El crepúsculo de los caciques
La investigación a Baltar inicia el declive de una generación de
políticos del PP que ha gobernado Galicia practicando el nepotismo
Xosé Manuel Pereiro
6 ENE 2013
El alcalde pedáneo de Morgade, una parroquia
de 350 habitantes de Xinzo de Limia, llevaba un año intentando pedir,
sin éxito, una ayuda para equipar con aire acondicionado el tanatorio
del lugar. No es que no se la hubieran dado, es que en un año de
intentos ni siquiera había logrado que lo recibieran. Pero un fin de
semana de mediados de mayo, el líder provincial daba un mitin en
Morgade, y ya se sabe que las elecciones son tiempos en que manan las
promesas y fluyen los compromisos. Así que en cuanto lo tuvo delante, se
lo pidió. "¡A ti te lo voy a dar ahora mismo!", fue la inmediata
respuesta del mandatario. Y, como en los cuentos, a pesar de que pasó en
2011, ni corto ni perezoso, dirigióse raudo a su coche oficial, extrajo
del mismo un fajo y entrególe 3.000 euros en billetes de cincuenta al
sorprendido buen hombre. "Ahí tienes, ya me los devolverás cuando llegue
la subvención".
El hombre de los billetes de 50 era José Luis Baltar,
el presidente de la Diputación y del PP de Ourense durante 22 años,
ganador por mayoría absoluta de 38 elecciones. El político está retirado
ahora y es acusado de prevaricación por el fiscal jefe de Ourense,
Florentino Delgado, que ha estimado una denuncia del PSdeG-PSOE
presentada hace casi dos años por un delito continuado de prevaricación
en la contratación de personal. Y todo por haber presuntamente enchufado
en la Diputación a 115 personas, para asegurar que la organización
provincial del partido y la institución quedasen en
buenas manos, en las de su hijo, Manuel Baltar, quien ahora ocupa ambos cargos.
Y es que José Luis Baltar conocía la importancia de los tanatorios.
En el rural gallego, con una de las poblaciones más envejecidas del
mundo, han sustituido como ágora social a las iglesias, a las ferias y a
las fiestas. Y Baltar era un asiduo de los funerales y de los
entierros, la mayor muestra de respeto y solidaridad para un gallego.
Aunque se produzcan en la otra punta de la provincia. Nació en 1940 en
Esgos, tierra de afiladores trotamundos y de bosques colgados sobre el
Sil, de una familia humilde. Para ganarse la vida y pagarse los estudios
de Magisterio, fue viajante de piensos y cobrador de coche de línea.
Actividades idóneas para practicar sus dos virtudes sociales: el don y
el conocimiento de gentes.
Consiguió plaza de maestro en Luíntra, una aldea de la vecina
Nogueira de Ramuín. Y llamó la atención de Eulogio López Franqueira, el
promotor de las cooperativas Coren,
—entonces y ahora la primera empresa de la provincia— y de UCD y de
Centristas de Galicia. Baltar fue el primer alcalde democrático de
Nogueira de Ramuín, y dicen que el hombre que la familia puso de guardia
en la habitación de Franqueira cuando este tuvo una apoplejía, para
evitar determinadas visitas. También dicen que cuando el entonces
presidente de la Diputación orensana, Victorino Núñez, fue designado
para presidir el Parlamento gallego, Baltar no era el elegido para
ocupar y guardarle el puesto. Fueron su permeabilidad selectiva en la
puerta de Franqueira y su capacidad de moverse las que lo promovieron al
cargo. No lo devolvió. “Los favores no se deben eternamente”, recuerda
el periodista Francisco Sarria que le dijo por entonces Baltar.
Los años en el poder no le hicieron perder ni el don de gentes ni el
conocimiento. Su palabra favorita ante cualquier ruego o petición era
“feito!” (¡hecho!), se hiciese después o no. Y le hacían muchos. Incluso
había gente que iba a su despacho a contarle problemas médicos.
Normalmente, todos salían con algo. Cuando el exvicepresidente de la
Xunta, el nacionalista Anxo Quintana fue a verle con otro regidor, se
sorprendió de que al despedirse sacó de pronto una pandereta y se la
regaló a su acompañante. “Es una persona muy alegre, muy cariñoso y muy
expansivo. Casi siempre dice la verdad y va de frente”, reconoce Sarria,
una de sus pocas
bestias negras en las redacciones.
