No tiene desperdicio

Cuando pillaron al Presidente de la patronal madrileña en escándaloso renuncio

 Madrid.- Hace unos días, el periodista de ABC Punto Radio, Melchor Miralles, en una entrevista telefónica al presidente de la Patronal Madrileña, Arturo Fernández, que a su vez es el concesionario de los servicios de restaurante del Senado, el Congreso de los Diputados y de la Asamblea de Madrid, le preguntaba cómo es posible poder dar menús a sus señorías por la ridícula cantidad de 3,55€.
El señor Fernández comenzó por negar la mayor, diciendo que no era cierto, que esa cantidad no era correcta, y que como cualquiera podía comprender, era imposible poder servir un menú por ese precio, con los gastos que ello conlleva de personal, etc., y poder obtener unos beneficios como cualquier otra empresa o negocio.
Lo que no sabía este señor es que el periodista tenía en la mano un tiket en el que figuraba dicho importe, cosa que corroborraron el resto de tertulianos que le acompañaban.
La respuesta del Sr. Fernández fué ceder, pero sólo a medias, diciendo. "Puede ser ese el precio, pero sólo de un plato, o medio menú. El menú completo cuesta más, como el de un restaurante normal y corriente"
De nuevo el periodista volovió a insistir: "En el tiket que yo tengo pone: Dos platos, postre, bebida y café"
Ante esta aseveración, el presidente de la patronal, sin querer dar su brazo a torcer, respondió que no estaba al corriente del precio, que a pesar de ser él mismo el concesionario, no conocía el importe de los menús que se servían a sus señorías en los restaurantes de estas tres instituciones.
Ante la perplejidad de los periodistas por esta respuesta, vino a decir que "De otra manera, su negocio sería una ruina, y por eso, esos servicios debían de estar subvencionados con fondos públicos.
Nos hemos enterado, pues, que sus señorías, a pesar de cobrar suculentas dietas, que justifican en tener que vivir en una ciudad que no es la suya de residencia habitual, sólo pagan por sus comidas una tercera parte de lo que cuesta el menú más barato a cualquier otro trabajador que tiene que mantenerse de su bolsillo.
Nos enteramos tambien de que le cuesta menos la comida a un senador o diputado de lo que paga cualquier escolar en Madrid por llevar su comida de casa en una fiambrera, que paga 3,80€ por el uso del comedor y del horno microondas en que se la calienta.
Nos hemos enterado, de paso, que a costa del dinero de todos, cuando una empresa es ruinosa, que vendiendo a precios por debajo del costo se podría ir a pique, es rescatada con los dineros de todos, incluidos de los que están en el paro, de los que no llegan a fin de mes, de los que tienen que hacer ingeniería financiera para repartir el sueldo de miseria que cobran al llegar el primero de cada mes.
Ya conocemos el motivo por qué el anterior Presidente del gobierno, Sr. Zapatero, cuando le preguntaron en TV el precio de un café en un bar cualquiera, no supiera el importe. Si tenemos en cuenta que dos platos, postre, bebida y café valen 3,55€ el café sólo debe andar bastante por debajo de los 80 céntimos que este señor aseguró que costaba.
Basta ya de casta de privilegiados que sólo conocen la crísis por que han oido hablar de ella. Basta ya de vividores del cuento que se reservan para ellos unos derechos que están quitando al pueblo. Basta ya de gentes sin escrúpulos, sin cultura muchos de ellos y sin vergüenza todos, que están viviendo a costa de robar y quitar derechos a los demás, para crearse para sí mismos los que les viene en gana.

Gracias hasta por las desgracias

Del blog JusticiaZero.com

Sobre abusos empresariales y sus síntomas

(Opinión)

No es un secreto que el mercado laboral está atravesando horas críticas y que a diario se destruyen 2.000 puestos de trabajo en nuestro país. Tampoco debería serlo que esta situación les viene de perlas a las empresas, y los derechos laborales son uno de los aspectos que más se han devaluado con la crisis. "Hay mucha hambre" y parece que el mejor empresario es el que dispone sacar todo el jugo a la situación. "Hoy los derechos laborales son low cost".

"Hay que venir a trabajar en sábado", de repente la frase se corta y el trabajador no oye nada sobre la retribución por horas extraordinarias, ni las ve reflejadas en su nómina, ni tan siquiera en el típico sobre de color marrón que su jefe solía darles a final de mes. Y es que con la crisis han desaparecido incluso las retribuciones en negro. Los llamados empresaurios prefieren exprimir o explotar a sus trabajadores, antes que contratar a otros para satisfacer sus exigencias laborales.

Abusos empresariales los hay de todos los colores; habitualmente es el nuevo contratado el que los sufre con mayor intensidad. "Joven y temporal" perfectos sinónimos de abuso empresarial. A ver quién osa quejarse de las condiciones laborales cuando el paro juvenil ha superado el 56% -sin incluir los que trabajan en Alemania-.

En efecto, el eterno becario es el perfecto ejemplo del abuso. Conductas abusivas del empresaurios que en ocasiones el trabajador llega a comprender, en lo que podría denominarse un síndrome de estocolmo en el ámbito laboral. Cuando un chaval de 20 años no ha visto otra cosa en su corta vida laboral, después de 5 años de crisis y nefastas expectativas para el futuro a medio plazo, parece que lo "normal" en el ámbito laboral sea aguantarlo todo.

El perfil de este joven trabajador es muy claro; "trabaja mucho y cobra poco". Detrás de eso existen todo tipo de "mocos legales" que intentan explicar la conducta del empresaurio -o por lo menos eso cree él-. A título de ejemplo; Rodríguez: Licenciado en ADE, que realiza funciones ejecutivas y su contrato refleja la categoría profesional de "oficial administrativo de 2ª"; obviamente el salario de Rodríguez no supera los 1.000 €, a pesar de que se come todos los marrones de la empresa.

...Vacaciones impuestas unilateralmente por el empresario, sin la audiencia del representante de los trabajadores, atribución de tareas para las cuales el trabajador no está suficientemente cualificado, exceso de faena o imposición de plazos de entrega imposibles, etc., etc., etc...

Estamos atravesando horas bajas, y conviene ser cautelosos antes de adoptar medidas contra estos abusos. Debe ponderarse el grado del abuso al que nos vemos sometidos y como afecta a nuestros intereses e incluso a nuestra salud. Al margen de todo, una vez despedidos ¿qué tenemos que perder si hacemos valer nuestros derechos?.

A propósito del saqueo privatizador de la Sanidad y otros abusos

La realidad y el deseo

La servidumbre no se acepta

 

