viernes, 11 de enero de 2013

Leído en Diario de Castilla La Mancha

Castilla-La Mancha no es un negocio'PARTE DEL CARTEL DE LA CAMPAÑA

Toledo.- 'Castilla-La Mancha no es un negocio'. Bajo este lema, las Juventudes Socialistas de la Provincia de Ciudad Real han iniciado una campaña para denunciar de forma constante el desmantelamiento de los servicios públicos y las privatizaciones que está llevando a cabo el Gobierno regional de la presidenta María Dolores de Cospedal.
Tal y como ha indicado el secretario general de las Juventudes Socialistas de España, Nino Torre, esta campaña surge en el momento más idóneo al coincidir en tiempo con las políticas que está aplicando el Partido Popular en Castilla-La Mancha. "Cospedal está aniquilando y dinamitando todos los servicios públicos que los gobiernos socialistas habían consolidado en esta región".
Torre ha sido muy gráfico al compadecerse por los jóvenes de Castilla-La Mancha, al subrayar que "aquí, lamentablemente, los hombres y mujeres sufren a Cospedal por partida doble, sufren sus recortes en las políticas nacionales y sufren sus recortes en las políticas autonómicas", medidas que ha situado en la derecha más extrema y sin ningún tipo de sensibilidad social.
Castigo a los jóvenes de la provincia de Ciudad Real pero también para el resto de España, ya que al ser Cospedal la secretaria general de Mariano Rajoy, Nino Torre ha dicho que Cospedal "avala, legitima y defiende los recortes del Gobierno de España" pese a su crudeza e injusticia.
Una deriva hacia la que el máximo responsable de las Juventudes Socialistas de España ha mostrado una gran preocupación, pues ha asegurado que "estamos asistiendo al desmantelamiento de los tres pilares básicos del estado del bienestar: los servicios sociales y la educación y la sanidad universales, públicas y gratuitas".
Como muestra de su denuncia, el joven socialista ha citado el gran deterioro y la privatización del sistema sanitario que tiene en Madrid a su máxima referencia y que es el modelo que Cospedal pretende extender a Castilla-La Mancha pese a que "ni es más barato ni más eficaz como falsamente se quiere hacer ver", ha dicho Torre, quien ha recriminado también el recorte del 22,6% en los Presupuestos Generales del Estado para políticas sanitarias.
Y por lo que respecta a la educación, una de las áreas que más está perjudicando a la población juvenil, Nino Torre ha criticado el tijeretazo del 14,4% en este campo y los 48 millones de euros menos con los que contarán las becas. Y una vez más, Torre ha puesto de relieve que la Castilla-La Mancha de "Cospedal se lleva la palma en recortes educativos" con la supresión de las becas Erasmus, la eliminación de la gratuidad de los libros de texto así como las ayudas para comedores escolares.
El dirigente de la organización juvenil socialista ha concluido sus declaraciones con el asunto que mayor preocupación y más afecta a este sector poblacional, como es el desempleo. Así, ha aludido a la insoportable tasa de paro del 57,6% de jóvenes en España acumulada por el Ejecutivo central con Rajoy al frente. "Esta es la realidad del país que ha provocado como consecuencia la segunda mayor emigración desde los años 60", se ha lamentado Torre.
Antes, el secretario de las Juventudes Socialistas de Ciudad Real, David Triguero, ha explicado los detalles de la campaña 'Castilla-La Mancha no es un negocio', una denuncia que realizan alto y claro por todos los rincones de la provincia y de la región para que los ciudadanos conozcan las verdaderas intenciones de la presidenta Cospedal de 'vender' esta tierra.
En este sentido, Triguero ha reivindicado que "Castilla-La Mancha somos todos y todas, y con eso no se juega, señora Cospedal", de ahí que haya emplazado a la presidenta autonómica a que responda "qué le diría a ese niño al que le ha cerrado el colegio rural, a la mujer que está esperando una operación, a la joven que no se ha podido matricular este año en la universidad, al anciano que está esperando una plaza concertada en una residencia, que le diría a las mujeres maltratadas y que ahora tienen que pagar las tasas judiciales o al 33% de las personas de la provincia de Ciudad Real que está en el paro".
Triguero no ha podido evitar indignarse al responsabilizar al PP y a Cospedal de haber acabado con la igualdad de oportunidades de la que hasta hace poco venían gozando todas y todos los castellano-manchegos, un derecho que a juicio del joven dirigentes es el que hacía justicia y que se logró gracias al esfuerzo colectivo de los ciudadanos de esta región durante los anteriores gobiernos socialistas. "Entre todos –ha destacado Triguero- conseguimos hacer de Castilla-La Mancha una tierra de paso a una región del siglo XXI".
Pero todo esto se acabó, ha venido a resumir David Triguero, al recriminar a los 'populares' unos recortes en servicios sociales que se realizan por ideología y por intereses privados "pese a que de ellos dependen la vida de muchas personas".
Por último, Triguero ha pedido a Cospedal "mayor transparencia, que renuncie a las privatizaciones que tiene planificadas y que nos asegure si realmente tiene intereses personales en esas privatizaciones".

La Reforma que destruye empleo en vez de crearlo

El gran éxito de la reforma laboral: 100 ERES diarios


Vicente Clavero

Periodista
11 ene 2013
Los últimos datos facilitados por el propio Gobierno corroboran los catastróficos efectos que la reforma laboral vigente desde el 12 de febrero de 2012 está teniendo sobre el empleo . Después de tres bajadas consecutivas, que los apologistas de la reforma interpretaron a su conveniencia, el número de despidos colectivos volvió a crecer en octubre. Sólo ese mes, se comunicaron a la autoridad laboral 3.077 expedientes de regulación de empleo (ERE), a razón de cien diarios, con un aumento del 56% respecto a la cifra de septiembre.
Los datos acumulados son aún más aterradores: hasta octubre, 27.055 empresas se habían acogido a ese procedimiento para aligerar sus plantillas, frente a las 15.870 de los diez primeros meses de 2011. Una subida tan espectacular (el 70%) sin duda tiene que ver con el creciente deterioro de la situación económica, pero también con las notables facilidades para el despido que la reforma laboral introdujo. Desde febrero, los ERE no requieren ya autorización administrativa previa, lo que en la práctica da carta blanca a los empresarios para despedir con la indemnización mínima de 20 días por año.
No sólo el número de expedientes aumentó hasta octubre, sino también el de trabajadores afectados, que fue de 374.773, un 53% más que en el mismo periodo de 2011. Eso y la desaparición de unos 200.000 empleos públicos explican la pésima evolución del empleo en España durante los doce meses transcurridos desde el regreso del PP al poder. Según la última EPA, bajo el mandato de Rajoy, pese a los costosos sacrificios exigidos a los ciudadanos, medio millón de personas han ido a engrosar las listas del paro.
El presidente del Gobierno dijo no hace mucho que se siente satisfecho con los resultados de su reforma porque ha disminuido la destrucción definitiva de puestos de trabajo, al acogerse muchas empresas a las suspensiones temporales de empleo. Eso, sin embargo, no responde a la realidad: entre enero y octubre hubo más  trabajadores afectados por ERES temporales, sí; pero también más despedidos; en concreto, un 20,5%%, que no es moco de pavo.
En consecuencia y como era previsible, la reforma, al menos hasta el día de hoy, no ha servido para animar la creación de empleo, sino todo lo contrario. Está siendo masivamente utilizada por los empresarios para continuar, a menor coste, el ajuste laboral que empezó con el estallido de la crisis y que ha puesto a España en el umbral de los seis millones de parados. Un acierto más que los trabajadores tenemos que agradecerle a Rajoy.

Las guerras internas del PP llegan al Consejo de Ministros

Rajoy lleva al Constitucional el euro por receta de los hombres de Aguirre


La vicepresidenta Soraya Sánez de Santamaría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Soraya Sánez de Santamaría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Madrid.- EL gobierno de Mariano Rajoy y el madrileño, representado por los seguidores de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, han escenificado las luchas de poder que se dan en el seno del PP. Según lo previsto, el Consejo de Ministros ha anunciado la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el euro por receta que se está recaudando en la autonomía desde el 1 de enero, así como la petición de que esta medida del Ejecutivo de Ignacio González sea suspendida "inmediatamente". La vicepresidenta en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno de Mariano Rajoy ha apelado a las misma razones por las que el Gobierno aprobó el pasado 14 de diciembre el recurso al Tribunal Constitucional por el euro por receta en Catalunya, esto es, porque el impuesto no garantiza la "igualdad" de los españoles, invade la competencia exclusiva del Estado para fijar el precio de los medicamentos, que se incluyen en la financión pública (art. 149.1.16º de la Constitución) y "grava un acto médico".
La número dos del Ejecutivo ha subrayado, asimismo, el "ejercicio de coherencia" que supone esta actuación, tomada hace apenas un mes contra la Generalitat y ha advertido de que el Estado ha fijado otro sistema que es el que hay que aplicar y sí es "equitativo".

