuro. Nosotros esperábamos, en cambio, que la Iglesia tuviera más fuerza para el mañana».
 Según el Papa Ratzinger, se cristalizaron las posiciones que llevaron a la banalización de la liturgia y a entender la sacralidad como un mero hecho de paganismo. «La traducción y la banalización de la idea del Concilio –explicó– hizo surgir una visión de ese encuentro fuera de la clave de la fe».
Pero esta visión errónea, a 50 años del Concilio, concluyó el Papa, se está «rompiendo», para que surja el «verdadero Concilio».

Más ideas para salvar la democracia

Para gobernar, luz y taquígrafos

Los 'lobbies', además de necesarios, deben ser jurídicamente reconocibles. La Ley de Transparencia se quedará a medio camino si no se mira en el espejo europeo y regula la actividad de los grupos de interés

Joan Navarro / Javier Cremades / Emilio Ontiveros / Jordi Sevilla / Carlos Solchaga 14 FEB 2013

 Decía Truman que una de las principales virtudes de la democracia es que “sus defectos son siempre visibles, pueden señalarse y corregirse”. Harry S. Truman fue un líder criticado, con una popularidad en mínimos históricos y una Administración fuertemente cuestionada por no pocos casos de corrupción. No obstante, en plena crisis de posguerra, Truman y otros líderes democráticos de su época se empeñaron en renovar el contrato social y comprometer una mayor transparencia en la gestión.

El Congreso norteamericano, bajo su mandato, decidió poner coto a los hombres de negocios que, con más o menos frecuencia, acudían al Parlamento a compartir sus puntos de vista sobre una u otra normativa. Para ello, alguien inventó un registro que permitiese contrastar quién representaba qué y cuánto cobraba por ello. Algo aparentemente sencillo, si bien entonces, y aún hoy, revolucionario. Gracias a la Federal Regulation of Lobbying Act (1946), el proceso de representación de los intereses económicos y sociales en los procesos legislativos sería el mismo pero, al menos formalmente, sometido a luz y taquígrafos.
Mucho ha llovido hasta llegar, en feliz expresión de Gutiérrez-Rubí, a nuestra “política vigilada”. “Una sociedad decepcionada, crítica y muy informada” que con el apoyo de tecnologías de la información y una cultura política que, si no mayor, sí al menos está más extendida, exige mayor transparencia y control sobre las instituciones y los responsables públicos. Hoy la legitimidad para gobernar que emana de las urnas se agota con rapidez, no solo cuando la eficacia de las políticas desaparece, sino cuando estas se realizan a la sombra y sin contar con la opinión, cada vez más exigente, de los administrados.

Las 5.496 organizaciones registradas en Bruselas participan abiertamente en el proceso normativo

Con estas exigencias, no es que la corrupción cese pero, al menos, es más difícil de ocultar. Pero si han aumentado las dificultades para ocultar una noticia, también son más complejos los accesos a fuentes de información relevantes y mayor el peso de la economía y los intereses particulares en la conformación del interés general.
Tanto es así que todos nuestros partidos políticos llevan en su cartera de promesas una buena ley de transparencia, sea esto lo que fuere, y así como el Gobierno anterior, tras ocho años, llegó a aprobar un anteproyecto, el actual tramita ya un proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que, como toda norma que se precie, es tanto lo que incorpora como lo que deja fuera, y nada dice de esa actividad tan cotidiana en nuestras democracias como es la representación de intereses.
El Tratado de Lisboa buscó un justo equilibrio entre representación y participación y expone en su artículo 11 que las instituciones comunitarias “establecerán los cauces necesarios” para “mantener un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil”, además de comprometer “amplias consultas con las partes interesadas”.
La Comisión Europea, a través de la Iniciativa por la Transparencia (2006), definió la representación de intereses como “las actividades realizadas con el objetivo de influir en la formulación de políticas y los procesos de toma de decisiones”, y el Parlamento Europeo considera “un derecho fundamental que los representantes de la sociedad civil y las empresas tengan acceso a las instituciones para trasladar sus intereses, recabar información, defender su situación o solicitar cambios en la normativa que les afecta”.
Países como Alemania, Francia o Polonia o, fuera de la Unión, Canadá, Taiwán, Israel y, más recientemente, Chile, decidieron incorporar a sus ordenamientos algunas de las medidas aplicadas con éxito en el complicado entramado comunitario, que reconoce que los grupos de interés “desempeñan un papel esencial en el diálogo abierto y pluralista en que se basa un régimen democrático, y constituyen una importante fuente de información para los diputados en el marco del ejercicio de su mandato”. Bruselas presume hoy de un registro voluntario, común al Parlamento y la Comisión, en el que los representantes de intereses económicos y sociales facilitan algunos datos básicos de facturación y se comprometen con el cumplimiento de unas normas de conducta comunes y públicas. Actualmente, 5.496 organizaciones —sindicatos, patronales, ecologistas, organizaciones religiosas u ONG— hacen lobby en la Unión Europea y, gracias a este registro, participan en el proceso normativo de una forma abierta y transparente, pues todos podemos conocer quiénes son, qué intereses defienden y cuánto perciben por ello consultándolo, simplemente, desde nuestro ordenador.
España no puede permitirse el lujo de aplazar medidas que dignifiquen nuestra democracia. El proyecto de ley que tramita el Congreso es la norma adecuada, en el momento justo, para incorporar a la legislación y a las prácticas españolas las mejores experiencias comunitarias, también en materia de grupos de interés. Registro, código de conducta y acceso público a las agendas de los altos cargos son algunas de las propuestas a debate.

El proyecto español no puede dejar fuera la relación entre políticos y administraciones

Pero, además, el Congreso debate si la Ley de Transparencia debe regular no solo Administraciones públicas sino también partidos políticos y sindicatos. ¿Como dejar fuera de esta ley la relación entre Administraciones y políticos y las empresas y organizaciones sociales que legítimamente pretenden participar en la mejora de la legislación y, por tanto, de nuestro ordenamiento jurídico y nuestra convivencia? Es precisamente sobre esta relación sobre la que hay que poner luz. Deben existir más cauces transparentes para, entre otros motivos, reducir los cauces que no lo son, para dificultar en lo posible prácticas tristemente extendidas y que solo pueden realizarse al amparo del anonimato.
Una ley no elimina por sí sola las malas prácticas, pero puede dificultarlas, aumentando los controles e incrementando las sanciones. Además, debe establecer cauces adecuados, públicos y conocidos e impedir que comportamientos legítimos queden bajo la misma sospecha de los que no lo son.
Un grupo de firmas de consultoría y despachos jurídicos, que no representamos intereses, pero trabajamos profesionalmente para quienes legítimamente sí lo hacen, queremos trasladar públicamente al Ministerio de la Presidencia y a los grupos parlamentarios nuestra propuesta de que nuestro ordenamiento jurídico recoja la misma definición que Comisión y Parlamento Europeo hacen de los grupos de interés y su función en la conformación de las políticas públicas, incorporando una mayor transparencia en procesos legislativos y de toma de decisiones.
La Comisión Constitucional del Congreso analiza estos días el texto propuesto por el Gobierno y escucha a representantes de la sociedad civil y expertos en cada una de las áreas que la norma pretende legislar, mejorando su redacción y alcance, incrementando los derechos ciudadanos y buscando un justo equilibrio entre las legítimas aspiraciones de acceso a la información pública y transparencia y las necesidades de protección de datos que las instituciones deben preservar. Previamente, el Gobierno ensayó un novedoso proceso de consulta abierta a todos los ciudadanos, proceso tradicionalmente reservado a los órganos consultivos del Estado. La falta de experiencia y, sobre todo, la falta de cultura política a la hora de “rendir cuentas” de los resultados de la consulta han generado más fustración que apoyo.
Lo podemos hacer mejor y necesitamos hacerlo mejor. Truman supo entender, en momentos tan difíciles o más que los actuales, que la democracia se alimenta de democracia, por lo que su vieja receta, al margen de consideraciones éticas sobre gobernantes y gobernados y en castiza expresión de Antonio Maura, “yo, para gobernar, no necesito más que luz y taquígrafos”, es hoy más necesaria que nunca.

Joan Navarro, Javier Cremades, Emilio Ontiveros, Jordi Sevilla y Carlos Solchaga son miembros del Foro por la Transparencia.

