Del Magazine de La Vanguardia

UN CIERTO SILENCIO

Lo que quiero ahora

Ángeles Caso 19/01/2012

Será porque tres de mis más queridos amigos se han enfrentado inesperadamente estas Navidades a enfermedades gravísimas. O porque, por suerte para mí, mi compañero es un hombre que no posee nada material pero tiene el corazón y la cabeza más sanos que he conocido y cada día aprendo de él algo valioso. O tal vez porque, a estas alturas de mi existencia, he vivido ya las suficientes horas buenas y horas malas como para empezar a colocar las cosas en su sitio. Será, quizá, porque algún bendito ángel de la sabiduría ha pasado por aquí cerca y ha dejado llegar una bocanada de su aliento hasta mí. El caso es que tengo la sensación –al menos la sensación– de que empiezo a entender un poco de qué va esto llamado vida.

Casi nada de lo que creemos que es importante me lo parece. Ni el éxito, ni el poder, ni el dinero, más allá de lo imprescindible para vivir con dignidad. Paso de las coronas de laureles y de los halagos sucios. Igual que paso del fango de la envidia, de la maledicencia y el juicio ajeno. Aparto a los quejumbrosos y malhumorados, a los egoístas y ambiciosos que aspiran a reposar en tumbas llenas de honores y cuentas bancarias, sobre las que nadie derramará una sola lágrima en la que quepa una partícula minúscula de pena verdadera. Detesto los coches de lujo que ensucian el mundo, los abrigos de pieles arrancadas de un cuerpo tibio y palpitante, las joyas fabricadas sobre las penalidades de hombres esclavos que padecen en las minas de esmeraldas y de oro a cambio de un pedazo de pan.

Rechazo el cinismo de una sociedad que sólo piensa en su propio bienestar y se desentiende del malestar de los otros, a base del cual construye su derroche. Y a los malditos indiferentes que nunca se meten en líos. Señalo con el dedo a los hipócritas que depositan una moneda en las huchas de las misiones pero no comparten la mesa con un inmigrante. A los que te aplauden cuando eres reina y te abandonan cuando te salen pústulas. A los que creen que sólo es importante tener y exhibir en lugar de sentir, pensar y ser.

Y ahora, ahora, en este momento de mi vida, no quiero casi nada. Tan sólo la ternura de mi amor y la gloriosa compañía de mis amigos. Unas cuantas carcajadas y unas palabras de cariño antes de irme a la cama. El recuerdo dulce de mis muertos. Un par de árboles al otro lado de los cristales y un pedazo de cielo al que se asomen la luz y la noche. El mejor verso del mundo y la más hermosa de las músicas. Por lo demás, podría comer patatas cocidas y dormir en el suelo mientras mi conciencia esté tranquila.

También quiero, eso sí, mantener la libertad y el espíritu crítico por los que pago con gusto todo el precio que haya que pagar. Quiero toda la serenidad para sobrellevar el dolor y toda la alegría para disfrutar de lo bueno. Un instante de belleza a diario. Echar desesperadamente de menos a los que tengan que irse porque tuve la suerte de haberlos tenido a mi lado. No estar jamás de vuelta de nada. Seguir llorando cada vez que algo lo merezca, pero no quejarme de ninguna tontería. No convertirme nunca, nunca, en una mujer amargada, pase lo que pase. Y que el día en que me toque esfumarme, un puñadito de personas piensen que valió la pena que yo anduviera un rato por aquí. Sólo quiero eso. Casi nada. O todo.

Jovenes universitarios apuestan por el negocio en el medio rural

Los urbanitas del siglo XXI huyen hacia el campo en busca de su propio futuro

Macarena Soto y Gonzalo Domínguez / Madrid | 13/01/2013

El viaje de aquel hombre de campo que emigraba a la gran ciudad en busca de un porvenir se ha invertido, y ahora muchos jóvenes universitarios se instalan en los pueblos empujados por la crisis en una época en la que el 55 % del empleo que se crea en Europa surge en el mundo rural. El dato lo ofrece la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), cuya actividad de asesoramiento a emprendedores se ha visto incrementada ante el "buen momento que vive el mundo rural", asegura a Efe su presidente, Aurelio García. La recuperación de pueblos y aldeas abandonados, la aplicación de nuevas tecnologías en el campo, la apertura de empresas de turismo activo o el caso de una familia que se mudó a una almazara de la Sierra de Gata (Cáceres) para hacer de la elaboración de aceite su forma de vida son algunos ejemplos de esta transformación.

  A las oficinas de REDR se acerca "gente con conocimientos sobre nuevas tecnologías, muy capaz, universitarios con mucha actividad cultural detrás que traen ideas frescas y quieren trabajar desde el mundo rural con mucha imaginación".

   Aunque agricultura y ganadería siguen teniendo un peso muy importante, los nuevos modelos de negocio son fundamentales y llevan consigo "ideas muy innovadoras" como la producción de alimentos en huertos ecológicos, la recuperación de oficios artesanales perdidos o el turismo rural, según García.

   La agroindustria -sector que lideran Extremadura, Andalucía y Aragón- tiene cada vez un mayor peso en el campo español, lo que en opinión del presidente de REDR "subsana la carencia de industrialización que ha padecido el medio rural".