Con esta decisión, Rajoy da carpetazo a sus advertencias a Ignacio González y ejecuta el ultimátum abriendo una profunda brecha entre la Administración central y la autonómica, gobernadas por el mismo partido y, por tanto, en el seno del partido, aunque tanto la secretaria general, María Dolores de Cospedal, como la vicepresidenta hayan intentado disfrazar de normalidad este conflicto entre gobiernos. Sin embargo, en estos momentos y según los conservadores, la situación de aislamiento de González frente a Génova "es un hecho".
El jefe del Ejecutivo, que ha puesto fin a la paciencia que le quedaba con el madrileño, quiso dar un aviso a éste con el recurso que aprobó el mes pasado contra el mismo gravamen de la Generalitat catalana, pero aquél no cogió el guante y, al contrario, argumentó que la tasa entraba en la competencias de la Comunidad de Madrid (CAM) y el 1 de enero de 2013, estaría en marcha, como así ha sido.
Horas antes de que fuera aprobado el recurso, en Los Desayunos de TVE, Ignacio González insistía en las competencias de su Ejecutivo para implantar esta fórmula de copago y dejaba caer, al mismo tiempo, su malestar por cómo el sistema de financiación autonómica afectaba a la Comunidad de Madrid, alineándose así con las tesis del president Artur Mas sobre Catalunya.
Desde el 14 de diciembre hasta el día de ayer -en que ya estaba tomada la decisión-, PP y Gobierno -en especial, la ministra de Sanidad, Ana Mato- han intentado por todos los medios convencer a González y a su consejero Javier Fernández-Lasquetty, no sólo de la inconstitucionalidad del euro por receta, sino también de su "inoportunidad política y la irresponsabilidad" de llevar adelante esta medida.

A la vista del desafío de González y de que en el PP empezaban a inquietarse por la falta de contundencia de Rajoy frente al sucesor de Aguirre -que ha respaldado a su pupilo en todo momento, aunque ve "legítimo" el recurso de Rajoy-, el presidente del Gobierno ha optado por el instrumento límite para no demorar más el caos administrativo que, además, la suspensión provocará ahora en las farmacias españolas sin que se hubiese regularizado todavía el cobro del euro, ya que los establecimientos carecen del programa para controlar los límites (72 euros al año frente a los 61 de Catalunya), por ejemplo.
Saenz de Santamaría ha anunciado inmediatamente después del recurso contra el euro por receta, otro aprobado por el Consejo de Ministros contra la inconstitucionalidad del impuesto bancario aprobado por el Gobierno socialista del Principado de Asturias. El Ejecutivo entiende que ése es un gravamen para el que el Estado se ha reservado absolutamente la aplicación.
El pago de un euro por cada receta médica entró en vigor hace pocos días en la Comunidad de Madrid.La tasa de un euro por receta que entró en vigor el pasado 1 de enero en la Comunidad de Madrid ha recibido miles de insumisiones en la primera semana de aplicación de la medida. El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), Alberto García Romero, ha informado hoy de que los formularios oficiales que la propia Consejería de Sanidad repartió en las farmacias se han agotado en un tiempo récord. "Estamos llegando al límite de la burocracia", ha puntualizado García, quien también ha explicado que "los formularios están hechos para un número mínimo de insumisos, como ocurrió en Catalunya, donde se registraron un total de 4.500 negativas por mes", una cifra que en Madrid se ha superado en sólo siete días.
El presidente del COFM ha achacado esta circunstancia, que puede poner en jaque la medida del Ejecutivo regional, al "enfado" que "desde el principio" tienen los ciudadanos con los ajustes sanitarios porque "si se hacen cuentas no es tanto" -lo que tienen que pagar- puesto que hay un límite de 72 euros al año.
La cifra de rebeldes ha superado los 4.500 en sólo siete días
Por otra parte, el portavoz de la Federación de Consumidores Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha declarado que lo que más les preocupa es que "faltan impresos en las farmacias" y que los usuarios "tengan miedo a no pagar" porque no conocen en qué consiste la "posible multa" por insumisión.
La organización "duda mucho" que la Administración regional lleve a cabo la reclamación del euro por receta con recargo porque los costes del procedimiento serán "infinitamente más caros" que los 1,20 euros que recibirían del ciudadano. "Si la Administración despilfarra dinero público en perseguir a los usuarios, gastará más de lo que va a recaudar con el euro por receta", ha subrayado Sánchez.
El portavoz de Facua ha informado de que están llamando a las farmacias para que repongan los formularios y para que no "metan miedo" a los pacientes con respecto a las consecuencias que puede llevar la insumisión. Según Sánchez, "esta tasa es una multa y el Gobierno de Madrid no puede penalizar al que está enfermo".
Por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ha considerado hoy "ínfimo" el número de personas que se han negado a abonar la tasa de un euro por receta. Lasquetty ha asegurado que desde la implantación del cobro de la tasa se han despachado 1,37 millones de recetas sujetas al gravamen de 379.000 pacientes distintos, y ha añadido que el número de personas que se han negado a pagar es "ínfimo". "No creo que llegue ni a un 1 por mil", ha señalado el consejero. Facua insta a los farmacéuticos a "no meter miedo" a los ciudadanos, como hace Lasquetty 
El titular de Sanidad en la comunidad ha considerado "lógico" que los ciudadanos abonen la tasa porque, según ha explicado, "saben que la crisis obliga a tomar medidas como esta" ante la necesidad "racionalizar" el gasto público. Además, ha proseguido, "es lógico que sea ínfimo porque los ciudadanos saben que dejar cuentas pendientes con Hacienda es mala cosa". Lasquetty ha advertido de que "cualquier invitación a animar a los ciudadanos a no pagar la tasa es irresponsable".
Respecto a la "incomodidad" que el cobro de esta tasa pueda generar en las farmacias, el consejero ha asegurado que la comprende, puesto que "todos los cambios suponen una incomodidad", aunque ha añadido que es la misma que la que tiene cualquier comerciante que "tiene que recaudar el IVA y liquidarlo a Hacienda". Igualmente, ha destacado el régimen "muy protegido" que tienen las farmacias en virtud de su "colaboración" con la administración en la prestación del servicio farmacéutico.
El PSOE ha presentado igualmente este viernes recurso de inconstitucionalidad contra el euro por receta en la Comunidad de Madrid al entender que es "una imposición injusta e inconstitucional del Gobierno de la Comunidad de Madrid". Y lo ha hecho unido, dejando de lado las discrepancias que se habían manifestado en los últimos días entre la dirección federal y el PSM que dirige Tomás Gómez.
Tomás Gómez, Marcelino Iglesias, Enrique Cascallana y Maru Menéndez, este viernes, en el Tribunal Constitucional de Madrid.Este mismo, que también es senador, ha explicado que su partido ha presentado este recurso ya que consideran que el euro por receta en Madrid es "una agresión contra los ciudadanos" y una "imposición injusta e inconstitucional". "Con este recurso intentamos frenar ese desmantelamiento del sistema sanitario, esa desarticulación de todo un sistema sanitario público que está ejecutando el PP de Madrid y, como siempre, Madrid es el laboratorio para el resto de España", ha argumentado el líder del PSM, que ha considerado que a día de hoy, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, "está más solo de lo que haya estado nunca cualquier presidente autonómico".
Gómez ha recordado que González "tiene enfrente a los profesionales médicos, a los pacientes, a los ciudadanos, al Colegio de Farmacéuticos, a los colegios de médicos y al Gobierno central del PP, que también previsiblemente pueda presentar hoy recurso de inconstitucionalidad". "No le queda otro camino que retirarlo automáticamente", ha insistido Gómez, que ha recalcado que no tiene "ninguna duda" de que el Tribunal Constitucional "va a fallar en sentido favorable" al recurso que han presentado.
En su intervención, el jefe de los socialistas madrileños ha afirmado también que los socialistas de Madrid van a demandar a González "por responsabilidad patrimonial personal para que afronte de su bolsillos todos aquellos gastos" derivados de la implantación del euro por receta en la región. En este sentido, ha apuntado que se siente "muy orgulloso" de los madrileños porque en unos días han decidido rellenar los impresos de las farmacias contra el euro por receta, "una imposición injusta e inconsttucional del Gobierno del PP de Madrid". "Hoy el PSOE pone este recurso y el PP está quebrado en dos", ha recalcado.
Preguntado por si ha habido algún enfrentamiento entre el PSM y la dirección nacional del PSOE sobre el recurso, Gómez ha asegurado que los socialistas han estado "juntos siempre porque el PSOE tiene muy claro que está en contra del euro por receta", una "barbaridad" que ha hecho el Gobierno de la Comunidad. 
"Por su parte, la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, ha señalado que el PP y el Gobierno de la Comunidad "tienen enfrente a los socialistas, a los madrileños y a todos los españoles". A las puertas del TC, ha explicado que en el recurso de inconstitucionaidad, en el que han estado trabajando "juntos" PSOE y PSM estos días, exponen "de forma clara que el euro por receta es inconstitucional" porque se "empeora, en perjuicio de los ciudadanos madrileños, la financiación sanitaria".
Rodríguez ha explicado que "la Constitución y reiteradas sentencias del TC establecen de forma clara que la ordenación y legislación básica en la financiación pública sanitaria la tiene el Estado español y las comunidades autónomas tienen competencias para mejorar la financiación de la sanidad pública".