Luis García Montero - 10 ene 2013

La crisis está disparando a la multitud. No pasa un día sin que nos encontremos con un amigo que se ha quedado en paro o que ha tenido que cerrar su negocio. No pasa una conversación sin que afloren los problemas de un hijo, un enfermo o un jubilado. La gente vive de forma inmediata su problema o su incertidumbre individual, pero tarda en tomar conciencia de la degradación colectiva de la sociedad. Asistimos a un desgarrón histórico grave, un giro de rumbo en el que derechos decisivos están siendo desmantelados.
¿Es culpa del sistema? La verdad es que vivimos en un sistema que nos empuja a la degradación. El capitalismo especulativo genera mucho dinero, pero acumulado en pocas manos. No crea riqueza para la gente común. Al contrario, su imperio depende hoy del paulatino empobrecimiento de la sociedad.
El sistema desprestigia y desmantela las pensiones públicas para alimentar el negocio de las pensiones privadas. El dinero de las pensiones privadas se desvía a los fondos de inversiones, y son estos fondos los que se apoderan, por ejemplo, de multinacionales como Capio Sanidad. Lejos de ver la salud como un bien personal y social, las multinacionales sólo atienden a su negocio y someten la esperanza de vida de las personas a sus cuentas de resultados.
Este sistema es una cabronada, desde luego, y parece difícil imaginar hoy de modo racional una salida digna a la crisis sin una transformación profunda del dichoso sistema. Pero a la hora de exigir responsabilidades conviene ser flexibles, o sea, conviene entrar en destalles. Las culpas del sistema, con su fatalidad abstracta, no empequeñecen las responsabilidades de los gobiernos concretos, de los especuladores de carne y hueso y de los ciudadanos sometidos a la condición de siervos. La servidumbre no se acepta.
El sistema no podría marcar una vertiginosa degradación de los ciudadanos y negocios como Capio Sanidad no podrían jugar con la vida de las personas si no hubiese gobiernos dispuestos a privatizar la sanidad pública.
Yo no entiendo otro patriotismo que el de los derechos civiles. Uno de los emblemas del patriotismo español ha sido para mí, además de la poesía y la vida nocturna, la sanidad pública. Si no hubiese gobiernos y partidos dispuestos a poner nuestra sanidad en manos de Capio, es decir, a poner en venta la nación, el sistema no estaría agrediéndonos con esta impunidad que disfruta ahora. Malditos sean los gobiernos de España y de la Comunidad de Madrid. Moverse hacia una estructura más cara y peor no es sólo culpa de un sistema. Es decisión de un Gobierno. La servidumbre no se acepta.
La vida nos condena a la busca. Todos tenemos que trabajar o que buscar trabajo. Pero hay trabajos y trabajos. Que existan fondos de inversiones dispuestos a hacer negocio con la salud de un país o a especular con los alimentos y el hambre, es muy propio de este sistema. Pero sería imposible la agresión que sufrimos sin empresas como Capio Salud o sin especuladores de carne y hueso. Malditos sean, no por el sistema al que pertenecen, sino por su complicidad concreta. La servidumbre no se acepta.
Y es que la complicidad de las personas es fundamental para que los especuladores hagan negocio y el sistema imponga su imperio. Complicidad al especular y complicidad por no defenderse, por aceptar las cosas con pasividad, por no pasar a la acción, por no imaginar alternativas cívicas y políticas que pongan freno a la rapiña. Nosotros también somos el sistema y las responsabilidades, aunque en distinto grado, están compartidas.
Escribo este artículo en un tono tan descarnado por dos motivos. En primer lugar, porque quiero hacer un homenaje a los profesionales de la sanidad madrileña que han levantado una marea blanca en legítima defensa no ya de su trabajo, sino de un derecho clave para todos nosotros. La sociedad debería corresponder con una movilización generalizada en su apoyo. La servidumbre no se acepta.
El segundo motivo es de orden literario. Algunos amigos -académicos, líricos o simples cortesanos-, me han aconsejado en los últimos tiempos que me aleje de la política. ¡Estoy demasiado comprometido! ¡Estoy manchando mi obra, mis poemas de amor! No tengo tiempo ahora de explicar lo cerca que siempre han estado a lo largo de la historia las camas de hospital y los lechos de amor.
Por eso me limito a recordarme a mí mismo que San Juan de la Cruz, Quevedo, Jovellanos, Espronceda, Unamuno, Antonio Machado, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Pablo Neruda o Miguel Hernández sufrieron torturas, cárceles, exilios o penas de muerte por su compromiso humano y político. Si yo no me siento inmortal, no es por mi cercanía a la política, sino por los versos que he escrito. Pero lo seguiré intentando. La servidumbre no se acepta.

 Luis García Montero (Granada, 4 de diciembre de 1958) es una de las principales figuras de la actual poesía española. Autor de más de 25 poemarios, recibió el Premio Adonais en 1982 por El jardín extranjero, el Premio Loewe en 1993 y el Premio Nacional de Literatura en 1994 por Habitaciones separadas. En 2003, con La intimidad de la serpiente, obtuvo el Premio Nacional de la Crítica. A lo largo de su vida, García Montero también ha publicado ensayos, es autor de ediciones críticas de poetas como Federico García Lorca o Rafael Alberti y tiene en su haber obras de prosa como la novela Impares, fila 13, escrita junto a Felipe Benítez Reyes, además de haber colaborado en prensa de forma asidua

Moralinas con truco

 

Tres diputados del PP de Cospedal se ponen otro sueldo público tras quitarse el de las Cortes manchegas

Toledo.- La presidenta de Castilla-La Mancha y número dos del PP, María Dolores de Cospedal, ha conseguido hace apenas unas semanas que los diputados de su comunidad autónoma no puedan dedicarse en exclusiva al servicio público al ciudadano, pero alguno de sus diputados ya ha encontrado el método de cobrar otro sueldo. El 21 de diciembre, la mayoría absoluta de su partido sacó adelante una iniciativa en las las Cortes regionales para eliminar el sueldo de los parlamentarios, con el objetivo de "dar ejemplo" ante los recortes que estaban sufriendo los ciudadanos.

Pues bien, al menos tres del total de 25 diputados conservadores que apoyaron esa iniciativa, y que representan al 12% del Grupo Parlamentario del PP, ya se las han ingeniado para cobrar un nuevo sueldo público.
La última en conseguir esos nuevos ingresos ha sido la parlamentaria autonómica y concejala conservadora del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) María José Ciudad.
El 28 de diciembre, tan sólo un día después de que la Mesa de Las Cortes castellano-manchegas aprobara las nuevas retribuciones de los diputados autonómicos -que ya no cobrarán un sueldo, sino tan sólo dietas e indemnizaciones por asistir a los plenos-, Ciudad dirigió una carta al alcalde de Puertollano, al socialista Joaquín Carlos Hermoso, solicitándole el alta como concejal liberada en sustitución de su compañera de filas, María de Gracia Casados.
Dos días después, el regidor del municipio ciudadrealeño aceptaba el cese de esta última como la edil con derecho a tener dedicación exclusiva en el consistorio, y aceptaba el alta de Ciudad. Fuentes socialistas han explicado a Público que, de esta forma, la concejala del PP pasará a cobrar 2.372 euros netos mensuales como portavoz de su grupo en el Ayuntamiento, lo que se sumará a los 1.250 euros que percibirá en concepto de indemnización por su condición de presidenta de una de las comisiones de Las Cortes castellano manchegas. A eso se unirá lo que obtenga en función de los plenos a los que asista. 
Unas semanas antes, era el alcalde de Seseña (Toledo) y también diputado regional, el conservador Carlos Velázquez, quien decidía liberarse y empezar a cobrar un sueldo de 40.000 euros anuales del consistorio toledano. Se daba la circunstancia de que el pasado mes de septiembre, justo cuando defendió la iniciativa para suprimir los salarios de los diputados, él mismo dijo que la medida iba en contra de los "vividores" de la política.  
Y en la misma fecha que Velázquez -el 27 de diciembre- la alcaldesa de Brihuega (Guadalajara) y también parlamentaria, Adela de la Torre, también aprobaba en pleno su dedicación exclusiva se ponía un sueldo de 32.000 euros que ya cobra de las arcas del Ayuntamiento. 

A propósito de las revelaciones del gigante neoyorquino

LA BANCA, EL FRAUDE FISCAL Y EL NEW YORK TIMES

 
El New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el banquero más influyente de España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, además de en España. En EEUU el Banco de Santander es propietario de Sovereign Bank.

Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario más influyente de EEUU y uno de los más influyentes del mundo. Es de suponer que si se escribieran artículos semejantes, por ejemplo, sobre el Presidente Zapatero, tales reportajes serían noticia. No así en el caso Emilio Botín.
  Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas).
Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa –según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total.
Es también conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria. El caso más conocido es la gestión realizada por la ex Vicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía, “el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al tribunal”. Una medida que juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que “los ricos no pagan impuestos en España”.
Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súper ricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad. Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en España (y en Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy realizando.
Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos –aclara el Sr. Salvador Arancibia- “….medidas de enorme importancia en un momento como el actual, donde los medios están en una situación financiera muy delicada”. De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que llaman “libertad de prensa”.

Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Hay que enterarse de lo que pasa por la prensa extranjera

In Spain, after two decades of dizzying growth, the party is over.

Wednesday, January 9, 2013

For most of the last decade, Spain kept its fiscal house in strict order, running small deficits or even surpluses. The country enjoyed a long boom after joining the euro zone, as low interest rates fueled a surge in construction. The boom, while it lasted, gave Spain the world’s highest rate of homeownership.
But it came to an end with the 2008 financial crisis, and the resulting recession sent Spain’s unemployment rate soaring. Spain has also seen its deficits swell and has been forced to pay high interest rates as investors worried about its solvency. Fiscal woes in its largely autonomous regions have also added to the national debt burden.
Given the size of the Spanish economy and the weakness of its banks, Spain has become the biggest worry facing the European Union.
Since 2010, Spain has pushed through a series of austerity measures meant to rein in its deficit. Unhappiness over the economy brought down the center-left government of José Luis Rodríguez Zapatero, and in November 2011, the conservative Popular Party, led by Mariano Rajoy, won a parliamentary majority in new elections.
Mr. Rajoy had the benefit of a freshly elected, single-party majority behind him. But the country slid into its second recession, sending deficits and unemployment ever higher, forcing Mr. Rajoy to admit that his government would miss its deficit reduction targets.
In May 2012, the country faced a new crisis when Bankia, the nation’s largest real estate lender, requested an additional 19 billion euros in rescue funds from the country, far beyond initial government estimates. In June, Mr. Rajoy performed an about face, and Spain agreed to accept a bailout for its troubled banks.
The European Central Bank pledged in September to buy unlimited amounts of bonds to lower interest rates for countries like Spain and Italy, who were being pushed toward the fiscal edge by the markets. Yet Mr. Rajoy, like his Italian counterpart, appeared hesitant to take the bank up on its offer, worried both about the political fallout and over strings that might come with the aid.
In late September, the pressures on Mr. Rajoy’s government mounted, as demonstrators besieged Parliament and the leader of Catalonia, Spain’s most powerful economic region, called an early election for Nov. 25 that could turn into an unofficial referendum on whether to split from the rest of the country.
Apparently seeking to preempt any demands from European officials for more austerity as a condition for aid, Mr. Rajoy introduced a tough budget for 2013 that would cut spending by government ministries by 8.9 percent. And facing down independent-minded Catalonia, the central government warned that it would fight any breakaway attempt by the region.
The next day an independent audit reported that the country’s ailing banking industry could need as much as €59.3 billion in additional capital, a number that was within the range of previous estimates and well below the potential €100 billion, or $128.6 billion, in bailout money approved in June.
In October, Spain’s unemployment rate breached 25 percent for the first time in the country’s modern history. As a signal of deepening recession, the bleak jobs data also raised the likelihood that Spain would once again miss budget targets. The one perversely positive element: The labor picture is so dark that it could help Mr. Rajoy make the case that lenders cannot risk imposing further austerity measures on Spain in exchange for rescue funding.
In November, voters in Catalonia delivered victory to separatist parties in a regional election, raising the likelihood that Spain’s most powerful economic region will hold an independence referendum that Madrid has vowed to block. But residents of Catalonia, appeared divided over whether sovereignty demands should be limited to seeking fiscal concessions from Madrid or stretch far beyond that.
On Nov. 28, the European Commission approved a payment of €37 billion from the euro zone bailout fund to four Spanish banks on the condition that they lay off thousands of employees and close offices as part of their restructuring. The most significant cuts will be made by Bankia, the giant lender whose collapse and request for additional capital in May 2012 led Madrid to negotiate a banking bailout a month later. The other three banks are Novagalicia Banco, Catalunya Banc and Banco de Valencia.
As Spain Waits, Europe Frets
For various reasons, Prime Minister Rajoy, has deferred seeking help from a financial assistance program that Europe has tailored to Spain’s needs. By mid-October, many economists, analysts and business executives said they had become increasingly worried about the costs of further delay.
They warn that waiting to seek aid, and the uncertainty the delay engenders, threaten to push the economy deeper into recession. And that, they say, could increase the ultimate cost to Spain and Europe if the aid eventually needs to be granted under crisis conditions.
As long as Spain’s borrowing costs remain below 6 percent, as they have since the European Central Bank said it would buy the country’s bonds if asked, the Rajoy government might seem to have no reason to rush. But the downgrade of Spanish debt to near junk status on Oct. 10 by Standard & Poor’s underscored the fragility of the country’s finances. And the seeming political paralysis in Madrid may be reinforcing a wider economic stasis.
Analysts said there was more at stake than the yield on Spain’s government bonds. They pointed out that those lower interest rates would lead to reduced borrowing rates across the board, providing a cheaper source of financing for Spanish banks and corporations that could stimulate investment.
And yet Mr. Rajoy’s reluctance to seek help has its own logic. To begin with, German officials have urged him to wait, as they have no desire to present yet another euro zone rescue package to their fed-up voters.
But Mr. Rajoy, a stolid, cautious man, has plenty of domestic reasons, too. Since coming to power in late 2011, his popularity has plummeted in the wake of a series of wrenching austerity programs. Now, with regional elections on Oct. 21 in his home state of Galicia that could test the strength of his center-right Popular Party, Mr. Rajoy has every incentive to wait a bit longer to request help from Europe, which would bring with it further outside oversight of the Spanish budget.
But analysts said that by waiting several more months, as many here predict will happen, Mr. Rajoy was playing a dangerous game. Not only will the economy continue to suffer from uncertainty, but Mr. Rajoy also runs the risk of being forced to seek help under the duress of a market panic, if bond investors once again begin to bet against Spain. Europe’s intervention under that circumstance could lead it to demand even harsher policy measures — like the socially disruptive cuts in Spanish pensions that so far Mr. Rajoy has avoided.
Background: Promise and Plunge
In May 2012, Jonathan Blitzer, a journalist and translator, wrote an essay for the International Herald Tribune headlined “Spain’s Yearnings Are Now Its Agony’' that traced the roots of the crisis. Here is an excerpt:
Spain is stuck in a fateful holding pattern. According to a European Commission forecast, Spain will be the only country among the currency union’s cast of 17 to remain in recession in 2013. The government’s plans to recapitalize Bankia, Spain’s fourth-largest bank, have reinforced concerns about a generalized banking crisis and costly bailouts. Spaniards, meanwhile, will have to endure the effects of $34 billion worth of cuts slated for the rest of the year.
All of this adds up to the inevitability of future hurt, and it is embittering Spaniards’ taste for the democracy they craved just a generation ago.
Spain’s fall from heady promise to Celtic gloom tells a story of democratic expectation gone sour. This tale is a profound blow to the European Union itself — a symbol of the continent’s shifting political prospects. Spain was not only one of the chief protagonists of 20th-century Europe, it also tilled the bloody soil from which the union later sprang. The Spanish Civil War was the staging ground for the defining existential drama of the century: a gory crucible of democracy, fascism and communism in conflict. Its fate entwined with Germany’s, Spain was at the center of Europe.
Spain sat out World War II, but afterward, its Axis-addled associations and blustering dictator sidelined it while Marshall Plan aid and democratic reconciliation transformed the continent. Eventually it emerged into that new Europe — only to find itself, at the cusp of a new century, again bound to Germany, now by bankers rather than bombers. And again, this seemed a boon at first.
When Spain joined the European Community in 1986, after nearly four decades of dictatorship, euphoria reigned. Finally, the country was gaining its rightful place intellectually, culturally and economically in the social democratic mainstream of Western Europe. “For Spaniards, Europe was the solution,” said Álvaro Soto Carmona, a history professor at Universidad Autónoma in Madrid. “We were no longer different,” he said; membership “opened the door to hope.”
Propping open that door was money: structural funds from the union to finance much-needed infrastructure projects. At the heart of the financial power was a rejuvenated and economically vibrant Germany. The future looked secure; as had been the case in Germany, Spain’s renewed surety was wrapped up in its sense of belonging to a free and optimistic Europe.
Then came plans for the adoption of the euro in the late 1990s, and again the prospect of an ascendant Europe offered a gilded opportunity for Spain. Borders were disappearing. The euro helped inflate a booming real estate bubble, as capital migrated south from northern Europe. Banks lent liberally, and the construction industry surged. As private debt mounted, homeownership soared.
Unlike some of their European counterparts, Spanish banks were relatively well protected against the initial collapse of the American financial sector in 2008. But the global recession that followed, coupled with the bursting of the real estate bubble at home, soon devastated Spain’s economy, which had longstanding vulnerabilities that were no secret but had been overlooked in the boom years. They included chronically high unemployment, for which economists blame unwieldy labor laws. Those have now come in for an overhaul. But even in better times, Spain also lagged behind the European average in spending on research and development. Now there is talk of a worsening brain drain.