   La presidenta de la asociación Abraza la Tierra, Eva González, no está notando tanto ese éxodo rural y achaca el crecimiento de iniciativas empresariales en el campo a una "convicción" que "lleva mucho tiempo siendo madurada".

   No obstante, esta organización que aconseja a emprendedores rurales ha notado un gran aumento en el interés de los afectados por la crisis, quienes "contactan por centenares con nosotros, pero no están en disposición económica de cambiar su residencia e iniciar una empresa", ha explicado González a Efe.

   El perfil del que acude a esta asociación sin ánimo de lucro para pedir asesoramiento suele ser el de parejas jóvenes de entre 35 y 37 años, con estudios superiores, sin familia y con capacidad económica.

   Y es que las ayudas LEADER de la UE para emprendedores rurales, que entre 2007 y 2013 suman 1.700 millones de euros, solo cubren un 30 % del capital y obliga a los interesados a pedir préstamos bancarios, que muchas veces son denegados pese a contar con el aval de una ayuda europea.

   No fue el caso del madrileño Nacho Rodríguez, para quien el apoyo de la Caja Rural de Teruel fue fundamental para iniciar en 2000 su proyecto empresarial en el pequeño municipio de Torrevelilla (Teruel), de solo 196 habitantes.

   Allí, ha consolidado la empresa de embalajes Macoembal, que incorpora progresivamente nuevos productos de artesanía tradicional en peligro de desaparición en Aragón.

   En su caso, como en muchos otros, encontró en la falta de infraestructuras uno de los mayores inconvenientes, además de la excesiva burocracia y el "desconocimiento" de muchos funcionarios. Registrar una empresa -asegura- se convierte en una quimera "cuando eres el único que se dedica a esta actividad" en una comarca.

   Alberto Cremades, ingeniero de 46 años, también ha tenido que vencer "todo tipo de trabas" para renovar la licencia de su piscifactoría de tilapias en Adamuz (Córdoba) y obtener el correspondiente permiso sanitario porque, según denuncia, "nadie -en la administración- conoce el trabajo que realizas".

   Aunque también hay quienes han recibido ayuda de la administración como José Luis Inguanzo y sus tres socios, que con su empresa de turismo deportivo Palencia Activa han encontrado un nicho de mercado "sin competencia, donde los ayuntamientos de la zona nos han dado facilidades y los vecinos una gran acogida".

   Modelos de negocio que ejemplifican que, tal y como dice Aurelio García, el emprendedor rural "puede convertirse en una solución para la crisis" además de para los pueblos, porque "es necesario un nuevo contrato entre lo rural y lo urbano; la ciudad no da más de sí".

De Der Spiegel On Line... sobre la Alcaldesa de Madrid

 

Madrid's Mayor Chips Away at Debt and Tradition

By Helene Zuber

Spain is frantically trying to reduce its debts. While conservative Prime Minister Mariano Rajoy is doing so at the national level, Ana Botella is slashing away at spending in Madrid, Spain's most heavily indebted city. In the process, the mayor is blazing her own path.

When Ana Botella looks up from the files in her office on the fifth floor of Madrid's city hall, she sees the crown of a fertility goddess. The marble statue of Cibeles standing in a chariot being pulled by lions is the centerpiece of a busy plaza in the Spanish capital. On good days, the players and fans of Real Madrid, the city's league-leading soccer club, celebrate their victories in the square in front of the Cibeles Fountain.Last Thursday wasn't one of those days. Instead of jubilant soccer fans, there were tens of thousands of protestors waving red flags in front of the fountain just below the balcony of Botella's office. They were protesting against the fact that over 5 million of their fellow citizens are unemployed and against the austerity measures imposed by the conservative federal government, which are plunging many families into poverty.

