Es interesante saber cómo son remunerados tantos políticos

 

Dime dónde legislas y te diré cómo cobras

 Clara Pinar

En seis de los 17 parlamentos regionales pagan a parte de sus diputados solo con dietas, una modalidad dentro de una diversidad que incluye también sueldos e “indemnizaciones”, diputados con dedicación exclusiva, “sin dedicación” o “liberados”.

Los diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha estrenarán el año que viene un nuevo sistema de retribución que eliminará totalmente los sueldos y los sustituirá por dietas, un modelo que ya existe en Navarra y que convive con el sueldo en seis de los parlamentos autonómicos, donde hay toda una colección de modalidades a través de las cuales sus señorías reciben un pago por sus trabajos en las cámaras. En el entramado parlamentario autonómico encontramos desde las cortes más estrictas y unitarias, que exigen dedicación exclusiva, al menos para cobrar un sueldo que es igual para todos, hasta asambleas donde los diputados pueden acogerse a hasta tres modalidades para percibir sus emolumentos. En general, eso sí, todos los sistemas están regados por todo un universo de dietas por reuniones dentro y fuera de la cámara, desplazamientos, pernoctas y gastos varios.
El Gobierno que preside María Dolores de Cospedal espera ahorrar un millón de euros anuales -de un presupuesto actual de nueve millones- con la eliminación de los sueldos de los diputados, que pasarán a percibir una dieta por asistencia a reuniones parlamentarias y que cambiarán por un sueldo actual que oscila entre 50.000 y 57.000 euros brutos anuales, dependiendo de la función y responsabilidades en la cámara.
Las Cortes de Castilla-La Mancha se alinearán con el Parlamento de Navarra, el único en el que ninguno de sus 50 diputados cobra un sueldo, solo dietas que varían desde los 136,16 euros diarios para los residentes en Pamplona a los 161 para quienes tienen que desplazarse 25 kilómetros o más. Para compensar la ausencia de una cantidad fija en el bolsillo de sus señorías, los grupos perciben una asignación mensual fija de 8.341 euros, a la que se suma otra de 1.152 euros por cada uno de sus diputados.
En el otro extremo se sitúan los parlamentos de Euskadi y Andalucía. En la Cámara de Vitoria los diputados deben tener dedicación exclusiva en su actividad parlamentaria y cobran desde los 68.567 euros brutos anuales de un diputado raso a los 94.834,60 del presidente. En el Parlamento de Andalucía, los diputados tienen estipulado un sueldo que oscila, con cálculo de 12 pagas, entre 37.359 y 58.896 euros brutos al año, pero que solo cobrarán aquellos que no tengan ninguna otra actividad laboral -ni en el ámbito público ni en el privado-.
Los diputados de la Asamblea de Ceuta cobran todos lo mismo, 15.600 brutos anuales, un sueldo que perciben también los diputados que, al mismo tiempo, son miembros del Gobierno de la ciudad autónoma. Lo suman a los 20.400 euros anuales que cobran por ello, saltándose la norma de no cobrar dos sueldos públicos simultáneamente.
De momento, son mayoría los parlamentos regionales que mantienen un sueldo para sus diputados y emplean las dietas para gastos como el desplazamiento o la manutención. En todo caso, ya son 6 de 17 los que prefieren pagar a algunos de sus diputados solo a base de dietas. Sea esto efecto o consecuencia de que los políticos tengan otra profesión, lo que también sale aquí a relucir es la cuestión de los conflictos de intereses en quien al mismo tiempo es diputado y empresario o abogado. Paradójicamente, nadie en ningún parlamento autonómico recordó ningún caso, y la valoración general es que estas incompatibilidades se han resuelto siempre fácilmente y normalmente a petición del propio interesado.
Diputado, alcalde y ganadero.
Para muestra, un botón: en las Cortes de Aragón los únicos casos de incompatibilidades que se recuerdan son las renuncias de los diputados a sus actas para ocupar otro cargo público y no se ve como problema que sus señorías desempeñen otras actividades. Es más, se ve como positivo que formen parte de comisiones parlamentarias relacionadas con su sector de actividad, para aprovechar su conocimiento sobre la materia. José Ramón Ibáñez es diputado del PSOE, también alcalde de Calanda (Teruel), ganadero y miembro de la Comisión de Agricultura de las Cortes. Según explica, hace tiempo que decidió alquilar su explotación de conejos, de la que sigue siendo propietario, a pesar de lo cual no ve problema en participar de discusiones que muchas veces alcanzan de pleno a la ganadería, su sector. En el plano institucional, sin embargo, sí cuenta con que tendrá que inhibirse y no votar en temas que tengan que ver con los intereses del pueblo del que es alcalde.
Vuelve el eterno debate de si los políticos deben dedicarse exclusivamente a la política y estar convenientemente pagados para que la corrupción no les tiente o, por el contrario, la política tiene que ser una actividad temporal y los políticos deben tener otro medio de vida.
Uno de los primeros en plantear la cuestión fue Platón en La República, donde apostaba por la primera fórmula. Pero, filosofía aparte, un repaso a lo que ocurre en los 17 parlamentos autonómicos refleja que ocurre más bien lo contrario, que a día de hoy en la mayoría de las cámaras regionales existe la figura del diputado a tiempo parcial. La forma en la que perciben su salario varía desde un único sueldo igual para todos, participen más o menos en los trabajos parlamentarios, a sueldos fijos pero distintos en función de su dedicación o en la distinción entre los diputados que cobran un sueldo y quienes perciben solo dietas.
Diferencias de sueldos.
Cerca del modelo de Navarra y del que se implantará en Castilla-La Mancha, en La Rioja y en Castilla y León la mayoría de los diputados no tienen dedicación exclusiva. Solo uno de los 33 diputados riojanos, el presidente, cobra un sueldo. El resto, dietas de asistencia. En Castilla y León, de 84 procuradores solo 18 tienen un sueldo: el presidente -68.981 euros brutos al año-, los miembros de la Mesa y los portavoces y portavoces adjuntos de los grupos -72.886 euros- y otros cinco diputados a los que a final de la legislatura también se incluyó en la categoría del personal con dedicación plena, y de los que en la actualidad solo quedan tres, con un sueldo de 55.676 euros. Sobre la “paradoja” de que los portavoces cobren más que el presidente, fuentes de las Cortes explican que ocurre como en el Gobierno de la Junta, donde el presidente tiene el sueldo equiparado a un secretario de Estado y los consejeros -en este caso los portavoces y miembros de la Mesa-, con el de un ministro. El resto de procuradores percibe dietas de 180 euros por asistencia y día.
Por norma general, que un diputado tenga dedicación parcial o total depende del puesto que ocupa en la cámara y, por tanto, no es de libre elección. Excepto en la Asamblea Regional de Murcia, donde sus señorías pueden elegir si quieren acogerse a un régimen o a otro. De sus 45 diputados, en la actualidad solo cinco de ellos han preferido cobrar unas dietas que, entre asistencia y manutención, alcanzan los 189 euros diarios. El resto cobra un sueldo de 51.870 euros anuales. Igualmente, 49 de los 65 diputados de la Asamblea de Extremadura son “liberados”, es decir, trabajan a tiempo completo y cobran alrededor de los 66.416 euros anuales, según un dato de 2009. Los 16 restantes cobran dietas diarias de entre 140 y 161 euros.
También tienen este sistema dual, aunque aderezado con dietas por diversos conceptos, en el Parlamento de Canarias, donde el sueldo va desde casi 46.000 euros de un diputado raso a casi 72.000 del presidente. Quienes optan por cobrar dietas pueden embolsarse más de 300 euros al día por asistir a reuniones y por los gastos ocasionados, que se complementan con distintas cantidades dependiendo de la isla de la que sea el diputado.
En Cantabria pueden cobrar hasta de tres maneras distintas, aunque aquí tampoco faltan dietas en el caso de los diputados con dedicación exclusiva. Estos últimos cobran 31.796 euros brutos anuales y quienes tienen dedicación parcial perciben 18.180 euros. La tercera modalidad es la de los que solo cobran a base de dietas, que reúnen una cantidad total anual de 6.797 euros.
En Baleares el diputado con dedicación plena percibe entre 53.304 y 74.130 euros brutos anuales según su función. Quienes compaginan el parlamento con otras actividades cobran según un sistema doble de dietas. Por una parte, perciben una cantidad anual de 18.374 euros, que se obtiene de ponderar las distintas cantidades al mes en función de la actividad parlamentaria a lo largo del año -que, por ejemplo, se corresponde con cero euros en el mes de agosto-, a lo que se suman otras dietas, por asistencia y gastos, de más de 300 euros en total.
También hay un sueldo fijo para todos por igual en Aragón -de entre 42.000 y 91.000 euros brutos anuales-. La diferencia es que, como es la tónica de las cámaras regionales, tampoco se pide dedicación exclusiva. El sueldo de los 135 miembros del Parlamento catalán oscila entre 37.327 euros brutos anuales y los 120.715 euros que cobra el presidente.
Los 45 diputados de la Junta General del Principado de Asturias también se dividen entre quienes dedican todo su tiempo a la actividad parlamentaria y quienes no. Los primeros cobran entre 47.064 y 62.211 euros brutos anuales y los segundos -denominados administrativamente diputados “sin dedicación”-, entre 23.183 y 41.012. El Parlamento de Galicia paga un sueldo de entre 23.315 y 77.348 euros en doce pagas y distingue entre diputados a tiempo completo y parcial, de forma que estos últimos no reciben indemnización. En las Cortes valencianas hay un sueldo base para todos los diputados -28.326 euros al año-, que los que tienen dedicación exclusiva completan con otros 10.590 euros anuales, además de las dietas que reciben todos. El de la Asamblea de Madrid es un sistema similar, los diputados que trabajan también fuera cobran menos que los que no. La diferencia, en un sueldo base, consiste en cobrar 49.042 o 17.094 euros.
Habitantes por diputado.
Como ya hiciera antes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, Cospedal también planteó reducir a la mitad el número de diputados en Castilla-La Mancha. En términos autonómicos, el ratio diputado/habitantes varía desde La Rioja, donde hay un diputado por cada 9.786 habitantes, o Cantabria -uno por cada 15.208- a Andalucía -uno por cada 77.285 ciudadanos–, Cataluña -uno por cada 55.849- o Madrid -uno por cada 50.307-.
No hay una opinión común en el PP sobre si sus sueldos son muy elevados o si hay demasiados políticos por habitante. Para el partido todas las medidas de austeridad son bienvenidas, pero también hay quien critica que a Cospedal ya solo le queda renunciar a la autonomía de Castilla-La Mancha, también para ahorrar. Tampoco en el PSOE, donde lo mismo se la acusa de facilitar que el sector privado se convierta en legislador que se respalda la idea de pagar a los diputados solo por la asistencia porque “así te aseguras de que acuden a los plenos y las comisiones, si no, no cobran”, en palabras del expresidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
Quizá convendría mirar, también en esto, hacia Alemania, donde cada una de sus 16 regiones federales tiene su propio parlamento. En uno de ellos, el de Baden-Wurtemberg, 60 diputados -uno por cada 178.638 habitantes- discutían recientemente la compra de deuda española por parte del Banco Central Europeo dentro de una actividad parlamentaria por la que cobran una “indemnización” de 90.675 euros brutos al año