En busca del camino para salir de la penosa situación

Lo más urgente es la ley de partidos

EL PAÍS abre con este artículo el debate sobre las reformas y los pactos necesarios para superar la crisis política e institucional

 José Antonio Gómez Yañez 13 FEB 2013
El editorial de Financial Times del 4 de febrero decía sobre España: “Sus instituciones, desde la Monarquía hasta el Poder Judicial, muestran signos de putrefacción”. Así nos ven. Los casos Bárcenas, Amy Martín-Fundación Ideas, ITV de Oriol Pujol, Palau, ponen al desnudo que los aparatos centrales de los partidos desarrollan tumores sin que sus dirigentes sepan/puedan/quieran controlarlos.
No son casos individuales de alcaldes o concejales que se forran con un plan urbanístico o una licencia; presidentes de diputación o alcaldes que colocan decenas de clientes para garantizarse su apoyo; desaprensivos (Gürtel) o financiación ilegal del partido (Filesa o Naseiro). Son metástasis en las sedes centrales abonadas por el descontrol del dinero, utilizado para “engrasar la maquinaria” o llevárselo. Es la estación término de la política de la Transición que, para estabilizar los partidos, concentró en sus cúpulas los resortes sobre el acceso, ascenso y exclusión de la política. O sea, para incluir y ordenar candidatos en listas electorales, excluir a los disidentes de los órganos del partido —controlando las elecciones internas con listas cerradas para todo—, repartir cargos en las Administraciones y satélites, dilatar el periodo entre sus congresos (cada cuatro años: solo Berlusconi y el Partido Comunista Chino lo superan), escapar al control de sus parlamentos internos (anulándolos en la práctica) y sobre sus cuentas (acerca del Tribunal de Cuentas, EL PAÍS, 11-2-2013, página 13).
El rendimiento de esta política es decreciente. Véase el descenso de la calidad media de los políticos —salvo excepciones—, sus discursos acartonados y la multiplicación de casos de corrupción. La quiebra de las cajas de ahorros, el gasto descontrolado y el crecimiento del personal nombrado discrecionalmente en las Administraciones, la multiplicación de organismos y el ocultismo en las retribuciones de los políticos muestran que esta política está en la raíz de la crisis española. Lo que ahora pasa es que se ahoga en sus propios residuos. Es un fallo institucional que atraviesa a todos los partidos, de ahí la alarma social. Esto pasó en Estados Unidos y en 1902, en Wisconsin, inventaron las elecciones primarias abiertas a los ciudadanos para elegir los candidatos a todo y romper los aparatos y sus corruptelas.
La idea es que la democracia es el mejor desinfectante, y que los partidos son entidades muy importantes cuya actividad debe regularse por ley.
Salgamos de la lamentación y las ideas genéricas. Es urgente hacer una Ley de Partidos que transforme la política española. No será fácil: como escribió García Pelayo, los partidos se resisten a ellas. La correosa renuencia del PP y PSOE a reducir el número de concejales y aclarar sus retribuciones lo demuestra. Tomemos como modelo las leyes de Alemania o Estados Unidos.

El objetivo es que los políticos, dentro del partido, tengan fuentes de poder propias, es decir, que los cargos internos y los candidatos a las elecciones sean elegidos por los afiliados o por los ciudadanos, no designados por el jefe del partido, alcalde o presidente autonómico. Esto introducirá competencia entre los políticos, y la competencia es la única medida preventiva contra la corrupción. No hay otro sistema: ni exigir cualificaciones previas, ni listas abiertas para que los ciudadanos elijan entre quienes propongan los de siempre (como ocurre con el sistema del Senado).
La clave siempre es quién y cómo hace la lista. Eso es lo que hay que cambiar. Esto requiere leyes que regulen la actividad de los partidos, que tienden naturalmente a la oligarquización y a eliminar a los disidentes. Para eso hay que encajar muchas piezas, porque son organizaciones complejas y escurridizas.
La ley debe obligar a los partidos a celebrar congresos bienales (Alemania) o anuales (Reino Unido). En los congresos se elige la dirección del partido. Los manuales de derecho político dicen que la oposición controla al Gobierno. No es verdad, es una visión anticuada, son los parlamentos internos (Junta Directiva en el PP, Comité Federal en el PSOE, Consejo Político en IU, etcétera) los que pueden controlar al Gobierno y a la dirección de la oposición. Cuando se atisba que se van a perder las elecciones, estos órganos son más incisivos que el Legislativo, y las maniobras, más peligrosas (por eso han sido casi anulados en estas décadas, espaciando sus reuniones y multiplicando sus miembros). Por tanto, clave: estos parlamentos internos no deberían tener más de 150 miembros, y sus reuniones, celebrarse cada cuatro meses, con votación secreta sobre la gestión de sus ejecutivas (fundamental). Esto no desestabilizaría a los partidos, los miembros de esos organismos son aguerridos profesionales, pero crearía un mecanismo que debe funcionar cuando sea necesario. Sus sesiones deberían ser públicas, porque un partido no es una asociación privada, los ciudadanos pagan el sueldo de (casi) todos sus miembros y su funcionamiento, y que los partidos insistan en que sean secretas desvela que aquí reside el verdadero control. La composición de los congresos y parlamentos internos ha de ser proporcional al número de afiliados o al número de votos (en la provincia, distrito, etcétera), y no debería haber miembros natos ni designados (en algún partido hay bastantes).
Todos los cargos internos y candidatos a instituciones representativas se deberían elegir por el voto secreto a personas de los afiliados o de los ciudadanos que se registrasen si el partido decide hacer primarias a la americana. Voto a personas, no a listas cerradas, y ordenación en las listas por el orden de votos. El Partido Democrático Italiano aplicó este sistema hace dos meses para elegir a sus candidatos. En Estados Unidos, las primarias las organizan los Estados, no los partidos; habría que copiar la idea y prever que seis semanas antes de las elecciones se celebrasen elecciones a candidatos en todos los partidos, sustituyendo la tenebrosa cooptación actual por una votación transparente. Los partidos no se van a ir de los consejos de las cajas de ahorros, televisiones, órganos consultivos; por tanto, mejor reglar que sus candidatos sean elegidos por los parlamentos internos.
Controlar su financiación. En Austria, si una comisión de expertos en publicidad sospecha que algún partido pasa los límites de gasto en una campaña electoral, abre una inspección. Son precisas auditorías externas anuales (censores de cuentas elegidos aleatoriamente), limitar el mandato de los tesoreros a cuatro años e interventores internos. El Tribunal de Cuentas es una entelequia para controlar las cuentas de los partidos, mejor pasar a un sistema de auditoría externa.

Habría que utilizar la Ley de Partidos para sacar la política de la justicia y a los jueces de la política. Abochorna que en altos tribunales el voto de sus miembros responda a la conveniencia del partido que los promocionó. Al Tribunal Supremo deberían acceder solo miembros de la carrera judicial por méritos en ella. Se debe eliminar el turno para los que no son miembros de esta carrera: no es presentable que cuando van a llover demandas contra la banca acceda al Supremo el director jurídico de La Caixa. Debe desaparecer el tercio de magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia regionales elegido por el CGPJ a propuesta de las Asambleas de las comunidades. La incompatibilidad del personal de la judicatura con la política ha de ser tan estricta como para los militares. Es un sarcasmo que los jueces no puedan afiliarse a un partido, pero sí ser secretario de Estado, portavoz parlamentario o asistir a sus ejecutivas y volver a la justicia cuando acaba la experiencia. La justicia es como la mujer de César.
Hay que hacer muchas más cosas. Revisar el sistema de elección de los diputados nacionales, regionales y concejales. Reducir el número de políticos. Una Ley de la Función Política que aclare retribuciones, incompatibilidades, desempleo, estatuto de los asesores. Separar la política de la carrera de los funcionarios, mejorar la elección de los órganos constitucionales (CGPJ, Tribunales Constitucional, de Cuentas...) y reguladores para hacerlos independientes. Pero lo urgente es la Ley de Partidos, para drenar esta basura hasta un nivel soportable. Este es el paso vital para salir de la crisis. Esta política nos asfixia.

José Antonio Gómez Yáñez. Instituto de Política y Gobernanza. Universidad Carlos III.

Humor y humores

Nos roban, envenenan y engañan: ¡Gracias libre mercado!