Demasiado expansivo. Restringió lo de tocar el trombón en público
porque al entonces presidente Aznar y a su círculo íntimo no les hacía
ninguna gracia ver aquel aldeano contorsionándose con ritmo como si en
vez de en un acto político estuviese en una banda funeraria en Nueva
Orleáns. También es un hombre de prontos, y por eso, pese a haber sido
propietario del CD Ourense (una de las cosas por las que en su día fue
denunciado a Anticorrupción), dejó de aparecer por el estadio. Él mismo
contaba que en un partido en Nogueira de Ramuín, descontento de la
actuación del árbitro, trabajador de la Diputación, le gritó: “¡Hoy
mandas tú, pero mañana mando yo!”
No es raro que el árbitro fuese personal de la corporación
provincial. La Diputación orensana tiene cerca de mil funcionarios o
contratados, la segunda o tercera empresa de la provincia en personal, y
la oposición lleva años denunciando que el acceso a esos puestos es, en
muchos casos, un pago de favores, pasados, presentes o futuros.
Alrededor de 400 de los 475 ediles del PP en la provincia trabajan o
tienen familiares contratados en la institución. Con o sin contrato, la
capacidad de atracción de Baltar roza lo mítico.
José Eugenio Galindo,
miembro de la ejecutiva del PSdeG y portavoz de la testimonial
oposición socialista al Baltar en Nogueira, pasó a ser su sucesor en la
alcaldía (por el PP). Ahora es el muy puntilloso jefe de la asesoría
jurídica de la corporación, a la que también se ha incorporado su hija.
Dos meses antes de las últimas elecciones municipales, el PP presentó a
un nuevo fichaje, Eladio Fernández. Hasta ese día, Fernández era el
secretario provincial del PSOE de Ourense y portavoz del grupo
socialista en la Diputación. Hace tiempo, miembros de la
asociación cultural Alexandre Bóveda,
ligada a la izquierda nacionalista, dieron una rueda de prensa
¡encapuchados! para denunciar el caciquismo de Baltar. Preguntado al día
siguiente, el aludido, dijo: “Voy a tener que contar quiénes son estos
pájaros”. Se acabó la asociación.
A todo esto, y pese a que el PP orensano nunca ha dejado de aportar
su cuota de diputados, en realidad no es exactamente el PP. “Una especie
de UPN aplicada a Ourense”, en palabras del politólogo Antón Losada.
Pasó con UCD, Coalición Galega, Centristas de Galicia (fueron por libre
en unas municipales cuando ya gobernaban con el PP). Y fuera de los
rifirrafes habituales de las campañas electorales, las
mayores y más reiteradas acusaciones de caciquismo que sufrieron los
Baltar en los últimos años vinieron del PP de Núñez Feijóo en enero de
2010, cuando Manuel Baltar anunció su intención de suceder a su
padre en la presidencia de la organización provincial del partido. Entre
observadores enviados desde Génova como si en vez de Ourense fuese
Kazajistán, Baltar hijo acabó ganando con el 62% de los votos al
candidato oficial que apadrinaban Feijóo (que entró al acto por una
puerta lateral, entre abucheos) y Rajoy. “No se puede excluir a nadie
porque coincidan los apellidos”, se consoló el presidente de la Xunta.
“Ha sido bueno que las cosas sigan exactamente igual”, sentenció Fraga.
Así que, a principios de este año, a muchos sorprendió que José Luis
Baltar anunciase que dejaba la presidencia de la Diputación, pero a
nadie que lo acabase sustituyendo su hijo, por mucho que el presidente
saliente dijese que cualquiera de los diputados provinciales tenía las
mismas posibilidades. “Veo normal que una persona se dedique a lo que le
gusta. Y veo normal que lo haga si lo apoyan en las elecciones”,
contestó Manuel Baltar a si consideraba normal la sucesión padre-hijo en
una institución democrática. “Está en la Constitución, en el artículo
14, la no discriminación y la igualdad”.