Para que no se le olvide a nadie, que no sólo pagamos partidos y sindicatos

Estrategias oblicuas

La patronal también la pagas tú

Ignacio Escolar -Periodista

Domingo, 10 de febrero del 2013

La inmensa mayoría de empresarios honestos de este país deberían corear un famoso lema del 15-M y dedicárselo con un corte de mangas a la cúpula de la patronal: «¡Que no nos representan, que no!».
La CEOE, que tantas lecciones da sobre el esfuerzo y la austeridad de los demás, arrastra un oscuro presente y un impresentable historial. Es una organización que ya está tardando en abrir las ventanas, limpiar bajo las alfombras y pedir públicamente disculpas a la sociedad.

La trayectoria de sus últimos dirigentes es como para hacérselo mirar. José María Cuevas, su histórico presidente, ni siquiera fue empresario; su hijo (al fin un emprendedor en la familia) acaba de ser detenido en una operación contra el blanqueo de capitales. Su sucesor, Gerardo Díaz Ferrán, está en la cárcel, acusado de gravísimos delitos; es el mismo moroso que no pagaba a sus empleados pero tenía dinero para donar varios cientos de miles de euros a Fundescam que se gastaron en la campaña electoral de su amiga, la regeneradora Esperanza Aguirre. Y quien sustituyó a Díaz Ferrán, Juan Rosell, ha tenido esta semana dos patinazos cada uno de los cuales justificaría por separado una dimisión. El primero, asegurar que esos 7,5 millones de euros en «donaciones» que aparecen registrados en los presuntos papeles de Bárcenas tienen poca credibilidad porque son «cantidades ridículas» (¿cuántos ceros hacen falta para que los donativos se parezcan a los de verdad?). El segundo, negar las cifras de paro. Para la marca España, es ideal que el presidente de los empresarios cuestione la estadística oficial.
Rosell también soltó el viernes en la SER una frase para enmarcar: «En la empresa pública ni se controla ni se evalúa». El cazo se lo dice a la sartén. En el 2010, la CEOE gestionó 587 millones de euros. Por comparar, el presupuesto del Congreso y del Senado (141 millones entre ambas cámaras) no llega ni a la mitad de la mitad. El 68% de esos fondos, unos 400 millones, son subvenciones, pagadas por los contribuyentes. La mayor parte de su dinero es público, pero sus cuentas son opacas. La CEOE solo presenta anualmente un mínimo resumen, con menos detalles que el salpicadero de un Seat Panda y solo de la cúpula central. Hablamos de una organización que cuenta con nueve vicepresidentes, una junta directiva de 221 miembros, 486 sedes por toda España y 3.729 empleados. Son los mismos que pregonan la austeridad, llaman vagos a los funcionarios y critican la «mastodóntica» Administración. Son también los que pedían abaratar el despido pero aprobaron una indemnización de 1,9 millones de euros para uno de sus exdirectivos.
El PP planteó esta semana que la futura ley de transparencia afecte también a partidos y sindicatos, como receptores de dinero público. Me sumo a la propuesta, pero que la amplíen también a la patronal.

A ver si cunde el ejemplo de esta muchacha

Democracia real YA

‎"Me sorprende mucho cómo pretendemos remover la revolución desde un hotel de cinco estrellas en Cascais, llegando en coches de lujo. Me pregunto de verdad si nosotros podemos darle a los ciudadanos una respuesta cuando vosotros, líderes políticos, les decís que los entendéis. ¿De verdad sentimos ese dolor aquí dentro? ¿De verdad podemos entender lo que estamos pidiendo al mundo desde un hotel de cinco estrellas? Los jóvenes desde luego no estamos de acuerdo con vosotros cuando tomáis estas decisiones. Es muy triste tener que pediros de rodillas que nos escuchéis en cada una de vuestras organizaciones políticas."

Un inspirado análisis de Miguel Mora en El País

Los movimientos ultracatólicos ganan la partida

Benedicto XVI se retira a la clausura antes de ser devorado por sus enemigos. Que sea el primer caso en 600 años dice mucho sobre el nivel moral con el que ha convivido

Miguel Mora 11 FEB 2013

El papado de Joseph Ratzinger pasará a la historia por sus intentos —tardíos pero sinceros— de limpiar la imagen de la Curia y de la Iglesia, mancillada por los miles de casos de abusos a menores ocurridos en los últimos 50 años en instituciones y colegios católicos de medio mundo, y por la sistemática tarea de ocultación que emprendió la jerarquía durante el reinado de su antecesor, Juan Pablo II. Es verdad que Ratzinger fue el brazo teológico de Wojtyla en la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero mientras el Papa estuvo vivo la única consigna fue tapar y proteger a los delincuentes de toda ralea, y sobre todos ellos al líder de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, elevado al altar de asesor principal de Wojtyla e inmune a toda condena pese a la tímida oposición de Benedicto XVI, que solo pudo poner orden cuando llegó al trono de San Pedro y que finalmente puso bajo tutela al movimiento entero.
El ortodoxo cardenal alemán de alma tridentina ha sido durante su mandato un Papa solo, intelectual, débil y arrepentido por los pecados, la suciedad y los delitos —él empleó estas dos palabras por primera vez— de la Iglesia, y rodeado de lobos ávidos de riqueza, poder e inmunidad. La Curia forjada en tiempos de Wojtyla era una reunión atrabiliaria de lo peor de cada diócesis, desde evasores fiscales hasta pederastas, pasando por contrarrevolucionarios latinoamericanos y por integristas de la peor especie. Esa Curia digna de El Padrino III siempre vio con malos ojos los intentos de Ratzinger de hacer una limpieza a fondo, mientras los movimientos más pujantes y rentables, como los Legionarios, el Opus Dei y Comunión y Liberación, torpedeaban a conciencia cualquier atisbo de regeneración
La Vaticalia eterna, esa espesa gelatina formada por cardenales y civiles que confunden los intereses de Italia y los del Vaticano y hacen negocios cruzados en los dos Estados mientras deciden las cosas importantes, se ha empleado a fondo en estos siete años para mantener sus privilegios e impedir al mismo tiempo la renovación de la Curia y la modernización de Italia, especialmente en dos sectores, las finanzas y la información, los imperios donde más poder e intereses tienen el Opus Dei y Comunión y Liberación, los movimientos ultracatólicos que más medraron, junto a los Legionarios, durante el largo papado de Wojtyla.
Así, los asuntos turbios y los escándalos han sido moneda corriente, y a vuela pluma se pueden citar varios que demuestran cómo el poder vaticaliano en la sombra, aliado de hierro de ese gran pecador llamado Silvio Berlusconi y dirigido y protegido por su mano diestra, el andreottiano Gianni Letta, ha desafiado de forma reiterada la autoridad y las invocaciones a la honradez del Papa.
El falso papel que acusó de homosexualidad a Dino Boffo, director de Avvenire, para forzar su dimisión; los manejos que acabaron con el cese fulminante del presidente del banco vaticano, el Instituto para las Obras de Religión (IOR); el ascenso de Angelo Scola, único cardenal de Comunión y Liberación, al arzobispado de Milán para sustituir al progresista Tettamanzi y preparar el relevo de Ratzinger; el caso nunca aclarado del mayordomo, cabeza de turco de un más que probable espionaje sistemático al Papa; y el escándalo de la Protección Civil que salpicó a un gentilhombre y a media administración berlusconiana son solo algunos ejemplos de esa comunión de intereses entre la política italiana y la curia vaticana.
El papado de Ratzinger, en ese sentido, ha sido un rotundo fracaso: pese a las críticas, su honestidad intelectual es indiscutible, pero al final ha estado muy por encima de los resultados obtenidos. Los lobos han ganado la partida, pero su renuncia, meditada para evitar un segundo calvario en directo como el vivido con la interminable agonía de Wojtyla, sitúa a Joseph Ratzinger como un pastor derrotado y coherente que, harto de luchar, se retira a la clausura antes de ser devorado por los lobos y los buitres. Que sea el primer caso en 600 años dice mucho sobre el nivel de la iniquidad con el que ha convivido. Que no se haya filtrado la noticia lo dice todo sobre su soledad.

Sigue con su "programa, programa", pero esta vez vuelve con un Frente Cívico

Anguita llama a los ciudadanos a erigirse en contrapoder

El exc oordinador de IU anima a la resistencia pacífica y pone a Gandhi como ejemplo
Advierte que ha llegado el momento de "dejar los símbolos en las sedes y renunciar a ponerlos por delante"

El excoordinador de IU, Julio Anguita

Julio Anguita y Mariano Rajoy tienen poco en común pero están de acuerdo en que la mayoría ciudadana es silenciosa y se queda en casa. Para cambiarlo, el ex coordinador de Izquierda Unida impulsa el Frente Cívico, un proyecto político que no quiere convertirse en partido sino en “contrapoder”. 