Unió acepta devolver 388.000 euros del fraude en subvenciones pero Durán no dimite

Barcelona.- Las negociaciones entre las defensas de los imputados en el 'caso Pallerols', el fiscal, la Generalitat y Unió Democràtica de Catalunya (UDC) se han cerrado con un acuerdo que evitará un juicio que estaba previsto que durara hasta mayo . El caso investiga la supuesta financiación ilegal del partido democristiano y un presunto fraude de subvenciones por parte de exaltos cargos de la Administración autonómica, antiguos militantes de UDC y el empresario andorrano Fidel Pallerols.
Los acusados han admitido los hechos y UDC ha aceptado devolver a la Generalitat 388.000 euros, según fuentes judiciales. El partido, que figura en la causa como responsable civil subsidiario y también como participe a título lucrtivo,  ha depositado ya  este martes por la mañana en el juzgado 300.000 euros, aunque oficialmente figura la fuerza política y los cautro principales imptuados.
El caso Pallerols acaba con un pacto para evitar la prisión de los condenados, una indemnización de 388.000 euros. La cantidad que ha aceptado devolver el partido a la Generalitat, que ejerce la acusación, es inferior a la solicitada inicialmente, que ascendía a 800.000 euros. Según fuentes judiciales, la rebaja se debe a que al final se ha fijado la cantidad acreditada como desviada.
El acuerdo supone, además del reintegro a las arcas públicas del dinero, el reconocimiento de las acusaciones y la rebaja de la pena para evitar el ingreso en prisión. Así, la condena para el exdirector general de Ocupació Lluís Gavaldà por malversación de fondos públicos es de un año y medio y una multa, mientras que para Pallerols y para el exsecretario de organización de UDC Vicenç Gavaldà, hermano del exdirector general de Ocupació, el juez ha fallado 7 meses de prisión y multa por un delito de falsedad y fraude de subvenciones. Para el ex militante de Unió Santiago Vallvé, la pena es de multa por un fraude de subvenciones. La mujer de Pallerols, Mari Cruz Guerrero, y la exsubdirectora general de Ocupació Dolors Llorens han sido exculpadas. La suma de las multas asciende a unos 260.000 euros y deberán ser pagadas por los acusados
El fiscal Fernando Rodríguez Rey ha rebajado las penas inicialmente solicitadas, que ascendía hasta los cinco años de pirisón, teniendo en cuenta la reparación del daño (devolución del dinero) y las dilaciones indebidas en el proceso judicial, que se inició hace 13 años.
La vista, que iba a tener lugar este lunes, fue aplazada hasta este martes a la espera de que las partes llegaran a un acuerdo, que finalmente se ha dado y ha permitido llegar a una sentencia de conformidad.
Además, el alud de peticiones de dimisión que han caído sobre Josep Antoni Duran Lleida tras la condena a Unió Democràtica (UDC) por el caso Pallerols dejan en situación de debilidad política al socio menor de la federación nacionalista y dan aire al plan soberanista pactado por Artur Mas con Oriol Junqueras, presidente de ERC.
El líder democristiano nunca vio con buenos ojos ese acuerdo y estuvo intentando hasta el último momento que el pacto parlamentario de CiU con Esquerra Republicana no fijara la fecha de la celebración de una consulta independentista. Pero Duran perdió la partida y Mas acabó cediendo a la petición de ERC y marcó para 2014 la consulta secesionista.
Ahora, tras el pacto con la fiscalía, Unió ha admitido que se financió ilegalmente, algo que jamás había hecho ningún partido político en España en un caso de corrupción, y deberá pagar por ello más de 388.000 euros. Duran es, además, prisionero de sus palabras, porque prometió dimitir si se demostraba la financiación irregular de su partido como ha ocurrido finalmente.
Ayer se desdijo él mismo desde Chile y despejó cualquier duda sobre sus intenciones. “Por supuesto que no pienso dimitir. En su día el partido asumió responsabilidades políticas y expulsamos a quienes están condenados o se dieron de baja voluntariamente”, dijo el portavoz del grupo catalán en el Congreso de los Diputados. “Encima de cornudo, apaleado”, exclamó Duran textualmente sobre lo que, en su opinión, significaría la renuncia, e insistió en que tenía la conciencia “muy tranquila” sobre lo ocurrido. Con todo, pidió perdón a los ciudadanos por los hechos cometidos por “personas ajenas a mí”.
Formalmente CDC guarda silencio, aunque algunas voces del partido de Artur Mas han reprochado la actitud de Duran. El primero fue el consejero de Territorio de la Generalitat, Santi Vila, quien dijo que era “absolutamente necesario” que Unió diera explicaciones y ayer fue el portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Pere Macias, compañero de bancada de Duran, quien le dio el mismo consejo de transparencia política.
Duran siempre ha actuado de freno a las proclamas soberanistas de Convergència, y su desprestigio solo hace que debilitar su papel dentro de CiU, ya maltrecho tras la apuesta por la independencia del socio mayor de la federación.
La debilidad de Duran por el caso Pallerols, da alas, además, a ERC y le permite seguir encendiendo una vela a Artur Mas y otra a su papel de oposición. Los independentistas fueron los primeros en reclamar la dimisión del líder de Unió, con el que siempre han marcado distancias por sus sabidas reticencias al camino secesionista que se ha abierto en Cataluña tras las últimas elecciones.
ERC, además, puede acabar obligando al Gobierno de Mas a dar explicaciones por el caso Pallerols, si apoya la petición de comparecencia en la Cámara catalana que registraron ayer el Partit dels Socialistes (PSC) e Iniciativa per Cataluña. Los diputados de la oposición reclaman explicaciones a los consejeros de Presidencia, Francesc Homs, y al de Justicia, Germà Gordó, para que detallen las condiciones en las que se produjo el acuerdo con la fiscalía. Curiosamente ambos consejeros forman parte del sector más soberanista de CDC, el más distanciado de los planteamientos de Duran.
La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, se sumó ayer a la demanda de explicaciones.
 En noviembre de 2000, Duran Lleida, se mostró dispuesto a dimitir de su cargo si al final se demostraba que su partido se financió de forma irregular a través de los fondos de formación ocupacional.En declaraciones al programa La Ventana de la Cadena Ser, el dirigente democristiano manifestó que UDC no puede financiarse sólo con las cuotas de los militantes o las asignaciones correspondientes a los resultados electorales, por lo que recibe aportaciones de personas particulares, "pero eso no implica", precisó, "que esa financiación, que es perfectamente legal, dé paso a una financiación irregular que sea recibir más dinero de lo que permite la ley. O igual o menor dinero de lo que permite la ley, pero a cambio de que desde determinado sitio de la administración se le haga un trato de favor a esa persona. Esa última eventualidad es la que niego rotundamente".
Duran Lleida denunció que en el trasfondo del caso Pallerols puede haber un intento de perjudicarle políticamente. "Es evidente que hay un contexto político que permite deducir y presumir, y a veces con alguna prueba, de que en la medida que se prive que las ideas y las propuestas de Duran lleguen a los ciudadanos de Cataluña, ¿mucho mejor, no? ¿Por qué? porque hay una parte importante del país, permítame ser inmodesto, que entiende que yo podría ser un buen candidato de futuro", añadió.