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That morning, inside city hall, Botella and the city council had decided to free up about €1 million ($1.3 million) in funds so that rents could be reduced for the city's poorest residents living in subsidized housing.
Indeed, these are hard times on Cibeles Square. Madrid's mayor still has to pay over €1 billion for 16,712 outstanding bills from 2011 as well as try to get the finances of Spain's most heavily indebted city under control. And she needs to do so as quickly as possible.
Inherited Burdens
Ana Botella, 58, the wife of former conservative Prime Minister José María Aznar, has been Madrid's mayor since the end of December. Before that, she had served eight years as a city councilor, initially for family and social affairs and, most recently, for transportation and the environment. Rather than being elected to the office, Botella inherited it from her predecessor after he was brought into the administration of Mariano Rajoy, a fellow party member who became Spain's prime minister in November.
Botella inherited not only the office with the best view, a room larger than the Oval Office in Washington, in a 1917 palace that was converted into the city hall at a cost of €500 million, but also the services of a butler whose sole duty is to serve coffee to her and her guests. But she has also inherited close to €6.4 billion in debts.
By the end of March, Botella had to present the Finance Ministry with an austerity plan demonstrating that the city's future expenditures would no longer exceed its revenues. She had to draft this plan because the government of conservative Prime Minister Mariano Rajoy enacted a law last week that will impose sanctions on public administrations that continue to incur new debts.
In this sense, the mayor's position is not unlike that of the prime minister. For the 2012 budget, which he approved in the Council of Ministers last Friday, he will have to make over €27 billion in cuts and collect more than €12 billion in additional taxes.
Rajoy's socialist predecessor as prime minister, José Luis Rodríguez Zapatero, also left behind a dubious legacy: a deficit of 8.5 percent of GDP, which is much higher than what had been agreed to with Brussels. The current administration is now expected to reduce the deficit to 3 percent of GDP by the end of 2013 -- a promise that Spain must keep at all costs if it hopes to regain the confidence of its European partners and the financial markets.
Unlike the prime minister, Botella cannot blame a political rival on the left for the city's past wasteful habits. Instead, it was her predecessor, a conservative, who had increased Madrid's debt by a factor of five. He had a ring of expressways built around the city and pursued Madrid's candidacy as a host city for the Olympics twice. In the process, he spent many millions on stadiums that are now underused. The new mayor wants to continue the city's bid for the 2020 Summer Olympics, arguing that most of the infrastructure has already been built, -- and that it's also important for a society to have its dreams. But, as far as everything else is concerned, she champions a tough new austerity course.
A New Political Style
Botella, a lawyer and devout Catholic, isn't the worst choice to manage the city in its current plight. "I married at 23 and supported my family during the first few years," Botella say proudly. She worked as a civil servant in the administration, most recently in the Finance Ministry. She only stopped working when her husband, whom she brought into the conservative People's Alliance party in the late 1970s, became prime minister in 1996 and the family of five moved into the Moncloa Palace, the prime minister's official residence. She keeps a photo from the night of the election on the bookshelf next to her desk.
As the wife of the prime minister, she was derided for wearing leather jackets from a cheap retail store on official trips. She also raised eyebrows once when she appeared in jeans and a plain jacket instead of an evening gown at a reception for the royal couple.
Today, she also embodies a new style. Her predecessor in Madrid's city hall was fond of luxury and fancied himself an excellent, well-read speaker. Botella, on the other hand, wears off-the-rack dresses and hardly any real jewelry. What's more, she stiffly adheres to her prepared speeches -- partly out of a fear of repeating the kinds of gaffes she has previously made in remarks about homosexuals or people on the left.
City Belt-Tightening
But the thing most demanded of politicians these days is strict bookkeeping. Four years ago, when the real estate bubble burst, one of the main sources of revenues for Spain's municipal administrations dried up. Cities could no longer collect nearly as many fees for issuing building permits, and they also lacked the trade tax revenues from construction contractors.
What's more, many companies in the construction sector were forced to declare bankruptcy. While companies are required to pay value-added tax upfront to the tax authorities, the customers -- and especially those in the public sector -- were unable to make their payments to the companies during the crisis.
Now the Rajoy government has promised assistance. Heavily indebted cities can now borrow money for 10 years, at an interest rate of only 5 percent, from a €35 billion fund managed by the National Credit Institute. The city of Madrid will avail itself of the offer beginning in May so that it can finally pay close to 1,700 suppliers and craftsmen. Nevertheless, the mayor still realizes she has to trim her future spending and seek out additional sources of revenue.
To do so, Botella plans to start selling city assets, including buildings and commercial interests, to local businesses, such as the water utility. She has also made €130 million in cuts, reduced the size of the city's motor pool, dismissed advisers, put the redesign of Madrid's art district on hold and slashed subsidies for programs helping drug addicts and first-time employees.
Cutting State Spending
In addition to municipalities, Rajoy must also restructure the country's 17 "autonomous communities," which are regions comparable with Germany's federal states. Primarily responsibility for the fact that government spending has spun out of control lies with these regions. The new government and the overwhelmingly conservative governors of these regions have agreed to impose debt ceilings. But since it will probably be impossible to stay below these levels without additional cuts in spending on education, health care and social benefits, many state-owned companies will be privatized or dissolved.
On the weekend before last, voters gave Prime Minister Rajoy his first warning. The leftists won an election in the southern region of Andalusia, where unemployment stands at 31 percent, or 8 percent above the national average. They had promised to guarantee the blessings of the welfare state instead of focusing exclusively on austerity measures.
Rajoy's tactic of keeping his budget plan a secret in the run-up to the regional elections failed. With his bid to avoid upsetting voters, he had risked triggering a lot of resentment at the European Commission in Brussels. His Italian counterpart, Mario Monti, even voiced his "concern" over Spain's reliability, and the risk premium for Spanish government bonds went up.
Shortly after coming into office, Rajoy used his absolute majority in parliament to implement a tightening of the labor-market reforms launched by his predecessor, Zapatero. It now enables troubled companies to cut wages and lay off employees without having to pay substantial severance packages. The conservatives believe that the new law will lead to the signing of more employment contracts in the long term. Despite the general strike, Rajoy intends to stand his ground.
The government wants the savings banks, whose books are burdened by mortgages at risk of default as well as by devalued real estate, to quickly coalesce into larger institutions. For the coming months, Rajoy has also announced additional and "equally important" reforms in government services for the public administration and in the energy sector. The budget approved by his cabinet will force all ministries to cut spending by at least 17 percent and freeze all civil-servant salaries.
Time for Drastic Changes

Still, this is all far from enough. The Euro Group, made up of the finance ministers of the 17 euro-zone member states, is demanding that Spain reduce its deficit to 5.3 percent of GDP by the end of the year, and it plans to monitor the country's progress. This has prompted Rajoy to go against his campaign promises by raising some taxes after all. The increase in income tax rates, limited to two years for now, has been in effect since January, and the tax burden for large companies will also be increased. Union leaders and opposition parties on the left have been arguing that the brutal austerity course is only expanding the army of the unemployed, will curtail consumption and will deepen the recession. Nevertheless, Rajoy remains confident. "The worst mistake is to do nothing," he said
As Rajoy makes these changes, no elections will stand in his way for at least 12 months. Mayor Botella has even more time. Madrid residents will not be voting for a new mayor until 2015. Then the woman who inherited her office might finally be elected.