Consumo: graves signos de alerta

Tenía que llegar. El “libre mercado” -reducido a la libertad de que unos cuantos logren desmesurados beneficios sin mayores miramientos- ha llegado al consumo. El escándalo de la carne de caballo camuflada como de vacuno crece. Son ya varios los países afectados. La investigación francesa sitúa el origen en Rumania tras pasar por comerciantes en Chipre y Holanda antes de ser adquirida por una empresa del sur de Francia y elaborada por otra en Luxemburgo. Caballos viajeros. Pero no debe ser único el origen dado que también se han encontrado trazas en hamburguesas o lasañas españolas. Si la crianza de los caballos es mucho más costosa que la de las vacas o bueyes ¿qué ejemplares han embutido en nuestros alimentos?
Quizás guarde alguna relación con este otro fraude que investiga el SEPRONA: la utilización de perros enfermos e incluso ya muertos para la elaboración de pienso. En concreto, el Servicio de Protección de la Naturaleza sospecha del posible uso de restos de perros y ovejas en varias plantas clandestinas de Galicia y una empresa de transformación de productos cárnicos de Salamanca. Dicen que seguirán indagando conforme lleguen más peticiones. Expertos alertan desde luego del “riesgo que supondría “para toda la cadena alimentaria”, equiparable, de confirmarse, a la crisis de las ‘vacas locas’, según declara a El Mundo la responsable de la unidad especializada de biología molecular de Anfaco,
Y no acaba ahí. La Comisión Europea ha autorizado, a partir de Junio, el uso de pienso que contengan proteínas de pollo y cerdo para alimentar en este caso a los peces. Cuando lo comenté en las Redes Sociales me dijeron que es una medida muy positiva y largamente esperada porque abarata costes. Los peces engordan el doble en la mitad de tiempo y los empresarios dicen que no tiene riesgo alguno para la salud. La UE ha pensado lo mismo. Pero ¿qué queréis que os diga? yo prefiero elaborarme mi propio menú a que me venga completo en un lenguado por ejemplo. Pescado, pollo y cerdo, todo en un bocado.
Caballos de muy dudosa procedencia para que resulten más baratos que la cría de ganado vacuno. Cadáveres de perros para piensos que no sabemos a quiénes van dirigidos. Y hasta, de nuevo, para “productos cárnicos”. Esto en “sospecha”. Y finalmente mezcla artificial de pescado, pollo y cerdo. ¿Seguro que esto es sano? ¿Seguro que todo vale para ganar dinero? ¿Seguro que estas autoridades tan entusiastas del libre mercado velan por nuestros intereses? Ofrece esta gente tanta confianza que igual no podemos ni comer tranquilos. Y lo que no sabremos.

¿Otro político del PP salpicado por la basura corrupta?

Los afines a Gallardón en el Poder Judicial frenan la investigación del 'caso Urdangarín'

inShare3

José Luis Lobo

Iñaki Urdangarín, acosado por la acumulación de pruebas sobre su presunto enriquecimiento ilícito, ha encontrado un aliado inesperado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El sector más cercano a Alberto Ruiz-Gallardón, encabezado por su presidente, Gonzalo Moliner, está tratando de poner trabas a la investigación del juez mallorquín José Castro, instructor del caso Nóos, que precisamente la semana pasada se desplazó a Madrid para aclarar los pagos que la Fundación Madrid 2016, impulsada por el actual ministro de Justicia, hizo al yerno del Rey por unos trabajos ficticios de los que no queda rastro documental.

 El pasado lunes, tres días después de que la Comisión Permanente del CGPJ exigiera a Castro explicaciones de su viaje a la capital para interrogar como imputados a tres estrechos colaboradores de Gallardón en su etapa como alcalde, el órgano de gobierno de los jueces volvió a reclamar al instructor del caso Nóos que justificara las razones del último desplazamiento realizado fuera de su jurisdicción, en esta ocasión a Barcelona, para practicar nuevas diligencias. Castro y el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, pidieron previamente autorización por escrito al CGPJ, pero Moliner no se dio por satisfecho con ese trámite, según han revelado a El Confidencial fuentes cercanas al CGPJ.

 La Comisión Permanente, presidida por Moliner y compuesta por los vocales Antonio Dorado, Almudena Lastra, Margarita Robles y Manuel Almenar, acordó este lunes por tres votos a dos exigir a Castro que justificara las "circunstancias excepcionales" de su viaje a Barcelona para interrogar a varios testigos en el caso Nóos. Y como ocurrió en la reunión del pasado viernes, Robles y Almenar se desmarcaron de Moliner, Dorado y Lastra, considerados muy afines a Gallardón, por considerar que éstos trataban de frenar de forma injustificada la investigación sobre los lucrativos negocios del duque de Palma.

 Como reveló ayer este diario, Gallardón autorizó en 2007, siendo alcalde de Madrid, pagos a Urdangarín y su Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), sucesora del Instituto Nóos, por importe de hasta 12.000 euros mensuales durante un periodo de al menos dos años por trabajos ficticios. Los abonos al yerno de don Juan Carlos se hicieron a través de la Fundación Madrid 2016, presidida e impulsada por Gallardón para promocionar la frustrada candidatura de la capital como sede de los Juegos Olímpicos, y fueron camuflados como "donaciones" para evitar que Urdangarín tributara por esas cantidades.

El pasado lunes, Castro y Horrach viajaron a Barcelona, tras pedir de nuevo autorización a Moliner, para interrogar, en calidad de testigos, a los antiguos trabajadores de la FDCIS. La fundación fue creada en 2007 por Urdangarín y su entonces socio, Diego Torres, supuestamente para atender a niños discapacitados y enfermos, aunque en realidad fue utilizada por ambos como una tapadera para desviar a paraísos fiscales una parte de los casi 15 millones de euros captados por el Instituto Nóos en administraciones públicas, entre ellas la Fundación Madrid 2016 auspiciada por Gallardón, y empresas privadas.

Castro dirigió un escrito a Moliner en el que solicitaba la autorización del CGPJ para viajar a Barcelona en comisión de servicio con el fin de llevar a cabo nuevos interrogatorios en la sede de la Ciudad de la Justicia de la capital catalana. Pero antes de resolver esa solicitud, la Comisión Permanente aprobó, con la firme oposición de dos de sus cinco miembros, requerir a Castro que justificara las razones de su petición. De nada sirvieron las protestas de Almenar y Robles, que defendieron el derecho de Castro, como el de cualquier otro juez, a practicar diligencias en una provincia ajena a su jurisdicción. 

Ambos vocales, según las fuentes consultadas, argumentaron que las explicaciones exigidas al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma estaban "fuera de lugar". Almenar y Robles protestaron por el supuesto intento de los vocales afines a Gallardón de "entorpecer" la investigación de los pagos a la fundación de Urdangarín, que puede acabar salpicando al ministro de Justicia.

Las mismas fuentes califican de "insólita" la decisión del CGPJ porque éste siempre se limita a autorizar, como un simple trámite administrativo, las comisiones de servicio, y solo interviene para resolver posibles conflictos de jurisdicción, que no se han dado en esta ocasión. Desde que comenzó la instrucción del caso Nóos, Castro y Horrach se han desplazado en varias ocasiones a Barcelona para practicar diligencias sin que el CGPJ haya cuestionado nunca esos viajes.

Las fuentes consultadas interpretan el gesto de los vocales próximos a Gallardón como un intento de "hacer méritos" en busca de un puesto en el futuro CGPJ, que debe ser renovado este mismo año. El ministro de Justicia pretende modificar el sistema de elección de sus miembros para restar influencia a las asociaciones judiciales y permitir que jueces no asociados puedan ser elegidos con el respaldo de 25 de sus compañeros, frente al centenar de apoyos exigido hasta ahora. El pleno del CGPJ aprobó el pasado día 6 un informe muy crítico con el proyecto de reforma de Gallardón, aunque cinco vocales rechazaron ese informe; entre ellos, Dorado y Lastra.

Los negociantes que quieren arrasar los derechos sociales a toda costa al descubierto