The principal remaining force driving jobs and taxable revenue is tourism, as it was in the times of Francisco Franco. It is “uniquely dispiriting,” lamented the novelist Ernesto Pérez Zúñiga, that so little has changed. Spain’s economy once was consigned to depression by Franco’s autarchic policies; now it is subjugated by the tyranny of the markets.
These days, a raft of illicit practices, crafted from old excesses, have become a rickety means of sliding by. In the years when construction and real-estate markets boomed, transactions conducted underground exceeded 20 percent of gross domestic product. Spain acquired the dubious distinction of having the highest concentration — nearly one-fifth — of all the 500-euro bills on the continent. Called “Bin Ladens” — everyone knows they exist but no one has ever seen them — they are vestiges of corruption, bribery and money laundering in the fat years.
While that bustle has cooled, many desperate Spaniards still work under the table — in some cases supplementing unemployment relief with money from ad hoc jobs. This helps explain why Spain’s deep despair has not exploded in quite the rage felt on the streets of Athens.
The Problem of Regional Debt
In January 2012, in an attempt to solve the problem of regional debt, Spain’s central government moved to shore up the finances of its 17 regional governments — some of which were having trouble paying their bills — while taking steps to tighten control over their spending.
Budget Minister Cristóbal Montoro said that the government would create a credit line and advance about $10 billion to the regions, money they were not scheduled to get until later in the year.
The regions needed the cash to pay suppliers, many of them small businesses that had not been paid in months, even years. But at the same time, Mr. Montoro said that Madrid would also seek new legislation to set penalties for regions that failed to comply with strict budget targets.
In August 2012, the most economically important region of Spain, Catalonia, asked the national government for more than €5 billion in emergency financing. The request by Catalonia followed rescue pleas by the Valencia and Murcia regions. Both said in July that they would need help from the €18 billion, or $23 billion, fund set up by the Spanish government.
While Catalonia, the home of Barcelona, has traditionally been among Spain’s most prosperous and industrial regions — accounting for almost a fifth of the country’s economic output — it had accumulated debt of €42 billion, the highest among Spanish regions. In addition, Catalonia had suffered credit rating downgrades and had been shut out of the debt markets.
In late September, the leader of Catalonia called an early election for Nov. 25 that could turn into an unofficial referendum on whether to split from the rest of the country. And in a move that underlined its deeping financial difficulties, Andalusia said that it was preparing to request $6.3 billion from the fund.
Spain’s system of autonomous regions was developed in the aftermath of the dictatorship of Francisco Franco. After years of repression, regions pressed successfully for as much freedom as possible.
They are generally in charge of administering schools, universities, health and social services, culture, development and, in some cases, policing. And the central government has had little ability to interfere.
But in recent years, the regions have been faced with some intractable problems. Education and health care have been particularly problematic, because those costs have been growing. At the same time, some main sources of financing — taxes on real estate sales and building permit fees — have dried up with the collapse of the housing boom.
The Jobless Increasingly Rely on Family
As the effects of years of recession pile up, more and more Spanish families — with unemployment checks running out and stuck with mortgages they cannot pay — are leaning hard on their elderly relatives. And there is little relief in sight — employment statistics released in late July 2012 showed that the jobless rate had risen to a record 25 percent.
Pensions for the elderly are among the few benefits that have not been slashed, though they have been frozen since 2011. The Spanish are known for their strong family networks, and most grandparents are eager to help, unwilling to admit to outsiders what is going on, experts say. But those who work with older people say it has not been easy. Many struggle to feed three generations now, their homes overcrowded and the tensions of the situation sometimes turning their lives to misery.
In some cases, families are removing their relatives from nursing homes so they can collect their pensions. It is a trend that has advocates concerned about whether the younger generations are going too far, even if grandparents agree to the move or are too infirm to notice.
A 2012 survey by Simple Lógica, Gallup’s partner in Spain, found a sharp increase in the number of older people supporting family members. In a telephone survey conducted in February 2010, 15 percent of adults 65 and older said they supported at least one younger relative. In the survey conducted 2012, that number had risen to 40 percent. Data compiled by an association of private nursing homes, inforesidencias.com, found that in 2009, 76 percent of its member homes said they had vacancies. In 2011, 98 percent of them did.
Such numbers, experts say, reflect growing desperation in Spain, which has the highest unemployment rate in the euro zone. According to recent government figures, about 1 in 10 households now has no working adults.
Some experts say they believe that retired people, sharing their pensions and dipping into their savings, have been the silent heroes of the economic crisis, and that without them Spain would be seeing far more social unrest.
Accepting a European Bailout for Ailing Banks
On June 9, 2012, responding to increasingly urgent calls from across Europe and the United States, Spain agreed to accept a bailout for its cash-starved banks as European finance ministers offered an aid package of up to $125 billion. The decision made Spain the fourth and largest European country to agree to accept emergency assistance as part of the continuing debt crisis.
The original plan was for the European bailout fund to provide the money to the Spanish government, which would then use it to prop up the banks. But Spain objected after markets responded by driving up the interest rates the government had to pay, in a reflection of the extra debt it was taking on.
At a summit at the end of the month, European leaders agreed that the bailout funds could recapitalize banks directly. As a condition, though, the leaders agreed that the euro zone’s permanent bailout fund, the 500 billion euro European Stability Mechanism, could act only after a banking supervisory body overseen by the European Central Bank had been set up.
In July, as the markets continued to pummel Spain, European finance ministers announced that the first, $37 billion installment of the bank rescue package would be disbursed by the end of the month, with the rest coming by the end of the year. They also agreed to ease Spain’s deficit targets, although new cuts were needed to meet even the adjusted goals.
In response, Mr. Rajoy released his fourth set of budget measures in seven months, a package intended to reduce the budget deficit by €65 billion, or $80 billion, over two and a half years. It included an increase in the sales tax, a measure his government had previously argued against amid concerns that it would deepen Spain’s recession by stifling consumer spending.
In late August, the Spanish government approved the creation of a so-called bad bank to absorb the most troubled real estate assets of the country’s financial institutions, helping to clear the way for Madrid to receive European rescue money for Spain’s banking industry.
The move is meant not only to let Spanish banks eventually begin to receive money from the €100 billion, or $126 billion, reserve that European finance ministers have approved, but also to restore market confidence in the country’s banking system.
The changes also give the government’s banking agency, known as the Frob, much greater powers to revamp rescued banks, as well as to limit the salaries of their top executives. Under the new rules, senior management as well as board directors of rescued banks will have their annual salaries capped at €500,000.
In the past two years, some of the directors of collapsed savings banks have walked away with multimillion-euro compensation packages, adding to the public’s resentment.
Spain has remained in investors’ line of fire over concerns about whether not only the banks, but the government itself, might soon need rescue money from Europe because of a deepening recession and the weakening finances of the country’s 17 semiautonomous regions.
Suspected Terrorists Arrested
The Spanish government said in early August 2012 that it had arrested three men suspected of having links to Al Qaeda and believed to have been planning attacks in Spain or elsewhere in Europe.
Two are citizens of the former Soviet Union and the third is a Turkish citizen, according to Spain’s interior ministry. The Turkish suspect was arrested in La Línea de la Concepción, a southern Spanish town facing Gibraltar, in a rented house where the police also found a sizable quantity of explosives. The other two men were arrested while traveling by bus near Valdepeñas, in central Spain, likely on their way to France.
The men had long been sought by intelligence services, according to the interior minister, Jorge Fernández Díaz. He said at a news conference that the men had undergone military-style training and described the quantity of explosives as sufficient “to destroy a whole bus.”
Spain had recently arrested several people believed to have links to Islamic terrorist organizations. In July, two Spanish citizens were arrested in Melilla, a Spanish enclave in North Africa, on suspicion of terrorism. In March, Spanish police arrested in Valencia a Saudi citizen described as “the librarian” of Al Qaeda, in charge of its propaganda and recruitment activities.