Translated from the German by Christopher Sultan

Todos suspenden en el Barómetro de El País

 

Rajoy, en caída libre en un momento crítico. El PSOE a más de 6 puntos aún 

Fernando Garea - Madrid .- La situación de Mariano Rajoy es paradójica: es el presidente del Gobierno con mayor poder real de la historia constitucional y, al tiempo, es el que tiene menos apoyo popular y más baja estimación de voto de todos, a solo un año de su llegada a La Moncloa. En esta situación debe afrontar el 2013 que arranca con los retos más enormes a los que ha tenido que hacer frente un jefe del Ejecutivo en España: la crisis económica y el desafío soberanista de Cataluña, combinados con notables crisis institucionales y políticas. 

Según el sondeo de Metroscopia para EL PAÍS, la imagen de Rajoy cae en picado y la estimación de voto del PP se desploma hasta el 29,8% de los votos. Con ese dato nunca ningún partido ha ganado unas elecciones generales en España. Incluso, un partido perdedor no tiene ese resultado desde 1989, cuando el centro derecha se llamaba Alianza Popular (AP), su líder era Manuel Fraga, su voto era del 25% y el PSOE de Felipe González gobernaba con mayoría absoluta holgada desde siete años antes. La estimación de voto del PP ha bajado 15 puntos en solo un año en el Gobierno y su desgaste le lleva a estar diez puntos por debajo de su resultado de 2008, cuando perdió por segunda vez frente al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero.

La debilidad de Rajoy es la de su pérdida acelerada de respaldo ciudadano, con la fidelidad de voto del PP más baja de hace más de diez años, que le lleva a que solo un 45% de sus votantes esté dispuesto a repetir en este momento. Su debilidad es también su pésima valoración entre los españoles, ganada con esmero en solo 12 meses. Rajoy nunca fue un político carismático o especialmente bien valorado por los ciudadanos, pero ahora es el presidente más rechazado y a un 84% de los encuestados no le inspira confianza. Ni siquiera a él parece importarle cuando admite abiertamente que ha incumplido su programa y sus compromisos.

Cuenta José María Aznar en sus memorias que, tras descartarse Rodrigo Rato, optó por Rajoy como sucesor por su habilidad para manejar y negociar a los nacionalistas. La realidad del desafío de Artur Mas en Cataluña pone a prueba ahora esta supuesta virtud del presidente, una vez derrumbada la etiqueta de previsible que él mismo se atribuía.

IU sigue subiendo (15,6% ) y Rosa Díez es la líder política mejor valorada

En esa pérdida de respaldo, está acompañado por sus ministros, porque ninguno aprueba y todos siguen cayendo. El rechazo afecta a los ministros clave, porque el peor valorado es José Ignacio Wert, encargado de la ambiciosa reforma educativa que requiere de fortaleza política y apoyo social; le sigue Fátima Báñez, responsable de las políticas de Empleo que han de paliar las terribles cifras de paro; a continuación está Alberto Ruiz-Gallardón, el ministro estrella, con la agenda más amplia de reformas y también el más rechazado por los sectores afectados por su gestión en Justicia y luego Cristóbal Montoro, quien como responsable de Administraciones Públicas tiene sobre la mesa el desafío territorial.

Por el momento no hay visos de cambios en el Gobierno, salvo que Rajoy quiera sacar a Javier Arenas de la sombra.

La ventaja de Rajoy con este panorama y en un momento tan crítico es que no hay elecciones a la vista hasta las europeas de 2014. Y su evidente fortaleza está en que mantiene su apabullante mayoría absoluta en las Cortes y el control de los principales ayuntamientos y casi todas las comunidades. También tiene su fortaleza en la debilidad del adversario, porque el PSOE ha mejorado ligeramente respecto al anterior sondeo, pero está en el 23,3% de los votos (5,4 puntos menos que el último resultado en generales).

La explicación de la estrategia futura de Rubalcaba está más en la física elemental que en la política: primero hay que frenar la caída y luego empezar a pensar en subir. Para eso tiene un año para recomponer su posición ideológica con la tranquilidad de no tener elecciones previstas que, en su caso, se cuentan por derrotas. Esa situación la afronta también con un rechazo ciudadano notable y con un 81% de sus propios votantes que dicen no confiar en él.

Los beneficiados siguen siendo IU y UPyD. La formación de Cayo Lara llega al 15,6% de los votos, casi nueve puntos más que su resultado de las generales de noviembre de 2011. Rosa Díez es la mejor valorada en su gestión política entre los líderes de los cuatro principales partidos.

