El discurso del Presidente del BCE ante los Diputados
Discurso de Mario Draghi ante el Congreso
Señor Presidente, Señorías:
Permítanme expresar mi más sincero agradecimiento por su invitación a
comparecer ante esta cámara.
Como presidente del Banco Central Europeo (BCE), es un honor tener la
oportunidad de analizar los grandes retos a los que se enfrenta la economía de
la zona del euro y explicar las principales medidas que estamos adoptando para
darles respuesta.
Tras exponer brevemente nuestra actuación, escucharé con gran interés
sus opiniones sobre la economía europea, las políticas del BCE y el futuro
diseño de nuestra unión económica y monetaria. Espero que al final de esta
sesión hayamos logrado un buen entendimiento mutuo, que nos permita, en el
marco de nuestros respectivos mandatos institucionales, seguir avanzando en el
doble desafío de fortalecer nuestra unión y restablecer un crecimiento sólido y
estable.
Durante los últimos años, hemos observado el profundo grado de
interconexión de las economías de los países de la zona del euro, lo que nos ha
servido para recordar con claridad los importantes efectos de las políticas
económicas de unos países sobre otros.
Como representantes del pueblo español democráticamente elegidos, sus
señorías son responsables de las políticas económicas internas. Sin embargo, en
el ejercicio de esas funciones, como todos los demás parlamentos nacionales de
la zona del euro, también influyen en el funcionamiento de nuestra unión
económica y monetaria en su conjunto. Como señaló el presidente del Consejo,
Herman van Rompuy: los parlamentos nacionales se han convertido en
instituciones europeas. Es importante que todos reconozcamos nuestros intereses
comunes.
En mi declaración introductoria de hoy desearía centrarme en tres
aspectos: el estado de la economía, la política monetaria del BCE y la visión a
largo plazo de nuestra unión económica y monetaria. A continuación, me
complacerá escuchar sus opiniones y responder a sus preguntas.
Comenzando con la situación general, como saben, la economía de la
zona del euro está experimentando un importante ajuste. Se trata de un proceso
necesario, aunque especialmente doloroso y prologado en aquellas áreas en las
que anteriores desajustes de las políticas crearon vulnerabilidades. En
particular, las dificultades se derivan de los grandes desequilibrios
existentes en sectores altamente endeudados y de la falta de saneamiento de las
finanzas públicas en algunos países de la zona.
Sin embargo, estamos observando los primeros resultados positivos del
ajuste. Por ejemplo, los países de la zona del euro han reducido casi a la
mitad sus déficits presupuestarios, desde el 6,2 % del PIB registrado en 2010,
hasta el 3,3 % estimado para 2012. Excluidos los pagos de intereses, el déficit
primario del conjunto de la zona del euro fue prácticamente nulo. Esto
contrasta con la situación en Estados Unidos y Japón, que en 2012 registraron
déficits primarios de en torno al 6 % del PIB.
Varios países de la zona del euro están corrigiendo sus desequilibrios
externos, entre ellos España, cuyo déficit por cuenta corriente se ha reducido
considerablemente, desde casi el 10 % del PIB en 2008, hasta aproximadamente el
1 % en 2012. De acuerdo con los datos más recientes, el volumen de
exportaciones de su país ha aumentado notablemente, en torno a un 20 % entre
2009 y el año pasado. Un aumento similar se observó en Portugal y, en menor
medida, en Irlanda.
Durante el mismo período, el peso de las exportaciones en el PIB se
incrementó en unos 10 puntos porcentuales en España, Irlanda y Portugal. Las
exportaciones están contribuyendo muy positivamente al crecimiento económico
real. Estas economías también están experimentando un descenso de los costes
laborales unitarios, lo que mejorará su competitividad y constituirá la base
para el crecimiento sostenible.
Pese a estas señales de mejora, el ajuste aún no esta produciendo un
efecto visible en la vida diaria de las personas. Por ello, la frustración de
algunos sectores de la población es comprensible. Los esfuerzos de reforma
tardan tiempo en mostrar todos sus efectos beneficiosos y deben extenderse a
una masa crítica antes de producir un cambio de tendencia fundamental en las
perspectivas económicas.