El objetivo es que el Gobierno acabe gobernando para los ciudadanos y no ejerza de “capataz de la finca para la banca”. A corto plazo, el plan es empezar por buscar los puntos en común con todo tipo de colectivos. El viejo comunista avisa de que para lograr tejer una red y ponerse de acuerdo, habrá que renunciar a siglas y símbolos y “dejarlos en las sedes”.

El salón de columnas del Círculo de Bellas Artes se quedó muy pequeño. Los que fueron a escuchar a Anguita, Juan Carlos Monedero y Víctor Ríos se apretaron dentro de la sala o se conformaron con estirar el cuello desde el vestíbulo. Prometió que iba a dejarse de declamaciones y grandes discursos. No acabó de lograrlo. Anguita propone hablar “de los precios del tomate y la lechuga” con el mismo tono solemne con el que se refiere a la nacionalización de los sectores estratégicos, pero se le vieron algunos gestos de autocrítica.

Reclamó no hablar de “mayoría de izquierdas” ni entrar al trapo con las definiciones. Los que no tengan paciencia para trabajar en persuadir a los ciudadanos, “que se vayan a hacer grandes discursos”. 

Hasta hizo reír a la concurrencia cuando repitió su  famoso  “programa, programa”.  La diferencia es que ahora propone negociarlo y empezar por las “medidas pequeñitas” que la mayoría social pueda compartir. Las primeras son exigir un salario y una pensión mínima de 1.000 euros. “¿Quién va a decir que no a eso?”, preguntó. Una segunda reforma fiscal es la deducción lógica y la tercera de sus propuestas.

Para convencer a la gente, habrá que explicárselo bien. Anguita mandó  “tirar de pizarra y tiza, o de lo que haya ahora” para explicar bien a los ciudadanos que la Ley Electoral perjudica a formaciones como IU. Su pedagogía se resume en que “la gente no sabe que sabe y hay que ayudar a que sepa que sabe”. 

El tono con el que habrá que explicar las ideas tendrá que ser tranquilo y el modelo de conducta, Gandhi. “No me gusta la gente que chilla”, advirtió.

Anguita también rechazó la expresión “clase política” y reclamó que es injusto decir que todos son iguales. Él no lo es, dijo, y conoce a muchos que tampoco lo son, tanto en las filas de la derecha como en la izquierda. Cuando oye esa afirmación, advierte al que la pronuncia que muchas veces no es más que “una coartada para justificarse” y acabar pidiendo una factura sin IVA.

Juan Carlos Monedero y Víctor Ríos explicaron que el plazo para celebrar una asamblea constituyente estatal del Frente Cívico es mayo o junio y que les gustaría hacerlo coincidir con la fecha mágica del 15M. Monedero cargó contra “la tutela de la monarquía”, la sacralización de la Transición y las “mafias territoriales”.  También recibieron “la parte de la izquierda que hace que su referente, Felipe González, trabaje para Carlos Slim”, la Fundación Ideas y la puerta giratoria “que los votantes socialistas llevan con mucho dolor”. Monedero  destacó que la “España leal” son los ciudadanos  “frente a los que se llenan la boca de España pero tienen sus cuentas en un paraíso fiscal”.

Humor y humores

Vaya tropa Majestad... Sólo falta Don Corleone

Más sobres: ahora Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE

Ahora es Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE y presidente de los empresarios de Madrid. La Cadena SER cuenta que paga en negro parte del sueldo de sus empleados, según denuncian éstos. Numerosos testimonios corroboran la práctica (que califican de sistemática) en el centenar de empresas del holding. La información de Pilar Velasco está tan documentado que incluso ha logrado que un trabajador muestre el sobre cerrado con la nómina y la “propina”, en billete grande por supuesto. Arturo Fernández, claro está, lo niega. Y dice que es “una caza de brujas a los empresarios”.
 Muy vinculado al PP de Madrid, compañero de colegio de Esperanza Aguirre, Fernández surte el catering de numerosas instituciones públicas: el Congreso de los Diputados, la Asamblea de Madrid, el Ministerio de Defensa o RTVE. Doy fe que se comía mucho mejor en el Congreso que en Televisión española aun siendo el mismo proveedor. Y también privadas y colegios. Se adjudicó la manutención de los Jóvenes de la Jornada  Mundial de la Juventud que llenó Madrid de jóvenes católicos en el verano de 2011. Su crecimiento económico ha estado vinculado a la explotación de servicios de restauración y catering en la administración del Estado, principalmente en la Comunidad de Madrid a partir del año 2000, informa Javier Casal en este caso.
 Es cuñado del expresidnete de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, perseguido por la justicia por múltiples delitos económicos. Y él mismo está imputado en el caso BANKIA, del que, naturalmente, fue consejero. La número 2 de Arturo Fernández en la CEIM es Lourdes Cavero. Esposa de Ignacio González y propietaria del 80% del ático de Marbella. Urge hacer una especie de árbol geneálogico de la “famiglia”.
Arturo Fernández dice… muchas cosas. Por ejemplo, en la huelga de metro de Madrid que “los empleados de Metro están ‘arruinando’ la ilusión de los niños con la huelga“. O que “Eurovegas es “sinónimo de empleo“, y se refiere al proyecto como “Euroempleo”. Más “famiglia”, los tíos de América.
Aún resuenan en nuestros oídos las declaraciones del presidente de la CEOE, Juan Rosell. Este otro alto empresario ejemplar dijo que “no cree haya 6 millones de parados”.  Propone enviar a su casa a los funcionarios que, según él, sobran (y a los que llama grasa frente al músculo) con un subsidio a determinar, “en lugar de que vayan a trabajar y  gasten en papel y en teléfono” y planteó la necesidad de miniempleos para los jóvenes “aunque sean de una hora”. Casualmente, la principal organización empresarial española recibe elevadas subvenciones públicas: “la CEOE gestionó 587 millones de euros. Por comparar, el presupuesto del Congreso y del Senado (141 millones entre ambas cámaras) no llega ni a la mitad de la mitad. El 68% de esos fondos, unos 400 millones, son subvenciones, pagadas por los contribuyentes”, según contaba Ignacio Escolar.
En este agitado día, llegan noticias también de que el Papa Benedicto XVI se propone dejar su cargo el 28 de Febrero “por falta de fuerzas”, hecho que no tiene precedentes, “salvo uno en la Edad Media a los 9 meses de función”, comenta Juan José Tamayo en la SER. En éstas conviene recordar que Mariano Rajoy no ha dimitido, tampoco Ana Mato ni Cristobal Montoro y volver, precisamente, a Arturo Fernández, Díaz Ferrán, Jaume Matas… y nuestro Rey, tan poco hábil eligiendo amistades.

Mientras falta dinero para casi todo

Los partidos han ingresado 1.136 millones en ayudas, donaciones y afiliados en cinco años

D. FERNÁNDEZ. 11.02.2013

Los partidos políticos son una máquina de ingresar dinero. En los últimos cinco años fiscalizados por el Tribunal de Cuentas (periodo 2003-2007) las formaciones políticas han obtenido al menos 1.136 millones de euros, contabilizando solo las principales aportaciones: subvenciones públicas, donaciones, cuotas de afiliados y las cartas financieras de sus cargos públicos, es decir, la parte del salario que los cargos elegidos en Ayuntamientos, Diputaciones y Parlamentos entregan a su partido.