Las gracias de González

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha publicado un mensaje humorístico en su cuenta de Twitter que incluía una particular referencia al Rey Mago negro Baltasar. González se ha apresurado a borrarlo y ha pedido disculpas asegurando que había sido un error de su equipo. http://bit.ly/R3cViq

Un aviso de lo que puede suceder un día

Un asteroide de 50 metros pasará 'rozando' la tierra en febrero

Madrid.- Un asteroide de 50 metros de diámetro que sigue la orbita de la Tierra, llamado 2012 DA14, pasará 'rozando' la Tierra el próximo mes de febrero. Los expertos han indicado que no hay peligro de colisión con el planeta, pero podría peligrar la seguridad de algunos satélites artificiales, ya que pasará a una distancia similar a la que se suelen colocar estos aparatos en órbita.
Concretamente, la roca espacial, descubierta en febrero de 2012 por el Observatorio Astronómico de La Sagra (Sevilla), se acercará a solo unos 27.000 kilómetros de la Tierra, una distancia menor a la de algunos de los satélites geoestacionarios.
El astrónomo Phil Plait, creador del blog 'Bad Astronomy', ha señalado que las probabilidades de un impacto con la Tierra "son tan bajas que son esencialmente cero". "Esto no descarta un impacto en una fecha futura, pero por ahora estamos a salvo", ha apuntado en su web.
Del mismo modo, ha señalado que su paso cercano a los satélites "no debe ser objeto de preocupación", aunque en este caso no desmiente que existe algún tipo de peligro.
Plait ha destacado que se trata "del paso más cercano de un asteroide de tamaño reseñable nunca antes registrado". Después de este paso en el mes de febrero, se espera que 2012 DA14 se acerque aún más en 2020. "Aún así las probabilidades de un impacto serán menores que la probabilidad de que una persona sea alcanzada por un rayo en toda su vida: de 1 por 100.000", ha concluido el experto.

Humor y humores

El  Poder Judicial insiste: la reforma del Código Penal es inconstitucional

Madrid.- La Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, ha aprobado este martes un informe que pone en duda la constitucionalidad de la reforma del Código Penal auspiciada por el Gobierno.
El dictamen, que ha sido aprobado por tres votos frente a dos, cuestiona especialmente la adecuación a la Carta Magna de la prisión permanente revisable (que difícilmente encaja, dice, con la finalidad de la reinserción que la Constitución prevé para las penas) y la custodia de seguridad, las dos medidas más destacadas del proyecto de Ruiz-Gallardón.
El informe ha sido aprobado con los votos de la presidenta de la Comisión, Margarita Uría, y los vocales Carles Cruz y Margarita Robles --esta última ponente del mismo--. Y han votado en contra Antonio Dorado y Concepción Espejel, ambos considerados próximos al ministro Ruiz-Gallardón, que han anunciado votos particulares contrarios al dictamen, según han indicado a Público fuentes del Consejo.
La decisión definitiva del Consejo se conocerá previsiblemente el próximo 16 de enero, en un Pleno extraordinario en el que se someterá a votación el informe de la Comisión de Estudios.
Este dictamen ha avalado las tesis de la ponente (redactora) del texto inicial, Margarita Robles, quien rechazó radicalmente la nueva pena de prisión permanente revisable, por su incompatibilidad con la finalidad de reinserción de las condenas que impone la Constitución, y subrayando que no estuvo vigente ni en la época de Franco. Lo mismo opinaba de la custodia de seguridad, aparte de incluir otras críticas al nuevo Código.
Fuentes del Consejo han destacado que el dictamen aprobado por la Comisión de Estudios introduce correcciones a algunos aspectos del informe de Robles pero que se reafirma en lo sustancial, es decir, en las pegas de constitucionalidad a la prisión permanente revisable y a la custodia de seguridad.
De prosperar en el pleno la tesis del informe, elaborado por la vocal Margarita Robles, el dictamen representaría un severo varapalo al Gobierno, aunque no sería vinculante, es decir, no paralizaría la aprobación definitiva por el Gobierno del texto ni su tramitación parlamentaria.
Por otro lado, el anteproyecto de reforma del propio órgano de gobierno de los jueces, que aprobó en diciembre el Consejo de Ministros, ha entrado este martes en el registro del CGPJ para su informe, siempre según fuentes del propio Consejo judicial.
Las leyes orgánicas, como son el Código Penal o la Ley Orgánica del Poder Judicial (que afecta al CGPJ) deben ser sometidas a los informes, preceptivos pero no vinculantes, del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.

LOS 47 HOSPITALES Y LOS 1.500 CENTROS DE SALUD SON PÚBLICOS

La Junta de Andalucía desmonta las mentiras del PP sobre su modelo público de salud 