Más sobre las prebendas de la desprestigiada clase política

Los diputados valencianos cobran un plus de alojamiento aunque tengan vivienda en la ciudad

rita barberá, alcaldesa de valencia
Rita Barberá, alcaldesa de Valencia
Valencia.- Los 99 diputados de las Cortes Valencianas también cobran un complemento similar al plus de alojamiento y manutención que cobran los diputados del Congreso. Pero cobran este plus conocido como “indemnización por el ejercicio de la función” de hasta 882 euros mensuales con independencia de que el diputado tenga o no una vivienda en Valencia ciudad o en los municipios aledaños.
El plus está destinado a cubrir los gastos derivados del cargo en función de la distancia entre la residencia habitual del diputado y la sede de las cortes. así, los diputados valencianos que viven a más de 100 km de la sede del parlamento regional perciben 882 euros mensuales; los que residen a una distancia de entre 10 y 100 km cobran 588 euros al mes, y los que están afincados a menos de 10 km de las cortes ingresan 294 euros al mes.
Además de este complemento, los diputados valencianos cobran otro plus por desplazamiento en transporte. por cada kilómetro se paga 0,32 euros, con lo que, por ejemplo, ir y volver a las cortes desde castellón reporta 42 euros
entre los diputados que cobran este complemento se encuentran Rita Barberá (PP), que cobra 294 euros mensuales por este concepto, o María José Masip (PP), que percibe 588 euros mensuales pese a tener casa en Valencia, el socialista Antonio Torres, que cobra los 882 euros al mes
Pero no sólo los diputados valencianos cobran este tipo de complementos relacionados con la vivienda. También cobran un plus de este tipo un total de 19 altos cargos de la Generalitat empadronados fuera de Valencia, que cobran una indemnización mensual por vivienda que incrementa un 14% sus retribuciones. Desde los 646 euros al mes para directores generales a los 788 euros al mes que cobra el presidente Fabra. Diputados y altos cargos pueden renunciar a este complemento

jueves, 10 de enero de 2013

Golpes bajos de los corruptos a la Monarquía

Torres implica a Corinna en los Forum de Nóos que investiga la justicia

El Rey y Corinna Sayn-Wittgenstein durante una visita privada a Alemania en 2006. | Foto: GtresEl Rey y Corinna Sayn-Wittgenstein durante una visita privada a Alemania en 2006.

Madrid.- Diego Torres implica a Corinna Sayn-Wittgenstein en las actividades del Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin. El socio del duque de Palma ha remitido al instructor del caso, José Castro, otra tanda de correos electrónicos en los que personal de la entidad "sin ánimo de lucro" agradece la participación y la colaboración de la amiga del Rey en el primer Forum que organizaron en 2004 en la Comunidad Valenciana.
La Fiscalía Anticorrupción investiga los dos Valencia Summit por el presunto desvío de fondos públicos a los bolsillos de Urdangarin y Torres.
La noble alemana Corinna Sayn-Wittgenstein es la persona que estaba con el Rey en la cacería de elefantes de Botsuana de abril pasado en la que Don Juan Carlos se fracturó la cadera al caerse de madrugada en el interior del bungaló en el que se alojaban. La amistad del jefe del Estado con Corinna viene de muy atrás. En 2006, por ejemplo, viajó con el monarca a Alemania en un viaje oficial.
En el primero de los emails Mario Sorribas, asistente personal de Iñaki Urdangarin y apoderado de la sociedad Aizoon, felicita a un empleado de Nóos, Francisco Larrey, por conseguir la participación de Corinna Sayn-Wittgenstein en el primer Forum.
"Ahí has estado torero, Francisco, éste es el camino para llegar a cualquier parte del mundo", puntualiza gráficamente la persona que se encarga de gestionar el día a día de la sociedad que Iñaki Urdangarin comparte al 50% con la Infanta Cristina.
La contestación de Larrey no se hace esperar. "Mario, ¿tú crees que me podré casar con la señorita Corinna?", inquiere en tono irónico a Sorribas. Estos tres correos son posteriores a dos que se remitieron mutuamente Corinna y Larrey en los que el trabajador de Nóos agradecía a la noble germana "su asistencia al Valencia Summit 2004" y le mostraba "lo mucho" que les gustaría que repitiera en la edición de 2005. Larrey se despide con dos palabras: "Much love".
Corinna se apresura a contestarle: "Sólo unas pocas líneas para agradecerte la fantástica organización del Forum y toda la asistencia que me habéis prestado. Fue maravilloso. Buen trabajo".
La noble alemana, que fue princesa consorte durante los cinco años que estuvo casada con el príncipe Casimir Sayn-Wittgenstein, pone punto y final a la conversación cibernética con el "saludos" de rigor.
Veinticuatro horas después, la alemana residente en España vuelve a comunicarse por email con Francisco Larrey. Esta vez para agradecerle "muy mucho" un email -que no precisa y del que no da más detalles-: "Ese mensaje me alegró el día". La conversación, como todas ellas desarrollada en inglés, se finiquita con un "te deseo lo mejor" de ella a él.
Ésta es la tercera remesa de correos electrónicos que el socio de Iñaki Urdangarin pone en manos de la Justicia. Diego Torres amenazó, a través de su abogado, Manuel González Peeters, con hacer públicos "200 emails comprometedores". "Con estos mensajes me cargo la Monarquía", enfatizó el penalista barcelonés en presencia de varios testigos. Diego Torres y su entorno califican estas pruebas de "bombas atómicas".
En la primera entrega, Urdangarin y Torres comentaban las gestiones "llevadas a cabo por el Rey" ante Francisco Camps para lograr el patrocinio de un barco de la Copa América. La Infanta Cristina también salía a colación. El presidente de Nóos le desvelaba a su socio "un mensaje del Rey". "Ya ha hablado con Camps", le avanzaba.
Manuel González Peeters ya advirtió en abril que iría goteando "con periodicidad semanal" los "200 emails comprometedores" hasta que la Justicia acceda a sus pretensiones y "libre de la cárcel" a su patrocinado.
¿Y quién es Mario Sorribas? Este treintañero es la mano derecha de Iñaki Urdangarin, la persona de más confianza del duque de Palma y la Infanta Cristina junto con la secretaria Julita Cuquerella. Sorribas, que está imputado en el caso, es una suerte de chico para todo: el asistente personal del duque de Palma en todo tipo de reuniones y actos oficiales, en resumidas cuentas, el fiel escudero que le lleva el maletín y le organiza la intendencia.
La estrecha vinculación entre ambos va aún más allá, ya que también es el apoderado de Aizoon, la empresa patrimonial que Urdangarin y la Infanta comparten al 50%. Más de un millón de euros públicos acabaron en las arcas de esta sociedad familiar, cuyo día a día ha gestionado Sorribas en los tres años que la pareja ha residido en Washington. Actualmente, continúa al servicio de los duques de Palma.
[foto de la noticia]

Unas citas de Gramsci llevan a una tuitera a la Audiencia

Gramsci Reload

Jorge Moruno  
"Por 20 años debemos impedir que este cerebro funcione". Estas fueron las palabras del fiscal el día que enviaban a la cárcel a uno de los mejores pensadores del siglo XX, el co-fundador del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, el 8 de noviembre de 1926 en la Italia de Mussolini. El intelectual nacido en un pequeño pueblo de la isla de Sardegna, criado en la pobreza, la enfermedad y la desnutrición, fue quien supo captar como la organización del proletariado no podía resumirse al economicismo y resaltó la necesidad de construir una hegemonía cultural para combatir la dominación política, que también era ideológica.
Un autor de reconocida proyección internacional que  al que a 75 años de su prematura muerte, vuelven a querer impedir que sus ideas, que su cerebro funcione y consiga contagiar de inteligencia, emoción  y convicción a todas esas mentes y cuerpos que no se resignan ante el tedio, el gobierno del miedo y la estupidez.
Nos enteramos esta semana que la tuitera @almu_en_lucha, ha sido llamada a declarar en la Audiencia Nacional debido a unos tweets de supuesta "naturaleza violenta". Desconozco que entienden por tuits violentos, pero si como ejemplo de ello han destacado citas de Gramsci, podemos hacernos una idea del sesgo ideológico conservador que tienen por criterio.
La Audiencia Nacional, heredera del Tribunal de Orden Público franquista, es un organismo jurídico especializado en aquellos delitos de crimen organizado, o que ponen en peligro la estructura del Estado y atentan contra la corona, entre otros. Algo ridículo parece a primera vista,  que una persona declare en un tribunal de esta magnitud por escribir  tweets.
Esa citación se convierte entonces en el medio, en el  mensaje que comunica a la ciudadanía como los límites de la democracia se estrechan al mismo ritmo que aumenta el austericidio al que nos conducen.
Hoy Gramsci nos enseña que el gobierno domina con un puño de hierro envuelto en un guante de seda, es decir, que el régimen gobierna no sólo a través del monopolio de la fuerza estatal, también lo hace mediante la hegemonía en el ámbito cultural y el plano ideológico. "Hacer lo que hay que hacer", "la necesidad del cambio", "austeridad" etc.. son formas de nombrar y contar una realidad que nunca es objetiva, pero que las élites la presentan como si lo fuera, haciendo uso de palabras tan amplias como ambivalentes.
Construyen un relato que consigue explicar y asegurar la obediencia de  los de abajo, cuando estos, se piensan a sí mismos con iguales valores y puntos de vista que utilizan  los de arriba para mantener una hegemonía cultural. Cuando este relato, este guante de seda, no es capaz de asegurar y de intengrar algunas demandas ciudadanas dentro de un régimen político, aumenta el uso del puño de hierro por parte del Estado para asegurar su dominio.
El robo y el expolio tan burdo como infame que- tanto las élites europeas como las de nuestra sucursal local-, están cometiendo contra la población en beneficio de los especuladores y la acumulación financiera, resulta cada día más complicado de endulzar y  cuesta convencer, cuando gradualmente son más incapaces de ejercer una dirección moral.  Esta descomposición del régimen que en su propia podredumbre no asegura por causalidad un desarrollo democrático, sí que implica un gesto autista del régimen. Una crisis del consenso donde hay que batallar para romper su cerrojo construyendo también una candidatura, que ayude así,  a seguir combatiendo la indeferencia y la casta que tanto despreciaba Antonio Gramsci.