Las principales prioridades del programa de reforma siguen siendo
corregir los desajustes y restablecer la capacidad de la economía para crear
valor, ingresos y empleo. Los gobiernos deben seguir adelante en el camino del
crecimiento sólido y estable. Los parlamentos nacionales son determinantes en
este proceso, fundamentalmente en la comunicación efectiva al público de los
verdaderos objetivos.
Al decir todo esto, soy plenamente consciente de los importantes
costes sociales que el ajuste entraña, especialmente para las personas que han
perdido su empleo. Soy muy consciente de la dimensión humana de esta recesión
y, en particular, de las dificultades que muchos de sus electores afrontan. Sin
embargo, las reformas no han de verse de manera aislada: su objetivo es lograr
un funcionamiento mejor y más sólido y, sí, también más justo de las economías,
en beneficio de todos los ciudadanos.
Los países que están inmersos en estas reformas dolorosas, aunque
necesarias, no deberían sentir que han sido abandonados a su suerte. La
creación de un futuro más estable y próspero para Europa es el objetivo que une
a los países de la zona del euro. Para realizar progresos, necesitamos una
dirección común, cohesión entre los países y solidaridad dentro de nuestras sociedades.
La dirección común consiste en sentar las bases para un crecimiento
sostenible. En algunos países esto significa reorientar los principales motores
del crecimiento hacia sectores productivos. Esto también implica recuperar la
competitividad mediante la contención o reducción de los costes, a través de
una combinación de aumento de la productividad y moderación salarial.
La cohesión se expresa a través del mercado único, la moneda única y
las instituciones europeas comunes, cuyo objetivo es asegurar una buena
gobernanza y, en caso necesario, la asistencia y el apoyo mutuos.
La solidaridad dentro de nuestras sociedades debería consistir en
asegurar que la carga no sea soportada desproporcionadamente por determinados
sectores o grupos de personas.
Me referiré ahora a las medidas concretas adoptadas por el BCE en
respuesta a los desafíos a los que se enfrenta la economía de la zona del euro.
Existen dos elementos clave.
El primero ha sido reducir nuestro tipo de interés oficial hasta el
0,75 %, un nivel sin precedentes en prácticamente todos los países de la zona
del euro. El tipo de interés en el mercado interbancario a un día es ahora
incluso inferior y está próximo a cero.
El segundo elemento ha consistido en conceder a las entidades de
crédito acceso ilimitado a la financiación del banco central mediante nuestras
operaciones a corto y a largo plazo. Esta medida permitió que las entidades de
crédito no tuvieran que reducir sus balances innecesariamente en un momento en
que la financiación en los mercados era inaccesible o excesivamente cara.
También impidió un posible escenario deflacionista, lo que aseguró el
cumplimiento del objetivo prioritario del BCE de mantener la estabilidad de
precios en la zona del euro.
Al mismo tiempo, nuestras medidas han aliviado las restricciones de
financiación de las entidades que deciden renovar o ampliar sus préstamos a
empresas y hogares, eliminando así un obstáculo para el crecimiento.
Puesto que tres cuartas partes de la financiación externa de las
empresas en la zona del euro proceden de las entidades de crédito, necesitamos
que proporcionen una oferta de crédito sólida para apoyar la inversión y la
creación de empleo.
Hemos proporcionado a las entidades de crédito la seguridad de que,
con los activos de garantía adecuados, pueden obtener volúmenes ilimitados de
liquidez del banco central al tipo de interés oficial. Hemos sustituido
efectivamente al mercado interbancario. Cuando este dejó de funcionar, nuestras
medidas hicieron posible que las entidades siguieran prestando. El volumen
total de nuestras operaciones de financiación aumentó desde menos de 450 mm de
euros antes de la crisis, hasta más de 1,2 billones en su momento álgido.
También hemos dado a las entidades de crédito la seguridad de poder
confiar en nuestras operaciones de financiación durante períodos prolongados.
El plazo máximo de estas operaciones aumentó de tres meses a tres años. De no
haberse realizado las dos operaciones de financiación a tres años de finales de
2011 y principios de 2012 podría haberse producido una grave crisis de crédito.