Al norte de Ourense, el que rigió los destinos de la provincia y del
PP de Lugo durante 24 años, Francisco Cacharro Pardo (Guarromán, Jaén,
1936) nunca tuvo veleidades centristas, a pesar de que su padre fue un
maestro represaliado por socialista. Presidente provincial del partido
desde que se tiene memoria, fue, con Abel Matutes, el único
representante de AP en el Senado constituyente de 1977 (refugiados ambos
en el Grupo Mixto) y allí se mantuvo hasta 2008. Llegó a la presidencia
de la Diputación en 1983 y la dejó en 2007. Los contactos de Cacharro
no fueron los compradores de pienso ni los usuarios del transporte
público. Pedagogo e inspector de enseñanza, los nudos de su red fueron
los maestros. Tenía, como Baltar, el control de todo lo que se movía en
la provincia — "donde Cacharro no estaba, mandaba recado”—, dice uno de
sus antiguos correligionarios, ahora distanciado. Tanto que, pese a sus
trienios como fraguista, cuando don Manuel optó en 1989 a la presidencia
de la Xunta, le impidió presentarse por su provincia natal, Lugo, y
tuvo que hacerlo por A Coruña. También compartía con su colega orensano
su capacidad de atraer contrarios. Su mano derecha en cuestiones de
personal en la Diputación, el delegado de UGT, Pedro Luaces, había sido
secretario general de la UPG, el partido marxista-leninista que fundó el
BNG.
Al contrario que Baltar, Cacharro no es precisamente la alegría de la
huerta, pero no carece de ironía. En 1999 Fraga le dio a elegir entre
la presidencia del partido en Lugo y el acta de senador, y en 2007, le
dijeron que no sería el candidato a la presidencia de la Diputación. El
PP no conquistó la alcaldía de Lugo ni ninguna otra de relevancia y
perdió la corporación provincial a manos de socialistas y nacionalistas.
“Escuché que los resultados fueron un éxito, y que Núñez Feijoo los
firmaba antes de las elecciones. No voy a ser yo quien les agüe la
fiesta”, dijo cuando le pidieron su opinión.
La Diputación de Pontevedra, por el contrario, es la que más ha
cambiado de manos (entre ellas pasó por las de Mariano Rajoy), y nunca
de partido. El pontevedrés de esta historia de barones y de varones
fuertes es Xosé Cuiña
(Lalín, 1950-2007), que también ocupó el sillón provincial, poco más de
dos años, pero suficientes para desalojar a los señoritos de la capital
aupado por un sindicato (sic) de alcaldes rurales que él había creado.
Lo dejó para ser el secretario general del PP de Galicia, mano derecha y
eterno delfín de Manuel Fraga, responsable de Política Territorial en
sus gobiernos. Cuiña intentó unificar aquellas baronías, hacer un
partido único y ahondar en aquel galleguismo del que hacía gala el
recién llegado presidente Fraga. Hasta el punto de que en una asamblea
del PPdG en abril de 1991, defendió un galleguismo bien entendido “en la
frontera de la autodeterminación”.
En el Monte Faro, en el centro geográfico de Galicia, organizó una
especie de romería-Aberri Eguna al que acudían miles y miles de
afiliados. Dicen que la gota que colmó el vaso fue cuando invitó a Aznar
y a Rajoy y allí, entre calor, pulpo, polvo, gaitas, paisanos alegres y
el tipo aquel del trombón, les entregó un carné ¡del Partido Popular de
Galicia! “Su sueño hubiese sido tener 15 diputados en el Congreso, y
formar un grupo parlamentario”, según su hijo, Rafael Cuiña. Rajoy logró
su expulsión de la secretaría año y pico después, en 1999. No fue el
único encontronazo con Génova.
A finales de 2002, cuando la marea negra del Prestige, Cuiña era
partidario de que la Xunta gestionase la catástrofe y reaccionase
políticamente, en lugar de acatar la orden del partido y del Gobierno de
seguir las instrucciones del Ministerio de Fomento. Alguien filtró que
una empresa familiar había vendido trajes y equipos anticontaminación.
Según una comisión de investigación, lo habían hecho sin beneficio, pero
Cuiña ya había sido destituido como
conselleiro. El PP de
Ourense reaccionó a favor de Cuiña y sus cinco diputados autonómicos,
encabezados por Manuel Baltar, se encerraron en un piso mientras José
Luis Baltar presionaba a Fraga. Un año después, se repitió la revuelta, a
la que se sumó Francisco Cacharro, amenaza de escisión incluida.