El mayor montante procede de las subvenciones públicas. En esos cinco años los partidos políticos han recibido 928 millones, una cantidad similar a la que por ejemplo espera recibir España del presupuesto europeo 2014-2020 para combatir el paro juvenil. Obviamente, PP y PSOE, las formaciones con mayor éxito electoral, y por tanto, mayor representación en Administraciones y Parlamentos, se reparten la mayoría del pastel público. El PP ha recibido 322 millones en esos cinco años; y el PSOE otros 285 millones, a los que se pueden sumar los 55,5 millones de los socialistas catalanes.
Tras el escándalo del 'caso Bárcenas', el PP ha decidido hacer públicas sus cuentas en el periodo que ahora está fiscalizando el Tribunal de Cuentas: los años 2008, 2009, 2010 y 2011. En esos cuatro años ha recibido otros 369 millones. Lo que quiere decir que en nueve años, entre 2003 y 2011, los populares han ingresado 691 millones de euros en ayudas públicas, una media de 112.300 euros diarios.
Las subvenciones, son, sin duda, el apartado más transparente que fiscaliza el Tribunal de Cuentas, ya que el dinero que un partido recibe por votos obtenidos, diputados y concejales logrados, o gastos electorales generados, está controlado rigurosamente.
Otro aspecto son las aportaciones privadas. El tribunal examina las cuotas de afiliados y simpatizantes, los préstamos, las herencias que puedan recibir los partidos, los rendimientos y productos gestionados (como venta de lotería o alquiler de inmuebles) y sobre todo, las donaciones. Por poner un ejemplo, solo en 2007 los partidos ingresaron 578.000 euros en venta de lotería.
Hasta que en julio de 2007 un cambio en la ley prohibió las donaciones anónimas, la opacidad de estas aportaciones era total. Los únicos requisitos eran que cada donante no diera más de 60.000 euros al año y que los fondos anónimos no procedieran "de empresas públicas ni de empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios para alguna Administración Pública».
Es decir, que los propios gestores y tesoreros de los partidos (entre ellos el propio Bárcenas) no tenían la obligación de facilitar al tribunal cuánto dinero aportaba un donante anónimo o si este era un constructor con contratos vigentes en cualquier Administración. Los partidos se limitaban a decir a los técnicos del órgano fiscalizador que cumplían la ley, pero el Tribunal de Cuentas nunca podía comprobarlo, una incapacidad que al menos resaltó en sus informes. “No se ha podido comprobar el cumplimiento a nivel individual del límite legal de aportaciones", rezan una y otra vez los informes hechos públicos durante la década 1997-2007.
Fiscalizamos lo que los partidos nos presentan, no podemos hacer nada más""Fiscalizamos lo que los partidos nos presentan, no podemos hacer nada más", señalan funcionarios que trabajan en el área de partidos políticos. Por ese sistema, los partidos recibieron 52,3 millones en donaciones en el periodo analizado por 20minutos.es: 2003-2007. En el informe de 2007 se incluyeron por primera vez las donaciones que recibieron las fundaciones vinculadas a los partidos: otros 2,1 millones.
El PP recibió en ese año 20,1 millones en donaciones, el 38% del total que recibieron todos los partidos. La reforma de la ley acabó en 2007 con la posibilidad de que los partidos pudieran ingresar donaciones anónimas. Así que los próximos informes (el siguiente analizará las cuentas de los partidos en 2008) reflejarán si el fin del anonimato ha reducido las donaciones de los partidos.
Esta posibilidad ha quedado demostrada en las cuentas que acaba de hacer públicas el PP, adelantándose así a los informes del Tribunal de Cuentas. En 2003 el PP recibió 4,17 millones en donativos; 3,78 millones en 2004; 3,5 millones en 2005; 3,7 millones en 2006 y 4,97 millones en 2007. Cuando dejaron de ser anónimas, se bajó a 1,38 millones en 2008; solo 669.000 euros en 2009; 537.000 euros en 2010 y volvió a subir a 2,14 millones en 2011, curiosamente en año electoral.
El líder socialista, Pérez Rubalcaba, ha propuesto este fin de semana que las empresas no puedan donar dinero a los partidos, aunque es partidario de mantaner las donaciones individuales y debidamente identificadas.
En el propio Tribunal reconocen el retraso en la fiscalización de las formaciones políticas, por eso se ha anunciado recientemente que se reforzara ese departamento, pasando de 12 a 26 miembros (hay 776 trabajadores en plantilla del tribunal). Como el delito de financiación ilegal prescribe a los cuatro años, parece poco útil que un órgano fiscalizador analice la contabilidad de los partidos políticos con un retraso de cinco años.
La Asociación de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas pide que se hagan fiscalizaciones más concretas y cercanas en el tiempo, "por eso exigiremos este mismo año formalmente que se cree un departamento específico dentro del tribunal para fiscalizar a los partidos, con más personal", señala su presidenta Elena Vicente. El Tribunal se divide en siete departamentos, pero ninguno se dedica en exclusiva a los partidos políticos, que se fiscalizan en una especie de subárea llamada coponencia.
El PSOE recibió 8,72 millones en donaciones en el periodo 2003-2007. De momento no ha hecho públicos las que ha recibido en el periodo 2008-2011. Una formación tan fuerte como CiU, con tanta implantación en Cataluña, solo recibió 324.000 euros en esos cinco años, según los informes del Tribunal de Cuentas. PNV reconoce 4,46 millones. Un dato curioso es el de Esquerra, que suma 465.000 euros en donativos en esos cinco años, pero en 2006 solo reconoce 625 euros y en 2005 solo 260 euros.
El PSOE recibió 8,7 millones en donaciones en cinco años, Esquerra informó de 625 euros en un solo añoPor último, este diario ha analizado los ingresos que los militantes y los propios cargos electos dejan en las arcas de los partidos. PP y PSOE son los más fuertes en lo que a afiliados se refiere. Entre 2003 y 2007, las cuotas de los militantes supusieron un ingresos en el PP de 49 millones, que se suman a los 47 millones generados en el periodo 2008-2011. La militancia del PP parece fiel, a tenor de los datos, ya que cada año han ido creciendo los ingresos por afiliados.
La militancia del PSOE también se ha mantenido fiel. En 2003 sus afiliados dejaron 6,4 millones; en 2004, 7,69 millones; en 2005 subió a 8,7 millones; en 2006 se mantuvo en 8,84 millones; y en 2007 en 8,89 millones.
Si sumanos las cuotas y aportaciones de cargos públicos de los diez partidos analizados (PP, PSOE, PSC, IU, PNV, BNG, CC, CiU, ERC e IcV) en el periodo 2003-2007, los partidos han ingresado la nada desdeñable cifra de 154 millones de euros.

Los duendes que andan urgando entre las noticias y comunicados

Moncloa mata a Mariano Rajoy

Por EL HUFFINGTON POST 

El departamento de comunicación del Ministerio de la Presidencia, a cuyo cargo está la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ha enviado un correo electrónico en cuyo asunto reza un imposible: "Pésame Rajoy por fallecimiento Rajoy".
La nota de prensa en realidad recoge el pésame del presidente del Gobierno por la muerte, ayer, del filósofo Eugenio Trías. Así figura, ya bien, en el título del documento adjunto al correo electrónico.

Siete minutos después, la misma cuenta del Ministerio de la Presidencia ha mandado otro mensaje con la rectificación, aunque en el asunto del mensaje no figura esa palabra, sino "Repetición".
Precisamente este mes la revista satírica Mongolia lleva en portada una información que, visto el correo de este lunes de Moncloa, puede calificarse de premonitorio (dentro de la irrrealidad).
 

El notición que menos se esperaba para hoy

El Papa renuncia por 'falta de fuerzas'

Benedicto XVI dejará de ser Papa dentro de exactamente 17 días, el próximo día 28 de este mismo mes, por "falta de fuerzas". El anuncio lo ha realizado esta mañana en persona el propio Pontífice, en latín, durante un consistorio en el Vaticano para la canonización de unos mártires.
Joseph Ratzinger tiene toda una retahíla de achaques: en 1991 sufrió un ictus y con anterioridad ya padeció complicaciones cardiovasculares. Además, tiene problemas de hipertensión y, de hecho, muchos consideran que fue ésa la causa del posible desmayo que sufrió en 2009 durante unas vacaciones en las montañas del Valle de Aosta y que hizo que se rompiera la muñeca derecha.
De hecho, Ratzinger sigue una dieta rigurosa y los médicos le han prohibido poner el pie por encima de los 2.000 metros de altitud. Es por ello por lo que los dos últimos años ha renunciado a pasar los veranos en la montaña para quedarse en Castel Gandolfo.
Además de los problemas de corazón, apenas ve por el ojo derecho, sufre un 50% de artrosis en la cadera derecha, padece hipertensión, se cansa cada vez más... Desde hace tiempo camina con bastón y utiliza una plataforma con ruedas empujada por empleados del Vaticano para desplazarse por la Basílica de San Pedro. En los últimos meses, siempre por motivos de salud, ha disminuido sus compromisos públicos, sus viajes y las audiencias.
"Cuando un Papa alcanza la clara conciencia de que ya no es física, mental y espiritualmente capaz de llevar a cabo su encargo, entonces tiene en algunas circunstancias el derecho, y hasta el deber, de dimitir", aseguró el propio Benedicto XVI en 2010 al periodista alemán Peter Seewald en la larga entrevista publicada en forma de libro bajo el título 'La Luz del Mundo'. Y ese día ya ha llegado.

Por si a alguien le cabían dudas

La política en manos de la oligarquía económica

Miguel García - 11 feb 2013 

Miembro del colectivo econoNuestra y del grupo de investigación Economía Política de la Mundialización