Mensajes sin clave

Entre pillos anda el juego

Cabeza de ratón

Sin palabras

Moncho Alpuente - 13 ene 2013

María Isabel y Bartolomé, diputados del PP en la Asamblea de Madrid  jugaban a “Apalabrados” en sus pantallas mientras se debatía… Perdón no se debatía nada, mientras se aprobaba, la ley de Medidas Fiscales. Ellos ya estaban apalabrados, convocados y comprometidos para aprobar la ley que presentaban sus correligionarios en el poder y solo se les requería para ello, así que podían aprovechar su tiempo para instruirse y deleitarse y, llegado el momento, apretar el botón adecuado.
Si se despistaban alguno de sus compañeros de bancada votaría por ellos. “Apalabrados” es un juego de palabras cruzadas, secuela electrónica del “Scrable”, emparentada con los crucigramas que han rellenado toda la vida cientos de parlamentarios de todas las legislaturas, cataduras y nomenclaturas. Un juego didáctico para no dormirse durante tediosas jornadas, en las que ya se sabe lo que va a pasar y solo se trata de certificarlo. Los parlamentarios gubernamentales ya saben lo que van a exponer los suyos y no les interesa nada, salvo en contadas ocasiones, lo que puedan decir los otros, que seguramente no será nada bueno. Aunque hay casos en los que se les convoca para abuchear o vitorear al compás que marcan los respectivos jefes de claque.
Hubo un tiempo en el que me escandalizaba e indignaba cuando veía en alguna pantalla despistada la imagen de un parlamentario, generalmente de una formación minoritaria, hablando ante un hemiciclo vacío, o peor que vacío, poblado por corrillos discutidores que daban la espalda al infeliz orador. Despreciar así a un compañero de oficio, aparte de una ofensa a la dignidad, a los buenos modales y a un protocolo mínimo, es ofender también a los electores que votaron esa opción minoritaria y de paso a todos los ingenuos ciudadanos creyentes en la democracia y en sus buenas formas.
Según la última, o penúltima, encuesta del CIS la clase política ocupa ya el segundo lugar entre las principales preocupaciones de los españoles, después del paro. La férrea disciplina de voto, de la que incluso se jactan a veces los partidos, es una costumbre antidemocrática y probablemente anticonstitucional que despersonaliza a los diputados y favorece la imposición de los aparatos. La actividad parlamentaria es predecible casi al 100% como los resultados de las votaciones y un porcentaje mayoritario de los representantes del Congreso y el Senado funcionan como mera comparsería, figurantes de gala en una carísima representación que además suele ser aburridísima. Si yo fuera parlamentario (Ni dios lo permita que dijo Lola Flores cuando le preguntaron si hablaba inglés) a lo mejor también jugaría a “Apalabrados” o releería “En busca del tiempo perdido” de Proust (no les contaré como termina) durante las sesiones parlamentarias en las que no estuvieran presentes las cámaras de TVE, hay que mantener el tipo.
Tan mala suele ser la calidad de las funciones que se ofrecen en los diversos parlamentos que no cabrían ni en el “género chico” aunque, entre el coro suene de vez en cuando un chascarrillo del que hacer noticia y sangre si fuera preciso como aquel “Que se jodan” de la hija del cacique Fabra. Las indiscreciones de los micrófonos proporcionan de forma habitual, los mejores momentos de unas sesiones de oratoria insignificante y plúmbea a cargo de personajes mediocres. No es que no tengamos un Castelar es que tipos como él no cabrían en tan ramplones simulacros.
Lo de Andreíta Fabra me viene a la memoria cuando asisto a la reaparición de su marido que ha pasado de la empresa pública, que el privatizó como consejero de sanidad  de Madrid, a la empresa privada que favoreció con la operación. Juan José Güemes, conocido como “ Güemes el de los encantos”: “Creyendo que iba a ser elegido desplegué mis encantos” le dijo Juan José a la presidenta Aguirre, sorprendida por la elección de su consejero para la ejecutiva del PP cuando ella había recomendado a González y a Granados.
Los encantos de Juanjo sedujeron a la hija del cacique castellonense que medió para que su encantador yerno medrara en la empresa del PP, pero poco tiempo después Güemes mostraría su preferencia por la empresa privada que tanto le debe y donde no hay que andarse con elecciones y declaraciones, afrontando abucheos y enfrentamientos y  generando sospechas entre los suyos.
Nada más abandonar la cosa pública Güemes  fue elegido consejero de “Pocoyó”, la noticia no se comentó demasiado para no dañar el ego del seductor que sin mover el flequillo ya participa en 6 consejos de administración y acaba de ser fichado por sus laboratorios favoritos. Como recompensa por los servicios prestados, Güemes podría ayudar ahora a su suegro a privatizar el aeropuerto de Castellón y reconventirlo en Parque Temático de la corrupción nacional alrededor del hidrócefalo monumento al cacique.

¿A qué se deberá que en las encuestas el 98% considere corruptos a los políticos?

Equo pide al Fiscal Anticorrupción que actúe de oficio ante los casos de "posibles intereses privados" en la venta de la sanidad madrileña

El exconsejero madrileño Juan José Güemes, durante una visita en 2008 al hospital Gregorio Marañón donde fue abucheado. 