No tiene desperdicio

Cuando pillaron al Presidente de la patronal madrileña en escándaloso renuncio

 Madrid.- Hace unos días, el periodista de ABC Punto Radio, Melchor Miralles, en una entrevista telefónica al presidente de la Patronal Madrileña, Arturo Fernández, que a su vez es el concesionario de los servicios de restaurante del Senado, el Congreso de los Diputados y de la Asamblea de Madrid, le preguntaba cómo es posible poder dar menús a sus señorías por la ridícula cantidad de 3,55€.
El señor Fernández comenzó por negar la mayor, diciendo que no era cierto, que esa cantidad no era correcta, y que como cualquiera podía comprender, era imposible poder servir un menú por ese precio, con los gastos que ello conlleva de personal, etc., y poder obtener unos beneficios como cualquier otra empresa o negocio.
Lo que no sabía este señor es que el periodista tenía en la mano un tiket en el que figuraba dicho importe, cosa que corroborraron el resto de tertulianos que le acompañaban.

La respuesta del Sr. Fernández fué ceder, pero sólo a medias, diciendo. "Puede ser ese el precio, pero sólo de un plato, o medio menú. El menú completo cuesta más, como el de un restaurante normal y corriente"
De nuevo el periodista volovió a insistir: "En el tiket que yo tengo pone: Dos platos, postre, bebida y café"
Ante esta aseveración, el presidente de la patronal, sin querer dar su brazo a torcer, respondió que no estaba al corriente del precio, que a pesar de ser él mismo el concesionario, no conocía el importe de los menús que se servían a sus señorías en los restaurantes de estas tres instituciones.
Ante la perplejidad de los periodistas por esta respuesta, vino a decir que "De otra manera, su negocio sería una ruina, y por eso, esos servicios debían de estar subvencionados con fondos públicos.
Nos hemos enterado, pues, que sus señorías, a pesar de cobrar suculentas dietas, que justifican en tener que vivir en una ciudad que no es la suya de residencia habitual, sólo pagan por sus comidas una tercera parte de lo que cuesta el menú más barato a cualquier otro trabajador que tiene que mantenerse de su bolsillo.
Nos enteramos tambien de que le cuesta menos la comida a un senador o diputado de lo que paga cualquier escolar en Madrid por llevar su comida de casa en una fiambrera, que paga 3,80€ por el uso del comedor y del horno microondas en que se la calienta.
Nos hemos enterado, de paso, que a costa del dinero de todos, cuando una empresa es ruinosa, que vendiendo a precios por debajo del costo se podría ir a pique, es rescatada con los dineros de todos, incluidos de los que están en el paro, de los que no llegan a fin de mes, de los que tienen que hacer ingeniería financiera para repartir el sueldo de miseria que cobran al llegar el primero de cada mes.
Ya conocemos el motivo por qué el anterior Presidente del gobierno, Sr. Zapatero, cuando le preguntaron en TV el precio de un café en un bar cualquiera, no supiera el importe. Si tenemos en cuenta que dos platos, postre, bebida y café valen 3,55€ el café sólo debe andar bastante por debajo de los 80 céntimos que este señor aseguró que costaba.
Basta ya de casta de privilegiados que sólo conocen la crísis por que han oido hablar de ella. Basta ya de vividores del cuento que se reservan para ellos unos derechos que están quitando al pueblo. Basta ya de gentes sin escrúpulos, sin cultura muchos de ellos y sin vergüenza todos, que están viviendo a costa de robar y quitar derechos a los demás, para crearse para sí mismos los que les viene en gana.

Gracias hasta por las desgracias


Del blog JusticiaZero.com

Sobre abusos empresariales y sus síntomas

(Opinión)


No es un secreto que el mercado laboral está atravesando horas críticas y que a diario se destruyen 2.000 puestos de trabajo en nuestro país. Tampoco debería serlo que esta situación les viene de perlas a las empresas, y los derechos laborales son uno de los aspectos que más se han devaluado con la crisis. "Hay mucha hambre" y parece que el mejor empresario es el que dispone sacar todo el jugo a la situación. "Hoy los derechos laborales son low cost".
"Hay que venir a trabajar en sábado", de repente la frase se corta y el trabajador no oye nada sobre la retribución por horas extraordinarias, ni las ve reflejadas en su nómina, ni tan siquiera en el típico sobre de color marrón que su jefe solía darles a final de mes. Y es que con la crisis han desaparecido incluso las retribuciones en negro. Los llamados empresaurios prefieren exprimir o explotar a sus trabajadores, antes que contratar a otros para satisfacer sus exigencias laborales.
Abusos empresariales los hay de todos los colores; habitualmente es el nuevo contratado el que los sufre con mayor intensidad. "Joven y temporal" perfectos sinónimos de abuso empresarial. A ver quién osa quejarse de las condiciones laborales cuando el paro juvenil ha superado el 56% -sin incluir los que trabajan en Alemania-.
En efecto, el eterno becario es el perfecto ejemplo del abuso. Conductas abusivas del empresaurios que en ocasiones el trabajador llega a comprender, en lo que podría denominarse un síndrome de estocolmo en el ámbito laboral. Cuando un chaval de 20 años no ha visto otra cosa en su corta vida laboral, después de 5 años de crisis y nefastas expectativas para el futuro a medio plazo, parece que lo "normal" en el ámbito laboral sea aguantarlo todo.
El perfil de este joven trabajador es muy claro; "trabaja mucho y cobra poco". Detrás de eso existen todo tipo de "mocos legales" que intentan explicar la conducta del empresaurio -o por lo menos eso cree él-. A título de ejemplo; Rodríguez: Licenciado en ADE, que realiza funciones ejecutivas y su contrato refleja la categoría profesional de "oficial administrativo de 2ª"; obviamente el salario de Rodríguez no supera los 1.000 €, a pesar de que se come todos los marrones de la empresa.
...Vacaciones impuestas unilateralmente por el empresario, sin la audiencia del representante de los trabajadores, atribución de tareas para las cuales el trabajador no está suficientemente cualificado, exceso de faena o imposición de plazos de entrega imposibles, etc., etc., etc...
Estamos atravesando horas bajas, y conviene ser cautelosos antes de adoptar medidas contra estos abusos. Debe ponderarse el grado del abuso al que nos vemos sometidos y como afecta a nuestros intereses e incluso a nuestra salud. Al margen de todo, una vez despedidos ¿qué tenemos que perder si hacemos valer nuestros derechos?.