Entre los concuñados y el presidente, la CEOE agoniza

José Antonio Zarzalejos

Arturo Fernández, según indicios muy sólidos denunciados por la cadena SER que van a investigarse por la Fiscalía competente, pagaba desde hace largo tiempo a sus trabajadores en doble modalidad: legalmente, el sueldo, y en negro, las horas extraordinarias y determinados complementos. De esto se deduce que por esos conceptos ni cotizaba a la Seguridad Social ni ingresaba el IRPF a la Hacienda Pública. Pero Arturo Fernández no es un cualquiera. Cuando estas líneas se redactan, el dueño del Grupo Cantoblanco -el primero en restauración del país- ostenta la presidencia de la Cámara de Comercio de Madrid, la presidencia de la patronal madrileña CEIM y la vicepresidencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). A mayor abundamiento: buena parte de sus mejores contratos son adjudicaciones -hay que suponer que plenamente regulares- con entidades públicas, desde la Asamblea de Madrid al Congreso de los Diputados.
Más aún: Arturo Fernández ha sido hasta hace muy poco consejero de Bankia, cuyas cuentas firmaba en barbecho porque “si las da como buenas Deloitte, yo no las voy a leer”, según le dijo al juez. Algún dato adicional: Arturo Fernández nombró a la esposa del presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid vicepresidenta de CEIM y adjunta suya cuando la consorte de Ignacio González dejó, cumplidamente indemnizada a UNESA, la patronal de empresas eléctricas. Algún rasgo más de la circunstancia de Fernández: es concuñado de Gerardo Díaz Ferrán -expresidente de la CEOE y ahora en prisión imputado por unos cuantos delitos y con una fianza pendiente de diez millones de euros- al que sucedió al frente de CEIM y, además de amigo y compañero de colegio de Esperanza Aguirre, fue donante de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Madrid (FUNDESCAM), que subvenía las necesidades de financiación de las campañas electorales de la ex lideresa, entre otras atenciones.
Bastaría este bosquejo de nuestro personaje -infractor de leyes laborales que ha incumplido notoriamente y, eventualmente, presunto infractor de penales, hasta que no sea investigado y sancionado- para concluir que en compañía de su concuñado, Gerardo Díez Ferrán, ha dejado la CEOE en estado preagónico. Si ya la organización se resistió del fiasco de haber sido presidida por Díaz Ferrán, ¿soportará que también su vicepresidente resulte un indigno representante de una parte no pequeña del empresariado español? Es muy de temer que la CEOE no aguante este nuevo envite a su reputación, más aún dado que su presidente, Juan Rosell, es un empresario incontinente con teorías un  tanto excéntricas. Además de criticar a determinados colectivos a voleo (los funcionarios), se ha permitido afirmar que no se cree la Encuesta de Población Activa, pese a que la de Eurostat le asigna a España peores resultados que la elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. O en otras palabras, aunque Rosell no se crea que en España hay seis millones de desempleados, la UE sí lo hace. Vamos a ver si ahora también es agnóstico de las virtudes de Arturo Fernández o, por el contrario, cree en ellas a pies juntillas.
Será necesario en cambio, pero en su momento, refrescar la memoria sobre el largo mandato de Aguirre-González sobre los entramados empresariales de Madrid y en Madrid para entender por qué algunos personajes, además de corruptos y corruptores, son y han sido fariseos e hipócritas desvergonzados que se han creído amparados por la impunidad que les sugería su proximidad al poder.
La realidad es que entre los tres -Díaz Ferrán, Fernández y el propio Rosell- han reventado la CEOE, si bien por distintas causas. Tanto es así que el pasado mes de enero trascendió el documento regenerador que su presidente quería debatir en la asamblea de la organización que se celebrará -si llega- el mes de abril. Bajo el título de Propuestas para la Reforma de la CEOE, Juan Rosell pretendía evitar nuevos casos Díaz Ferrán pero, sobre todo, lograr un gran acuerdo de la Confederación reclamando al Gobierno una ley de “representación institucional” que impusiese a la CEOE como entidad genuinamente interlocutora de los empresarios.
Unos empresarios que escapan por todas las fisuras de esta asociación que se ha entregado al poder -Díaz Ferrán y Fernández no podían estar más próximos a los políticos autonómicos de Madrid, aunque con mañas camaleónicas- y que encumbra a figuras decepcionantes. Los grandes empresarios han migrado al Consejo Empresarial para la Competitividad y los menos grandes se han refugiado en los círculos de economía -en Madrid y Barcelona funcionan muy bien- y en agrupaciones sectoriales distantes del burocratismo ineficiente y politizado de la CEOE, a la que entre los dos concuñados de conductas irregulares -y presuntamente ilícitas- y un presidente más bien torpe, han condenado, si no a la desaparición, sí, desde luego, a la irrelevancia.
¿Hará falta recordar que la CEOE recibe sustanciosas subvenciones del Estado para financiarse? Creo que no. Será necesario en cambio, pero en su momento, refrescar la memoria sobre el largo mandato de Aguirre-González sobre los entramados empresariales de Madrid y en Madrid para entender por qué algunos personajes, además de corruptos y corruptores, son y han sido fariseos e hipócritas desvergonzados que se han creído amparados por la impunidad que les sugería su proximidad al poder. Mientras parloteaban sobre la austeridad, denunciaban (!!!) la economía sumergida y, mientras defraudaban a la Seguridad Social, pedían la reducción de las cuotas. El mal que han causado es general, pero  especialmente dañino -ya se sabe que generalizar es injusto- para la aplastante mayoría de empresarios que cumplen con sus obligaciones de todo orden aunque no presidan nada, ni aparezcan en parte alguna, ni presuman de amistades de postín. Vamos, que no regalan Maseratis a ninguna alta magistratura del Estado, como hizo el ínclito Fernández.

Humor y humores

Según la Policía

El ex marido de Mato y Bárcenas compartían una sociedad para evadir capitales

Melchor Saiz-Pardo

La Policía asegura que poseían una empresa instrumental con «bienes en otros países» que fue clausurada cuando estalló el 'caso Gürtel'. Sepúlveda también fue accionista de una segunda firma que aparece en la comisión rogatoria de los 22 millones en Suiza

El ex marido de Ana Mato no solo habría recibido presuntamente casi medio millón de euros de Francisco Correa, además de coches, viajes gratis para su familia y fiestas. Jesús Sepúlveda fue socio de Luis Bárcenas en una empresa sin ninguna actividad que, según la Policía Judicial, no era más que más que una pantalla diseñada para evadir capitales. Y no sólo eso, mientras el ex tesorero del PP amasaba una fortuna cercana a los 22 millones, Sepúlveda participó con él en una segunda mercantil, cuyo nombre aparece en la comisión rogatoria remitida por las autoridades helvéticas y que comparte sede con la empresa supuestamente usada por Bárcenas para desviar dinero a Argentina.
La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) alertó de la existencia de esta maraña societaria tejida por Bárcenas y Sepúlveda primero al juez Baltasar Garzón, que pidió seguir investigando, y luego al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que decidió no profundizar en el asunto y terminó archivando las imputaciones contra el extesorero del PP. El primer aviso fue el 23 de marzo de 2009. El 8 de mayo de ese mismo año la Policía siguió alertando de la actividad de esas sociedades. Después, el tema cayó en el olvido, según denuncian los mandos de la investigación, que han recuperado ahora esos atestados.
La Udef reveló entonces que Bárcenas mantenía «relaciones societarias» con Sepúlveda, por entonces marido de Mato, y con el también imputado Jesús Merino «a través de la sociedad Astrolago de Inversiones». Esa firma, creada el 27 de abril de 2006, era propiedad al 33% de los tres socios y estaba dirigida por Ana Isabel Gutiérrez, mujer de Merino, quien era «administradora única» de la firma. Fundada como una «sociedad limitada» con apenas 9.000 euros de capital, tenía como objeto social las «actividades inmobiliarias». Sin embargo, nunca se dedicó a nada. O al menos a nada legal. La advertencia de la Policía Judicial al entonces instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, era clara, Astrolago era una tapadera para evadir. La Udef, tras estudiar los movimientos de esa empresa, aseguró que «del análisis de dicha operación se desprende que no responde a un criterio lógico la adquisición de participaciones en una sociedad que carece de actividad real en el mercado y que en España carece de propiedades o bienes tangibles».
Para la UDEF era evidente que Astrolago «responde a un esquema que da opacidad a los reales intereses de dicha sociedad que pudieran corresponder con que la tenencia de dicho porcentaje de su capital le otorga ciertos derechos sobre una sociedad ubicada en el exterior que es titular de bienes o derechos fuera de España».
La «sociedad» de Bárcenas y Sepúlveda, señalaba el informe policial, es «un mero instrumento para canalizar la titularidad sobre unos bienes o derechos ubicados en otros países, de tal forma que consigue ocultar la verdadera naturaleza de la participación societaria». El juez Pedreira, a pesar de este segundo aviso, no ordenó más investigaciones sobre la supuesta trama internacional para la evasión de capitales de Sepúlveda y Bárcenas, que ahora se ha visto confirmada.
Astrolago, tras tres años de vida y sin actividad legal en España, echó el cierre de manera precipitada solo un mes después de que estallara el 'caso Gürtel'. El 30 de marzo de 2009, Gutiérrez «extinguió» la sociedad.
Argentina
Pero Astrolago no era la única sociedad que compartieron Bárcenas y Sepúlveda. La Udef en aquellos mismos informes avisó de que ambos participaban en el capital de la empresa Netcheck. Esa sociedad ha permanecido durante cuatro años en el anonimato hasta que el mes pasado las autoridades suizas respondieron a la comisión rogatoria sobre las cuentas del extesorero del PP en su país.
En los mismos documentos en los que el Dresdner Bank desvelaba que el extesorero llegó a tener 22 millones de euros en Suiza, el banco reveló que Bárcenas intentó justificar el gran volumen de dinero que movía en el extranjero apelando a su participación en numerosas empresas, entre ellas Netcheck.
Se da la circunstancia, que Netcheck, una empresa de servicios informáticos, tiene su sede en el mismo piso de la calle Conde de Aranda de Madrid de 'Conosur Land', la empresa sin actividad que Bárcenas creó en la primavera de 2011, dedicada sobre el papel a las «explotaciones agrícolas, ganaderas, vitícolas y forestales». Esa firma es la que, según las investigaciones policiales, habría usado el extesorero del PP para desviar capitales a Argentina. En aquel país, y siempre según la declaración del propio Bárcenas a los responsables del Dresdner Bank, también era accionista de 'La Moraleja', la macrofinca limonera de Ángel Sanchis, también extesorero del PP.