 La Junta de Andalucía ha difundido un documento que desmonta las mentiras con las que el Partido Popular trata de buscar similitudes entre su plan de poner en manos privadas la salud de los ciudadanos y la gestión sanitaria andaluza. Así, mientras el PP y sus numerosas terminales mediáticas tratan de confundir a sus seguidores con falsos datos, lo cierto es que en Andalucía todos los hospitales y centros de salud son públicos, con gestión pública, personal público y atención pública. En las últimas semanas no hay ninguna intervención pública sobre sanidad de dirigentes del Partido Popular en las que no se haga referencia a Andalucía para tratar de justificar las medidas aprobadas por la Comunidad de Madrid para convertir en beneficio privado la gestión de la salud pública. Cada intervención de la Oposición para poner en duda las intenciones, los objetivos y los poco creíbles planes de mejora de la asistencia defendida por Ignacio González, Dolores Cospedal o la ministra Ana Mato, son respondidos con alusiones a Andalucía basados en falsedades. Diferentes dirigentes del PP, así como los habituales tertulianos de la trinchera digital terrestre se lanzan cada día con declaraciones sin fundamento y carentes de todo rigor en las que acusan al Gobierno andaluz de privatizar la sanidad. “Desconocen nuestro modelo y harían bien en venir a Andalucía a conocer un sistema público de calidad y más eficiente e igualitario que el modelo privado”, se asegura en el documento difundido por la Junta. Y aclara la posición del gobierno andaluz: “El Gobierno de Andalucía está en contra de la hoja de ruta de privatización que desarrolla el Partido Popular tanto en la sanidad pública como en otros sectores”. Andalucía es uno de los modelos que se ponen de referencia en ámbitos internacionales cuando se habla de sistemas sanitarios que tienen prácticamente el 100% de la provisión pública. Al contrario de lo que sucede en Madrid, se pretende hacer en Castilla La Mancha y se ha hecho ya en Valencia -sin el éxito deseado, como acredita la situación del modélico Hospital de Alzira- en Andalucía no hay uno solo de los 47 hospitales públicos de Andalucía y de los más de 1.500 centros de salud “que estén ni vayan a estar en esta situación. Todos son públicos, con gestión pública, personal público y atención pública”, aclara el Gobierno presidido por el socialista José Antonio Griñán. Lo que sí hay en el sistema sanitario público andaluz, es una actividad complementaria que se hace en el ámbito privado, pero mediante la figura de los conciertos. Así, en el presupuesto del año 2013 para la Consejería de Salud y Bienestar Social, sólo el 3,7% del montante se destina a esta partida, un porcentaje que ha bajado desde el 4,5% del año anterior. Esta actividad concertada supone sólo el 3,6% de las consultas de especialista y menos del 8% de los ingresos hospitalarios que se producen en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, una actividad que en ambos casos ha bajado en los últimos años un 20%. Un pequeño porcentaje de la actividad que es usado una y otra vez por el Partido Popular y sus periodistas y tertulianos de cabecera para tratar de asimilar el sistema sanitario público andaluz con el que se pretende imponer con el rodillo de las mayorías absolutas populares, y contra el criterio de los profesionales del sector y una gran parte de los usuarios, que ven cómo los gobiernos del PP gastan ingentes cantidades de dinero público en construir y dotar centros de salud para ponerlos posteriormente en manos de empresas privadas. Algunas de ellas, además, totalmente ajenas a la medicina, lo que que les impedira convertir la inversión pública en sanidad su beneficio privado. Como se asegura en el documento difundido por la Junta, “mientras que Madrid incrementa la privatización de los servicios y vende el sistema público a los intereses privados, en Andalucía se trabaja para mantener un sistema de financiación pública y, sobre todo, y ésta es la diferencia con Madrid, de provisión pública, cada vez más resolutivo y sostenible, puesto que más del 96% de la atención es con medios propios y absolutamente públicos”. En esa línea, asegura la Junta de Andalucía, el sector privado había construido en la región dos centros sanitarios con vistas a que se pudieran concertar por el Sistema Sanitario Público (en Lepe y Montilla) y Andalucía prefirió construir sus propios hospitales, que hoy se suman a la red de infraestructuras puestas a disposición de los andaluces. De los 11 hospitales inaugurados desde 2005 en Andalucía, el 100% es público, con financiación y provisión públicas. Son datos que desmontan la estrategia del Partido Popular de señalar a Andalucía buscando una excusa para sus planes privatizadores. Datos, además, que son conocidos por el Partido Popular, aunque tanto sus dirigentes como sus cómplices mediáticos se esfuercen cada día en desvirtuar y manipular, buscando en la mentira y la consecuente confusión de la ciudadanía la excusa que tanto necesitan para justificar la enajenación de bienes públicos y sufragados entre todos para ponerlos, en forma de negocio, en manos de empresas privadas. Una mentira repetida mil veces no siempre se convierte en una verdad, y el modelo de gestión pública de la sanidad en Andalucía es, para lamento del PP, una prueba de ello.

Los "trabajadores" que mejor viven de España

Los diputados estarán 52 días sin pisar el Hemiciclo por vacaciones navideñas, cuatro más que en 2012

 

Congreso de los Diputados.

Madrid.- Los miembros del Congreso de los Diputados abandonaron sus escaños del Hemiciclo el pasado día 20 de diciembre y no volverán a ocupar los sillones rojos hasta el próximo día 12 de febrero, momento en el que se inicie el IV periodo ordinario de la  actual legislatura. En total serán 52 días continuados de ausencia. Contra lo que pudiese parecer, este régimen de asistencia no responde al capricho de sus señorías: lo marca, ni más ni menos, la Constitución. Y lo ratifica el Reglamento de la Cámara baja.
No obstante, pese a lo que explica el artículo 73 de la Carta Magna, el periodo de vacaciones parlamentarias puede alterarse; de hecho se amplía cuando existe una voluntad política expresa por parte de la mayoría de la Cámara baja - la normativa es idéntica para la otra Cámara, el Senado-. Suele ocurrir en todas las legislaturas, pero siempre como consecuencia de hechos más o menos relevantes. Se han convocado sesiones plenarias incluso en el mes de agosto.
Pero las voluntades políticas para alterar los periodos ordinarios de sesiones plenarias – de febrero a junio y de septiembre a diciembre – no suelen proliferar. No hay tradición, ni los ligeros retoques hechos al reglamento del Congreso, norma que data de febrero de 1982, contemplan que los meses de enero y de julio, declarados inhábiles junto a agosto, puedan ser considerados como el resto del año a efectos de celebrar sesiones plenarias.
A los 52 días de invierno sin plenos hay que sumar los 48 días seguidos que, en plena canícula estival, estuvo vacío el Hemiciclo y eso que en el mes de julio, de forma extraordinaria, se celebraron tres sesiones plenarias diferentes que mantuvieron ocupadas a sus señorías entre el día 14 y el 24, además de celebrarse algunas reuniones de comisiones parlamentarias. Paradójicamente, julio fue, en la práctica, un mes normal de trabajo parlamentario pese a estar catalogado como extraordinario.
Sin duda alguna, el clima social y político creado en torno a la tensión por la elevada prima de riesgo y los datos de aumento del paro influyeron a la hora de querer trasladar a la ciudadanía la imagen de trabajo parlamentario intenso. 
Durante el primer año de vida de la X Legislatura constitucional se han celebrado un total de 32 sesiones plenarias, normalmente de martes a jueves, aunque hubo semanas en que el pleno ocupó solo dos días o incluso uno solo. En diciembre de 2011, en el I periodo de sesiones, se celebraron tres plenos, uno de constitución de la propia cámara y los otros dos de investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.  En realidad, fueron unos plenos de meros trámites formales y sin lugar a sorpresas teniendo en cuenta la mayoría absoluta del PP. 
Contra lo que pudiese parecer, este régimen de asistencia no responde al capricho de sus señorías: lo marca  la Constitución. Ya en 2012, en enero se celebró un pleno para, entre otras importantes cuestiones, convalidar el primer Decreto Ley de medidas económicas que promulgó el Gobierno en su segundo Consejo de Ministros, celebrado justo antes de acabar el año. No es que hubiera un afán de trabajo parlamentario Ese mes tuvo cierta actividad añadida puesto que tuvieron que constituirse las comisiones parlamentarias, tarea que lleva sus trámites y procedimientos. Los diputados estuvieron relativamente ocupados ese mes de enero, algo considerado totalmente inusual.
El calendario ordinario del II periodo de sesiones, entre febrero a junio, estuvo relativamente saturado: 14 plenos, que sumaron un total de 18 contando el pleno de enero y los tres celebrados en el mes de julio. Una cifra, en cualquier caso, no muy habitual sin llegar a ser extraordinaria – el mes de marzo, por ejemplo, solo hubo dos plenos -.
Pero el III periodo de sesiones, entre septiembre y diciembre, la cosa cambió para convertirse en una etapa más relajada en cuanto a sesiones plenarias se refiere: apenas 11 plenos, tras eliminar del calendario inicial una semana con pleno por la convocatoria no prevista con antelación de elecciones en Catalunya.
Bien es cierto que en este periodo de sesiones se tramitan los presupuestos generales del Estado que llevan una carga de trabajo específica, pero que es puntual y ocupa a un número pequeño de parlamentarios.
Para el próximo periodo de sesiones, el IV, que comenzará la segunda semana de febrero y se alargará hasta la última de junio, el calendario aprobado por la Mesa de la Cámara baja el pasado 18 de diciembre prevé un total de 14 plenos. El mes más relajado será el de marzo, con solo dos semanas de sesiones plenarias ya que la Semana Santa se “come” la última del mes.
De habilitar el mes de julio para ocupar el Hemiciclo no se sabe nada a estas alturas del año y de voluntades políticas para hacerlo, menos todavía.