A propósito del saqueo privatizador de la Sanidad y otros abusos

La realidad y el deseo

La servidumbre no se acepta

 

Luis García Montero - 10 ene 2013

La crisis está disparando a la multitud. No pasa un día sin que nos encontremos con un amigo que se ha quedado en paro o que ha tenido que cerrar su negocio. No pasa una conversación sin que afloren los problemas de un hijo, un enfermo o un jubilado. La gente vive de forma inmediata su problema o su incertidumbre individual, pero tarda en tomar conciencia de la degradación colectiva de la sociedad. Asistimos a un desgarrón histórico grave, un giro de rumbo en el que derechos decisivos están siendo desmantelados.
¿Es culpa del sistema? La verdad es que vivimos en un sistema que nos empuja a la degradación. El capitalismo especulativo genera mucho dinero, pero acumulado en pocas manos. No crea riqueza para la gente común. Al contrario, su imperio depende hoy del paulatino empobrecimiento de la sociedad.
El sistema desprestigia y desmantela las pensiones públicas para alimentar el negocio de las pensiones privadas. El dinero de las pensiones privadas se desvía a los fondos de inversiones, y son estos fondos los que se apoderan, por ejemplo, de multinacionales como Capio Sanidad. Lejos de ver la salud como un bien personal y social, las multinacionales sólo atienden a su negocio y someten la esperanza de vida de las personas a sus cuentas de resultados.
Este sistema es una cabronada, desde luego, y parece difícil imaginar hoy de modo racional una salida digna a la crisis sin una transformación profunda del dichoso sistema. Pero a la hora de exigir responsabilidades conviene ser flexibles, o sea, conviene entrar en destalles. Las culpas del sistema, con su fatalidad abstracta, no empequeñecen las responsabilidades de los gobiernos concretos, de los especuladores de carne y hueso y de los ciudadanos sometidos a la condición de siervos. La servidumbre no se acepta.
El sistema no podría marcar una vertiginosa degradación de los ciudadanos y negocios como Capio Sanidad no podrían jugar con la vida de las personas si no hubiese gobiernos dispuestos a privatizar la sanidad pública.
Yo no entiendo otro patriotismo que el de los derechos civiles. Uno de los emblemas del patriotismo español ha sido para mí, además de la poesía y la vida nocturna, la sanidad pública. Si no hubiese gobiernos y partidos dispuestos a poner nuestra sanidad en manos de Capio, es decir, a poner en venta la nación, el sistema no estaría agrediéndonos con esta impunidad que disfruta ahora. Malditos sean los gobiernos de España y de la Comunidad de Madrid. Moverse hacia una estructura más cara y peor no es sólo culpa de un sistema. Es decisión de un Gobierno. La servidumbre no se acepta.
La vida nos condena a la busca. Todos tenemos que trabajar o que buscar trabajo. Pero hay trabajos y trabajos. Que existan fondos de inversiones dispuestos a hacer negocio con la salud de un país o a especular con los alimentos y el hambre, es muy propio de este sistema. Pero sería imposible la agresión que sufrimos sin empresas como Capio Salud o sin especuladores de carne y hueso. Malditos sean, no por el sistema al que pertenecen, sino por su complicidad concreta. La servidumbre no se acepta.
Y es que la complicidad de las personas es fundamental para que los especuladores hagan negocio y el sistema imponga su imperio. Complicidad al especular y complicidad por no defenderse, por aceptar las cosas con pasividad, por no pasar a la acción, por no imaginar alternativas cívicas y políticas que pongan freno a la rapiña. Nosotros también somos el sistema y las responsabilidades, aunque en distinto grado, están compartidas.
Escribo este artículo en un tono tan descarnado por dos motivos. En primer lugar, porque quiero hacer un homenaje a los profesionales de la sanidad madrileña que han levantado una marea blanca en legítima defensa no ya de su trabajo, sino de un derecho clave para todos nosotros. La sociedad debería corresponder con una movilización generalizada en su apoyo. La servidumbre no se acepta.
El segundo motivo es de orden literario. Algunos amigos -académicos, líricos o simples cortesanos-, me han aconsejado en los últimos tiempos que me aleje de la política. ¡Estoy demasiado comprometido! ¡Estoy manchando mi obra, mis poemas de amor! No tengo tiempo ahora de explicar lo cerca que siempre han estado a lo largo de la historia las camas de hospital y los lechos de amor.
Por eso me limito a recordarme a mí mismo que San Juan de la Cruz, Quevedo, Jovellanos, Espronceda, Unamuno, Antonio Machado, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Pablo Neruda o Miguel Hernández sufrieron torturas, cárceles, exilios o penas de muerte por su compromiso humano y político. Si yo no me siento inmortal, no es por mi cercanía a la política, sino por los versos que he escrito. Pero lo seguiré intentando. La servidumbre no se acepta.

 Luis García Montero (Granada, 4 de diciembre de 1958) es una de las principales figuras de la actual poesía española. Autor de más de 25 poemarios, recibió el Premio Adonais en 1982 por El jardín extranjero, el Premio Loewe en 1993 y el Premio Nacional de Literatura en 1994 por Habitaciones separadas. En 2003, con La intimidad de la serpiente, obtuvo el Premio Nacional de la Crítica. A lo largo de su vida, García Montero también ha publicado ensayos, es autor de ediciones críticas de poetas como Federico García Lorca o Rafael Alberti y tiene en su haber obras de prosa como la novela Impares, fila 13, escrita junto a Felipe Benítez Reyes, además de haber colaborado en prensa de forma asidua

Moralinas con truco



Las Cortes de Castilla-La Mancha. 

Tres diputados del PP de Cospedal se ponen otro sueldo público tras quitarse el de las Cortes manchegas

Toledo.- La presidenta de Castilla-La Mancha y número dos del PP, María Dolores de Cospedal, ha conseguido hace apenas unas semanas que los diputados de su comunidad autónoma no puedan dedicarse en exclusiva al servicio público al ciudadano, pero alguno de sus diputados ya ha encontrado el método de cobrar otro sueldo. El 21 de diciembre, la mayoría absoluta de su partido sacó adelante una iniciativa en las las Cortes regionales para eliminar el sueldo de los parlamentarios, con el objetivo de "dar ejemplo" ante los recortes que estaban sufriendo los ciudadanos.
Pues bien, al menos tres del total de 25 diputados conservadores que apoyaron esa iniciativa, y que representan al 12% del Grupo Parlamentario del PP, ya se las han ingeniado para cobrar un nuevo sueldo público.
La última en conseguir esos nuevos ingresos ha sido la parlamentaria autonómica y concejala conservadora del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) María José Ciudad.
El 28 de diciembre, tan sólo un día después de que la Mesa de Las Cortes castellano-manchegas aprobara las nuevas retribuciones de los diputados autonómicos -que ya no cobrarán un sueldo, sino tan sólo dietas e indemnizaciones por asistir a los plenos-, Ciudad dirigió una carta al alcalde de Puertollano, al socialista Joaquín Carlos Hermoso, solicitándole el alta como concejal liberada en sustitución de su compañera de filas, María de Gracia Casados.
Dos días después, el regidor del municipio ciudadrealeño aceptaba el cese de esta última como la edil con derecho a tener dedicación exclusiva en el consistorio, y aceptaba el alta de Ciudad. Fuentes socialistas han explicado a Público que, de esta forma, la concejala del PP pasará a cobrar 2.372 euros netos mensuales como portavoz de su grupo en el Ayuntamiento, lo que se sumará a los 1.250 euros que percibirá en concepto de indemnización por su condición de presidenta de una de las comisiones de Las Cortes castellano manchegas. A eso se unirá lo que obtenga en función de los plenos a los que asista. 
Unas semanas antes, era el alcalde de Seseña (Toledo) y también diputado regional, el conservador Carlos Velázquez, quien decidía liberarse y empezar a cobrar un sueldo de 40.000 euros anuales del consistorio toledano. Se daba la circunstancia de que el pasado mes de septiembre, justo cuando defendió la iniciativa para suprimir los salarios de los diputados, él mismo dijo que la medida iba en contra de los "vividores" de la política.  
Y en la misma fecha que Velázquez -el 27 de diciembre- la alcaldesa de Brihuega (Guadalajara) y también parlamentaria, Adela de la Torre, también aprobaba en pleno su dedicación exclusiva se ponía un sueldo de 32.000 euros que ya cobra de las arcas del Ayuntamiento. 

miércoles, 9 de enero de 2013

A propósito de las revelaciones del gigante neoyorquino

LA BANCA, EL FRAUDE FISCAL Y EL NEW YORK TIMES

 
El New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el banquero más influyente de España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, además de en España. En EEUU el Banco de Santander es propietario de Sovereign Bank.
LA BANCA, EL FRAUDE FISCAL Y EL NEW YORK TIMES Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario más influyente de EEUU y uno de los más influyentes del mundo. Es de suponer que si se escribieran artículos semejantes, por ejemplo, sobre el Presidente Zapatero, tales reportajes serían noticia. No así en el caso Emilio Botín.
  Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas).
Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa –según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total.
Es también conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria. El caso más conocido es la gestión realizada por la ex Vicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía, “el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al tribunal”. Una medida que juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que “los ricos no pagan impuestos en España”.
Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súper ricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad. Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en España (y en Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy realizando.
Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos –aclara el Sr. Salvador Arancibia- “….medidas de enorme importancia en un momento como el actual, donde los medios están en una situación financiera muy delicada”. De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que llaman “libertad de prensa”.
Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Hay que enterarse de lo que pasa por la prensa extranjera



In Spain, after two decades of dizzying growth, the party is over.