Retirado Fraga, Cuiña libró la última batalla, la de la sucesión. “Un
gladiador muere en la arena”, dijo y fue casi premonitorio.
La perdió, en teoría contra Alberto Núñez Feijóo. En realidad, como
todas las anteriores que libró contra el hombre-provincia que falta, José Manuel Romay Beccaría.
Romay (Betanzos, 1934), el hombre de Madrid, es el único de los cuatro
barones de Fraga que provenía del franquismo, en cuyo régimen fue
secretario de Estado de Sanidad y subsecretario de Presidencia y de
Gobernación. Un técnico eficaz y para todo.
Con la democracia, Romay volvió a Galicia para ser vicepresidente de
la Xunta en 1982, presidente de la Diputación (lo había sido ya su padre
antes de y durante el franquismo),
conselleiro (Sanidad y
después Agricultura), congresista, ministro de Sanidad con Aznar,
presidente del Consejo de Estado, tesorero del PP en sustitución del
caído Luis Bárcenas y ahora de nuevo Presidente del Consejo de Estado.
Romay, discreto, alto, educado, abacial, gorra marina y loden verde, ha
estado siempre para lo que haga falta.
La rivalidad entre Cuiña, el joven hecho a sí mismo, y Romay, el
prestigioso abogado de familia de abolengo, fue no solo personal, sino
de dos cosmovisiones, que una etiqueta consagró como “boinas” y
“birretes”. Los “boinas” eran los que aseguraban los diputados. Los
“birretes”, los que conectaban al partido con las clases urbanas y con
Génova. No hay que olvidar que el PP ya había ganado elecciones en
Galicia, pero Fraga llegó a la presidencia por un diputado (y unas sacas
de votos de Venezuela fuera de plazo) y las ciudades en general siempre
tuvieron Gobiernos del PSOE o PSdeG-BNG. Hasta las anteriores
municipales, el PP sólo gobernaba un par de villas mayores de 20.000
habitantes.
Baltar padre siempre se reconoció como un cacique, aunque un cacique
“bueno”. Algo que Baltar hijo niega, con el argumento de que "”a mayor
época de caciquismo en Galicia fue la del Gobierno bipartito” (el de
coalición PSdeG-BNG de 2004 a 2008). “Mi padre sí organizó a los
alcaldes, pero los hizo conscientes de su fuerza”, dice Rafael Cuiña.
“Estuvo poco tiempo en la Diputación para tener un poder territorial y
para ser un cacique, enseguida fue secretario general”. “Romay era y es
un cacique de libro, por mucho que lea a Karl Popper siempre recibió y
organizó alcaldes. El caso de Cuiña es más complicado, nunca tuvo una
base territorial, y tenía una visión más ideológica, un galleguismo que
lo apartó de esa figura”, analiza Antón Losada. En el caso de Francisco
Cacharro, parece que no hay dudas.
En definitiva, ¿qué es un cacique? Ramón Máiz,
catedrático de Ciencia Política en Compostela, a quien todos señalan
como experto en el tema, prefiere hablar de redes clientelares,
“aquellas en que se intercambian directamente votos por favores, un
mecanismo elemental y destructor de la política, porque lo importante es
tener amigos, porque los derechos se distribuyen como favores. Las
relaciones son verticales: se confía en el político y se desconfía de
los ciudadanos, que son competidores por esos favores. No solo pasa en
ámbitos rurales, también en los barrios italianos o irlandeses de
Chicago, o en los de Buenos Aires”.
“Es difícil distinguir entre un agente electoral
influyente propio de una democracia avanzada, y la presión ilícita
característica de una democracia atrasada”, considera Xosé Luis
Barreiro, artífice de los éxitos de la Alianza Popular que acabó con
UCD, y también del gobierno tripartito que derribó a AP y provocó el
desembarco de Fraga. “Pero si alguien lleva muchos años gobernando es
que no lo hace mal. En Ourense, casi un tercio de los votos están en la
capital, y si le sumamos villas como O Barco, Carballiño, donde no todos
son esos analfabetos de los reportajes, habrá que concluir que algo le
verán a Baltar para que le voten”, afirma Barreiro, apartado años ha de
la política práctica, pero no de la teórica, porque es profesor en la
facultad que imparte esa ciencia en la Universidad de Santiago. “El
votante rural es tan o mucho más consciente de su opción que el votante
urbano. En Galicia no hay Gürtel, ni casos Liceo, ni familias que llevan
siglo y medio en una institución, o partidos que se disuelven porque
todos sus dirigentes están condenados por corrupción”, sentencia.