La aparición en los últimos días de una supuesta contabilidad B del Partido Popular, asociada a su extesorero Luís Bárcenas, ha puesto en el ojo del huracán la corrupción política. En un clima de recortes sociales crecientes, la indignación contra este colectivo está alcanzando límites inimaginables hace no tanto, cuestionando incluso las bases del pacto político-social nacido al calor de la transición.
Es innegable que la indignación contra los políticos, contra “la casta”, está sin duda justificada. Pero quedarnos en este nivel de análisis, considerar a los políticos un colectivo con intereses propios independientes del poder económico y responsable único de la crisis, introduce un importante sesgo a un elevado precio: la historia nos enseña, que las opciones de gobierno asociadas a una política deslegitimada van desde populismos con tintes fascistoides a teóricos gobiernos “tecnocráticos”. El remedio se torna peor que la enfermedad.
Tenemos pues que apuntar más allá de lo obvio, superar la capa de bruma que oculta que, detrás de cada sobre, de cada pago en B, había alguien con interés y capacidad de hacerlo. Para que haya una salida, es necesaria la existencia de una entrada. Tautología contable.
Deberíamos superar el reduccionismo que supone considerar a los afamados sobres el centro de la denominada corrupción política. Si superamos la dimensión legalista de ésta para acercarnos a la colusión de intereses entre lo político y lo económico, damos un importante paso para arrojar luz, allá donde es necesario iluminar.
No podemos quedarnos en un nivel superficial porque decidan permanecer en él las voces de gran parte de la opinión publicada. La zona más alumbrada no tiene por qué contener necesariamente la respuesta. Evitemos, por tanto, cegarnos en lo que muchos medios repiten hasta la saciedad y observaremos que la comunión entre los poderes fácticos políticos y económicos trasgrede con mucho aquello que interesa que la ciudadanía perciba.
Pongamos un sencillo ejemplo al respecto. Todos recordamos a nuestro exministro de economía Pedro Solbes y su gran capacidad de predicción de pequeñas desaceleraciones. Más allá de su valía personal, imaginemos un  falso escenario: dado que las medidas tomadas para abordar la crisis por su parte se centraron en salvar los muebles de las grandes empresas, la clase empresarial española decide reconocerle “su servicio” a través de uno de los afamados sobres en B. El escándalo habría sido impresionante, su dimisión inmediata exigida y las consecuencias legales inevitables.
Esta es la distopía. Veamos ahora lo que ocurrió en el relato real, que hasta su abandono de la política es compartido. Dado que las medidas tomadas para abordar la crisis por su parte se centraron, como se ha dicho, en salvar los muebles de las grandes empresas, la clase empresarial española decide reconocerle “su servicio” y tras finalizar su estancia al frente del Ministerio de Economía es nombrado consejero de Enel —principal accionista de Endesa— y del banco Barclays. Su remuneración va mucho más allá de la “pecata minuta” recogida en los papeles de Bárcenas. A Rajoy se le estiman unos 25.000 euros anuales de pagos en B, mientras que la remuneración media de un consejero de una empresa del Ibex35 era superior al medio millón de euros anual en 2011. Más del 10% de estos consejeros ocuparon en algún momento un alto cargo político.
Resultado: no hay escándalo alguno. La opinión publicada apenas muestra interés al respecto. Todo es perfectamente legal y no existe conflicto de intereses alguno. Este ejemplo puede ser clarificador, pero no es, desgraciadamente, ningún hecho aislado. Nuestros expresidentes Aznar —asesor externo de Endesa Latinoamérica— o González —en el consejo de administración de Gas Natural Fenosa— muestran que esta convivencia llega a las más altas esferas. También el camino a recorrer puede ser inverso: Manuel Pizarro, presidente de Endesa hasta 2007, se postuló como candidato a la cartera de economía en las elecciones de un año después. El video que ilustra el debate entre este último —que intuye, según sus palabras, una crisis del ladrillo pasajera— y el ya mentado Solbes, es un ejercicio de memoria muy recomendable para los gobernados.
Tampoco el problema es exclusivamente nacional, aunque muchas veces quieran dibujarlo así. El excanciller alemán Schröder y su controvertido paso al sector privado, mediante  la empresa a la que su propio  gobierno concedió la construcción de un gaseoducto en alianza con el gobierno de su amigo Vladimir Putin,  muestra que los honrados y productivos alemanes también entienden al respecto. Si cruzamos el charco la situación no mejora: la línea que separa lo político de los lobbies financieros e industriales en Estados Unidos es anecdótica, como bien señala el Premio Nobel J. Stiglitz con la llamada “puerta giratoria” entre lo económico y lo político.
La artificial separación de ambas esferas en compartimentos estancos, la idealización de lo económico frente a lo político, es una parte importante del mantra neoliberal que todo intenta invadir. Pareciese que fruto de la transición  existiera un pacto implícito de despolitización general. Accedimos a un régimen que considerábamos más democrático y nos integramos en la moderna Europa, en una unión que todo lo prometía, en lo que parecía sin duda un buen intercambio.
Al despertar nos dimos cuenta de que votar cada cuatro años no garantiza una sana democracia y que pese a llamarnos europeos no éramos todos iguales. La convergencia de Maastricht fue un espejismo que amargamente se diluyó. Pero tanto en la construcción de los criterios de Maastricht como en las actuales condiciones de los rescates, no solo se encuentra el poder político. Un dato llamativo al respecto: la UE cuenta con un numeroso pero poco conocido grupo de lobistas del sector financiero-industrial. Su número se estima en 15.000, más de 20 por eurodiputado.
La crisis ha sacado a relucir importantes carencias del entramado institucional, tanto a escala nacional como europea, pero no olvidemos el origen económico de la misma y quién es el beneficiario último de privatizaciones y rescates. El problema no reside en lo político, sino en el abandono de la política por parte de los gobernados: dejar a la política a su suerte es dejarla en manos de la oligarquía económica.
 
EconoNuestra es un colectivo formado por economistas –académicos, investigadores, estudiantes, periodistas– y por todos aquellos que, desde muy diversos ángulos profesionales, se quieren comprometer en el impulso del debate económico desde “otra visión”. Nuestra intención es la de contribuir al diálogo social y a las soluciones políticas con una economía diferente a la del fundamentalismo del mercado. Además, aspiramos a convertirnos en una plataforma de información, formación, propuesta y debate, desde una perspectiva de economía crítica, sobre aquellos asuntos que están en el corazón de la crisis sistémica y que, al mismo tiempo, conectan con la agenda estratégica surgida del movimiento 15M
Web: Econonuestra

Mensajes sin clave

Una mirada oportuna sobre lo que esconden las palabras del líder de los negociantes

 

El Análisis de... José Antonio Pareja

Maldito Lou

El mundo soñado por Juan/Joan Rosell

09/02/2013

Hace un par de semanas, Concha Caballero publicaba en El País un estupendo y visionario artículo titulado: “El día que acabó la crisis”. Como conclusión de su más que razonado y razonable escrito, la periodista afirmaba que un buen día, cuando los que gobiernan el mundo decidan que ya hemos tenido suficiente dosis de crisis, anunciarán que se ha terminado, y ese día descubriremos que con la recesión hemos perdido 30 años en derechos y salarios.
Por la última declaración del presidente de la patronal, Juan Rosel en Madrid y Joan Rosell en Barcelona, que a un buen hombre de negocios sólo le interesan las banderas si es del sector textil, ese día está más cercano de lo que imaginamos. La declaración de Joan/Juan pidiendo la casi eliminación del cuerpo de funcionarios públicos y una nueva reforma laboral que potencie los minicontratos, además de cuestionar que el número de parados de la EPA sea real, no es una provocación, como así se la han tomado sindicatos y partidos de izquierda, sino la expresión de un sueño.
El mundo que teme Concha Caballero coincide exactamente con el que desea Juan/Joan. El día que acabe la crisis, si no hemos hecho nada para impedirlo, Joan/Juan sueña con poder contratar a un trabajador que le acompañe los días de viento al campo de golf (con el IVA rebajado, como desea Esperanza Aguirre) y vigile que la ondulación de sus rizos no le estorbe a la hora de afrontar algún crucial golpe. Y terminado el partido y pagado lo que el patrón haya tenido a bien, si el obrero ha trabajado con diligencia quizá tenga la suerte de ser contratado otro día un par de horas más, y si no allí se habrá acabado su experiencia laboral en el sector del rizo.
Los pocos funcionarios públicos que queden para entonces, serán muy distintos a los de ahora. Nada de ociosos médicos en servicios de urgencias de hospitales públicos, ni profesores con horarios de niño de cinco años, ni mucho menos molestos inspectores de hacienda metiendo sus narices donde no deben. Los funcionarios del día del fin de la crisis serán como siempre los hemos deseado: eficientes, atentos y, sobre todo, muy obedientes. Básicamente policías y militares que se encargarán de vigilar que Joan/Juan y el resto de patrones, puedan seguir creando riqueza sin que nada ni nadie les estorbe.
Ese día, que Juan/Joan sabe que ha de llegar más pronto que tarde, el precio de la mano de obra será tan insignificante como lo es desde siempre en el Tercer Mundo. Descubriremos que el objetivo de la globalización no era exportar el modelo del mundo desarrollado a los países más pobres, sino exactamente lo contrario. Joan/Juan, que es un hombre viajado, sabe que no todo van a ser ventajas. Pasear por el centro de nuestras ciudades rodeado de niños pidiendo unos céntimos para completar el paupérrimo salario de sus padres, no será agradable. Pero para eso existen los clubs exclusivos y las amuralladas zonas residenciales. Quizá lo único que puede frustrar el sueño de Juan/Joan, es que no haya calculado bien la altura que deben tener esas murallas.

Una exclusiva de la SER desenmascara a otro "liberal"

El 'número dos' de la CEOE, Arturo Fernández, paga parte del sueldo a sus empleados en negro

PILAR VELASCO   11-02-2013

Las denuncias de los antiguos empleados y trabajadores en activo se refieren a complementos de su nómina en dinero negro. En concreto, a los de responsabilidad y horas extras. El Grupo Cantoblanco que dirige el vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, se encarga del servicio de restauración en la Asamblea de Madrid, de algunos hospitales madrileños, ministerios y el Congreso de los Diputados.
 El vicepresidente de la CEOE y presidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, ha pagado en dinero negro parte del sueldo de sus empleados durante años. Trabajadores actuales y extrabajadores de sus empresas han revelado a la Cadena SER una práctica sistemática de pago que en ocasiones ha llegado a ser de hasta la mitad del salario y que, o no se atrevieron a revelar en su momento por miedo a perder el puesto de trabajo o se encontraron con unos delegados sindicales que miraban hacia otro lado ante esas prácticas.

Algunos de los empleados y ex empleados de Arturo Fernández que han decidido hablar con la Cadena SER han pedido no dar su nombre por miedo a represalias laborales. Otros han querido dar la cara porque quieren ayudar a poner fin a un método de pago que puede suponer un fraude a la Seguridad Social, un fraude a la Hacienda Pública y un posible delito contra los trabajadores. Pero sobre todo, que supondrá un perjuicio en el futuro cuando deban cobrar un subsidio de desempleo o una pensión de jubilación que verán notablemente reducidas.
Los trabajadores coinciden en la descripción del método de los pagos en negro y aportan idénticas pruebas documentales. Camareros, cocineros y encargados entrevistados dicen cobrar o haber cobrado parte del sueldo en sobre y a mes vencido. Pagos en B por dos tipos de concepto: el que corresponde a las horas extras y los complementos de responsabilidad. Unas horas que aunque cobren como extras en algunos casos supone un tercio del sueldo en negro, cuando no más, de manera sistemática y mensual en los centros del número uno de los empresarios madrileños.
Los sobres que conservan los trabajadores son todos iguales independientemente del centro: sobres blancos y sin membrete, con una pegatina donde figura el nombre y apellido del trabajador junto a la cifra que ha ganado ese mes. Unas cantidades -bien en sobresueldos bien en horas extra- que oscilan de los 100 a 700 euros, al menos en los casos que ha podido contrastar la Cadena SER.

El procedimiento del reparto respondería a un método organizado. Los gerentes o jefes de zona llevan los sobres a los restaurantes y cafeterías y proceden al reparto; o dejan los sobres al encargado del centro para que los entregue a cada uno de ellos. En el interior figura la nómina y el dinero en metálico. En otros casos, se reparten dos sobres distintos con la nómina y el B respectivamente, según los testimonios recogidos. Es más, son los propios gerentes quienes llevan al detalle los pagos en B. Lo hacen en unas plantillas de facturación mensuales en Excel, donde apuntan el número de horas junto a la suma del importe que el trabajador no cotizará.
Los trabajadores aseguran que la empresa les obliga a cobrar así. De hecho, cuando en alguna ocasión han pedido regularizar los pagos e incluirlos en la nómina los responsables de la empresa se han negado. O en negro o nada. Es la política de Arturo, aseguran.