Wednesday, January 9, 2013
For most of the last decade, Spain kept its fiscal house in strict order, running small deficits or even surpluses. The country enjoyed a long boom after joining the euro zone, as low interest rates fueled a surge in construction. The boom, while it lasted, gave Spain the world’s highest rate of homeownership.
But it came to an end with the 2008 financial crisis, and the resulting recession sent Spain’s unemployment rate soaring. Spain has also seen its deficits swell and has been forced to pay high interest rates as investors worried about its solvency. Fiscal woes in its largely autonomous regions have also added to the national debt burden.
Given the size of the Spanish economy and the weakness of its banks, Spain has become the biggest worry facing the European Union.
Since 2010, Spain has pushed through a series of austerity measures meant to rein in its deficit. Unhappiness over the economy brought down the center-left government of José Luis Rodríguez Zapatero, and in November 2011, the conservative Popular Party, led by Mariano Rajoy, won a parliamentary majority in new elections.
Mr. Rajoy had the benefit of a freshly elected, single-party majority behind him. But the country slid into its second recession, sending deficits and unemployment ever higher, forcing Mr. Rajoy to admit that his government would miss its deficit reduction targets.
In May 2012, the country faced a new crisis when Bankia, the nation’s largest real estate lender, requested an additional 19 billion euros in rescue funds from the country, far beyond initial government estimates. In June, Mr. Rajoy performed an about face, and Spain agreed to accept a bailout for its troubled banks.
The European Central Bank pledged in September to buy unlimited amounts of bonds to lower interest rates for countries like Spain and Italy, who were being pushed toward the fiscal edge by the markets. Yet Mr. Rajoy, like his Italian counterpart, appeared hesitant to take the bank up on its offer, worried both about the political fallout and over strings that might come with the aid.
In late September, the pressures on Mr. Rajoy’s government mounted, as demonstrators besieged Parliament and the leader of Catalonia, Spain’s most powerful economic region, called an early election for Nov. 25 that could turn into an unofficial referendum on whether to split from the rest of the country.
Apparently seeking to preempt any demands from European officials for more austerity as a condition for aid, Mr. Rajoy introduced a tough budget for 2013 that would cut spending by government ministries by 8.9 percent. And facing down independent-minded Catalonia, the central government warned that it would fight any breakaway attempt by the region.
The next day an independent audit reported that the country’s ailing banking industry could need as much as €59.3 billion in additional capital, a number that was within the range of previous estimates and well below the potential €100 billion, or $128.6 billion, in bailout money approved in June.
In October, Spain’s unemployment rate breached 25 percent for the first time in the country’s modern history. As a signal of deepening recession, the bleak jobs data also raised the likelihood that Spain would once again miss budget targets. The one perversely positive element: The labor picture is so dark that it could help Mr. Rajoy make the case that lenders cannot risk imposing further austerity measures on Spain in exchange for rescue funding.
In November, voters in Catalonia delivered victory to separatist parties in a regional election, raising the likelihood that Spain’s most powerful economic region will hold an independence referendum that Madrid has vowed to block. But residents of Catalonia, appeared divided over whether sovereignty demands should be limited to seeking fiscal concessions from Madrid or stretch far beyond that.
On Nov. 28, the European Commission approved a payment of €37 billion from the euro zone bailout fund to four Spanish banks on the condition that they lay off thousands of employees and close offices as part of their restructuring. The most significant cuts will be made by Bankia, the giant lender whose collapse and request for additional capital in May 2012 led Madrid to negotiate a banking bailout a month later. The other three banks are Novagalicia Banco, Catalunya Banc and Banco de Valencia.
As Spain Waits, Europe Frets
For various reasons, Prime Minister Rajoy, has deferred seeking help from a financial assistance program that Europe has tailored to Spain’s needs. By mid-October, many economists, analysts and business executives said they had become increasingly worried about the costs of further delay.
They warn that waiting to seek aid, and the uncertainty the delay engenders, threaten to push the economy deeper into recession. And that, they say, could increase the ultimate cost to Spain and Europe if the aid eventually needs to be granted under crisis conditions.
As long as Spain’s borrowing costs remain below 6 percent, as they have since the European Central Bank said it would buy the country’s bonds if asked, the Rajoy government might seem to have no reason to rush. But the downgrade of Spanish debt to near junk status on Oct. 10 by Standard & Poor’s underscored the fragility of the country’s finances. And the seeming political paralysis in Madrid may be reinforcing a wider economic stasis.
Analysts said there was more at stake than the yield on Spain’s government bonds. They pointed out that those lower interest rates would lead to reduced borrowing rates across the board, providing a cheaper source of financing for Spanish banks and corporations that could stimulate investment.
And yet Mr. Rajoy’s reluctance to seek help has its own logic. To begin with, German officials have urged him to wait, as they have no desire to present yet another euro zone rescue package to their fed-up voters.
But Mr. Rajoy, a stolid, cautious man, has plenty of domestic reasons, too. Since coming to power in late 2011, his popularity has plummeted in the wake of a series of wrenching austerity programs. Now, with regional elections on Oct. 21 in his home state of Galicia that could test the strength of his center-right Popular Party, Mr. Rajoy has every incentive to wait a bit longer to request help from Europe, which would bring with it further outside oversight of the Spanish budget.
But analysts said that by waiting several more months, as many here predict will happen, Mr. Rajoy was playing a dangerous game. Not only will the economy continue to suffer from uncertainty, but Mr. Rajoy also runs the risk of being forced to seek help under the duress of a market panic, if bond investors once again begin to bet against Spain. Europe’s intervention under that circumstance could lead it to demand even harsher policy measures — like the socially disruptive cuts in Spanish pensions that so far Mr. Rajoy has avoided.
Background: Promise and Plunge
In May 2012, Jonathan Blitzer, a journalist and translator, wrote an essay for the International Herald Tribune headlined “Spain’s Yearnings Are Now Its Agony’' that traced the roots of the crisis. Here is an excerpt:
Spain is stuck in a fateful holding pattern. According to a European Commission forecast, Spain will be the only country among the currency union’s cast of 17 to remain in recession in 2013. The government’s plans to recapitalize Bankia, Spain’s fourth-largest bank, have reinforced concerns about a generalized banking crisis and costly bailouts. Spaniards, meanwhile, will have to endure the effects of $34 billion worth of cuts slated for the rest of the year.
All of this adds up to the inevitability of future hurt, and it is embittering Spaniards’ taste for the democracy they craved just a generation ago.
Spain’s fall from heady promise to Celtic gloom tells a story of democratic expectation gone sour. This tale is a profound blow to the European Union itself — a symbol of the continent’s shifting political prospects. Spain was not only one of the chief protagonists of 20th-century Europe, it also tilled the bloody soil from which the union later sprang. The Spanish Civil War was the staging ground for the defining existential drama of the century: a gory crucible of democracy, fascism and communism in conflict. Its fate entwined with Germany’s, Spain was at the center of Europe.
Spain sat out World War II, but afterward, its Axis-addled associations and blustering dictator sidelined it while Marshall Plan aid and democratic reconciliation transformed the continent. Eventually it emerged into that new Europe — only to find itself, at the cusp of a new century, again bound to Germany, now by bankers rather than bombers. And again, this seemed a boon at first.
When Spain joined the European Community in 1986, after nearly four decades of dictatorship, euphoria reigned. Finally, the country was gaining its rightful place intellectually, culturally and economically in the social democratic mainstream of Western Europe. “For Spaniards, Europe was the solution,” said Álvaro Soto Carmona, a history professor at Universidad Autónoma in Madrid. “We were no longer different,” he said; membership “opened the door to hope.”
Propping open that door was money: structural funds from the union to finance much-needed infrastructure projects. At the heart of the financial power was a rejuvenated and economically vibrant Germany. The future looked secure; as had been the case in Germany, Spain’s renewed surety was wrapped up in its sense of belonging to a free and optimistic Europe.
Then came plans for the adoption of the euro in the late 1990s, and again the prospect of an ascendant Europe offered a gilded opportunity for Spain. Borders were disappearing. The euro helped inflate a booming real estate bubble, as capital migrated south from northern Europe. Banks lent liberally, and the construction industry surged. As private debt mounted, homeownership soared.
Unlike some of their European counterparts, Spanish banks were relatively well protected against the initial collapse of the American financial sector in 2008. But the global recession that followed, coupled with the bursting of the real estate bubble at home, soon devastated Spain’s economy, which had longstanding vulnerabilities that were no secret but had been overlooked in the boom years. They included chronically high unemployment, for which economists blame unwieldy labor laws. Those have now come in for an overhaul. But even in better times, Spain also lagged behind the European average in spending on research and development. Now there is talk of a worsening brain drain.