Con estas medidas, el BCE respondió de manera decisiva a las presiones
de liquidez a las que se enfrentaban las entidades de la zona del euro. Aquí en
España, por ejemplo, las ayudas de liquidez que se prestan actualmente al
sistema bancario representan un cuarto del PIB nacional y son unas ocho veces
superiores a las concedidas antes de la crisis.
Para asegurar el cumplimiento del objetivo primordial del BCE de
salvaguardar la estabilidad de precios, fue esencial crear un entorno en el que
la liquidez no fuese un obstáculo para el flujo del crédito.
Sin embargo, la liquidez no es el único factor que determina la
capacidad y la voluntad de las entidades de crédito para prestar a las empresas
y los hogares. Existen otros dos factores: la disponibilidad de capital en las
entidades de crédito y la percepción general del riesgo en la economía.
La provisión de capital no está entre las funciones de los bancos
centrales. Corresponde a los accionistas garantizar que las entidades de
crédito sean solventes y tengan la capacidad para llevar a cabo sus actividades
básicas. En los casos en que el sector privado no tiene capacidad o
disponibilidad para suministrar capital, son las autoridades fiscales —los
gobiernos y los parlamentos— quienes han de decidir cuándo y cómo actuar.
En España, las autoridades han actuado de forma proactiva, incluso en
condiciones difíciles, y han emprendido un ambicioso programa de ajuste
financiero con la asistencia de sus socios europeos. El programa, que avanza
según lo previsto, ha eliminado de los balances de las entidades más débiles
los activos problemáticos que han lastrado sus actividades. Asimismo, ha
recapitalizado estas entidades con nuevos fondos y ha sentado las bases para
que, una vez saneadas, recuperen su actividad de préstamo.
La percepción general del riesgo es el tercer determinante del
crédito. El BCE, como cualquier otro banco central, no puede controlar el
riesgo de naturalezamicroeconómica, es decir, la forma en que las entidades de
crédito evalúan la posibilidad de que un prestatario no reembolse un préstamo.
Este tipo de riesgo está relacionado con la situación concreta del
sector en que opera una empresa o con la estructura de costes de la empresa y
su capacidad para innovar y crear valor. Las políticas estructurales,
sectoriales y fiscales tienen la función de facilitar la reasignación de los
recursos a actividades con valor económico real.
Por su parte, el BCE está contribuyendo activamente a una reducción
del riesgo de naturaleza macroeconómica: estabilizando firmemente las
expectativas de inflación, proporciona un ancla nominal para el conjunto de la
economía. Esto es importante para todas las decisiones de solicitud y de
concesión de préstamos, en particular para la financiación de proyectos de
inversión a largo plazo.
En este contexto se puede entender nuestra decisión del pasado verano
de preparar la realización de Operaciones Monetarias de Compraventa (OMC) en
los mercados de deuda pública. Las OMC se centran en bonos con un vencimiento
residual de hasta tres años, y están dirigidas a mantener la estabilidad de las
expectativas de inflación a medio plazo evitando una disfunción muy perjudicial
de la transmisión de la política monetaria.
El BCE solo puede contemplar estas operaciones si existen problemas
serios en la transmisión de la política monetaria y condiciones estrictas y
efectivas que estén incorporadas en un programa adecuado del Mecanismo Europeo
de Estabilidad (MEDE).
Esta condicionalidad es necesaria por dos razones.
En primer lugar, las OMC son un mecanismo de contención contra la
especulación destructiva. No son un subsidio de financiación para los
gobiernos. Las OMC deben eliminar únicamente la
parte del tipo de interés al que los gobiernos se financian que corresponde
a expectativas infundadas de escenarios destructivos para la zona del euro.
No obstante, solo podemos considerar la posibilidad de estas
intervenciones si el riesgo de determinadas políticas fiscales queda firmemente
excluido. Ello requiere la certeza de que los gobiernos mantendrán la
disciplina fiscal y que las reformas continuas corregirán las debilidades
subyacentes. Solo una condicionalidad estricta y efectiva puede generar esta
seguridad.
La segunda razón para la existencia de esta condicionalidad es que un
programa del MEDE es un catalizador para las reformas. Puede cambiar las
perspectivas económicas de un país hacia un mayor crecimiento potencial,
complementando los esfuerzos de la política monetaria para ofrecer respaldo a
la economía.