Madrid.- La desfachatez de los políticos corruptos españoles no tiene límite. El ex consejero de Sanidad madrileño, Juan José Güemes, se lucrará ahora con la privatización que él mismo aprobó hace cuatro años. Es el tiempo que ha tardado en cruzar la puerta giratoria que comunica lo público con lo privado. El mecanismo consta de dos pasos, uno en cada lado de la puerta.
En este caso, durante su paso por el Gobierno de Esperanza Aguirre (PP), Güemes adjudicó el servicio público de análisis en seis hospitales madrileños a la Unión Temporal de Empresas. Y ahora, estando ya en el otro lado de la puerta, la empresa en la que es consejero de Administración (Unilabs) compra el 55% de esa compañía a la que adjudicó, para un periodo de ocho años, la gestión de los análisis clínicos correspondientes a esos hospitales y de los centros de atención primaria de su área de influencia.
El caso de Güemes se suma a la lista de ex consejeros y altos cargos de la sanidad madrileña que hoy forman parte de las principales empresas concesionarias de la privatización que lleva a cabo el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Güemes sigue el ejemplo del también ex consejero de Sanidad, Manuel Lamela, que forma parte de Madrid Medical Center, una asociación para potenciar el turismo sanitario "de excelencia" que está formada por los principales hospitales privados de Madrid y entre cuyos clientes están Capio Sanidad, Clínica La Luz y Capio Sanidad, MD Anderson o Clínica La Luz.
Otro ejemplo es el actual director general de Hospitales de la Comunidad de Madrid, Antonio Burgueño, que fue director médico de la aseguradora privada Adeslas e ideólogo del modelo privatizador de la sanidad valenciana y luego trasladado a Madrid. Asesoró a Capio para poner en pie el hospital de Valdemoro, que está inspirado en el proyecto del polémico hospital La Ribera de Alzira (Valencia), que resultó deficitario.
También en el País Valenciano Manuel existe el caso de Manuel Marín, que fue nombrado comisionado de la Conselleria de Sanitat valenciana en la comarca de La Ribera. Se dedicaba a fiscalizar a Ribera Salud UTE, la empresa adjudicataria de la atención sanitaria y la misma que, siete años después, lo contrató como director del departamento de salud.
Pero la puerta giratoria no sólo la utilizan políticos y empresarios, también flirtean con ella sus familiares y allegados. Por ejemplo, Teresa Echániz, hermana del secretario de Sanidad del PP y consejero del ramo en Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, trabaja en Capio Sanidad. "Pero empezó después de que su hermano dejara de ser consejero de Aguirre y antes de que lo fuera en Castilla-La Mancha", explican fuentes de esta empresa beneficiaria de la privatización madrileña.
Elena Arias, actual gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, fue directora de Recursos Humanos del Grupo Sanitario IDC (ahora Capio Sanidad) entre 2001 y 2007. Aun así, actualmente aparecía como apoderada del Grupo Capio, algo que la empresa asegura que "se debe únicamente a un error material".
Algunas fuentes también asocian con Capio a dirigentes del Partido Popular, como el ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, o María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. No obstante, la compañía ha desmentido dichos "bulos y rumores sin fundamento" y ha asegurado que ningún líder conservador tiene relación con su empresa. La propia secretaria general del PP también salió recientemente a defender su no vinculación con el grupo privado. "Son bulos y panfletos falsos que cobardemente se amparan en el anonimato", denunció Cospedal.
A raíz del caso Güemes, Equo Madrid ha reclamado a la Fiscalía Anticorrupción que actúe de oficio, ante las evidencias de "posibles intereses privados en el proceso de privatización de la sanidad madrileña que la Comunidad de Madrid emprendió hace años". La portavoz del partido, Inés Sabanés, denuncia que este proceso, iniciado en 2008, "lleva tiempo preparándose y ha generado unas obligaciones con el sector privado y una deuda -incluyendo la construcción de hospitales- que se ha utilizado, precisamente, para justificar, posteriormente, el proceso de privatización de hospitales y centros de salud en 2013". "La Comunidad de Madrid ya ha pagado el coste total de la construcción de los nuevos hospitales", ha señalado, "cerca de 700 millones de euros de dinero público, pero adeuda más de 4.000 millones".
Por otra parte, el coordinador general de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, Eddy Sánchez, ha afirmado que el caso Güemes demuestra "las verdaderas intenciones que hay tras la privatización de la sanidad madrileña". Sánchez ha señalado que "aunque ya se han cumplido los plazos de incompatibilidad legal, se trata de una cuestión que tanto ética como estéticamente deja mucho que desear". "Hay quienes entienden que hay una puerta giratoria entre políticas y empresa, y no", ha concluido.

El personal sanitario de Madrid está en pie de guerra en protesta por las últimas medidas anunciadas por el presidente Ignacio González, que se estrenó como sustituto de Esperanza Aguirre anunciando el euro por receta y su intención de "externalizar" servicios en seis hospitales públicos. Además, también planteó la reconversión de La Princesa en un centro exclusivo para mayores de 75 años y del Carlos III en uno de media y larga duración, entre otras cuestiones.
Desde aquel 31 de octubre, médicos, enfermeros, auxiliares, administrativos y pacientes han protagonizado concentraciones, manifestaciones y encierros en casi todos los centros de la comunidad en contra de lo que consideran una "privatización encubierta" de la sanidad pública madrileña.