The principal remaining force driving jobs and taxable revenue is tourism, as it was in the times of Francisco Franco. It is “uniquely dispiriting,” lamented the novelist Ernesto Pérez Zúñiga, that so little has changed. Spain’s economy once was consigned to depression by Franco’s autarchic policies; now it is subjugated by the tyranny of the markets.
These days, a raft of illicit practices, crafted from old excesses, have become a rickety means of sliding by. In the years when construction and real-estate markets boomed, transactions conducted underground exceeded 20 percent of gross domestic product. Spain acquired the dubious distinction of having the highest concentration — nearly one-fifth — of all the 500-euro bills on the continent. Called “Bin Ladens” — everyone knows they exist but no one has ever seen them — they are vestiges of corruption, bribery and money laundering in the fat years.
While that bustle has cooled, many desperate Spaniards still work under the table — in some cases supplementing unemployment relief with money from ad hoc jobs. This helps explain why Spain’s deep despair has not exploded in quite the rage felt on the streets of Athens.
The Problem of Regional Debt
In January 2012, in an attempt to solve the problem of regional debt, Spain’s central government moved to shore up the finances of its 17 regional governments — some of which were having trouble paying their bills — while taking steps to tighten control over their spending.
Budget Minister Cristóbal Montoro said that the government would create a credit line and advance about $10 billion to the regions, money they were not scheduled to get until later in the year.
The regions needed the cash to pay suppliers, many of them small businesses that had not been paid in months, even years. But at the same time, Mr. Montoro said that Madrid would also seek new legislation to set penalties for regions that failed to comply with strict budget targets.
In August 2012, the most economically important region of Spain, Catalonia, asked the national government for more than €5 billion in emergency financing. The request by Catalonia followed rescue pleas by the Valencia and Murcia regions. Both said in July that they would need help from the €18 billion, or $23 billion, fund set up by the Spanish government.
While Catalonia, the home of Barcelona, has traditionally been among Spain’s most prosperous and industrial regions — accounting for almost a fifth of the country’s economic output — it had accumulated debt of €42 billion, the highest among Spanish regions. In addition, Catalonia had suffered credit rating downgrades and had been shut out of the debt markets.
In late September, the leader of Catalonia called an early election for Nov. 25 that could turn into an unofficial referendum on whether to split from the rest of the country. And in a move that underlined its deeping financial difficulties, Andalusia said that it was preparing to request $6.3 billion from the fund.
Spain’s system of autonomous regions was developed in the aftermath of the dictatorship of Francisco Franco. After years of repression, regions pressed successfully for as much freedom as possible.
They are generally in charge of administering schools, universities, health and social services, culture, development and, in some cases, policing. And the central government has had little ability to interfere.
But in recent years, the regions have been faced with some intractable problems. Education and health care have been particularly problematic, because those costs have been growing. At the same time, some main sources of financing — taxes on real estate sales and building permit fees — have dried up with the collapse of the housing boom.
The Jobless Increasingly Rely on Family
As the effects of years of recession pile up, more and more Spanish families — with unemployment checks running out and stuck with mortgages they cannot pay — are leaning hard on their elderly relatives. And there is little relief in sight — employment statistics released in late July 2012 showed that the jobless rate had risen to a record 25 percent.
Pensions for the elderly are among the few benefits that have not been slashed, though they have been frozen since 2011. The Spanish are known for their strong family networks, and most grandparents are eager to help, unwilling to admit to outsiders what is going on, experts say. But those who work with older people say it has not been easy. Many struggle to feed three generations now, their homes overcrowded and the tensions of the situation sometimes turning their lives to misery.
In some cases, families are removing their relatives from nursing homes so they can collect their pensions. It is a trend that has advocates concerned about whether the younger generations are going too far, even if grandparents agree to the move or are too infirm to notice.
A 2012 survey by Simple Lógica, Gallup’s partner in Spain, found a sharp increase in the number of older people supporting family members. In a telephone survey conducted in February 2010, 15 percent of adults 65 and older said they supported at least one younger relative. In the survey conducted 2012, that number had risen to 40 percent. Data compiled by an association of private nursing homes, inforesidencias.com, found that in 2009, 76 percent of its member homes said they had vacancies. In 2011, 98 percent of them did.
Such numbers, experts say, reflect growing desperation in Spain, which has the highest unemployment rate in the euro zone. According to recent government figures, about 1 in 10 households now has no working adults.
Some experts say they believe that retired people, sharing their pensions and dipping into their savings, have been the silent heroes of the economic crisis, and that without them Spain would be seeing far more social unrest.
Accepting a European Bailout for Ailing Banks
On June 9, 2012, responding to increasingly urgent calls from across Europe and the United States, Spain agreed to accept a bailout for its cash-starved banks as European finance ministers offered an aid package of up to $125 billion. The decision made Spain the fourth and largest European country to agree to accept emergency assistance as part of the continuing debt crisis.
The original plan was for the European bailout fund to provide the money to the Spanish government, which would then use it to prop up the banks. But Spain objected after markets responded by driving up the interest rates the government had to pay, in a reflection of the extra debt it was taking on.
At a summit at the end of the month, European leaders agreed that the bailout funds could recapitalize banks directly. As a condition, though, the leaders agreed that the euro zone’s permanent bailout fund, the 500 billion euro European Stability Mechanism, could act only after a banking supervisory body overseen by the European Central Bank had been set up.
In July, as the markets continued to pummel Spain, European finance ministers announced that the first, $37 billion installment of the bank rescue package would be disbursed by the end of the month, with the rest coming by the end of the year. They also agreed to ease Spain’s deficit targets, although new cuts were needed to meet even the adjusted goals.
In response, Mr. Rajoy released his fourth set of budget measures in seven months, a package intended to reduce the budget deficit by €65 billion, or $80 billion, over two and a half years. It included an increase in the sales tax, a measure his government had previously argued against amid concerns that it would deepen Spain’s recession by stifling consumer spending.
In late August, the Spanish government approved the creation of a so-called bad bank to absorb the most troubled real estate assets of the country’s financial institutions, helping to clear the way for Madrid to receive European rescue money for Spain’s banking industry.
The move is meant not only to let Spanish banks eventually begin to receive money from the €100 billion, or $126 billion, reserve that European finance ministers have approved, but also to restore market confidence in the country’s banking system.
The changes also give the government’s banking agency, known as the Frob, much greater powers to revamp rescued banks, as well as to limit the salaries of their top executives. Under the new rules, senior management as well as board directors of rescued banks will have their annual salaries capped at €500,000.
In the past two years, some of the directors of collapsed savings banks have walked away with multimillion-euro compensation packages, adding to the public’s resentment.
Spain has remained in investors’ line of fire over concerns about whether not only the banks, but the government itself, might soon need rescue money from Europe because of a deepening recession and the weakening finances of the country’s 17 semiautonomous regions.
Suspected Terrorists Arrested
The Spanish government said in early August 2012 that it had arrested three men suspected of having links to Al Qaeda and believed to have been planning attacks in Spain or elsewhere in Europe.
Two are citizens of the former Soviet Union and the third is a Turkish citizen, according to Spain’s interior ministry. The Turkish suspect was arrested in La Línea de la Concepción, a southern Spanish town facing Gibraltar, in a rented house where the police also found a sizable quantity of explosives. The other two men were arrested while traveling by bus near Valdepeñas, in central Spain, likely on their way to France.
The men had long been sought by intelligence services, according to the interior minister, Jorge Fernández Díaz. He said at a news conference that the men had undergone military-style training and described the quantity of explosives as sufficient “to destroy a whole bus.”
Spain had recently arrested several people believed to have links to Islamic terrorist organizations. In July, two Spanish citizens were arrested in Melilla, a Spanish enclave in North Africa, on suspicion of terrorism. In March, Spanish police arrested in Valencia a Saudi citizen described as “the librarian” of Al Qaeda, in charge of its propaganda and recruitment activities.