Los testimonios son de trabajadores o extrabajadores del Grupo Arturo Cantoblanco con una antigüedad de cuatro a diez años y, aunque no se conocen entre ellos, a pesar de que pertenecen a cafeterías y restaurantes diferentes, describen el modus operandi con idénticos términos.
El encargado de barra de una de las cafeterías subrogado por otra empresa prefiere no hacer pública su identidad, lleva años en el sector de la hostelería y teme que la denuncia le perjudique. Aun así, decide a hablar: "En un principio no tenía ninguna responsabilidad, se me ascendió, empecé a tener a personas a mi cargo y ese complemento como encargado se me ofrecía en dinero negro, dinero B". Sus nóminas, efectivamente, no recogen dicho complemento ni aparece cotización alguna de horas extra o jornadas complementarias.
"Nos ha subrogado otras empresa y este dinero lo hemos perdido. Las horas extra vienen en plan legal, vienen metidas dentro de la nómina. La nueva empresa se sorprendió de que la anterior hiciera estas prácticas, las consideraban arcaicas, no se suele hacer, por lo menos ellos no lo hacían". Este encargado ha llegado a cobrar la mitad del salario en negro. "Prefiero esto", dice. Antes no tuvo opción "El caso se llegó a plantear a la empresa, si no era esa cantidad tener parte del dinero regularizado pero no había manera".
¿Quién decía a estos trabajadores que cobrarían en negro? César Augusto Rocha, con diez años de experiencia con Arturo, mantiene que lo de los sobres era algo tan asumido que ni se cuestionaba. "Es algo que está instaurado, viene en el paquete, trabajas horas extra y aquí es así, aquí en Arturo te pagan en negro a mes vencido y ya está, te lo dicen... es que ya ni te lo dicen, se entera uno por los compañeros".
Todos tienen claro cómo era el sistema de pagos. Un extrabajador que estuvo siete años explica de qué manera las condiciones de cobro se establecían desde un principio. "Todos los cargos intermedios -el jefe de cocina, el propio gerente, el gerente de gerentes- tienen un sobresueldo por asumir esa responsabilidad. Entonces te lo ofrecen, vas a ganar mil euros pero vas a tener un sobre de 500. Tú dices ¿Estos 500 me los podrías poner en nómina? Es imposible, porque conlleva mucho gasto, hay que pagar mucha seguridad social y bastante es que te pagamos a final de mes, eso es lo que te dan a entender", explica.
La empresa ni siquiera disimula esta práctica o evita las pruebas documentales. "Parece que se sentían impunes a cualquier tipo de ley". ¿Y la entrega de los sobres se hace a escondidas? "No, no, se hace abiertamente, si es día cinco y todavía no han llegado los sobres la gente se empieza a poner nerviosa. Oye ¿Qué pasa? ¿Vienen los sobres? Y cuando aparece el gerente por la puerta todo el mundo esboza una sonrisa porque viene el reparto del dinero".
Patricio Valle, prejubilado tras un accidente laboral en la cocina de uno de los centros, toda una vida dedicado a la hostelería, también cobraba en negro y se atreve a contarlo. "El sistema era ese, no había más. En dinero y en sobre. Te ponían, en mi caso 'Patrico Valle Pereda' y debajo la cantidad; 100, 80, 90 euros... Y punto". Demostrar que dice la verdad no le preocupa. A la pregunta de si Arturo Fernández, frente a él, dijera que está mintiendo, Patricio hace un silencio y reflexiona "Ha llegado un momento en este país en el que hay que levantar ya todas las cartas y decir, oiga, usted me pagaba en negro. Mal hecho por mi parte por aceptarlo, mal hecho por los sindicatos por no denunciarlo, pero me pagaba en negro. ¿Una miseria? Sí, pero usted me pagaba en negro y usted es el jefe de los empresarios madrileños".

Fuentes jurídicas e inspectores de Trabajo consultados por esta emisora aseguran que el presidente del Grupo Arturo Cantoblanco, Arturo Fernández, estaría evitando cotizar distintas retribuciones y horas extra de sus trabajadores. Según la cantidad, supone desde primeros de este año un delito por posible fraude a la Seguridad Social y contra la Hacienda pública. Además, al no dar opción a sus empleados de cotizar esa parte del sueldo, podría incurrir en otro posible delito contra los derechos de los trabajadores.

El buen periodismo dispuesto a pervivir

#estefuertenoserinde

Javier Valenzuela

No nos rendimos, por supuesto.

Resistiremos mientras nos queden agua, víveres, municiones y energía.

Aún más, haremos alguna salida nocturna al campamento donde vivaquea el enemigo. Es tan soberbio, está tan convencido de la inexorabilidad de su victoria, que seguro que tiene la guardia baja. Golpearemos, le haremos daño, acortaremos nuestra desventaja.

Y no nos llamen numantinos. No tenemos vocación de mártires, ni aspiramos a que se nos recuerde como a los defensores de Masada, esos perdedores románticos.

La palabra claudicación, ciertamente, no existe en nuestro vocabulario; preferimos resistencia, aquella que termina conduciendo a la victoria. Como, por ejemplo, la Résistence, aquel puñado de gabachos que, reunidos en un bistró, se conjuraron contra los nazis en un momento en que casi todo el mundo decía que Hitler era invencible. O como Stalingrado, donde los rusos le zurraron la badana al tal Hitler. O como Berlín 1948, cuando los americanos le pararon los pies a Stalin, que, entiéndannos bien, esto no va de politiquería.

O si lo prefieren, como la aldea gala de Astérix.

Somos periodistas. Ni borrachos pensamos que el periodismo ha muerto. Mientras el ser humano tenga sed de historias reales que le hayan ocurrido a otros seres humanos, y mientras exista gente dispuesta a contarlas, el periodismo no morirá.

Sabemos lo que pueden estar pensando: sí, hay empresarios y directivos que han izado la bandera blanca. Proclaman la muerte del periodismo y se pavonean de su propia conversión al mundo de las finanzas y el espectáculo. ¿Saben una cosa? En realidad esos tipos eran Quinta Columna, jamás fueron de los nuestros, jamás fueron periodistas.

#estefuertenoserinde

Nuestro hermano Lobo, Ramón Lobo, ha inventado este hashtag en Twitter. Alude al periodismo. Cuenta qué películas veíamos de niños y con qué espíritu atravesamos esta noche tormentosa.

Aquellas eran películas de casacas azules o legionarios franceses asediados en sus fuertes por indios o beduinos muy superiores en número. Sus contextos colonialistas resultan hoy políticamente incorrectos, pero no era eso lo que despertaba nuestro entusiasmo infantil. Lo que aplaudíamos, y lo que nos dejó huella, era contemplar la indestructible fortaleza que supone un grupo de gente unida y resuelta que se niega a capitular.

Así que por mucho que les fastidie a los banqueros, los grandes empresarios y los políticos corruptos, defendemos la posición canturreando el No surrender, de Bruce Springteen: "Hicimos una promesa que juramos recordar siempre: no hay retirada, cariño, no hay rendición".

Nada está escrito en las estrellas o en algún libro sagrado. Ni la derrota ni la victoria.

La derrota es impensable, la victoria es posible.

Nadie dice que sea fácil.

Una gran exclusiva de infoLibre

Los documentos de Bárcenas que ‘acusan’ a Montoro

Por Manuel Rico - Publicado el 10/02/2013
Los extraordinarios ingresos de Mariano Rajoy en tiempos de crisis, los 22 millones de euros en una cuenta suiza de Luis Bárcenas y los presuntos sobresueldos en negro de la cúpula del PP han dejado en un segundo plano otro escándalo extraordinario: el uso de la regularización fiscal del ministro Cristóbal Montoro como un coladero para blanquear dinero de dudosa procedencia.
El abogado de Bárcenas presentó en la Audiencia Nacional, el pasado 29 de enero, tres documentos que demuestran que el extesorero del PP ha utilizado la amnistía de Montoro. Además de dejar en evidencia la versión oficial de Hacienda, que llegó a emitir un comunicado negando que se hubiese aprovechado de la regularización fiscal, los documentos de Bárcenas demuestran lo sencillo que se lo puso Hacienda a los defraudadores: con bajarse de Internet el modelo 750 de la Declaración Tributaria Especial (DTE) y rellenarlo en unos minutos… todos los pecados fiscales quedaban perdonados.
Los tres documentos de Bárcenas que infoLibre reproduce íntegramente contienen lo siguiente:

• Documento 1: el modelo 750 presentado por Tesedul S.A., la sociedad de Bárcenas titular de los fondos existentes en las cuentas suizas de Dresdner Bank y Lombard Odier. El extesorero del PP se limitó a regularizar los ejercicios no prescritos, de forma que declaró una base imponible de 10.988.040 euros y consideró que los años de estafa a Hacienda quedaban saldados con el pago de 1.098.804 euros, el 10% de multa con el que Montoro quiso atraer el capital de los defraudadores.
• Documento 2: la declaración complementaria presentada por Tesedul S.A. respecto al Impuesto de Sociedades del año 2011, ya que los abogados de Bárcenas consideraron que dicho ejercicio no podía acogerse a la amnistía fiscal. En dicho documento se reconoce que el valor de los activos de la sociedad, a fecha 31 de diciembre de 2011, era de 19.443.587 euros.
• Documento 3: Los justificantes del pago de la regularización fiscal a través de una cuenta abierta por Tesedul S.A. en Bankia.