El primer informe caligráfico despeja las dudas

“El autor es Bárcenas y los textos pueden corresponder a la evolución de 18 años”

El informe pericial caligráfico encargado por EL PAÍS sobre las 14 páginas manuscritas de la contabilidad que manejaba Luis Bárcenas —el primero realizado sobre el material completo atribuido al exdirigente de este partido— concluye que el autor de esos documentos es el ex tesorero nacional y que su confección no se hizo de una sola vez sino que se aprecia una evolución de la letra por lo que pudo realizarse en el periodo comprendido entre las fechas que figuran en los documentos, de 1990 a 2008.
Varios medios de comunicación, entre ellos la cadena Ser, El Mundo, Abc, y La Gaceta han informado sobre otros estudios caligráficos realizados con solo una pequeña parte de los papeles del extesorero que ha sido publicada por EL PAÍS y que arrojan idénticos resultados: el autor del manuscrito es Luis Bárcenas.
Los documentos contables que manejó Bárcenas hasta su dimisión tras ser imputado en el caso Gürtel reflejan las entradas de dinero procedentes de donaciones empresariales —la mayoría ilegales porque superaban el límite establecido por la Ley de Financiación de Partidos Políticos— y la salida de dinero para gastos ordinarios de funcionamiento del partido, ayudas a víctimas de atentados terroristas, o pagos de retribuciones a la cúpula del partido entre 1990 y 2008, muchas de ellas en un periodo en el que los altos cargos beneficiados no podrían cobrar del partido porque eran ministros del Gobierno de José María Aznar.

El Partido Popular ha encargado su propio informe pericial caligráfico. Algunos de sus dirigentes han sugerido que el documento es una manipulación de alguien que lo ha escrito de una sola vez con alguna información verdadera que figura en la contabilidad oficial del Partido Popular, como el préstamo de cinco millones de pesetas que se le dio a Pío García-Escudero, hoy presidente del Senado.
María del Rosario Casas Bartolomé, acreditada como perito calígrafo en el Decanato de los Juzgados de Madrid desde 1997, directora del centro de formación de Grafología y Pericia Caligráfica y profesora universitaria de Grafología y Pericia Caligráfica, señala en su informe para EL PAÍS que “los rasgos básicos idiosincrásicos de los textos existentes en los asientos contables de las catorce fotocopias” analizadas “se corresponden tanto a nivel cuantitativo como cualitativo con los hallados en los documentos aportados como indubitados, atribuidos a Luis Bárcenas Gutiérrez”. Y añade: “Por ello consideramos que los textos manuscritos estampados en todas las piezas analizadas en los asientos contables han sido realizados por el mismo autor”.
Para hacer su trabajo, la perito ha contado con documentos que obran en el sumario del caso Gürtel con textos manuscritos de Luis Bárcenas sobre los que no existe ninguna duda de su autoría. La perito ha comparado esos documentos judicializados con los 14 folios de la contabilidad secreta atribuida a Luis Bárcenas, pese a que el extesorero lo ha negado en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción, que ha encargado su propia pericial caligráfica.
» Morfología concordante. “Óvalos, tildes de la “t”, signos de puntuación, grado de angulosidad, tamaño, proporción, dimensión, espaciamientos, la práctica totalidad de las piezas tanto dubitadas [dudosas] como indudables atribuidas a Luis Bárcenas presentan una morfología y desarrollo concordantes entre ellas. Complementaremos el anterior al observar las proporciones métricas en la caja de escritura, desniveles, inclinación de los ejes de las letras, en este análisis hay un alto porcentaje (89%) de similitudes entre las muestras dubitadas y las indubitadas atribuidas a Bárcenas”.
» Particularidades gráficas. “La práctica totalidad de los rasgos observados en los documentos dubitados tanto en calidad como en cantidad se detectan en los textos indubitados atribuidos a Bárcenas: elaboración de letras mayúsculas; cifras y guarismos; óvalos cegados; tendencia a remarcar y tachar”.
» Hecho de 1990 a 2008. La perito a la que EL PAÍS encargó el trabajo descarta que esas 14 páginas hayan podido ser escritas de una sola vez. “Los asientos contables de las catorce fotocopias dubitadas presentan, tanto en grafemas como en guarismos, una evolución gráfica, lógica, donde podemos destacar la evolución en el ritmo, en la profundidad, en la extensión de su tamaño y fundamentalmente en el aumento de simplificaciones en sus trazos escriturales que sí se puede corresponder con un periodo de tiempo de 18 años comprendido entre 1990 y el año 2008, fecha de datación que aparece en los documentos dubitados”.
“Hemos realizado la evolución gráfica de los documentos atribuidos a Bárcenas en el periodo comprendido entre 1990 y 2008. Se detectan ligeras alteraciones escriturales pero mantiene claramente su impronta personal y sus gestos gráficos personalizados”.
» Confirmación de “autenticidad documentoscópica”. Además, el informe también rechaza que la contabilidad secreta que manejaba Bárcenas y que ha publicado EL PAÍS pudiera haber sido objeto de montajes o manipulaciones.
“No se observa en las 14 fotocopias dubitadas signos gráficos o documentoscópicos que indiquen que los mismos reproduzcan catorce documentos que hayan podido ser objeto bien de manipulación, bien de un montaje documental, o bien de falta de autenticidad documentoscópica”.
» Dos firmas en la contabilidad. “En cuanto a la autoría de las firmas/visé que aparecen estampadas en los márgenes derechos de algunos de los documentos dubitados, una vez realizado estudio comparativo de las muestras mediante los distintos métodos y sistemas habituales que aconseja la documentoscopia podemos determinar que corresponden a dos autores distintos”.

Las mentiras tienen muy cortas las patas

Siete imputados en el ‘caso Gürtel’ regularizaron casi diez millones de euros

Cristóbal Montoro afirma que solo uno se ha acogido a la amnistía fiscal

Madrid.- El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que solo uno de los 21 implicados en la trama Gürtel, sobre los que la Audiencia Nacional preguntó a la Agencia Tributaria, se ha acogido a la regularización fiscal. La información remitida por la Agencia Tributaria a la Audiencia Nacional precisa que el empresario Fernando Martín, presidente de Martinsa y supuestamente vinculado con la red de Francisco Correa mediante una operación urbanística en Arganda del Rey (Madrid), fue quien se acogió a la Declaración Tributaria Especial, la llamada amnistía fiscal, pero por un importe muy pequeño: regularizó 3.420 euros por los que le salió una cuota a ingresar de 342 euros. Otros siete implicados en Gürtel, así como la empresa Begar, regularizaron mediante la presentación de 36 declaraciones complementarias algo más de 9,8 millones de euros.

Interpelado por el PSOE, el ministro ha facilitado esta información sin dar el nombre del imputado. Se ha limitado a decir que este presentó la regularización extraordinaria por menos de 3.500 euros, es decir, una cuota de 350 euros. Con Fernando Martín (quien también presentó una complementaria por 3.258 euros), en realidad, serían dos los imputados en el caso Gürtel los que se han acogido al indulto fiscal del Gobierno. La semana pasada el constructor Alfonso García Pozuelo, implicado en el caso, admitió que se había beneficiado de la amnistía,
Del resto de implicados sobre los que la Audiencia ha pedido información a Hacienda, hay siete que se acogieron a la regularización ordinaria (prevista en la Ley General Tributaria) entre 2005 y 2011, con 36 declaraciones de renta fuera de plazo por un importe total de 9,8 millones. Montoro ha señalado en el Congreso que, de ellos, cinco lo hicieron antes de la llegada del PP al Gobierno. Uno de los que regularizó en la etapa del PSOE pagó nueve millones de euros y otro un millón como cuota líquida.
Según fuentes de la investigación, los que más han "blanqueado" han sido dos empresarios, Manuel Salinas (7,5 millones) y Amando Mayo (1,3 millones), ambos está imputados por una presunta comisión pagada al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. Un informe de Hacienda atribuyó el pago de 12 millones de euros al cerebro de la trama a través de cuentas en Suiza y Mónaco en diciembre de 2004.
El supuesto contable de la red, Ramón Blanco Balín, regularizó, también por la vía ordinaria, más de 500.000 euros. El exviceconsejero de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, legalizó 4.700 euros y el exdiputado autonómico, también madrileño, Alfonso Bosch, 3.111 euros.
El ministro ha asegurado que esa información ha sido remitida a la Audiencia, junto con un informe de la Abogacía del Estado, que asegura que Bárcenas no puede acogerse a la amnistía, porque está sujeto a investigación en un proceso penal y porque quiso hacerlo a través de una sociedad de la que no es propietario. "La regularización extraordinaria no limpia ni borra delitos,", ha asegurado el ministro de Hacienda.
Montoro ha instado a la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, a pedir perdón por haber acusado al Gobierno de aprobar esa amnistía para ayudar a los implicados en Gürtel. Ella ha reprochado al ministro el trato al extesorero Bárcenas y ha pedido su dimisión inmediata porque, según ha dicho, ha favorecido que se blanquee dinero negro. "Ustedes han pactado la impunidad", le ha dicho en un agrio debate. "Sobre usted pende la grave sospecha de haber ido pactando la impunidad, por eso debe dimitir", ha concluido Rodríguez.
El ministro ha respondido:"La posición de los socialistas es que me vaya aunque no haya hecho nada". Montoro ha insistido en que la regularización no evita los delitos y le ha reprochado que, según ha dicho, los socialistas defienden a Bárcenas y al resto de imputados. "Ustedes se han ido al monte y allá ustedes", ha espetado a los escaños socialistas.