¿Por qué, entonces, se asocia el concepto con Galicia?
“Por la misma razón que la gente dice que aquí se come bien y no van al
País Vasco, o por la que se cree que un panadero de Madrid es más listo
que uno de Boimorto”, enjuicia Barreiro. “El caciquismo jugó un papel
fundamental en la modernización de Galicia, fue un mecanismo de
autodefensa en un momento en que se desconocía el funcionamiento de algo
completamente ajeno como era el estado. Si el cacique gallego es un
símbolo es porque el agrarismo y el nacionalismo lo incorporaron a su
discurso político y al imaginario cultural como sus enemigos”, asegura
Antón Losada.
El caciquismo o, si lo prefieren, las redes clientelares,
“no tienen que incurrir en la corrupción, pero están en el límite,
porque llevar las políticas públicas a los intereses particulares
desdibuja las fronteras y los recursos”, dice Máiz. Todos los políticos
mencionados –menos Romay- han sido objeto de investigaciones
periodísticas o judiciales, que, como la anterior de Anticorrupción a
José Luis Baltar, han quedado en nada. A todos –menos a Romay- se los ha
cargado, o intentado cargar, el propio partido, algo que Xosé Luis
Barreiro califica como “una renovación controlada”. No habrá otros como
ellos, cree Losada, “porque la sociedad que los creó ya no existe”.
Curiosamente, sus hijos han seguido la senda política. Ninguno de los
cinco de Romay, pero sí sus discípulos aventajados que han crecido a su
sombra: el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, Alberto Núñez Feijóo,
Mariano Rajoy… Rafael Cuiña abandonó el PP y ahora es uno de los líderes
de Compromiso por Galicia, un partido nacionalista socialdemócrata.
Francisco Cacharro Gosende pasó del PP a UPyD y, desde hace dos años, es
secretario general del Partido de la Libertad Individual, formación que
propugna la reducción del Estado (cargo que compatibiliza con su
ocupación laboral como secretario general de la hipertrofiada Diputación
de Ourense). Manuel Baltar, como ya es sabido, ha sucedido a su padre,
pese al consejo paterno de no dedicarse a la política, “porque me gusta
desde siempre, y los consejos son para seguirlos o no”.
El 27 de enero pasado, cuando renunció a la presidencia de la
Diputación, y después de los vítores, los abrazos, los flashes y las
lágrimas, José Luis Baltar se alejaba por las calles de piedra, un
cámara que le seguía le preguntó si se iba odiando a alguien. “A nadie”,
se volvió. “¿Ni a Cristina Huete?” [la periodista de EL PAIS que
durante años ha informado sobre él]. “No, ella hacía su trabajo y yo el
mío”, respondió antes de seguir su camino. A los dos pasos, Baltar
recapacitó. "Sí, a alguien. A Jiménez" [Juan Manuel Jiménez, el alcalde
de Verín que se enfrentó a su hijo por la presidencia del PP].
— ¡Ah, la familia!
En
las últimas semanas no hay ninguna intervención pública sobre sanidad
de dirigentes del Partido Popular en las que no se haga referencia a
Andalucía para tratar de justificar las medidas aprobadas por la
Comunidad de Madrid para convertir en beneficio privado la gestión de la
salud pública. Cada intervención de la Oposición para poner en duda las
intenciones, los objetivos y los poco creíbles planes de mejora de la
asistencia defendida por Ignacio González, Dolores Cospedal o la
ministra Ana Mato, son respondidos con alusiones a Andalucía basados en
falsedades.
Diferentes dirigentes del PP, así como los habituales tertulianos de la trinchera digital terrestre
se lanzan cada día con declaraciones sin fundamento y carentes de todo
rigor en las que acusan al Gobierno andaluz de privatizar la sanidad.
“Desconocen nuestro modelo y harían bien en venir a Andalucía a conocer
un sistema público de calidad y más eficiente e igualitario que el
modelo privado”, se asegura en el documento difundido por la Junta. Y
aclara la posición del gobierno andaluz: “El Gobierno de Andalucía está
en contra de la hoja de ruta de privatización que desarrolla el Partido
Popular tanto en la sanidad pública como en otros sectores”.