En uno de los documentos se refleja que los dos testaferros utilizados por Bárcenas en Tesedul S.A. eran un matrimonio uruguayo, formado por Daniel Ángel Pérez Blanco y Cristina González Silvestri, cada uno de ellos dueño en teoría del 50% de las participaciones. Como informó Vozpópuli, la pareja se vio salpicada por un escándalo de tráfico de armas en Argentina que sentó en el banquillo al expresidente Carlos Menem.
A Cristóbal Montoro le quedan muchas explicaciones que dar sobre la amnistía fiscal. Los socialistas han pedido su reprobación en el Congreso, que podría votarse el próximo 19 de febrero. Es obvio que la mayoría absoluta del PP le evitará el oprobio parlamentario al ministro, pero otra cosa es el escándalo público que provoca un hecho ya innegable: la regularización fiscal diseñada por el Gobierno de Rajoy ha sido utilizada por el extesorero del PP para blanquear un mínimo de 19 millones escondidos en sus cuentas suizas. Es cierto que Hacienda intenta ahora que la Justicia anule la regularización de Bárcenas, alegando que no podía acogerse a ella al estar imputado. Y el juez Pablo Ruz investiga si otra veintena de imputados en la ‘Gürtel’ pudieron beneficiarse de la amnistía. No

Y luego dicen que todos somos iguales

La Caixa otorgó a Urdangarín y la Infanta un crédito hipotecario 'gratuito' los 4 primeros años

José Luis Lobo 10/02/2013  

​La Caixa concedió en 2004 a Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina de Borbón un crédito hipotecario gratuito de cinco millones de euros durante cuatro años para que la pareja comprase su lujoso palacete de Pedralbes, en Barcelona, que ahora puede ser embargado por el juez. La entidad, entonces presidida por Ricardo Fornesa, aprobó una hipoteca de tan elevado importe pese a que el yerno del Rey declaró aquel año unos ingresos de apenas 36.000 euros, y tampoco cobró a su cliente un sólo euro en concepto de comisión.

​Según consta en la documentación remitida por La Caixa al juez José Castro, instructor del caso Urdangarín, la entidad financiera concedió a los duques de Palma el 15 de octubre de 2004 una cuenta de crédito con garantía hipotecaria por un importe de cinco millones de euros y un interés de Euribor más 0,5% a 30 años. Lo más sorprendente es que el crédito tenía un periodo de carencia de cuatro años, una cláusula excepcional incluso para aquella época de bonanza, según han confirmado a El Confidencial fuentes de los sectores bancario e inmobiliario.

​Eso significa que Urdangarín y la infanta Cristina no pagaron ni un euro de capital durante los primeros cuatro años, y que en ese periodo de tiempo únicamente abonaron intereses. Solo a partir del quinto año -y hasta 2018-, los duques de Palma debían desembolsar 100.000 euros anuales de hipoteca; 200.000 euros anuales entre 2018 y 2028, y 300.000 euros desde entonces hasta 2033, fecha del vencimiento final. La Caixa, además, tampoco cobró a la pareja ninguna comisión: ni de estudio, ni de apertura ni de disponibilidad (la que se paga por el límite del crédito contratado y no utilizado).

​Según la documentación requerida a La Caixa por el juez Castro, a la que ha tenido acceso El Confidencial, y que incluye la declaración de la renta de Urdangarín, éste declaró en 2004 unos rendimientos del trabajo de 36.000 euros; es decir, un salario bruto de 3.000 euros al mes en 12 mensualidades. Pese a tener unos ingresos tan moderados, La Caixa no dudó en conceder al yerno de don Juan Carlos un crédito hipotecario de cinco millones de euros. Hasta la fecha, los duques de Palma han dispuesto de 3,6 millones de euros de ese capital, el 77% del total concedido.

​ Fuentes financieras muy cercanas a La Caixa han asegurado a este diario que, pese a disfrutar de unas condiciones tan ventajosas, Urdangarin y su esposa "no recibieron ningún trato de favor", y que ambos tuvieron "el mismo tratamiento que cualquier otro cliente". Y ello a pesar de que la infanta Cristina es empleada de la entidad financiera, en cuya fundación desempeña el cargo de directora del Área Internacional. Sin embargo, otras fuentes financieras e inmobiliarias sostienen que las cláusulas del crédito hipotecario de los duques de Palma fueron mucho más ventajosas que las habituales del mercado.

​Los duques de Palma pagaron finalmente 5,8 millones de euros por el palacete de Pedralbes a su entonces propietario, Mario Herrera. Y se gastaron casi dos millones más en obras de reforma y mejora, ya que el estado general del inmueble, situado en uno de los barrios más exclusivos de Barcelona, "es algo deficiente, pues a lo largo de su vida no ha tenido ningún tipo de rehabilitación". Así figura en el certificado de tasación del palacete elaborado en septiembre de 2004, un mes antes de que La Caixa concediera el crédito hipotecario a Urdangarín y la Infanta. Según ese certificado, "se trata de una vivienda muy singular" que, además, "ofrece grandes dosis de privacidad"

Ideas para discutir una salida a la crisis

 

Cómo reconstruir el futuro

Las instituciones no afrontan con eficacia la grave crisis política en España. EL PAÍS propone diez reformas y pactos para defender la democracia y el progreso económico

El País 10 FEB 2013
Con ser muy grave la crisis económica por la que atraviesa España, con su dramática consecuencia de seis millones de parados y un empeoramiento general del nivel de vida, su importancia palidece si se la compara con la crisis política e institucional que el país afronta, y que se ha agudizado con las crecientes sospechas sobre la financiación irregular del partido en el poder. Coincide esta situación con el final de un ciclo histórico y la apertura de una nueva etapa llena de incertidumbres. Algunas de las cuestiones que se plantean no son exclusiva ni prioritariamente españolas. Se deben al impacto de la globalización o a las dificultades que tienen muchas naciones para adaptarse a las nuevas reglas de juego que esta implica. Las inquietudes en torno al futuro de la Unión Europea y la moneda única forman parte de esos desequilibrios que afectan también a nuestra situación nacional. Requieren soluciones globales y compartidas que escapan a las exclusivas capacidades de los gobernantes y líderes sociales de nuestro país, aunque también sea responsabilidad suya cooperar en la superación de esas circunstancias. Pero nos hallamos, asimismo, ante problemas originados dentro de nuestras fronteras que añaden fragilidad a la fragilidad, y cuya solución resulta urgente e inevitable abordar.