Del veterano escritor brasileño que más vende

Anxiety

by Paulo Coelho on January 7, 2013

There is nothing wrong with anxiety.
Although we cannot control God’s time, it is part of the human condition to want to receive the thing we are waiting for as quickly as possible.
Or to drive away whatever is causing our fear.
That is so from childhood onwards, until we reach the age when we become indifferent to life. Because as long as we are intensely connected to the present moment, we will always be waiting anxiously for someone or something.
How can you tell a passionate heart to be still and contemplate the miracles of Creation in silence, free of tension, fear and unanswerable questions?
Anxiety is part of love, and should not be blamed because of that.
How can you tell someone not to worry when he has invested his money and his life in a dream and has yet to see any results? The farmer cannot speed the progress of the seasons in order to pick the fruit he planted, but he waits impatiently for the coming of autumn and harvest-time.
How can you ask a warrior not to feel anxious before a battle?
He has trained to the point of exhaustion for that moment, he has given of his best, and while he believes he is prepared, he fears that all his efforts could prove to be in vain.
Anxiety was born in the very same moment as mankind. And since we will never be able to master it, we will have to learn to live with it – just as we have learned to live with storms.

La preocupación por su partido mueve a las viejas glorias socialistas

Felipe González reúne a su vieja guardia para hablar del rumbo del PSOE y elaborar un manifiesto interno

 

Madrid.- "España no tiene proyecto de país", decía este lunes el ex presidente del Gobierno Felipe Gonzalez, durante un debate que tenía lugar en Lisboa. Y precisamente para eso, para lograr un proyecto de país que esté liderado por su partido, el ex jefe del Ejecutivo parece estar moviendo hilos con ayuda de algunos de sus más estrechos colaboradores durante sus años en la Moncloa y al frente de la dirección del PSOE.
Y según apuntan esas mismas fuentes, el objetivo de la reunión, que se celebró el día 3 de diciembre -un día después del homenaje que rindieron los socialistas a González, coincidiendo con el 30 aniversario de su llegada al poder- no fue otro que hablar sobre el futuro del PSOE. Lo cierto es que ninguno de los asistentes a la cena tiene ya ningún poder orgánico dentro del partido, y todos ellos han perdido la influencia con la que contaban en su día en las familias felipista y guerrista que hoy parecen difuminadas.
Los fundamentos de esos primeros movimientos se detallaron en una cena que tuvo lugar a principios de diciembre en un conocido restaurante situado en la Casa de Campo madrileña -el Currito-, según explican a Público fuentes conocedoras del encuentro. Afirman que a la cita, convocada por el ex ministro José Luis Corcuera, acudieron además de González el ex ministro y ex secretario general de la OTAN, Javier Solana, el ex presidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, o el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, entre otras figuras socialistas. Pero las personas consultadas, ligadas al partido, explican que del encuentro salió la idea de elaborar un manifiesto interno que en ningún caso tiene el objetivo de promover la salida de Alfredo Pérez Rubalcaba de la Secretaría General de los socialistas, sino que persigue aportar ideas para el futuro del partido. Siempre según las mismas fuentes, los encargados de redactar ese texto serían Rodríguez Ibarra, el ex diputado Francisco Fernández Marugán y el ex secretario general de la Seguridad Social, Adolfo Jiménez.Consultado por este diario, Marugán, hoy adjunto a la Defensora del Pueblo, ha negado cualquier vinculación con ninguna iniciativa orgánica. Por su cargo actual, el exdiputado tuvo que abandonar las filas del PSOE, por lo que formalmente no es militante del partido. Y aunque reconoce que escribe textos sobre economía que comparte con sus excompañeros, insiste en que "de la vida orgánica" él no escribe "nada".
Más escueto, el expresidente de Extremadura ha evitado confirmar en conversación telefónica si ha participado o no en esta iniciativa. "Yo si ceno con Felipe González comprenderá que no lo cuente por ahí", ha zanjado Ibarra.
 Precisamente el martes se anunció que el PSOE parece haber asumido que cualquier intento por recuperar su electorado, alejado como nunca de esas siglas, debe pasar por abrir el partido a la ciudadanía.
Aunque apenas ha concretado su determinación, el secretario de Organización de los socialistas, Óscar López, ha anunciado este martes que esa apertura comenzará a materializarse durante el proceso de renovación programática -que no de sus dirigentes- que se pondrá en marcha este mismo sábado con la celebración del Comité Federal.

Se iniciará entonces "el mayor proceso de debate y renovación programática que haya hecho nunca un partido en este país", y "el más participativo", ha dicho, porque contará "con cientos de miles de militantes y de simpatizantes del PSOE, pero también con todos aquellos ciudadanos que quieran participar en ese proceso de redefinición", que culminará en el mes de octubre con una "gran Conferencia Política".
Preguntado sobre cómo podrá encauzarse esa participación ciudadana, López no ha dado muchos más detalles. Se ha limitado a señalar que ya existe un "diálogo permanente" a través de la red entre políticos y representados. Sí ha anunciado que en las sucesivas conferencias programáticas que se celebrarán en los próximos meses "participarán cientos de personas de la sociedad civil", y podrán actuar "con voz y voto". Pero para conocer más detalles, habrá que esperar a que el Comité Federal del sábado apruebe el funcionamiento de los distintos cónclaves.

Ni hablar, tampoco, de cualquier cambio en la cúpula del partido que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba, y ni siquiera del proceso de primarias para dar con el próximo candidato socialista a la Presidencia del Gobierno. Porque la que comienza esta semana es única y exclusivamente una renovación "programática". A lo largo del año se celebrarán cinco convenciones (en febrero, marzo, abril, mayo y junio), que hablarán sobre Europa; crecimiento económico y modelo productivo; fiscalidad; reformas democráticas e institucionales y sobre el estado de bienestar, especialmente Sanidad y Educación.
Todo ello concluirá con una gran Conferencia Política "que recogerá todas las conclusiones, todas las propuestas que se hayan desarrollado a lo largo de estos 8 meses en ese gran proceso de redefinición", ha dicho López. Y entre medias, entre los meses de junio y julio, el PSOE abordará uno de los asuntos más delicados por la variedad de opiniones que existen en el seno del partido: el modelo de Estado. En un Consejo Territorial que se celebrará en esas fechas, los socialistas debatirán tendrán encima de la mesa la difícil tarea de hacer coincidir a quienes defienden el derecho a decidir de los diferentes pueblos españoles, con los que abogan por mantener el actual Estado autonómico.
En la primera comparecencia pública de los socialistas tras el periodo navideño, López ha explicado tras la reunión de la Ejecutiva del PSOE, cuál será la acción política de su formación a corto plazo. El primer objetivo será volver a salvar los 400 euros del plan Prepara porque "es justo para aquellos que peor lo están pasando, los que no tienen ya ningún ingreso".
Además, López ha anunciado que los socialistas presentarán en breve "un grupo de juristas especializados para denunciar todos aquellos pasos que se den para privatizar la sanidad pública en España". Un tercer eje de actuación del PSOE para los próximos meses será la oposición frontal a la reforma educativa del Gobierno, la llamada Ley Wert, ya que es una norma que "supone un retroceso en la calidad de la educación en nuestro país y atenta contra la igualdad de oportunidades".

Soares y González advierten que los mercados pueden hundir a Europa y piden acciones contra el deterioro de la democracia.

Antonio Jiménez Barca  

Lisboa 7 ENE 2013

La cita en el Centro Cultural de Belem, a la que acudieron el expresidente Mário Soares y el jefe de Gobierno Felipe González, era para hablar del pasado, de la Transición, para recordar las claves que permitieron a Portugal y a España pasar de una dictadura a una democracia. En teoría. Porque tras unas pocas concesiones a la nostalgia (“a mí cuando me presentaron a Felipe González me dijeron que se llamaba Isidoro”), los dos históricos líderes del socialismo europeo evaluaron el muy complicado presente y, a su juicio, el muy peligroso futuro.
“Yo confío en que [Barack] Obama sea capaz de poner freno a los mercados”, dijo Soares, que añadió: “Porque, si no, vamos a ir a peor. Y va a crecer la desigualdad y los estallidos sociales. Los mercados deben obedecer a las reglas de los Gobiernos, y no al revés, como pasa ahora. Y la globalización, también debe de someterse a ciertas reglas. Si no, la democracia caerá en el descrédito y el mundo empezará a encaminarse hacia una Tercera Guerra Mundial”.
González no fue tan drástico, pero advirtió que los ciudadanos “no entienden que se vote a unos dirigentes que carecen de margen de maniobra frente a los mercados, a los que, por cierto, no me han presentado nunca”. Luego avisó: “Europa tiene el modelo. Y los instrumentos necesarios. Pero no los utiliza a causa de un galopante nacionalismo insolidario que, en el pasado, ya llevó a Europa a dos tragedias”.
Soares y González se citaron en Belem a fin de conmemorar el 40º aniversario del primer número del semanario portugués Expresso, cuyo fundador, el ex primer ministro portugués Francisco Pinto Balsemão, amigo de ambos, también participó en el debate.