Andalucía es uno de los modelos que se ponen de referencia en ámbitos
internacionales cuando se habla de sistemas sanitarios que tienen
prácticamente el 100% de la provisión pública. Al contrario de lo que
sucede en Madrid, se pretende hacer en Castilla La Mancha y se ha hecho
ya en Valencia -sin el éxito deseado, como acredita la situación del modélico
Hospital de Alzira- en Andalucía no hay uno solo de los 47 hospitales
públicos de Andalucía y de los más de 1.500 centros de salud “que estén
ni vayan a estar en esta situación. Todos son públicos, con gestión
pública, personal público y atención pública”, aclara el Gobierno
presidido por el socialista José Antonio Griñán.
Lo que sí hay en el sistema sanitario público andaluz, es una actividad
complementaria que se hace en el ámbito privado, pero mediante la figura
de los conciertos. Así, en el presupuesto del año 2013 para la
Consejería de Salud y Bienestar Social, sólo el 3,7% del montante se
destina a esta partida, un porcentaje que ha bajado desde el 4,5% del
año anterior. Esta actividad concertada supone sólo el 3,6% de las
consultas de especialista y menos del 8% de los ingresos hospitalarios
que se producen en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, una
actividad que en ambos casos ha bajado en los últimos años un 20%.
Un pequeño porcentaje de la actividad que es usado una y otra vez por el
Partido Popular y sus periodistas y tertulianos de cabecera para tratar
de asimilar el sistema sanitario público andaluz con el que se pretende
imponer con el rodillo de las mayorías absolutas populares, y
contra el criterio de los profesionales del sector y una gran parte de
los usuarios, que ven cómo los gobiernos del PP gastan ingentes
cantidades de dinero público en construir y dotar centros de salud para
ponerlos posteriormente en manos de empresas privadas. Algunas de ellas,
además, totalmente ajenas a la medicina, lo que que les impedira
convertir la inversión pública en sanidad su beneficio privado.
Como se asegura en el documento difundido por la Junta, “mientras que
Madrid incrementa la privatización de los servicios y vende el sistema
público a los intereses privados, en Andalucía se trabaja para mantener
un sistema de financiación pública y, sobre todo, y ésta es la
diferencia con Madrid, de provisión pública, cada vez más resolutivo y
sostenible, puesto que más del 96% de la atención es con medios propios y
absolutamente públicos”.
En esa línea, asegura la Junta de Andalucía, el sector privado había
construido en la región dos centros sanitarios con vistas a que se
pudieran concertar por el Sistema Sanitario Público (en Lepe y Montilla)
y Andalucía prefirió construir sus propios hospitales, que hoy se suman
a la red de infraestructuras puestas a disposición de los andaluces. De
los 11 hospitales inaugurados desde 2005 en Andalucía, el 100% es
público, con financiación y provisión públicas.
Son datos que desmontan la estrategia del Partido Popular de señalar a
Andalucía buscando una excusa para sus planes privatizadores. Datos,
además, que son conocidos por el Partido Popular, aunque tanto sus
dirigentes como sus cómplices mediáticos se esfuercen cada día en
desvirtuar y manipular, buscando en la mentira y la consecuente
confusión de la ciudadanía la excusa que tanto necesitan para justificar
la enajenación de bienes públicos y sufragados entre todos para
ponerlos, en forma de negocio, en manos de empresas privadas.
Una mentira repetida mil veces no siempre se convierte en una verdad, y
el modelo de gestión pública de la sanidad en Andalucía es, para lamento
del PP, una prueba de ello. 
There is nothing wrong with anxiety.
Felipe González reúne a su vieja guardia para hablar del rumbo del PSOE y elaborar un manifiesto interno
Ahora que nos cuestionamos todo, la existencia de ese privilegio –se
podrá discutir sobre su oportunidad- era conocido por todos,
especialmente por todos los políticos de Castilla-La Mancha, también los
del PP y hasta por el periódico que ha publicado la noticia. De hecho
fue aprobada en sesión plenaria con luz y taquígrafos. Huelga, por
tanto, hacerse cruces por algo sabido desde hace diez años.