La mayor parte de las instituciones emanadas de la Constitución de 1978 y del ordenamiento social que propició se muestran claramente incapaces para hacer frente a los desafíos no ya del inmediato futuro, sino del presente mismo. Azuzados por los sacrificios y renuncias que la política de austeridad conlleva, aumentan los sentimientos de escepticismo e incredulidad respecto a la capacidad de nuestros líderes para atender a las demandas de los ciudadanos. Entre acusaciones de corrupción, descrédito de la generalidad de la clase política, denuncias de ineficiencia y protestas por las violaciones de derechos que se consideraban adquiridos de forma permanente, crece la desafección popular hacia el sistema que ha generado mayores niveles de bienestar, democracia y libertad en toda la historia de España. Todo ello sucede además en el marco de una ruptura generacional, cuyos rasgos más definitorios son las dificultades de los jóvenes para encontrar empleo y la nueva facilidad y virulencia con que se expresa su justificado descontento en las redes sociales.
En momentos como este es preciso defender la continuidad de la democracia y el progreso económico y social frente a la creciente fragmentación que nuestro país padece en todos los órdenes. Debemos garantizar que los valores fundamentales que justificaron la Transición y fructificaron con ella no se pierdan en medio de las turbulencias actuales; y que el relevo en las instituciones de poder y en la articulación de la nueva sociedad lo protagonicen las nuevas generaciones, como es su derecho y responsabilidad, asumiendo las lecciones del pasado más reciente y el valor de la experiencia y la sabiduría de sus mayores.
Esta verdadera Segunda Transición, tan distante de la que nos querían vender los resucitados fantasmas de la España profunda, debe servir para profundizar en los valores democráticos y preparar a la sociedad española para los retos del siglo XXI. Para ello ha de basarse en reformas concretas y urgentes. Confiar en que el paso del tiempo contribuirá a resolver los problemas es un rotundo error. Precisamente el tiempo trabaja contra nosotros y un Gobierno paralizado, presa de la incredulidad de los ciudadanos, o una repetición de los retrasos e indecisiones con los que inauguró la legislatura, no harán sino empeorar las cosas.
Los españoles se preguntan con razón qué es preciso hacer. La respuesta no es difícil, aunque sí la implementación de esas acciones. He aquí un decálogo de tareas que pueden y deben ayudar a rescatar el sistema emanado de la Transición política de las amenazas que se ciernen sobre él. Naturalmente son propuestas discutibles, pero no se debe dudar respecto a lo inequívoco de los problemas planteados. Si no se afrontan cuanto antes la desafección ciudadana hacia el sistema acabará pasándonos factura.
1. Ley de Partidos
Que garantice la democracia interna y la transparencia de las formaciones políticas, con normas democráticas en su funcionamiento interno. Debe imponer un sistema de financiación transparente y un control eficaz e independiente de sus cuentas llevado a cabo con periodicidad anual, con sanciones que lleguen incluso hasta la disolución en caso de incumplimiento. La norma puede vincularse a las regulaciones establecidas en la Ley de Transparencia y permitir que los ciudadanos puedan solicitar a un partido documentos relacionados con su funcionamiento. Los cargos imputados en procesos judiciales deberían ser suspendidos en sus funciones orgánicas hasta que se aclare su situación.
2. Ley Electoral
Es preciso sustituir el actual sistema de listas cerradas y bloqueadas por otro que permita a los ciudadanos negar su voto a candidatos concretos que no consideren dignos de su confianza. Hay que revisar el principio constitucional que determina a la provincia como distrito electoral, que en el caso del Senado debe estar referido a las autonomías. La distribución de escaños debe potenciar la proporcionalidad del sistema, de modo que cada diputado elegido represente a un número razonablemente equiparable de votantes. Ha de regularse de forma transparente la financiación de las campañas electorales, reduciendo su actual duración, innecesaria en una sociedad con tantos y tan variados medios de comunicación, y establecer criterios claros y eficaces para la adecuada utilización de las redes sociales en tiempo electoral.
3. Reforma de la Administración
Una reforma y modernización de las Administraciones públicas debe eliminar la duplicación de estructuras y funciones para adaptar el tamaño del Estado y el gasto a los nuevos perfiles de la sociedad del bienestar y a las características de la organización territorial de España y de la UE. Es preciso reducir el número de municipios, recurrir a gestores técnicos donde sea necesario, regular el sueldo de los alcaldes, fiscalizar los presupuestos con agencias independientes y revisar el sistema de oposiciones y de cuerpos de funcionarios. El Estatuto Básico del Empleado Público debe contribuir a profesionalizar la dirección de la gestión, limitando la designación política de altos cargos para protegerlos de interferencias. Debe garantizarse efectivamente, contra lo que ahora sucede, un acceso adecuado a la información sobre la gestión de las Administraciones, que facilite la rendición de cuentas de los gestores y el juicio crítico por parte de los administrados.
4. Estatuto de la Corona
A fin de establecer los deberes y las responsabilidades del titular de la misma. Tiene que ordenar, mediante caución parlamentaria, el funcionamiento de la Familia Real, garantizar la absoluta transparencia de los gastos atribuibles no solo a sus personas físicas, sino al funcionamiento general de la Casa. Y, como en el caso de la Ley de Partidos, estar vinculado a las regulaciones establecidas en la Ley de Transparencia.
5. Pacto por el empleo y las pensiones
Con la participación de Gobierno, partidos políticos, centrales sindicales y organizaciones empresariales. Resulta necesario articular un consenso que culmine la reforma laboral y corrija sus carencias y desequilibrios. Establecidas las bases de contratación y despido, es urgente impulsar las políticas activas de empleo en un país con seis millones de parados. Hay que poner en marcha un programa de subvenciones directas (nacionales y europeas) dirigidas a las pequeñas y medianas empresas para la creación de puestos de trabajo especialmente orientados a los jóvenes. El pacto debe financiarse con aportaciones de fondos europeos, en el marco de un acuerdo en la eurozona. Las ayudas previstas en el presupuesto de la Unión son del todo insuficientes para hacer frente a la gravedad del problema.
Es necesaria una reforma en profundidad del sistema de pensiones que tenga en cuenta, entre otras cosas, la mayor esperanza de vida de la población. Dicha reforma no puede hacerse unilateralmente por ningún partido, cualquiera que sea la mayoría parlamentaria de que disfrute. Hace falta garantizar la sostenibilidad del sistema y mejorar la correspondencia entre cotización y pensión.
6. Reforma de la Justicia
La Administración de Justicia es el único poder del Estado que no se democratizó en la Transición. Como prestadores de un servicio público, los jueces deben contar con una mejor y más eficiente organización y con mayores recursos y medios. Debe potenciarse la coordinación de la justicia, en la que ahora intervienen funcionarios pertenecientes hasta a cinco cuerpos distintos que a su vez dependen, según los casos, de la Administración central o de la autónoma. La igualdad de los ciudadanos ante la ley, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juicio justo están reducidos muchas veces en la práctica a meras declaraciones, pues el funcionamiento de los tribunales no es nunca rápido ni resulta siempre eficaz, por lo que hay que aumentar significativamente el número de jueces. Hace falta revisar las normas procesales para que, manteniendo las garantías básicas, puedan agilizarse los juicios y sea adecuadamente protegida la presunción de inocencia ante la llamada “pena de telediario”. El Gobierno debe renunciar a su actual política sobre tasas judiciales.
7. Pacto por la educación
La política general sobre enseñanza —y los planes de estudio— no puede ser revisada cada vez que un partido llega al poder. El futuro de las economías avanzadas descansa sobre las estrategias de educación, formación de capital humano e investigación. Hay que sentar las bases que lo garanticen y que establezcan criterios para gestionar recursos, establecer incentivos e introducir controles, independientemente del color político de quienes gobiernen. La enseñanza concertada, que se beneficia de las subvenciones, debe garantizar la igualdad de oportunidades y no ejercer prácticas discriminatorias de sexo o religión. Deben establecerse evaluaciones públicas de los centros de enseñanza, de modo que tengan repercusión en la carrera profesional de sus responsables.
8. Pacto por la sanidad pública
Es necesario preservar y mejorar el sistema de sanidad pública para mantener los elevados niveles del servicio que durante años hemos sabido construir y que hacían del modelo español de salud, cualesquiera que fueran sus defectos, algo digno de sostener y perfeccionar. El Estado debe garantizar la cobertura universal, revisando los errores detectados a la hora de transferir la gestión a las autonomías. Es preciso controlar los resultados de la gestión pública y fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos con las empresas concertadas, eliminando la posibilidad de acometer inversiones públicas en beneficio exclusivo de la rentabilidad de la gestión privada. Un programa semejante demanda un gran consenso entre los partidos políticos.
9. Un Estado federal
El Estado de las autonomías debe reconvertirse en un modelo típicamente federal, que establezca una lista cerrada y concreta de las competencias y atribuciones del Gobierno central y permita a los Estados federados desarrollar sus propias capacidades de autogobierno sin interferencia alguna, sobre la base de los principios de corresponsabilidad y eficacia. La reforma pasa por revisar el sistema de financiación autonómico, el reparto de transferencias y el déficit de responsabilidad fiscal de los Gobiernos autónomos. Muchos técnicos constitucionalistas consideran que esta transformación, que permitiría un nuevo encaje de los nacionalismos, no es difícil si existe verdadera voluntad política para emprenderla.
10. Reforma de la Constitución
Este programa de recuperación de nuestra vida política exige en muchos aspectos una reforma de la Constitución de 1978. La reforma misma no es un objetivo, sino un instrumento para hacer frente a las nuevas realidades. Contra lo que muchos piensan —movidos por el temor a que la apertura de un proceso de este género añada confusión y caos al panorama—, la mejor forma de empezar a poner orden en el actual barullo es adaptar nuestra Carta Magna a los tiempos presentes y venideros, simplificando su redacción, despojándola de ataduras del pasado e incorporando cuestiones relativas a la nueva sociedad global y digital que no existía cuando fue redactada. La reforma debe llevarse a cabo mediante los procedimientos ya establecidos en las leyes, dirigida por una Comisión de las Cortes en la que estén representados con adecuada proporcionalidad todos los partidos políticos del arco parlamentario, no sometida necesariamente a la aritmética de poder que salió de las urnas en las elecciones de 2011, pero respetando los equilibrios emanados del voto popular en dichas elecciones.
Es tarea de nuestros líderes políticos encabezar un proceso de ese género, aun conscientes de su impopularidad y falta de credibilidad entre los ciudadanos. Si son capaces de hacerlo prescindiendo de cualquier sectarismo ideológico o voracidad del poder, la crisis institucional española puede ser conjurada. Pero si, acosados por la opinión y las sombras de su pasado, se enrocan en su ensimismamiento y hacen oídos sordos a las demandas de la ciudadanía, el régimen emanado de la Constitución de 1978 correrá innecesarios riesgos en el próximo futuro.

Editorial de El País

Ana Mato debe dimitir

La ministra no puede seguir perjudicando al presidente con su presencia en el Gobierno

El presidente del Gobierno ha renovado públicamente su confianza en la ministra de Sanidad, Ana Mato, precisando que lo hace porque le parece “justo”. Mariano Rajoy se enfrenta así a la oposición, a la mayoría de la opinión pública e incluso a sectores de su partido que presionan para que Mato abandone el Gobierno. La ministra se ha convertido en un lastre para la cúpula del PP, sobrada de problemas. Debería retirarse con urgencia del primer plano, aunque solo sea por no perjudicar más a su jefe político, Mariano Rajoy, que manifiestamente no quiere o no puede tomar la iniciativa.
Un valor fundamental en un equipo de dirigentes es la lealtad. Pero eso no debe traducirse en quedarse todos quietos hasta que escampe. La política española tiene mucho que aprender en cuanto a hábitos y costumbres de los países más democráticos. Un ex ministro británico, Chris Huhne, abandonó la política hace una semana al descubrirse que había convencido a su mujer, 10 años atrás, para que asumiera la pérdida de puntos por una multa de tráfico que le correspondía a él. El laborista Peter Mandelson dimitió dos veces, una por no declarar un préstamo recibido de un compañero, y otra por supuestas gestiones para la concesión de pasaporte británico a un millonario indio. Karl-Theodor zu Guttenberg, ministro alemán de Defensa, renunció por plagio en su tesis doctoral, y ayer hizo lo propio la ministra de Educación, Annette Schavan, por un caso similar. ¿Se trata de grandes delitos, enormes corrupciones? No: la mayoría son conductas incorrectas, que la opinión pública no asume en las democracias abiertas. Tampoco es insólito que el líder prescinda de su mejor amigo, como hizo Bill Clinton en 1994 con su entonces jefe de gabinete (en la práctica, el primer ministro en Estados Unidos), Mack McLarty, cuya amistad se remontaba al colegio.
No hay duda de la lealtad de Mato a Rajoy, ni del éxito de la campaña electoral que dirigió en 2011. Y es posible que se haya separado en 2000 de su marido, Jesús Sepúlveda, y de ahí su resistencia a admitir que se haya beneficiado del dinero dedicado por empresas de la trama Gürtel a regalos, viajes y fiestas del matrimonio Sepúlveda-Mato. Pero ella no formalizó esa separación hasta muchos años más tarde. Si no lo sabía (y eso ya la descalifica), ahora ya sabe que los fondos con que se pagaban viajes y fiestas tenían un origen sospechoso.
Ana Mato debería retirarse del Gobierno, sin prejuzgar culpabilidades o inocencias futuras. No es la única que debería hacerlo, pero su caso es el más claro en este momento. El jefe del Ejecutivo no puede seguir dedicando tanto esfuerzo a defenderla cuando afloran gastos personales de políticos pagados por presuntos corruptores. Como tampoco se entiende que la dirección del PP defienda con tanto ahínco la nómina del exmarido de Mato a título de empleado del partido, pese a su implicación en el caso Gürtel.