Y aquí sigue sin dimitir nadie

El Gobierno supo hace 3 meses que Bárcenas tenía una cuenta en Suiza

Suiza informó en noviembre al Gobierno de la existencia de una cuenta millonaria de Bárcenas

 

Ignacio Escolar / Gonzalo Cortizo

El 20 de Noviembre de 2012, el Gobierno fue informado por las autoridades suizas sobre la existencia de esa cuenta oculta de Luis Bárcenas donde el ex tesorero del PP llegó a acumular 22 millones de euros. 

El DFJP (Departamento Federal de Justicia y Política de Suiza) escribió al Ministerio de Justicia para dar respuesta a la comisión rogatoria que la Audiencia Nacional había solicitado en marzo de 2009. En esa carta, a la que ha tenido acceso eldiario.es, las autoridades suizas informan al Gobierno español del resultado de sus pesquisas y el hallazgo de esa cuenta millonaria en el Dresdner Bank de Ginebra a nombre de una fundación de Panama de la que Bárcenas era apoderado.

El Ministerio de Justicia tardó varios días en trasladar esta información al juzgado de Pablo Ruz, que hoy instruye el caso Gürtel. La información de las autoridades suizas está fechada el 20 de noviembre, pero hasta el 29 de noviembre –nueve días después, según figura en el sello de salida– el Gobierno no informó a la Audiencia Nacional del resultado de estas diligencias. El equipo de Rajoy tuvo así más de una semana de plazo para gestionar internamente el escándalo Bárcenas y casi tres meses hasta que la opinión pública tuvo conocimiento de esta cuenta millonaria en Suiza.

La respuesta de las autoridades suizas a España llegó más de tres años y medio después de haber sido cursada. Fue el ahora ex juez Baltasar Garzón quien solicitó esta información el 10 de marzo de 2009.

Según la versión del Ministerio de Justicia, la información llegó en esa fecha pero nadie leyó los papeles y se limitaron a dar traslado de los mismos al juez Pablo Ruz. Desde Justicia afirman que éste es el procedimiento habitual y que en ningún caso el Gobierno es informado del resultado de esas comiciones rogatorias, independientemente de quién sea el afectado por ellas.

Tal y como publicó eldiario.es hace dos semanas, Luis Bárcenas también supo que la justicia española había encontrado su dinero en Suiza más de tres meses antes de que estallara el escándalo, probablemente antes incluso de que el Gobierno tuviese conocimiento de la noticia. El Dresdner Bank de Ginebra avisó al ex tesorero del PP en otoño de 2012 en cumplimiento de una normativa que permite a los clientes de la banca suza conocer si la justicia de otros países han solicitado información sobre alguna de sus cuentas.

Luis Bárcenas alertó a varios dirigentes del PP de que iba a estallar el escándalo en distintas reuniones privadas. Pese a todo, el PP siguió pagando a su ex tesorero la Seguridad Social y el ultimo pago de esos 400.000 euros de indemnización por despido que pactó con su partido en 2010.

A Luis Bárcenas, la dimisión de sus cargos públicos y orgánicos le ha salido muy rentable, a pesar de las presuntas ilegalidades cometidas con grandes sumas de dinero. Además del finiquito que le pagó el PP (400.000 euros, según El País), también el ex tesorero se llevó su parte de las finanzas públicas cuando el Senado le pagó la indemnización correspondiente por su labor como senador por Cantabria. A ella tenía derecho según el reglamento de la Cámara Alta, aun cuando estuviera imputado desde 2009, como era el caso.
El Senado pagó a Bárcenas 16.883,46 euros correspondientes a seis mensualidades de 2.813,91 euros, según confirman en esta institución. El medio año se corresponde con los seis en los que el ex tesorero del PP tuvo su escaño por Cantabria (marzo de 2004 a abril de 2010) y constituye el procedimiento de indemnización recogido por la normativa parlamentaria en su Capítulo Tercero, Artículo 12: "La cuantía de la indemnización será el equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales o fracción superior a seis meses y hasta un límite máximo de veinticuatro mensualidades". Según las fuentes consultadas, la imputación judicial del ex responsable de las cuentas del PP no es motivo para que la indemnización se congele.

Al mismo tiempo que Bárcenas abandonaba su escaño por Cantabria, cesaba la contribución a la Seguridad Social que las Cortes Generales abonan por sus parlamentarios. De la misma, sin embargo, pasó a hacerse cargo el partido del Gobierno mientras duró el prorrateo del finiquito que el PP pactó con su ex tesorero, del que informa El País hoy miércoles. El ex senador quedó, pues, totalmente cubierto con indemnización pública, orgánica en forma de sueldo y cotización a la Seguridad Social hasta enero de 2013.

El PP, en un comunicado, ha querido subrayar hoy que en abril de 2010, Bárcenas solicitó su reingreso en el partido tras la "excedencia forzosa" por incorporación a cargo público (senador), pero la dirección "manifestó su decisión de no reintegrar al señor Bárcenas a su puesto de trabajo", aunque hubo de abonarle la preceptiva indemnización recogida por el "artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores". El pago de las cuotas a la Seguridad Social hasta diciembre no está incluido en este artículo, por lo que fue una concesión del PP a su ex tesorero.
El malestar en el partido por el trato que se ha dado a Luis Bárcenas es "creciente y profundo", confirman en la dependencias nacionales de la madrileña calle Génova. Las mismas voces piden actuaciones judiciales "contundentes" contra su responsable contable sin más demora, aunque, por otro lado, reconocen que si la secretaria general, María Dolores de Cospedal, cedió a las condiciones económicas del finiquito, a mayores de la indemnización del Senado y el pago de las cuotas a la Seguridad Social parece que se confirman los peores pronósticos: que el ex tesorero maneja "mucha y delicada" información.

Han tardado demasiado en escuchar el clamor

Los suicidios por los desahucios obligan a PP y a PSOE a ponerse de acuerdo para actuar con urgencia

El drama de los desahucios se cobraba este miércoles una nueva víctima: un hombre de 55 años se ahorcaba justo antes de que la comisión judicial de turno se dispusiera a hacer efectivo el desalojo de su vivienda de Alicante. Se trata del cuarto ciudadano que en sólo tres días ha decidido acabar con su vida por esas mismas razones, en una escalada que ha conseguido incluso que PP y PSOE alcancen un acuerdo completamente inusual en la tensa legislatura que dio comienzo a finales de 2011.
Los dos partidos han pactado este miércoles que la Iniciativa Legislativa Popular sobre la regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social (ver PDF) que ayer admitió a trámite por unanimidad el pleno del Congreso siga su curso parlamentario de manera urgente para que así se pueda solapar con el proyecto de ley sobre el mismo tema que aprobó el Gobierno y que ya se está discutiendo en la Cámara Baja.
Fuentes socialistas han confirmado a Público que ha sido la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, la que ha forzado el encuentro con los conservadores para alcanzar dicho pacto. En los pasillos del Congreso, ella y Alfonso Alonso acordaban esa tramitación urgente después de que ayer, el PP reculara y decidiera finalmente respaldar la toma en consideración de la ILP por la presión de los suicidios y de las protestas callejeras.
Las fuentes mencionadas insisten en que este pacto era "obligado" tras el cambio de parecer de los conservadores, y después de que ayer Rodríguez mantuviera una reunión con los portavoces de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) en el Congreso. Estos le exigieron a la portavoz socialista que hiciera lo que estuviera en sus manos para que, en el caso de que saliera adelante la ILP, tratara de actuar con urgencia ante la gravedad de la situación. 
Y es que además de la muerte que se ha producido esta mañana en Alicante, ayer, en Calvià, otro matrimonio decidió quitarse la vida por las mismas circunstancias, a punto de que una comisión judicial les echara de su casa por no poder hacer frente al pago de su hipoteca. El lunes, además, otro hombre de 56 años que supuestamente iba a ser desahuciado se suicidaba en Basauri (Bizkaia), pocos días de que su vivienda fuera subastada.
El futuro de la iniciativa que se admitió ayer a trámite es todavía una incógnita a la espera de las enmiendas que presenten los diferentes grupos parlamentarios. Quien sí ha añadido algo de claridad para conocer cuál será la tendencia de la formación a la que representa ha sido el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida. En un artículo en su blog personal, el también líder de Unió ha celebrado que el Congreso aceptara la tramitación de la ILP sobre desahucios, pero ha remarcado que no comparte todo lo que propone. Así, ha considerado que la retroactividad de la dación en pago es "inviable"