No obstante, sus reclamaciones no son nuevas. Con Aguirre ya vivieron el nacimiento de los "hospitales públicos de gestión privada", que -como su propio nombre indica- son financiados por la Comunidad de Madrid pero dirigidos por empresas que, en ocasiones, no se dedican en exclusiva al sector sanitario.
Ahora, los miembros de la denominada marea blanca temen que la "externalización de servicios" anunciada por González en seis hospitales públicos (Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Tajo, Sureste y Henares) sea sólo el inicio de su privatización. Y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) ha puesto nombre y apellidos a los posibles compradores de dichos centros.
Son tres las grandes compañías que, a día de hoy, "se reparten las concesiones de los centros sanitarios", según la Fadsp: Capio, Ribera Salud y USP-Quirón. De hecho, las tres se autodenominan -respectivamente, en sus páginas web- como "el mayor grupo sanitario privado español", "el grupo empresarial de gestión sanitaria líder en el sector de las concesiones administrativas" o "la mayor red hospitalaria privada de España". Los tres, además, tienen otra cosa en común: su relación con empresas y fondos de capital riesgo de Reino Unido.

La primera de ellas, Capio, gestiona cuatro hospitales de la Comunidad: el Rey Juan Carlos, de Móstoles; el Infanta Elena, de Valdemoro; el Hospital Público de Collado Villalba; y la Fundación Jiménez Díaz. Este último supone un caso especial, ya que su gestión es semiprivada desde hace más de 60 años. Aunque rehúsan dar una cifra absoluta, fuentes de la compañía aseguran que "la financiación pública de Capio es el 65%". 
 "Es cierto que trabaja con nosotros Teresa Echániz [hermana del secretario de Sanidad del PP y consejero del ramo en Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz], pero empezó después de que su hermano dejara de ser consejero de Aguirre y antes de que lo fuera en Castilla-La Mancha", explican dichas fuentes. "Además, parece que por ser familiar de alguien ya no tienes derecho a trabajar en tu propia profesión", criticaron.
En cuanto a su accionariado, el 80% de pertenece a CVC Capital Partners, un fondo de capital riesgo británico, con sede en Luxemburgo, que engloba a otras empresas de distinta índole como Abertis (infraestructuras y telecomunicaciones), Cortefiel (textil), o la telefónica 'R'.

Ribera Salud es otro de los principales grupos de Sanidad privada del país. En Madrid sólo gestiona -desde 2011- el Hospital de Torrejón y la sociedad BR Salud, gestora del servicio de Laboratorio Central del Hospital Infanta Sofía, "que da cobertura a seis hospitales públicos y a más de 1.200.000 personas", según informan en el dossier informativo de su web.

Este grupo fue el primero en implantar en España el "modelo Alzira", nombre de la localidad valenciana donde se construyó, en 1999, el primer hospital público con concesión administrativa. Es el Hospital de la Ribera, cuya dirección se basa "en cuatro pilares fundamentales: propiedad pública, control público, financiación pública y gestión privada".

La coorporación está "participada al 50% por las cajas de ahorros Bancaja [actualmente, la rescatada Bankia] y CAM [Caja de Ahorros del Mediterráneo, también disuelta]", informa la compañía. Según la Fadsp, Ribera Salud también está asociada a las aseguradoras privadas Adeslas (ligada a la sociedad Goodgrower) y Sanitas (ligada al grupo BUPA Internacional Health Insurance, la mayor compañía británica de asistencia y seguros privados sanitarios).  

El Hospital Universitario Quirón de Pozuelo de Alarcón es el único del grupo presente en la comunidad. No obstante, el grupo USP-Quirón posee centros en Barcelona, Bilbao, Bizkaia, Málaga, Pamplona, Donosti, Valencia, Torrent y Zaragoza. 

Los centros Quirón son privados, aunque -como explican en su memoria anual- su "actividad asistencial se desarrolla en tres segmentos de mercado: los clientes privados, las compañías aseguradoras y las instituciones públicas". Estas últimas les derivan pacientes procedentes de los servicios públicos y mantienen otros convenios como el que la Consejería de Educación de Lucía Figar mantiene para que los titulares del Carné Joven puedan obtener "condiciones preferentes en intervenciones de corrección de miopía, astigmatismo e hipermetropía" en el Quirón-Madrid. En cuanto a su accionariado, el grupo ha sido recientemente vendido a la compañía británica de capital privado Doughty Hanson&Co.

Según la plataforma pro-defensa de la sanidad pública, estos son los tres grandes grupos que comparten "intereses" en la privatización de la sanidad madrileña. Ello plantea serios problemas, como ya señaló el diario El País: ¿Qué pasa con los pacientes si el accionariado de estas empresas quiebra? "Se pone en riesgo la atención sanitaria de un sector importante de la población", señaló el presidente de la Fadsp, Marciano Sánchez Bayle, al citado periódico. 

Además, según denuncian esta asociación, los grupos de la oposición, los sindicatos sanitarios y los trabajadores, con la "externalización de servicios" que promueve el Ejecutivo regional no se consigue el ahorro pretendido. Mientras el consejero del ramo, Javier Fernández Lasquetty, continúa defendiendo -basándose en el modelo implantado por Aguirre en los últimos años- el "ahorro estructural" que suponen los hospitales concesionarios, la marea blanca permanece intentando demostrar y rebatir dichos argumentos.

"Estos centros cuestan a los madrileños entre 7 y 8 veces más que los de gestión tradicional", afirma la Fadsp. "Las empresas propietarias de los ocho nuevos hospitales no sólo han recuperado ya el 100% de la inversión (840 millones de euros), sino que ests año ya sumarán 150 millones de euros de ganancias. Hasta 2037 -que finalizará la concesión con la Comunidad- todo serán beneficios", explica en su web la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS-Madrid). Mientras dichas empresas -a las que la Administración pública seguirá pagando durante casi 30 años más- comenzaban a enriquecerse con su nuevo negocio, "se han cerrado cientos de camas en los hospitales públicos", denuncia CAS-Madrid.