En los últimos meses hemos visto una relajación gradual de las
condiciones de financiación. Las primas de riesgo de la deuda pública y privada
han descendido. Los precios de las acciones se han recuperado. Las entidades de
crédito han recuperado el acceso al mercado, y el dinero ha vuelto a los
mercados de deuda europeos.
Las medidas del BCE han desempeñado un papel esencial en esta mejora,
al igual que la actuación decidida de los gobiernos, los parlamentos y el
sector privado. Todos ellos han de perseverar en estos esfuerzos con confianza.
El BCE, por su parte, seguirá salvaguardando la estabilidad de precios, como lo
ha hecho en los últimos trece años.
Permítanme volver brevemente a nuestra visión de Europa a largo plazo.
Como saben, se entiende de forma generalizada que nuestra unión monetaria ha de
complementarse con una unión financiera, una unión fiscal, una unión económica
genuina y, eventualmente, con una mayor unión política.
El proyecto más urgente —la unión financiera— está tomando forma
tangible. Está previsto que el BCE sea el supervisor único de una gran parte
del sector bancario de la zona del euro. Estamos preparados para comenzar los
preparativos internos tan pronto como el Parlamento Europeo y el Consejo
Europeo alcancen un acuerdo legislativo.
La propuesta para la adopción de un marco único de resolución también
sigue su curso. Conjuntamente, estas dos reformas restablecerán la confianza en
el sector bancario de la zona del euro.
Resulta también indispensable que completemos la unión económica
creando las condiciones para que cada país encuentre su lugar en la economía de
mercado abierto que es la zona del euro, y explote sus ventajas comparativas
para generar empleo y crecimiento.
Este es el significado de una unión económica con un buen funcionamiento,
que solo se hará realidad si recuperamos la competitividad en toda la zona del
euro, mejoramos el funcionamiento de los mercados de productos y de trabajo, e
invertimos en conocimiento e innovación.
La idea de «contratos negociados de competitividad y crecimiento» o
«contratos de reformas» podría ser muy útil a este fin, puesto que se centran
en la adopción de medidas en ámbitos clave para la recuperación de la
competitividad. También resultaría beneficiosa una revisión en profundidad de
los mercados de productos y de trabajo para asegurar que sean compatibles con
el funcionamiento de la unión monetaria.
Señorías, permítanme concluir. Hemos empezado el año con un entorno
financiero más estable. Esto se ha logrado mediante los esfuerzos concertados
de reformas que han sido adoptadas por los gobiernos y parlamentos nacionales y
las actuaciones decididas de las instituciones europeas.
Como he mencionado al principio de mi intervención, todos los
parlamentos nacionales de la zona del euro influyen en el funcionamiento de
nuestra unión económica y monetaria. España desempeña un papel de primer orden
en este proceso.
A lo largo de la actual fase de ajuste económico, la comunicación
entre las autoridades europeas y nacionales y los esfuerzos de consenso a nivel
nacional tienen una importancia crítica. Esta es la mejor forma de salvaguardar
nuestra prosperidad colectiva en el futuro.
Muchas gracias por su atención. Ahora estaré
encantado de escuchar sus opiniones y responder a sus preguntas.
La Comisión Permanente, presidida por Moliner y compuesta por los vocales Antonio Dorado, Almudena Lastra, Margarita Robles y Manuel Almenar, acordó este lunes por tres votos a dos exigir
a Castro que justificara las "circunstancias excepcionales" de su viaje
a Barcelona para interrogar a varios testigos en el caso Nóos. Y
como ocurrió en la reunión del pasado viernes, Robles y Almenar se
desmarcaron de Moliner, Dorado y Lastra, considerados muy afines a
Gallardón, por considerar que éstos trataban de frenar de forma
injustificada la investigación sobre los lucrativos negocios del duque
de Palma.
Será
necesario en cambio, pero en su momento, refrescar la memoria sobre el
largo mandato de Aguirre-González sobre los entramados empresariales de
Madrid y en Madrid para entender por qué algunos personajes, además de
corruptos y corruptores, son y han sido fariseos e hipócritas
desvergonzados que se han creído amparados por la impunidad que les
sugería su proximidad al poder