Editorial de El País

 

Prisioneros de la palabra

El País 13 FEB 2013Tenemos la información, pero no documentos, ni siquiera tenemos fotocopias”. Esto es lo que contestó Ben Bradlee, director de The Washington Post, a su amigo Gordon Manning, jefe de noticias de la CBS, cuando le pidió los papeles que avalaran lo publicado en torno al escándalo Watergate. Pese a la inexistencia de documentos, las fuentes (que los reporteros del caso mantuvieron en secreto) eran tan fiables y variadas, que Walter Cronkite, el gran gurú de las noticias televisadas en América, decidió hacer un reportaje sobre el caso, y a partir de ahí este se convirtió en foco de atención de todo el país.
Habría que recomendar vivamente a los asesores y portavoces del PP que lean con atención las memorias de Bradlee, las de Katherine Graham, propietaria del Post,y los libros de Woodward y Bernstein sobre Watergate, para que sepan lo que es preciso no hacer cuando un partido político se enfrenta a un escándalo desvelado por la prensa.
Así conocerán que la primera reacción del presidente del Partido Republicano Bob Dole fue acusar al Post y a su director de estar en connivencia con el candidato demócrata McGovern, que se enfrentaba a Nixon en las elecciones de 1972. “El Partido Republicano ha sido víctima de un bombardeo de alegaciones infundadas y falsas”, declaró, para acabar sentenciando que “la reputación del Post ha caído tan bajo que ha desaparecido casi por completo”.
El portavoz de la Casa Blanca Ron Ziegler aseguró, por su parte, que los artículos del periódico estaban “basados en rumores e indirectas e intentan, por asociación, encontrar culpables, pero no han conseguido encontrar ningún nexo entre Watergate y la Casa Blanca, porque no existe”, y el director de la campaña de Nixon abundó en la falsedad de las revelaciones porque “media docena de investigaciones lo han demostrado así”.
El presidente Nixon decretó una especie de apagón informativo para los dos principales diarios del país (The Washington Post y The New York Times) y decidió privilegiar con declaraciones y entrevistas a periódicos afines a él, que solían titular sus primeras páginas con los desmentidos de la Casa Blanca.
El espionaje en la sede del Partido Demócrata por parte de antiguos colaboradores de la CIA, cuyo conocimiento supuso la punta del iceberg del caso Watergate, sucedió en junio de 1972. Apenas cinco meses después, Richard Nixon fue elegido presidente por abrumadora mayoría. Le votó un 60% del censo y ganó en todos los Estados salvo en Massachusetts.
Pero la acusación formal de los implicados en Watergate, en marzo de 1974, fue el inicio de una concatenación de eventos que tornaron la situación en absolutamente incontrolable. Nixon dimitió en agosto, menos de dos años después de su estruendosa victoria.
Ya durante todo aquel proceso, Henry Kissinger, que se preocupó de mantener su amistad personal con Katherine Graham, insistió sobre la inconveniencia de publicar noticias que menoscabaran el prestigio de la Casa Blanca, del presidente y del Gobierno en general, en un momento en el que el liderazgo de EE UU resultaba clave para el futuro del mundo libre.
Aquellos periodistas y editores de The Washington Post son hoy héroes mundiales de nuestra profesión, pero entonces fueron tachados de irresponsables, mentirosos, malos patriotas y fabuladores. Fueron presionados, espiados, amenazados y ridiculizados hasta el extremo, incluso por muchos de sus colegas. Ahora nadie duda de que contribuyeron como pocos a la estabilidad y consolidación del sistema de libertades en su país.
Cuando temas como los papeles de Bárcenas saltan a la luz, son frecuentes las llamadas a la responsabilidad de los periodistas a la hora de publicar materiales que afectan a la gobernanza, la estabilidad económica o la convivencia de su país. En ocasiones, estos llamados responden a una sincera preocupación de quienes los hacen. Pero casi siempre el poder trata de encubrir presiones o censuras, cada vez más difíciles de establecer, por otra parte, en la sociedad de la información. Los periodistas no son responsables de las consecuencias de los hechos sobre los que informan, sino de reportarlos con honestidad y aplicando las técnicas exigibles que garanticen el rigor de sus informaciones. Los verdaderos responsables de las desgracias que de cada situación se deriven son quienes cometieron los hechos, los impulsaron, permitieron u ocultaron. Creemos, por ello, que la lectura de las experiencias relacionadas con Watergate puede ayudar a los responsables políticos a poner en práctica las lecciones de una famosa sentencia de nuestro refranero: “Uno es dueño de sus silencios y prisionero de sus palabras”.

Aguas revueltas por causa de los escándalos

 

El informe de la UDEF contra Mato deja al director de la Policía al borde de la destitución

 

Diez días después de conocerse el nuevo informe ampliatorio de los agentes de la UDEF contra la ministra de Sanidad, Ana Mato, y su marido, Jesús Sepúlveda, que precisamente hoy declara nuevamente como imputado en el marco de la instrucción del caso Gurtel, diversas fuentes gubernamentales, policiales y judiciales vienen a confirmar que el cese del director general de la Policia, Ignacio Cosidó -que tomó posesión el 30 de diciembre de 2011- es cuestión de días. "Es la gota que ha colmado el vaso”, señalan las fuentes del Ejecutivo, “dentro de un Ministerio que está manga por hombro y sin que Jorge Fernández Díaz controle nada de nada”.

El último encontronazo tuvo lugar a propósito de la publicación el viernes 1 de febrero del informe de 80 folios contra Mato y su exmarido. La ministra respondió ante el Comité Ejecutivo del PP –convocado de forma extraordinaria y con carácter de urgencia- por el propio jefe del Ejecutivo, afirmando que eran una "sarta de calumnias” y “mentiras”. A unos metros se encontraba el jefe de esos agentes, es decir, el ministro del Interior. La ministra fue avalada por Rajoy.

Según los mismos medios, Ignacio Cosidó ha sido responsabilizado ante el presidente Rajoy por su propio ministro de no haberse hecho con el control de los distintos cuerpos policiales. En especial, de aquellas unidades que siempre han estado bajo control de los 'hombres de Rubalcaba', quien controlaba dichas unidades de élite a través de Juan Antonio González (JAG), que estuvo a su vez varios meses al frente de la Policía Judicial después de llegar el PP al Gobierno, y finalmente, fue relevado tras muchas presiones del partido ante Fernández Díaz.

No obstante, fuentes oficiales de Interior desmienten que se vaya a cesar al director general de la Policía, aseguran que la elaboración y entrega del informe de Ana Mato no tuvo nada que ver con la Udef, sino que fue una petición expresa del juez, y salen en defensa de la independencia de la institución. 

Alguna de las fuentes consultadas indican, incluso, que sus superiores ya habrían comunicado a Ignacio Cosidó, exdiputado por Palencia, su destitución al frente de tan relevante cargo. Se estaría a la espera de que el tema de la UDEF se 'enfríe', pasados unos días o semanas. Al mismo tiempo, se le intenta encontrar acomodo en algún lugar discreto de la Administración. Hay que recordar que hace unas semanas dimitió por “razones personales” el número dos del Departamento, el secretario de Estado de Seguridad Ignacio Ulloa, y que su sustituto, un hombre de la total confianza del ministro como es su exjefe de Gabinete Francisco Martínez, puede querer nombrar a un director de la Policía de su confianza del Tribunal Constitucional. 

Fuentes sindicales del Cuerpo Nacional de Policía también aseguran que el relevo es inminente y afirman que, incluso, han recibido "la petición" del Ministerio de dejar de atacar la gestión del director general, como venían haciendo hasta ahora, ante la cercanía de su relevo.
Fuentes cercanas a la Dirección General consultadas desmienten la información y aseguran que se trata de un rumor que lleva tiempo circulando. Las mismas fuentes recuerdan, además, que las únicas órdenes que tienen que obedecer los miembros de la UDEF son las de los jueces y fiscales, y que eso es lo que está ocurriendo. “Precisamente, no deben estar controladas por el director general”, afirman.
Sin embargo, desde el ámbito judicial también se incide en que "el informe de la UDEF sobre Mato se pudo haber hecho de muchas maneras, publicando sólo lo que era nuevo, y no repitiendo todo lo que ya se sabía y a menos de 24 horas de que compareciera Mariano Rajoy en Génova para explicar los papeles de Bárcenas", afirma a El Confidencial una fuente del CGPJ.
Aunque las relaciones entre el director general y el ministro nunca fueron especialmente fluidas (al fin y al cabo Cosidó fue cooptado por encima de Fernández Díaz), ahora son gélidas. El catalán ni siquiera le dirigía la palabra.