Además, la Fadsp asegura que "el Gobierno de la Comunidad disminuye el presupuesto de los hospitales públicos para el año 2013 e incrementa la financiación de los privados". "Los centros que se benefician de un fuerte incremento son los de Valdemoro (Capio), Móstoles (Capio) y Torrejón (Ribera Salud)", detalla la plataforma. Pese a ello, "tendrán camas mucho más caras que La Princesa, cuyo presupuesto se rebaja", lamentan. ¿Los precios? "442 euros por persona en La Princesa, frente a los 505 de Valdemoro, los 592 de Móstoles y los 586 euros de Torrejón. "Los hospitales públicos de gestión privada sólo sirven para el estrangulamiento a los presupuestos públicos", confirmó también el diputado de IU-Los Verdes, Rubén Bejarano, el jueves pasado, en el pleno de la Asamblea de Madrid, informa Europa Press.

Pero el motivo que más indigna a la marea blanca es el que tiene que ver con sus pacientes, y no sólo el que afecta a sus bolsillos. "Cuando el lucro entra en el sistema, lo primero que sale de él es la calidad asistencial", denunció un trabajadora de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem). Los datos que aperecen en las memorias de 2011 confirman su teoría. Por ejemplo, el grupo Capio tuvo un volumen de negocios de 672 millones de euros. En cinco centros de Madrid, atendió 226.158 estancias y 53.810 intervenciones quirúrgicas. También en 2011, sólo La Princesa -que recibió 158 millones de euros de los presupuestos regionales- realizó 23.556 intervenciones. En cuanto al personal, Capio tiene 3.985 empleados en sus cinco centros de Madrid. La Princesa, 2.135.
Pese a todo, los hospitales de gestión semiprivada inaugurados por Aguirre y extendidos ahora por González ya atienden a uno de cada cuatro madrileños.
 

¿Esto no es más propio de tiempos ya pasados?

La Policía trata de amedrentar e irrumpe en una reunión para identificar a desahuciados y activistas

Elda.-  Dce un viejo refrán que "la cabra siempre tira al monte" y para que quede bien claro el PP, en el Gobierno a pesar de una gran desafección del electorado que le aupó al poder por sus mentiras electorales, desempolva viejas modas de la dictadura con la que nunca llegó a romper. Entre otras la de intentar asustar y silenciar a los ciudadanos.
Claro ejemplo es lo sucedido en Elda, donde para "amedrentar e intentar criminalizar a quiénes nos atrevemos a pensar diferente de sus jefes políticos", según EUPV de Elda-Petrer,  dos agentes de la Policía irrumpieron esta semana en una reunión privada que el colectivo convocó a través de las redes sociales para hablar sobre acciones a poner en marcha, por ejemplo, para ayudar a familias desahuciadas.

Los hechos ocurrieron, en concreto, en el centro social Andrés Navarro de Elda cuando una pareja de policías nacionales "de paisanos" llegaron a la asamblea "convocada legalmente".
Según fuentes de EUPV, los asistentes "estaban asesorando a personas en proceso de desahucio y estudiando acciones en favor de la dación en pago", cuando irrumpieron los agentes al mejor estilo del ya casi olvidado policía fascista conocido como Billy el Niño.
El objetivo de la Policía era, al parecer, identificar a los asistentes. Pero, ante la negativa de muchos de ellos, "terminaron identificando a un responsable de ese conjunto de ciudadanos que se reunían libremente para intentar dar soluciones" a los problemas de los ciudadanos.
Desde EUPV de Elda-Petrer insisten en que no existe ningún precepto legal que justifique la identificación de los participantes en una manifestación o en una reunión, salvo que como establece el Código Penal, "la movilización o la reunión tengan por finalidad cometer algún delito o aquellas a las que acudan personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o peligrosos", que "por supuesto no era el caso".
Los asistentes a la reunión, que se convocó de manera privada a través de un grupo de Facebook, no se explican aún la presencia de los agentes, que "nos dijeron que habían sido enviados por sus jefes de Alicante". Lamentan, además, que el Ministerio del Interior "criminalice" este tipo de encuentros que busca ayudar a los ciudadanos más castigados por la crisis.
EUPV elevará el caso al Congreso a través de uno de sus parlamentario, el valenciano Ricardo Sixto. Este diputado ya ha registrado en el congreso varias preguntas para que se investiguen identificaciones indiscriminadas en la Comunidad.
EUPV recuerda en un comunicado la denuncia del secretario general del Sindicato de Policía SIPE, Alfredo Perdiguero, que declaró públicamente el 17 de noviembre "con ocasión de la celebración de una manifestación por la defensa de los derechos del colectivo policial que, desde el Gobierno, se les está obligando a realizar identificaciones masivas e indiscriminadas".
Cabe recordar a Perdiguero y al resto de los agentes policiales que la obediencia debida no alcanza a aquellos actos a todas luces abusivos y contrarios a la Constitución, que el PP de Mariano Rajoy y la Cospedal se empeñan en ignorar o amoldar a su conveniencia. Los ciudadanos deberían recordárselo con mayor nitidez en próximas movilizaciones. El tiempo de los sherif o los caudillitos pertenece al pasado.