Soares, que lo ha sido todo en la vida política lusa y que a sus 88 años mantiene una viva agenda política y pública recordó los tiempos en que Portugal y España se adhirieron juntas a la Unión Europea, en junio de 1985, y luego matizó: “Pero entonces había líderes solidarios, provenientes de la Democracia Cristiana europea y del socialismo europeo, que no sólo miraban por los intereses de sus respectivos países.
Si ese ingreso se tuviera que hacer hoy…” González añadió: “En fin, eso de que los líderes de antes sí que eran buenos lo llevo yo escuchando siempre. Cuando yo estaba se oía siempre que el bueno era Adenauer, que ya no estaba. Ahora bien: hay algo de verdad en esa frase, porque los dirigentes de ahora están presos de los mercados, gobiernan para el déficit”.
González alertó de otra burbuja financiera “que se está gestando ahora” y que puede estallar. “Se prometió mucho y algo se hizo en 2009 para regular los mercados pero desde entonces no se ha hecho nada y si vuelve a estallar esta otra burbuja financiera, los ciudadanos no nos lo perdonarán a los políticos”. Y luego aseguró que una política centrada en la austeridad y en el déficit no tiene salida para nadie. “Ni siquiera para los acreedores porque ellos son los primeros que saben que si no se crece, aquí no se paga”.
Poco antes, en un discurso el mismo presidente de la Comisión Europea, el portugués José Manuel Durão Barroso, aseguró que la denominada crisis del euro “ya está superada”. Soares comentó después que, a su juicio, el dirigente europeo “es demasiado optimista”.

Los ex siempre en candelero

Bono, otro jarrón chino. EL FORO

por Alfonso García

Cuenta el diario ABC en su edición del 8 de enero los privilegios de José Bono como expresidente de Castilla-La Mancha. Y lo publica en un alarde de portada, tipografía y vendiéndolo como la exclusiva del mundo mundial. Por motivos que ignoro, pero que puedo imaginar, el periódico de Vocento saca ahora este “notición” sobre la oficina de apoyo a Bono que cuesta 160.000 € al año por los gastos que genera el propio despacho, dos secretarias y un chófer. Cabe decir, que la oficina se encuentra situada en la antigua Escuela de Caza, desde 2002 Centro de Coordinación del 112 inaugurado por el propio Bono.
Durante el tiempo que hizo su primer paréntesis en la política -desde que abandonó el Ministerio de Defensa hasta su elección como Presidente del Congreso- el punto de encuentro con el ex era ese. A través del despacho situado entre Toledo y la localidad de Olías del Rey se gestionaban entrevistas o cualquier otra cuestión que se requiriera de él.
Ahora que nos cuestionamos todo, la existencia de ese privilegio –se podrá discutir sobre su oportunidad- era conocido por todos, especialmente por todos los políticos de Castilla-La Mancha, también los del PP y hasta por el periódico que ha publicado la noticia. De hecho fue aprobada en sesión plenaria con luz y taquígrafos. Huelga, por tanto, hacerse cruces por algo sabido desde hace diez años.
Si se ha sacado nuevamente a la luz periodística  -en ningún caso novedad, como digo- es por otros intereses orquestados y con el único objetivo de desviar la atención pública sobre el desastre de administración que, tanto Rajoy como Cospedal  están llevando a cabo en España y en Castilla-La Mancha, respectivamente.  Buena prueba de ello es cómo la caverna mediática y miembros del Partido Popular se han tirado a la yugular de José Bono.
Ahora bien, Bono que siempre ha predicado que los políticos deben tener los bolsillos de cristal -por su transparencia- debería haber puesto más cuidado. Con su experiencia resulta incomprensible que se relajara y haya dejado pasar por alto que la derechona, siempre al acecho, le ha estado buscando las vueltas y hurgando en sus costuras desde siempre. A Bono se le pueden y deben reprochar muchas cosas, como más adelante citaré, pero en modo alguno se le puede negar su trabajo en Castilla-La Mancha, una región que cuando él la cogió era un desastre en todos los órdenes. Bono y solo Bono hicieron  que los castellano-manchegos se sintieran región y respetados. De un territorio desestructurado en lo social, en lo económico, y hasta en lo cultural, pasó bajo sus mandatos a tener voz y peso en la España de las Autonomías.
Por eso sorprende que el de Salobre haya olvidado que las obras realizadas y los recuerdos se esfuman, incluso los medios a los que él benefició no dudan en ponerlo a los pies de los caballos porque hoy tienen otro señor.
No obstante, es cierto que Bono debería saber que no se le puede estar agradeciendo toda la vida su trabajo, entre otras cosas, porque él mismo decidió marcharse, con todo su derecho y legitimidad, de Castilla-La Mancha. Sin embargo, aunque fuera de la escena política, Bono no ha sabido o no ha querido apartarse de los focos mediáticos. En cierto modo, y a pesar de los métodos carroñeros de la caverna, él mismo se ha buscado lo que tiene por no saber o no querer apartarse. De otro modo no se entienden sus afanes por nadar y salvar la ropa, por querer estar siempre en la pomada y, por utilizar los refranes castellanos que tanto le gustan, por querer ser niño en el bautizo y muerto en el entierro. Nunca ha sabido entrar en vía muerta.
Prueba de ello es que desde hace un tiempo anda metido en un proyecto de fundación para defender la Constitución y la marca España en el que se ha asociado con otros ex como Zaplana o Acebes. En definitiva, es una manera de seguir teniendo influencias en determinadas instancias e instituciones. Si no hay hueco para él, es un maestro ello, se lo inventa.
En ese camino de narcisismo sin límites, lo antepenúltimo es su libro “Les voy a contar” y lo penúltimo  su web losdiariosdejosebono.com en la que sin ningún pudor hace apología de su persona y de su obra literaria. Pero estando en su derecho de publicitarse no lo es tanto que utilice el Congreso de los Diputados para hacerse la propaganda de su libro.
¿Le darían permiso a otro escritor a hacer lo mismo? Sin duda que no, pero a Bono sí.  Comentario aparte merece el vídeo y su contenido, más propio de El Club de la Comedia que de un expresidente de Castilla-LaMancha, ex ministro del Gobierno de España y ex presidentes del Congreso. Es tan malo que da risa y cualquiera puede entender que utiliza la sede parlamentaria en provecho propio. Y ahí también debería ser más cuidadoso.
Bono, de quien se dice que es su mejor director de comunicación, no está siendo en absoluto prudente en los últimos años. ¿Alguna vez lo ha sido? No quiero ni pensar que su oficina de apoyo en Toledo la pueda utilizar también para estos menesteres. Me da igual que la información  haya sido interesada y forme parte de la enésima campaña contra él –sin duda lo ha sido- pero este es momento para que, practicando su evangelio,  renunciara al despacho. Tiene la suficiente economía como para montar y pagar su propio despacho.
Bono, como dijo Felipe González de los expresidentes del Gobierno, se ha convertido en un jarrón chino, pero a diferencia de los anteriores ha sido él mismo quien lo ha modelado a su imagen y semejanza.
Ya va siendo hora de que se deposite en un museo.
De verdad, querido Pepe. No te lo tomes a mal.