Humor y humores

 

Una petición clara y directa del colectivo de magistrados progresistas

Jueces para la Democracia pide al PP que asuma su responsabilidad en el ‘caso Bárcenas’

"La responsabilidad política no debe ser asimilada a la penal", señala la asociación judicial

José Antonio Hernández Madrid 12 FEB 2013

El Comité Permanente de la asociación progresista Jueces para la Democracia, que se ha reunido en Valladolid, ha emitido un comunicado en el que asegura que “La corrupción instalada en determinados partidos políticos no es un problema judicial, sino una lacra sustentada en su financiación” y añade que la “responsabilidad política no debe ser asimilada a la responsabilidad penal como pretende el PP y parece desprenderse de las declaraciones que analizamos”.
Jueces para la Democracia señala: “Es de sobra conocido en todos los ámbitos relacionados con nuestro quehacer diario que carecemos de medios de todo tipo para hacer frente a una de nuestras funciones: instruir y juzgar las causas por corrupción tanto política como económica. También es conocido que ello conlleva la percepción generalizada de impunidad de tales conductas en el ámbito judicial español”.
En su nota, esta asociación discrepa de las declaraciones efectuadas a EL PAÍS por el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Gonzalo Moliner, en el sentido de que los proyectos normativos del Ministerio de Justicia, reducción de vocales con dedicación exclusiva del Consejo y la Ley de Tasas, entre otros, no implican que ello pueda generar espacios de impunidad en la judicatura frente a la corrupción.
Jueces para la Democracia señala: “No compartimos las declaraciones efectuadas por el presidente del CGPJ que parecen negar que las leyes reformadas o las decisiones del Ejecutivo busquen conseguir un marco de impunidad. Jueces para la Democracia considera que las reformas impulsadas por el Ministerio de Justicia en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal pueden propiciar ese marco de impunidad ante la corrupción minando la independencia judicial y la separación de poderes en la forma que fueron diseñadas por la Constitución Española”.

A ver ahora que cuento nos cuentan

El PP pagó a Bárcenas una cantidad fija al mes hasta diciembre de 2012

El partido le pagó la Seguridad Social y 400.000 euros de finiquito prorrateados

En 2010 negoció con el partido que le abonaran su finiquito mes a mes

Acudía a la sede y tenía una sala para él hasta el pasado 16 de enero

Confirmó al fiscal la semana pasada que el PP aún le pagó en 2011 y 2012

Carlos E. Cué / José Antonio Hernández 12 FEB 2013

El PP insiste en que Luis Bárcenas se desvinculó del partido en 2009, cuando dejó temporalmente el puesto de tesorero nacional. Pero Bárcenas no solo tuvo un trato preferente hasta hace un mes, con una sala para sus documentos, entrada libre en Génova 13 y una secretaria en el partido que seguía llamando por él. Además siguió recibiendo mensualmente una cantidad del PP hasta hace menos de dos meses, a finales de 2012. El partido le pagaba cada mes ese dinero y además se hacía cargo de su cobertura de la Seguridad Social. Es lo que pactaron en abril de 2010 Bárcenas y el entonces gerente, Cristóbal Páez.
El extesorero abandonó entonces, un año y medio después de que estallara el escándalo Gürtel, la militancia en el PP y su acta de senador. Se quedó sin sueldo público, y pidió reincorporarse al partido como empleado de la casa en la que entró siendo aún AP, según fuentes del PP. Se pactó entonces con él un despido improcedente, por una cantidad de al menos 400.000 euros, según las mismas fuentes, y Bárcenas pidió que no se la pagaran de un golpe sino que se la dieran poco a poco todos los meses hasta diciembre de 2012 y además que el PP se hicera cargo de sus costes de Seguridad Social. Y el partido aceptó, de manera que el extesorero ha estado vinculado directamente a esta formación política hasta pocos días antes de que se conociera que tenía una cuenta en Suiza con 22 millones de euros, el pasado 16 de enero. El PP asegura que fue solo un finiquito prorrateado y que Bárcenas no realizó ninguna labor para el PP desde 2010, cuando se negoció su salida.
El propio Bárcenas informó de esta situación la semana pasada al fiscal Antonio Romeral, de la Fiscalía Anticorrupción, cuando le llamaron a declarar en la investigación abierta tras la publicación en EL PAÍS de los papeles del extesorero. En medio de este interrogatorio, que duró unas tres horas, el fiscal quiso saber detalles de la relación laboral de Bárcenas con el PP. El extesorero explicó entonces que había dejado el partido en 2010 pero que siguieron pagándole en 2011 y 2012 en concepto de una especie de finiquito prorrateado. Esto es, el PP siguió pagándole en privado y sin informar a nadie y dejándole que estuviera constantemente en la sede mientras en público trataba de trasladar la imagen de que había roto totalmente con él.
Algo parecido sucedió en 2010, cuando el PP, siempre de forma secreta, pactó con Bárcenas que seguiría pagándole el abogado mucho después de haber dejado teóricamente de ser tesorero. Es un trato especial que solo tuvo él. El PP mantuvo este privilegio, con la opinión en contra de Dolores de Cospedal, hasta que El PAÍS publicó en febrero de 2010 que el partido se estaba haciendo cargo de la carísima defensa de su extesorero, dirigida por Miguel Bajo, uno de los abogados más prestigiosos de Madrid. Entonces Cospedal decidió cortar también eso, y unos meses después, en abril, Bárcenas anunció en un comunicado que desde ese momento se pagaba el abogado de su bolsillo, aunque después hubo algún enfrentamiento con la secretaria general para que le pagara la parte anterior.
Aun así, Bárcenas siguió disfrutando de un espacio, la sala Andalucía, reservada en exclusiva para él. Dos años y medio después de haber abandonado teóricamente el partido, el extesorero seguía acudiendo con frecuencia a la sede de Génova 13, donde hablaba con varios dirigentes y trataba de presionar para favorecer su situación procesal. La presencia de Bárcenas en la sede fue constante hasta que, el pasado 16 de enero, se supo que había llegado a tener hasta 22 millones de euros en Suiza. Ese día Bárcenas dejó de acudir a la sede y no se le ha vuelto a ver por allí. Cospedal ha sido muy dura con él en público, pero Mariano Rajoy no le ha criticado en ningún momento y ni siquiera ha pronunciado su nombre.
Las relaciones de Bárcenas con el PP han sido un problema para Rajoy desde que estalló el caso Gürtel. El presidente se resistió todo lo posible a destituir a su tesorero. Mientras otros dirigentes implicados caían, en especial los que estaban en Madrid a las órdenes de Esperanza Aguirre, muy tocada por el escándalo en un primer momento, Rajoy mantenía contra viento y marea a Bárcenas. Finalmente tuvo que forzar que dejara de ser tesorero en julio de 2009. Pero el comunicado dejaba claro que era de forma “temporal” y Rajoy aseguró en esos días que “nadie” podría “probar que Bárcenas no es inocente”.
Lo mantuvo como senador otro año entero, hasta que el extesorero, harto de la presión, de los fotógrafos a diario en la puerta de su casa, y convencido de que con el juez Antonio Pedreira, del Superior de Madrid, le iría mejor que en el Tribunal Supremo, decidió dimitir. Aún así la relación de Bárcenas y Rajoy siempre fue estrecha. El extesorero se enfrentó con Cospedal pero siempre consideró que Rajoy le había tratado bien.
Esta actitud cautelosa del presidente con un hombre cuya trayectoria ha indignado a dirigentes y militantes del PP ha generado muchas críticas internas. Aguirre, por ejemplo, ha pedido abiertamente que el PP se querelle contra Bárcenas y que le ataque.
El despido fulminante de Jesús Sepúlveda, otro imputado en Gürtel, que también ha llegado solo después de que la prensa diera a conocer su situación y se generara una importante presión social, ha hecho que muchos trabajadores de la casa y dirigentes intermedios se pregunten qué relación laboral tiene Bárcenas con el PP. El partido nunca ha comunicado en realidad oficialmente su despido ni mucho menos las condiciones que se han alcanzado con él. Todo lo que rodea a la relación de extesorero con el partido en el que lo fue todo -venía de AP y buena parte de los trabajadores actuales firmaron con él su contrato, porque llevaba 18 años de gerente antes de ser nombrado tesorero en 2008- ha estado siempre envuelto en un gran misterio.